El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, anunció este domingo que el país centroamericano pasará de un estado de sitio a un estado de prevención a partir de este martes, mientras continúan con operativos para garantizar la seguridad de la población.
La decisión del mandatario fue informada en cadena nacional de cara al final del estado de sitio que había impuesto hace un mes por el asesinato de 11 policías a manos de supuestos pandilleros.
El asesinato de los 11 policías el 18 de enero pasado se registró en represalia contra las fuerzas de seguridad por presuntos pandilleros debido a que las autoridades tomaron el control de tres cárceles donde se habían amotinado varias docenas de reos.
«Ampliaremos los operativos que han demostrado ser exitosos», agregó el gobernante, quien estuvo acompañado en su mensaje por el ministro de Gobernación (Interior), Marco Villeda Sandoval.
Arévalo de León recordó que durante el estado de sitio, que permitía la captura de cualquier persona sin orden judicial, se arrestaron a 83 pandilleros de alto perfil.
El estado de sitio es la penúltima disposición en la gradación de la Ley del Orden Público guatemalteco, mientras que el estado de prevención es la antepenúltima opción y limita las manifestación, además de avalar la disolución de las mismas.
El Gobierno de Arévalo de León y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha mantienen una pugna desde el año pasado, cuando las autoridades trasladaron a los cabecillas de estas estructuras criminales a la cárcel de alta seguridad denominada Renovación I después de una masacre registrada en un sepelio, ordenada presuntamente desde la prisión.
Agentes federales de inmigración de Estados Unidos capturaron el 31 de diciembre en Alexandria, Virginia, a Edwin Antonio Hernández, un presunto integrante de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), acusado de participar en el asesinato de cinco miembros de la pandilla rival Barrio 18 en El Salvador, informaron este sábado medios estadounidenses.
Hernández, de 27 años, conocido con los alias “Demente” y “Crazy”, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) alertara sobre su estatus migratorio irregular, según fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
De acuerdo con la información oficial, el salvadoreño ingresó de forma ilegal a territorio estadounidense en 2015 por la zona de Hidalgo, Texas. Aunque fue interceptado inicialmente por la Patrulla Fronteriza, posteriormente quedó en libertad mientras enfrentaba procesos en tribunales migratorios.
Durante entrevistas con agentes federales, Hernández habría admitido su participación en cinco homicidios cometidos en El Salvador contra miembros del Barrio 18. En al menos dos de los casos, aseguró que disparó a las víctimas en el pecho y la cabeza. En otro hecho, relató que un rival fue torturado, apuñalado en el pecho y posteriormente desmembrado mientras aún estaba con vida.
La pandilla Barrio 18 es considerada una de las estructuras criminales más grandes y violentas de Centroamérica. Tanto esta organización como la MS-13 fueron catalogadas el año pasado por Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras.
El arresto se produjo en medio de un contexto político tenso en Virginia, luego de que la gobernadora Abigail Spanberger firmara, en su primer día en el cargo, una orden ejecutiva que elimina la obligación de cooperación entre policías estatales y locales con las autoridades federales de inmigración.
Las autoridades estadounidenses mantienen a Hernández bajo custodia mientras avanzan los procesos legales en su contra por ingreso ilegal y permanencia irregular en el país.
Las fuerzas de seguridad de Guatemala detuvieron a 26 personas vinculadas al asesinato de 10 policías el domingo 18 de enero en un ataque coordinado atribuido a la pandilla Barrio 18, informó este martes el Gobierno, que mantiene vigente un estado de sitio a raíz del suceso.
El ministro de Gobernación Marco Villeda, puntualizó en una rueda de prensa que los detenidos son supuestos pandilleros del grupo Barrio 18.
Los 10 policías fueron asesinados en ataques coordinados en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala, en represalia después de que las autoridades retomaron el control de tres prisiones donde se registraron motines el sábado 17 de enero.
Las 26 capturas se registraron en el marco del estado de sitio decretado el mismo 18 de enero por el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, medida que se extenderá hasta el 18 de febrero, permitiendo la detención de personas sin orden judicial.
«Estamos dispuestos a arreglar esta situación sin importar el costo político», dijo Villeda este martes, cuando sostuvo que no habrá «tregua ni concesiones a los grupos criminales» en Guatemala.
Por su parte, el presidente guatemalteco aseveró en la misma rueda de prensa que «el crimen organizado ya no gobierna las cárceles» del país centroamericano.
Resaltó además que «la violencia terrorista en las calles no es un fenómeno aislado sino el engranaje más brutal de una maquinaria perversa que involucra a muchos actores y poderosos intereses«.
Además de los 26 detenidos por su vinculación a los asesinatos de las fuerzas de seguridad, la Policía Nacional Civil guatemalteca también arrestó a otros 13 pandilleros del Barrio 18 y cinco más de su rival, denominada Mara Salvatrucha.
El Gobierno de Arévalo de León y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha mantienen una pugna desde el año pasado, cuando las autoridades trasladaron a los cabecillas de estas estructuras criminales a una cárcel de alta seguridad denominada Renovación I y les retiraron privilegios otorgados por administraciones anteriores.
Al barrio El Gallito, ubicado a dos kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala, solo se puede ingresar con el permiso de las estructuras criminales que lo controlan o bajo el acompañamiento de fuerzas de seguridad. De lo contrario, el riesgo es no salir con vida, como ocurrió hace tres días con dos jóvenes atacados a balazos tras ingresar por error al sector.
El hecho ocurrió el martes por la mañana, cuando los jóvenes entraron aparentemente por equivocación al barrio. Ambos fueron tiroteados y uno de ellos, de 22 años, murió a causa de las heridas, según confirmaron las autoridades.
Ese mismo día ya estaba vigente el estado de sitio nacional, decretado por el Gobierno luego de que el domingo anterior 10 policías fueran asesinados en distintos puntos de la capital por supuestos pandilleros. La situación llevó al despliegue del Ejército y de la Policía Nacional Civil (PNC) en El Gallito, donde se ejecutan patrullajes permanentes, algo impensable sin respaldo de las fuerzas de seguridad.
Históricamente, El Gallito ha sido considerado un territorio vedado para personas ajenas a la comunidad debido a la fuerte presencia de grupos criminales. Para circular por sus zonas más conflictivas se requiere autorización de los jefes locales y cumplir reglas estrictas, como transitar con las ventanas del vehículo abajo.
Los patrullajes actuales se realizan bajo el amparo del estado de sitio, que permite la detención de personas sospechosas de terrorismo sin orden judicial, una medida aplicada también en otras denominadas “zonas rojas”.
“Se están haciendo patrullajes para evitar más hechos en contra de los compañeros y poder así dar persecución a los pandilleros terroristas que han causado estragos en la institución”, explicó a EFE el oficial tercero de la PNC, Édgar Lainez.
Las autoridades atribuyen los asesinatos de los agentes a presuntos miembros de la pandilla Barrio 18, quienes habrían actuado en represalia luego de que las fuerzas de seguridad retomaran el control de tres cárceles, donde el sábado se registraron motines y toma de rehenes.
“Los patrullajes no se han visto afectados, pero sí se han visto reforzados con más elementos para tener más apoyo y poder enfrentar cualquier situación con estos delincuentes”, agregó Lainez.
Integrantes de la Policía Nacional Civil (PNC) custodian una calle en el barrio El Gallito en Ciudad de Guatemala. Al barrio El Gallito, situado a dos kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala, se puede entrar con el permiso de las estructuras criminales que dominan el área o con las fuerzas de seguridad, de lo contrario, te arriesgas a no salir con vida, como le sucedió hace tres días a dos jóvenes tiroteados. EFE/ Alex Cruz
La alerta continúa
Entre los 10 policías asesinados se encuentran dos mujeres, un hecho que mantiene en alerta a la institución. “La alerta sigue. No nos descuidamos ni bajamos la guardia en ningún momento”, afirmó a EFE Élida Chavajay, agente de la PNC con casi cinco años de servicio.
Chavajay señaló que, aunque la sociedad suele ver a las mujeres policías como vulnerables, ellas no se perciben de esa forma. “Tomamos nuestras medidas de autoprotección y no nos confiamos”, sostuvo.
Los operativos se han extendido a otras zonas de la capital, así como a los municipios de Villa Nueva y Mixco. Hasta el miércoles, las autoridades reportaron la captura de casi 300 personas, incluidos 23 pandilleros vinculados directamente con los ataques contra los agentes.
Solo el jueves, el Gobierno informó que ejecutaba más de 20 allanamientos en áreas priorizadas por su alta incidencia delictiva, con la captura de más de un centenar de personas, entre ellas “cuatro presuntos terroristas” identificados con los alias Killer, Negro, Gatica y Maco.
Las cárceles en Guatemala se han convertido en el principal centro de operaciones de las pandillas, que desde hace años organizan desde sus celdas un lucrativo esquema de extorsiones a comerciantes, transportistas y pequeñas empresas, según denunció este jueves Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional.
De acuerdo con Manfredo Marroquín, director ejecutivo de la organización, el sistema penitenciario guatemalteco ha sido penetrado históricamente por la corrupción, permitiendo a estructuras criminales operar con total impunidad.
“Las cárceles no son centros de rehabilitación, sino de dirección criminal”, afirmó.
La situación se agravó tras los disturbios recientes, donde diez policías fueron asesinados luego de que autoridades retomaran el control de tres prisiones dominadas por pandilleros.
El fenómeno de las extorsiones alcanza niveles críticos. Solo en 2025, se interpusieron 25,961 denuncias, un aumento del 3.9 % respecto a las 24,978 de 2024, según el Centro de Estudios Económicos Nacionales (CIEN). Estas cifras reflejan una tasa de 142.7 casos por cada 100,000 habitantes, concentrándose casi la mitad en el departamento de Guatemala.
El sistema carcelario es considerado una “bomba de tiempo permanente” por el mismo Gobierno. El país cuenta con 23 centros penales, diseñados para 6,000 reclusos, pero actualmente albergan a más de 23,000, superando un 300 % de ocupación. A ello se suma una custodia insuficiente, con apenas 3,997 guardias, lo que facilita el acceso a teléfonos celulares, armas y otras herramientas para coordinar crímenes desde el encierro.
Aunque el Gobierno trasladó a cabecillas pandilleros a la cárcel de máxima seguridad Renovación I, en Escuintla, el CIEN advierte que persisten fallas graves. En cada requisa se siguen encontrando teléfonos y dispositivos electrónicos, lo que evidencia que el combate a la corrupción sigue siendo la mayor deuda institucional.
Casos como el de Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias “Lobo”, líder de Barrio 18, revelan cómo los reclusos exigen comodidades como aire acondicionado, alimentos de restaurantes y camas tipo ‘king size’, evidenciando el deterioro del control estatal.
El ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda, advirtió este miércoles que el sistema penitenciario del país, con un hacinamiento del 340 %, representa una «bomba de tiempo permanente», tras los ataques coordinados por pandillas que dejaron a diez policías muertos el pasado domingo.
Durante esa jornada, pandilleros protagonizaron motines simultáneos en tres centros penales y tomaron como rehenes a varios custodios, mientras otros grupos armados perpetraban ataques en distintas zonas del país. La crisis obligó al gobierno a decretar un estado de sitio por 30 días, que fue anunciado el mismo domingo por el presidente Bernardo Arévalo de León.
“El Gobierno está haciendo su trabajo, ahora es necesario que el sistema de justicia responda y dé resultados”, afirmó Arévalo este miércoles en conferencia de prensa. Agregó que las acciones violentas fueron un intento fallido de infundir terror, pero aseguró que “las pandillas fracasaron”.
El mandatario subrayó que las autoridades retomaron el control de los penales en menos de 24 horas, sin ceder a ninguna de las demandas de los reos. “Tienen a un presidente y a un equipo dispuestos a tomar las decisiones que gobiernos anteriores no quisieron tomar”, enfatizó.
Por su parte, el ministro Villeda reiteró la precariedad del sistema penitenciario, que actualmente alberga a 23,000 reos en instalaciones diseñadas solo para 6,000 personas. “Tenemos cárceles que no cumplen los estándares internacionales de seguridad y rehabilitación”, sostuvo.
El funcionario calificó al sistema penitenciario como “la cenicienta del Estado” por la histórica escasez de recursos, y anunció la construcción de dos nuevos centros penales como parte de las medidas para aliviar la sobrepoblación carcelaria y fortalecer la seguridad ciudadana.
Villeda responsabilizó directamente a la pandilla Barrio 18 por los ataques contra los policías y afirmó que el Ejecutivo no tiene “absolutamente nada que negociar con grupos criminales”.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de Santa Ana condenó a 20 años de prisión a siete miembros de la estructura criminal Los ERE, informaron las redes sociales de Centros Judiciales de El Salvador.
La institución señaló que los delincuentes operaban en el distrito de Metapán, en el municipio de Santa Ana Norte.
Centros Judiciales dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) encontró culpables a Héctor Manuel Calderón Martínez, Víctor Manuel Ortiz Pérez, Óscar Armando Pérez Pérez, José Luis Guerra Morán, Hugo Alexander Recinos, Mario Ernesto Martínez Cardoza y Jeovanny Alexander Morán Hernández, de pertenecer a la estructura.
Los ERE son un grupo delictivo referido a integrantes retirados de la Mara Salvatrucha (MS-13), según reportes de la FGR.
La falla condenatoria, indicó Centros Judiciales, se acredió a través de pruebas testimoniales y documentales divulgados durante el desarrollo de la vista pública.
Más condenas
Entre los pandilleros condenados en las últimas horas también están cuatro miembros del Barrio 18 Sureños (18-S), por los delitos de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
Centros Judiciales indicó que Roger Baltazar Avilés Bonilla fue declarado culpable por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador a 35 años de prisión por ambos delitos.
Avilés Bonilla tiene el rango de homeboy en la cancha Soyapango de dicha pandilla y que operaba en diferentes zonas de dicho distrito.
El comunicado divulgado por Centros Judiciales apunta a que también fueron condenados, pero en ausencia, Jesús Eduardo Girón Bautista, Luis Alonso Calderón Martínez y José David Burgos Cornejo con penas que van desde 5 a 35 años de prisión.
Uno de los casos relacionados con esta estructura es el del asesinato de un empresario del transporte público de la ruta 41-B que realizaba su recorrido en Soyapango.
Por su parte, el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a William Alexander García López por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico, en perjuicio de la salud pública.
García López fue detenido en diciembre de 2024, cuando el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, informó sobre un “golpe contundente” al narcomenudeo.
En ese momento, García López junto a María Elena Canizales, José Esteban Cabrera Platero y José Fernando Herrera Mancía fueron detenidos y se les decomisó en conjunto 800 gramos de droga con un valor de $5,000.
#JusticiaSV ⚖️| Siete integrantes de Los ERE son condenados a 20 años de prisión
—La estructura criminal operaba en el casco urbano de Metapán.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de Santa Ana condenó a 20 años de prisión a siete personas, tras declararlas… pic.twitter.com/GyG0x32gxW
#JusticiaSV ⚖️| 35 años de prisión para homicidas de la 18S
—Tres son identificados como gatilleros de esa estructura criminal.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 35 años de prisión a Roger Baltazar Avilés Bonilla, alias Giligan o Muerto,… pic.twitter.com/E9s7B0oMbH
Aldo Dupie Ochoa Mejía, conocido como ‘Lobo’ y que cumple una condena de 80 años de prisión por varios asesinatos, se ha convertido en la cara más visible de las pandillas criminales en Guatemala como líder de ‘Barrio 18’, acusada de estar detrás de la ola de violencia del fin de semana contra las fuerzas de seguridad que llevó a decretar el estado de sitio en el país centroamericano.
Ochoa Mejía ha sido uno de los principales protagonistas también en el último año de la pugna entre las pandillas y el Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León.
Su figura tomó más relevancia este fin de semana después de que el ministro de Gobernación (Interior), Marco Villeda, advirtiera que no le serían concedidos algunos privilegios con los que Ochoa Mejía y sus lugartenientes contaban en Administraciones anteriores.
Entre estos beneficios solicitados por Ochoa Mejía, quien roza los 40 años de edad, se encontraban aire acondicionado, una cama más grande y el acceso de comida con servicio a domicilio.
Las quejas del reo vienen de agosto de 2025, cuando fue trasladado a la cárcel de alta seguridad ‘Renovación I’ en el sur del país después de que su pandilla ejecutara una matanza en un funeral donde velaban a miembros de la estructura criminal rival denominada ‘Mara Salvatrucha’.
Desde entonces, ha crecido la tensión con el Gobierno, con más motines y el sanguinario ataque este domingo donde presuntos miembros del ‘Barrio 18’ asesinaron a nueve policías en distintos puntos de Ciudad de Guatemala.
«Tenemos que analizar y tomar una decisión para determinar cuál va a ser la situación de él o cómo vamos a proceder. De momento está en Renovación I y ahí seguirá hasta que tomemos una decisión», subrayó el fin de semana Villeda, en relación a Ochoa Mejía.
Aldo Ochoa Mejía, alias El Lobo, cabecilla de la pandilla Barrio 18 en Guatemala. Foto Mingob
Señalado por nexos políticos
Los diputados del partido oficial, Movimiento Semilla, han denunicado públicamente los nexos políticos de Ochoa Mejía. Específicamente, lo han señalado por ser la pareja sentimental de María Marta Castañeda Torres, sobrina de la exprimera dama y excandidata presidencial Sandra Torres Casanova (del partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE), quien perdió las elecciones de 2023 contra el actual mandatario, Bernardo Arévalo de León.
Castañeda Torres está detenida y vinculada a un proceso penal por varios casos penales en su contra y de acuerdo a algunos diputados del partido Semilla, hay vinculación por intereses en común entre Torres Casanova y su sobrina, además de la hija de la excandidata, la diputada Nadia de León.
Ochoa Mejía está preso desde hace casi dos décadas por homicidio, con condenas de al menos 80 años de cárcel, pero según medios locales, su liderazgo desde la prisión le permite agenciarse por extorsiones hasta 10.000 dólares semanales, o al menos así sucedía hasta que fue trasladado a ‘Renovación I’.
Nacido en el departamento (provincia) de Jalapa, en el este del territorio, se involucró desde la adolescencia en el ámbito del crimen tras vivir en la zona 18 del Guatemala, específicamente en un sector considerado como zona roja denominado «El Limón».
Sobre su vida hay pocos detalles públicos, más allá de su vinculación a varios asesinatos que le valieron casi 1.600 años de condenas de acuerdo a las autoridades, aunque la legislación guatemalteca no contempla que sean sumados.
El ingreso a prisión del «Lobo» fue hace más de 20 años, en 2023, y desde entonces ha ido creciendo posiciones dentro de la pandilla hasta que, según medios locales, entre 2014 y 2017 se convirtió en el líder del Barrio 18.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, aseguró el lunes que no descansará hasta capturar a los responsables del asesinato de nueve agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), ocurrido el domingo en una serie de ataques coordinados atribuidos a pandilleros.
“No vamos a descansar hasta encontrarlos. Su sacrificio no será en vano”, afirmó durante un acto en memoria de las víctimas.
Los agentes fueron atacados a tiros en distintos puntos de la capital guatemalteca como represalia tras la toma de control de tres cárceles donde, el sábado, se registraron motines impulsados por estructuras criminales. La ofensiva dejó además varios heridos, uno de los cuales falleció en las últimas horas, elevando la cifra oficial de agentes asesinados a nueve.
Los policías caídos son: José Efraín Revolorio (25 años), Luis Zetino Pérez (30), Iván López García (33), Giovanni Darío Tecún (46), Claudia Muñoz Ramos (28), Samuel Matul Obispo (30), Fernando Batres Ordóñez (34), Diana Chávez Alarcón (28) y William Medrano Pernillo (26).
Frente a sus féretros, el mandatario entregó banderas a las familias y expresó: “Hoy me duele entregarles esta bandera, símbolo de una patria que no olvidará el compromiso de sus policías caídos en cumplimiento del deber”.
En respuesta a la arremetida, Arévalo declaró el domingo por la noche un estado de sitio por 30 días, lo que faculta al Gobierno a realizar detenciones sin orden judicial. La medida, contemplada por la Constitución para enfrentar amenazas como el terrorismo y la sedición, deberá ser ratificada por el Congreso en los próximos tres días.
La pugna entre el Gobierno y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha se intensificó en 2024, cuando las autoridades trasladaron a los cabecillas de ambas estructuras a la prisión de máxima seguridad ‘Renovación I’, donde se les retiraron privilegios como aire acondicionado y comida a domicilio. Entre los líderes detenidos figura Aldo Ochoa, alias “El Lobo”, condenado a 80 años por asesinato y señalado como instigador del motín más reciente.
Movilidad disminuyó
La violencia también afectó la rutina del país. Las clases fueron suspendidas este lunes en instituciones públicas y privadas. Aunque las actividades se mantienen activas, se reportó una disminución en la movilidad y en la afluencia de compradores en mercados, mientras algunas empresas optaron por el trabajo remoto.
“No permitiremos que la violencia y la intimidación dicten el rumbo de Guatemala”, declaró Arévalo en un mensaje a la nación. Aseguró que los criminales están “desesperados” ante el avance de la estrategia gubernamental.
El ministro de Gobernación, Marco Villeda, participó en el homenaje a los agentes y visiblemente conmovido afirmó: “Pronunciar sus nombres es reconocer que existieron, que entregaron y que nos importan. No se van al olvido, se van con honor”.
Hasta el momento, al menos nueve presuntos sicarios han sido detenidos en relación con los ataques. Las autoridades han reiterado que intensificarán las acciones para desarticular a las estructuras responsables.
La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala detuvo este domingo a Alexis Soto Gutiérrez, acusado de vigilar a agentes de la institución.
En su publicación, la policía guatemalteca aseguró que el hombre, de 47 años, miembro del Barrio 18, parte de la clica “Solo para locos”, fue detenido en la calle principal del barrio Chajsaquil, en San Pedro Carchá, Alta Verapaz, luego de pretender escapar.
“Presuntamente montaba vigilancia para, posteriormente, perpetrar un ataque contra la PNC, extremo que se investiga”, indicó la PNC en su publicación.
Durante el operativo, los agentes policiales también le decomisaron cocaína, un celular y dinero en efectivo.
La detención se ejecutó por investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPINDA) y miembros de la comisaría 51 de Guatemala. Las autoridades guatemaltecas confirmaron que el hombre será expulsado y entregado a la PNC de El Salvador.
Otras expulsiones
La semana pasada fue expulsado Eduardo Cruz Ruano, 36 años, miembro de la Pandilla 18. Según la PNC de Guatemala, el hombre tenía una orden de captura en El Salvador por el delito de agrupaciones ilícitas y fue detenido por investigadores del Centro Antipandillas Transnacional (CAT).
El 11 de enero fue detenido José «N», de 38 años, de origen salvadoreño a quien se le decomisaron 460 sacos de afrecho de trigo valorados en $6,054.75.
La PNC de Guatemala señaló que el hombre no presentó documentos de nacionalización del producto al momento de abordarle.
La primera de las detenciones de delincuentes salvadoreños en Guatemala se registró el 2 de enero cuando Marvin Edgardo Sandoval, de 45 años, fue detenido y acusado como miembro de la mara Salvatrucha (MS-13).
En ese momento, las autoridades guatemaltecas aseguraron que al cierre del año pasado, 93 salvadoreños fueron localizados de manera irregular en Guatemala, de los cuales 46 fueron entregados a las autoridades de El Salvador y el resto guarda prisión en las cárceles del vecino centroamericano.
