El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador inició este lunes una audiencia única por el delito de agrupaciones ilícitas para 17 presuntos pandilleros pertenecientes al Barrio 18 facción Revolucionarios de la tribu y cancha Amatepec, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
La representación fiscal presentó la prueba testimonial, pericial y documental con la cual se demostrará la pertenencia de los 17 imputados a la estructura pandilleril, recordó la FGR a través de un comunicado de prensa.
De acuerdo a las investigaciones, los imputados son homeboys (miembros) dentro del Barrio 18 y ya están recluidos en distintos centros penales del país, además mencionaron que tienen tatuajes alusivos a la estructura criminal.
“Se establece que estos sujetos tienen tatuajes que describen el simbolismo de estos tatuajes que tienen plasmados en su cuerpo”, indicó la fiscal del caso.
Los procesados fueron identificados como: Mauricio Ernesto Anaya Cárcamo, Marvin Antonio Merino, José Moisés Reyes Lovo, David Ricardo Mercado Romero, Rafael Arístides Marín Gómez, Manuel Antonio Barahona Aguilar y Boris Alexander Cárcamo.
Además de: José Edwin Campos Viscarra, Gustavo Suasso Ortiz, José Efraín Pacheco Sánchez, José Isaías Cruz y José Alexander Sánchez Cabrera, Saúl Antonio González Díaz, Raúl Ernesto Mendoza, Luis Javier Flores Espinosa, Roberto Chistopher Solano Mejía y Luis Maximiliano Romero.
La investigación de la Fiscalía señala que los actos delictivos cometidos por los sujetos se efectuaron en el distrito de Soyapango en el municipio de San Salvador Este, específicamente en la colonia Amatepec, la comunidad La Labor 1 y 2, y la comunidad Plan Piloto.
El Tribunal Primero contra el Crimen Organizado condenó este jueves a 30 años de prisión a siete miembros del Barrio 18, quienes tenían el rango de ‘homeboys’ dentro de la estructura criminal y operaban en el cantón El Matazano, en el departamento de Santa Ana.
Los imputados fueron encontrados culpables del delito de agrupaciones ilícitas, debido a su pertenencia activa a la pandilla y por mantener en zozobra a los habitantes de esa comunidad, aseguró la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la FGR, la investigación comenzó en agosto de 2023, luego de que un testigo brindara información sobre los sujetos que atemorizaban a los residentes del referido cantón.
Los condenados fueron identificados como: Luis Jiménez Ramos, Cristian Vladimir Sánchez Monzón, Bryan Alexander Miranda Castañeda, Walter Alexis Torres Servellón, José Miguel Bermúdez Hernández, Luis Alonso Portillo Blanco y Samuel Antonio Flores.
Las investigaciones fiscales determinaron que todos formaban parte activa del Barrio 18, “cancha El Matazano”. Tras su captura, la Fiscalía les atribuyó el delito de agrupaciones ilícitas, indicaron las autoridades..
Las autoridades detallaron que los siete pandilleros ya habían recibido condenas anteriores por el delito de extorsión, indicó la institución fiscal en el escrito.
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó al menos cuatro detenciones recientes: dos de ellos, supuestamente miembros de la pandilla Barrio 18, y otros dos sujetos señalados por el transporte de marihuana y cocaína.
Una de estas detenciones ocurrió durante la madrugada de este viernes; la PNC informó de la captura de Roberto Alexander Ruiz López, alias “El Pirri”, quien presuntamente es un pandillero del Barrio 18 facción revolucionarios.
El sujeto fue detenido por el delito de homicidio agravado, indicó la institución en X, que también detalló que la captura ocurrió en la 12 calle Poniente y avenida 29 de Agosto, en San Salvador.
Capturamos al pandillero de la 18R, Roberto Alexander Ruiz López, alias Pirri, quien cuenta con antecedentes delictivos por:
▫️Homicidio agravado
Fue intervenido mediante un patrullaje preventivo sobre la 12 Calle Poniente y avenida 29 de Agosto, en San Salvador.
Por otro lado, la corporación policial informó de la detención de Sandra Nohemi Cruz, alias “La Negra”, quien fue arrestada en el distrito de San Miguel y era la encargada de cobrar el dinero de las extorsiones del Barrio 18, facción Sureños.
Según informó la institución, Cruz intentó modificar los tatuajes de su cuerpo que la vinculan a la pandilla, sin embargo, fue detenida. La PNC informó que tanto Ruíz López como Cruz serán procesados ante las autoridades judiciales por el delito de agrupaciones ilícitas.
Capturas por drogas
Estas no fueron las únicas capturas reportadas por la PNC, ya que elementos de la División Antinarcóticos reportaron la detención de Luis Fernando Torrento Torrento, de 24 años de edad, y de Zulma Carolina Menjívar Miranda, de 36 años debido a que se les acusa de distribuir drogas en la urbanización Campos Verdes II, en Colón, La Libertad Oeste.
Mediante trabajo de nuestra División Antinarcóticos capturamos a dos distribuidores de droga en la urbanización Campos Verdes II, en Colón, La Libertad Oeste.
Se trata de:
▫️Luis Fernando Torrento Torrento, de 24 años de edad.
A los detenidos se les incautó porciones de cocaína y de marihuana, además se les decomisó dinero en efectivo, tres celulares y una báscula digital. La institución confirmó que ambos serán procesados por el delito de tráfico ilícito de drogas.
Anteriormente, la PNC reportó la captura de un joven identificado como Jonathan Arístides Rivas Menjívar, de 28 años, en San Salvador. La captura se produjo tras una serie de allanamientos y Rivas Menjívar es acusado del delito de tráfico ilícito de drogas, indicaron.
El ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, informó hace una semana sobre el decomiso de más de siete toneladas de droga en lo que va del año 2026. Esta cifra incluye la reciente incautación de 6.6 toneladas de presunta cocaína a mediados de febrero que dejó a 10 personas detenidas.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso una pena de 20 años de prisión este miércoles para dos pandilleros del Barrio 18 por ser encontrados culpables del delito de homicidio en perjuicio de una mujer, informó la Fiscalía General de la República (FGR), por medio de un comunicado de prensa.
Los pandilleros fueron identificados como José Joaquín Segura Méndez y Óscar Armando Mendoza Zetino, quienes asesinaron a la mujer en una zona de la Finca San Antonio, del cantón San Luis la Planta en el departamento de Santa Ana, indicó la FGR en el escrito.
La institución fiscal aseguró que este hecho ocurrió el 31 de octubre de 2021, cuando los ahora condenados llegaron a la casa de la víctima, la secuestraron y la llevaron hacia un cultivo de pepinos.
Poco después, los dos sujetos regresaron a la casa sin la víctima, registraron la vivienda y luego se marcharon, indicaron las autoridades fiscales en dicho escrito.
Los familiares, al notar la ausencia de la mujer y preocupados porque no regresaba, decidieron buscarla y fue entonces cuando encontraron el cadáver.
A principios de esta semana, la Fiscalía informó que al menos otros cinco miembros de Barrio 18 han sido sentenciados a un total de 597 años de prisión. Los delitos por los cuales fueron condenados incluyen extorsión y tráfico de personas.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, anunció este domingo que el país centroamericano pasará de un estado de sitio a un estado de prevención a partir de este martes, mientras continúan con operativos para garantizar la seguridad de la población.
La decisión del mandatario fue informada en cadena nacional de cara al final del estado de sitio que había impuesto hace un mes por el asesinato de 11 policías a manos de supuestos pandilleros.
El asesinato de los 11 policías el 18 de enero pasado se registró en represalia contra las fuerzas de seguridad por presuntos pandilleros debido a que las autoridades tomaron el control de tres cárceles donde se habían amotinado varias docenas de reos.
«Ampliaremos los operativos que han demostrado ser exitosos», agregó el gobernante, quien estuvo acompañado en su mensaje por el ministro de Gobernación (Interior), Marco Villeda Sandoval.
Arévalo de León recordó que durante el estado de sitio, que permitía la captura de cualquier persona sin orden judicial, se arrestaron a 83 pandilleros de alto perfil.
El estado de sitio es la penúltima disposición en la gradación de la Ley del Orden Público guatemalteco, mientras que el estado de prevención es la antepenúltima opción y limita las manifestación, además de avalar la disolución de las mismas.
El Gobierno de Arévalo de León y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha mantienen una pugna desde el año pasado, cuando las autoridades trasladaron a los cabecillas de estas estructuras criminales a la cárcel de alta seguridad denominada Renovación I después de una masacre registrada en un sepelio, ordenada presuntamente desde la prisión.
Agentes federales de inmigración de Estados Unidos capturaron el 31 de diciembre en Alexandria, Virginia, a Edwin Antonio Hernández, un presunto integrante de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), acusado de participar en el asesinato de cinco miembros de la pandilla rival Barrio 18 en El Salvador, informaron este sábado medios estadounidenses.
Hernández, de 27 años, conocido con los alias “Demente” y “Crazy”, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) alertara sobre su estatus migratorio irregular, según fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
De acuerdo con la información oficial, el salvadoreño ingresó de forma ilegal a territorio estadounidense en 2015 por la zona de Hidalgo, Texas. Aunque fue interceptado inicialmente por la Patrulla Fronteriza, posteriormente quedó en libertad mientras enfrentaba procesos en tribunales migratorios.
Durante entrevistas con agentes federales, Hernández habría admitido su participación en cinco homicidios cometidos en El Salvador contra miembros del Barrio 18. En al menos dos de los casos, aseguró que disparó a las víctimas en el pecho y la cabeza. En otro hecho, relató que un rival fue torturado, apuñalado en el pecho y posteriormente desmembrado mientras aún estaba con vida.
La pandilla Barrio 18 es considerada una de las estructuras criminales más grandes y violentas de Centroamérica. Tanto esta organización como la MS-13 fueron catalogadas el año pasado por Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras.
El arresto se produjo en medio de un contexto político tenso en Virginia, luego de que la gobernadora Abigail Spanberger firmara, en su primer día en el cargo, una orden ejecutiva que elimina la obligación de cooperación entre policías estatales y locales con las autoridades federales de inmigración.
Las autoridades estadounidenses mantienen a Hernández bajo custodia mientras avanzan los procesos legales en su contra por ingreso ilegal y permanencia irregular en el país.
Las fuerzas de seguridad de Guatemala detuvieron a 26 personas vinculadas al asesinato de 10 policías el domingo 18 de enero en un ataque coordinado atribuido a la pandilla Barrio 18, informó este martes el Gobierno, que mantiene vigente un estado de sitio a raíz del suceso.
El ministro de Gobernación Marco Villeda, puntualizó en una rueda de prensa que los detenidos son supuestos pandilleros del grupo Barrio 18.
Los 10 policías fueron asesinados en ataques coordinados en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala, en represalia después de que las autoridades retomaron el control de tres prisiones donde se registraron motines el sábado 17 de enero.
Las 26 capturas se registraron en el marco del estado de sitio decretado el mismo 18 de enero por el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, medida que se extenderá hasta el 18 de febrero, permitiendo la detención de personas sin orden judicial.
«Estamos dispuestos a arreglar esta situación sin importar el costo político», dijo Villeda este martes, cuando sostuvo que no habrá «tregua ni concesiones a los grupos criminales» en Guatemala.
Por su parte, el presidente guatemalteco aseveró en la misma rueda de prensa que «el crimen organizado ya no gobierna las cárceles» del país centroamericano.
Resaltó además que «la violencia terrorista en las calles no es un fenómeno aislado sino el engranaje más brutal de una maquinaria perversa que involucra a muchos actores y poderosos intereses«.
Además de los 26 detenidos por su vinculación a los asesinatos de las fuerzas de seguridad, la Policía Nacional Civil guatemalteca también arrestó a otros 13 pandilleros del Barrio 18 y cinco más de su rival, denominada Mara Salvatrucha.
El Gobierno de Arévalo de León y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha mantienen una pugna desde el año pasado, cuando las autoridades trasladaron a los cabecillas de estas estructuras criminales a una cárcel de alta seguridad denominada Renovación I y les retiraron privilegios otorgados por administraciones anteriores.
Al barrio El Gallito, ubicado a dos kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala, solo se puede ingresar con el permiso de las estructuras criminales que lo controlan o bajo el acompañamiento de fuerzas de seguridad. De lo contrario, el riesgo es no salir con vida, como ocurrió hace tres días con dos jóvenes atacados a balazos tras ingresar por error al sector.
El hecho ocurrió el martes por la mañana, cuando los jóvenes entraron aparentemente por equivocación al barrio. Ambos fueron tiroteados y uno de ellos, de 22 años, murió a causa de las heridas, según confirmaron las autoridades.
Ese mismo día ya estaba vigente el estado de sitio nacional, decretado por el Gobierno luego de que el domingo anterior 10 policías fueran asesinados en distintos puntos de la capital por supuestos pandilleros. La situación llevó al despliegue del Ejército y de la Policía Nacional Civil (PNC) en El Gallito, donde se ejecutan patrullajes permanentes, algo impensable sin respaldo de las fuerzas de seguridad.
Históricamente, El Gallito ha sido considerado un territorio vedado para personas ajenas a la comunidad debido a la fuerte presencia de grupos criminales. Para circular por sus zonas más conflictivas se requiere autorización de los jefes locales y cumplir reglas estrictas, como transitar con las ventanas del vehículo abajo.
Los patrullajes actuales se realizan bajo el amparo del estado de sitio, que permite la detención de personas sospechosas de terrorismo sin orden judicial, una medida aplicada también en otras denominadas “zonas rojas”.
“Se están haciendo patrullajes para evitar más hechos en contra de los compañeros y poder así dar persecución a los pandilleros terroristas que han causado estragos en la institución”, explicó a EFE el oficial tercero de la PNC, Édgar Lainez.
Las autoridades atribuyen los asesinatos de los agentes a presuntos miembros de la pandilla Barrio 18, quienes habrían actuado en represalia luego de que las fuerzas de seguridad retomaran el control de tres cárceles, donde el sábado se registraron motines y toma de rehenes.
“Los patrullajes no se han visto afectados, pero sí se han visto reforzados con más elementos para tener más apoyo y poder enfrentar cualquier situación con estos delincuentes”, agregó Lainez.
Integrantes de la Policía Nacional Civil (PNC) custodian una calle en el barrio El Gallito en Ciudad de Guatemala. Al barrio El Gallito, situado a dos kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala, se puede entrar con el permiso de las estructuras criminales que dominan el área o con las fuerzas de seguridad, de lo contrario, te arriesgas a no salir con vida, como le sucedió hace tres días a dos jóvenes tiroteados. EFE/ Alex Cruz
La alerta continúa
Entre los 10 policías asesinados se encuentran dos mujeres, un hecho que mantiene en alerta a la institución. “La alerta sigue. No nos descuidamos ni bajamos la guardia en ningún momento”, afirmó a EFE Élida Chavajay, agente de la PNC con casi cinco años de servicio.
Chavajay señaló que, aunque la sociedad suele ver a las mujeres policías como vulnerables, ellas no se perciben de esa forma. “Tomamos nuestras medidas de autoprotección y no nos confiamos”, sostuvo.
Los operativos se han extendido a otras zonas de la capital, así como a los municipios de Villa Nueva y Mixco. Hasta el miércoles, las autoridades reportaron la captura de casi 300 personas, incluidos 23 pandilleros vinculados directamente con los ataques contra los agentes.
Solo el jueves, el Gobierno informó que ejecutaba más de 20 allanamientos en áreas priorizadas por su alta incidencia delictiva, con la captura de más de un centenar de personas, entre ellas “cuatro presuntos terroristas” identificados con los alias Killer, Negro, Gatica y Maco.
Las cárceles en Guatemala se han convertido en el principal centro de operaciones de las pandillas, que desde hace años organizan desde sus celdas un lucrativo esquema de extorsiones a comerciantes, transportistas y pequeñas empresas, según denunció este jueves Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional.
De acuerdo con Manfredo Marroquín, director ejecutivo de la organización, el sistema penitenciario guatemalteco ha sido penetrado históricamente por la corrupción, permitiendo a estructuras criminales operar con total impunidad.
“Las cárceles no son centros de rehabilitación, sino de dirección criminal”, afirmó.
La situación se agravó tras los disturbios recientes, donde diez policías fueron asesinados luego de que autoridades retomaran el control de tres prisiones dominadas por pandilleros.
El fenómeno de las extorsiones alcanza niveles críticos. Solo en 2025, se interpusieron 25,961 denuncias, un aumento del 3.9 % respecto a las 24,978 de 2024, según el Centro de Estudios Económicos Nacionales (CIEN). Estas cifras reflejan una tasa de 142.7 casos por cada 100,000 habitantes, concentrándose casi la mitad en el departamento de Guatemala.
El sistema carcelario es considerado una “bomba de tiempo permanente” por el mismo Gobierno. El país cuenta con 23 centros penales, diseñados para 6,000 reclusos, pero actualmente albergan a más de 23,000, superando un 300 % de ocupación. A ello se suma una custodia insuficiente, con apenas 3,997 guardias, lo que facilita el acceso a teléfonos celulares, armas y otras herramientas para coordinar crímenes desde el encierro.
Aunque el Gobierno trasladó a cabecillas pandilleros a la cárcel de máxima seguridad Renovación I, en Escuintla, el CIEN advierte que persisten fallas graves. En cada requisa se siguen encontrando teléfonos y dispositivos electrónicos, lo que evidencia que el combate a la corrupción sigue siendo la mayor deuda institucional.
Casos como el de Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias “Lobo”, líder de Barrio 18, revelan cómo los reclusos exigen comodidades como aire acondicionado, alimentos de restaurantes y camas tipo ‘king size’, evidenciando el deterioro del control estatal.
El ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda, advirtió este miércoles que el sistema penitenciario del país, con un hacinamiento del 340 %, representa una «bomba de tiempo permanente», tras los ataques coordinados por pandillas que dejaron a diez policías muertos el pasado domingo.
Durante esa jornada, pandilleros protagonizaron motines simultáneos en tres centros penales y tomaron como rehenes a varios custodios, mientras otros grupos armados perpetraban ataques en distintas zonas del país. La crisis obligó al gobierno a decretar un estado de sitio por 30 días, que fue anunciado el mismo domingo por el presidente Bernardo Arévalo de León.
“El Gobierno está haciendo su trabajo, ahora es necesario que el sistema de justicia responda y dé resultados”, afirmó Arévalo este miércoles en conferencia de prensa. Agregó que las acciones violentas fueron un intento fallido de infundir terror, pero aseguró que “las pandillas fracasaron”.
El mandatario subrayó que las autoridades retomaron el control de los penales en menos de 24 horas, sin ceder a ninguna de las demandas de los reos. “Tienen a un presidente y a un equipo dispuestos a tomar las decisiones que gobiernos anteriores no quisieron tomar”, enfatizó.
Por su parte, el ministro Villeda reiteró la precariedad del sistema penitenciario, que actualmente alberga a 23,000 reos en instalaciones diseñadas solo para 6,000 personas. “Tenemos cárceles que no cumplen los estándares internacionales de seguridad y rehabilitación”, sostuvo.
El funcionario calificó al sistema penitenciario como “la cenicienta del Estado” por la histórica escasez de recursos, y anunció la construcción de dos nuevos centros penales como parte de las medidas para aliviar la sobrepoblación carcelaria y fortalecer la seguridad ciudadana.
Villeda responsabilizó directamente a la pandilla Barrio 18 por los ataques contra los policías y afirmó que el Ejecutivo no tiene “absolutamente nada que negociar con grupos criminales”.
