Un pandillero del Barrio 18 identificado como Eduardo Antonio Contreras Roque recibió 20 años de cárcel debido a que cometió el delito de extorsión agravada, dictaminó el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, informó el lunes la Fiscalía General de la República (FGR).
Este hecho inició en el 2011, junto a otros siete sujetos pertenecientes a dicha pandilla ya que extorsionaron a un comerciante informal de la urbanización Cumbres de San Bartolo, en el distrito de Tonacatepeque, San Salvador Este, detalló la FGR a través de un comunicado de prensa.
Los delincuentes le impusieron a la víctima la obligación de realizar pagos quincenales por extorsión. Bajo amenazas de muerte dirigidas tanto hacia su persona como a su núcleo familiar, el comerciante fue presionado para cumplir con dichas exigencias económicas.
Tras haber iniciado con los pagos exigidos, la víctima se vio imposibilitada de seguir cumpliendo con las cuotas, lo que la motivó a interponer la denuncia ante la justicia. A raíz de esta acción, las autoridades implementaron un operativo de entregas vigiladas que permitió la individualización de los responsables, indicó la FGR.
Por ello también informó la FGR que además de la condena, se le sumará otro proceso por cometer el delito de agrupaciones ilícitas. Por su parte, los demás integrantes de la estructura criminal involucrados en este caso de extorsión ya recibieron sus respectivas sentencias condenatorias.
Estos no han sido los únicos procesos a pandilleros del Barrio 18 en los últimos días, ya que el lunes inició la audiencia única abierta en contra de 25 sujetos pertenecientes a esta estructura en la colonia Vista al Lago, ubicada en el distrito de Ilopango en San Salvador Este y en mercado municipal del distrito de Cojutepeque, Cuscatlán Sur.
Entre los procesados, detenidos bajo la vigencia del Régimen de Excepción, destaca José Reynaldo Morales, señalado como el cabecilla de la agrupación criminal.
De igual manera, la causa judicial se dirige contra otros 24 individuos pertenecientes a la misma red, entre los que se identifican 8 homeboys, 12 colaboradores y 4 civiles.
La Fiscalía General de la República presentó una acusación formal contra 563 cabecillas de la pandilla Barrio 18, a quienes atribuye un total de 14,488 delitos cometidos desde 2012, en uno de los procesos judiciales más amplios impulsados bajo el Régimen de Excepción.
El requerimiento fue presentado ante el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador y comprende a 275 integrantes de la facción Sureños y 288 de la facción Revolucionarios.
Entre los delitos imputados figuran rebelión, agrupaciones ilícitas, pertenencia a organizaciones terroristas, homicidios agravados, extorsiones y otros crímenes atribuidos a las estructuras criminales durante más de una década.
El fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, aseguró que las pandillas fortalecieron su capacidad operativa durante el período conocido como la tregua entre pandillas, ocurrido en los gobiernos de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén.
“Se fortalecieron por todas esas ventajas que les dio el gobierno en turno y que obviamente hicieron también crecer su organización”, afirmó Muñoz.
Uno de los principales procesados es Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificado por las autoridades como uno de los cabecillas históricos de la facción Sureños del Barrio 18 y señalado de ordenar extorsiones, homicidios y otras actividades criminales.
La acusación también incluye a Óscar René Moreira Palacios, alias “El Pollo”, considerado por las autoridades como el máximo cabecilla de la pandilla en el sector de La Campanera, en Soyapango, así como a César Daniel Renderos Díaz, alias “El Muerto”; Óscar Giovanni Alfaro Martínez, alias “El Güero”; Andrés Roberto Barillas, alias “Lágrimas”; y Víctor Antonio García, alias “Duke”.
Según la Fiscalía, César Daniel Renderos Díaz es señalado como responsable de la masacre ocurrida en Antiguo Cuscatlán en junio de 2006, donde murieron cinco personas, incluidos menores de edad. Además, enfrenta acusaciones por homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico de drogas y pertenencia a organizaciones terroristas.
En el caso de Óscar Giovanni Alfaro Martínez, alias “El Güero”, las investigaciones indican que dirigía una estructura de extorsión en el centro de San Salvador, donde presuntamente obligaba a menores de edad y vendedores ambulantes a movilizar los cobros ilícitos.
Entre los hechos incluidos en la acusación figura además la masacre registrada en marzo de 2016 en San Juan Opico, La Libertad Centro, donde fueron asesinados 14 trabajadores, uno de los casos más emblemáticos atribuidos a la pandilla Barrio 18.
Las autoridades sostienen que este proceso judicial busca llevar ante la justicia a quienes durante décadas dirigieron operaciones criminales que afectaron a miles de salvadoreños. Todos los imputados permanecen sometidos a procesos judiciales mientras avanzan las investigaciones y audiencias relacionadas con los delitos atribuidos por la Fiscalía.
El director de la Policía Nacional Civil de Guatemala, David Custodio Boteo, considera que las pandillas que operan en el país centroamericano están mutando de las extorsiones al narcotráfico, involucrándose cada vez más de lleno en la venta a gran escala de marihuana y cocaína.
Así lo aseguró Custodio Boteo en una entrevista con EFE, donde explicó de igual manera que las fuerzas de seguridad intentan ejecutar una estrategia multisectorial en contra de estas estructuras criminales para combatir sus movimientos.
«La dinamización que han tenido precisamente ambas pandillas, ‘Mara Salvatrucha’ y ‘Barrio 18’, es involucrarse directamente en el tema del narcomenudeo y podemos decir con total propiedad que en la actualidad ya las pandillas no se dedican únicamente al narcomenudeo, sino también al narcotráfico», afirmó Custodio Boteo.
El jefe policial detalló que ambas pandillas «están inclusive tumbando (robando) drogas, están adquiriendo bastante droga, cocaína, marihuana para poder vender en diferentes puntos» de los departamentos o provincias donde operan con más fuerza.
Para ilustrar el nivel organizativo y el control vertical que ejercen los liderazgos sobre estas redes en expansión, el funcionario advirtió sobre la dependencia operativa de los criminales que actúan en la calle respecto a los mandos.
«Hay que tomar en cuenta que nada sucede en la calle si no hay una orden directa de los jefes de pandilla o jefes de clica (unidad pandillera) en los diferentes territorios de Guatemala», aseveró Custodio Boteo.
Agentes de la PNC de Guatemala rodean a un sicario de la Mara Salvatrucha durante un operativo. Foto @PNCdeGuatemala
Más músculo financiero y logístico
Esta evolución ha dotado a los grupos delictivos de recursos económicos sustanciales, que ha transformado sus dinámicas de financiamiento y ha incrementado su capacidad logística en los lugares donde operan.
«Haber dinamizado el tema de la extorsión a narcomenudeo ha hecho que tengan mayores fondos para poder tener mayor cobertura y comprar equipamiento, motocicletas, armas de fuego, teléfonos celulares para poderle entregar a sus víctimas», precisó el jefe policial.
Las estructuras criminales incluso han llegado a implementar sistemas de videovigilancia en las calles del país centroamericano para poder observar a las fuerzas de seguridad, aunque la policía guatemalteca ya ha desmantelado varios de estos esquemas tecnológicos.
Custodio Boteo recalca también que para evitar el reclutamiento forzado de menores por parte de las pandillas, han implementado programas de apoyo como la iniciativa ‘Escuelas Seguras’, para infantes en sectores históricamente conflictivos, además de la revisión de mochilas en centros de estudio.
La intervención busca blindar las escuelas públicas de la injerencia de las clicas, los brazos operativos de las maras guatemaltecas.
Un agente de prevención del delito de la Policía Nacional Civil (PNC), borra mensajes de la pandilla Barrio 18 en muros y en cabinas de teléfonos públicos ubicados afuera de una escuela en la colonia Belén zona 7 de Mixco, en Ciudad de Guatemala. EFE
Cooperación militar y desafíos judiciales
La recuperación de espacios públicos ha requerido la declaración este año de estados de sitio y estados de prevención por parte del presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, en zonas rojas del territorio, recordó el director de la policía.
La medida especiales permite el despliegue combinado de agentes policíacos y del Ejército de Guatemala, un esfuerzo conjunto que elevó la capacidad operativa y facilitó el abordaje diario de unidades del transporte público para resguardar a la población.
La estrategia integral se apoya fuertemente en el aislamiento de los líderes de las pandillas mediante la planificación de una nueva cárcel de máxima seguridad, estrenada el año pasado para cortar los canales de comunicación telefónica desde donde se ordenaban los crímenes en las calles guatemaltecas, agregó el funcionario.
A nivel financiero, las autoridades centran los esfuerzos en ahogar la economía ilegal de los grupos armados mediante el decomiso de armamento, que se incrementó en más de un 32 % en lo que va del 2026 respecto al periodo previo, según Custodio Boteo.
El director de la Policía guatemalteca enfatizó la importancia de consolidar una buena coordinación con el Ministerio Público (Fiscalía), al señalar la frustración interna debido a que la debilidad de las leyes permite que delincuentes reincidentes gocen de medidas sustitutivas o aceptación de cargos a las 72 horas de su captura.
«Nuestros compañeros policías arriesgan la vida en la captura de delincuentes que van a ocasionarle daño a la población guatemalteca, pero es lamentable que a veces a las 72 horas este delincuente anda nuevamente libre por las calles», denunció Custodio Boteo sobre los desafíos del sistema de justicia.
El Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer de San Salvador condenó a 50 años de cárcel este jueves a cuatro pandilleros del Barrio 18 al ser hallados culpables del delito de feminicidio agravado, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Los pandilleros fueron identificados como: Ricardo Adalberto Cruz, alias “El Zurdo”; Marco Antonio Andrés Meléndez, alias “Spoky”; Cristian Xavier Calderón Belloso, alias “Cricri”, y Cristian Ángel Andrés, alias “Cusu”, este último fue condenado en calidad de rebelde, informó la FGR.
Los cuatro imputados, pertenecientes a la pandilla 18, facción Sureños, también enfrentan otros procesos judiciales por su presunta vinculación con agrupaciones ilícitas. Además, la FGR a través de un comunicado de prensa, confirmó que Cruz, Meléndez y Calderón Belloso se encuentran recluidos en centros penitenciarios.
El asesinato, según las investigaciones, tuvo lugar en el año 2022 en el distrito de Ilopango, del municipio de San Salvador Este. La víctima fue abordada por los cuatro sujetos mientras se encontraba dentro de su vivienda.
Las investigaciones arrojan que a la víctima la sacaron mediante engaños y la llevaron hasta la Carretera de Oro, donde le dispararon con un arma de fuego. A pesar de que los involucrados se fugaron tras el crimen, tres de ellos fueron capturados en flagrancia poco después.
Las reformas penales que permiten la cadena perpetua en El Salvador están vigentes desde el pasado domingo 26 de abril. Esta medida, impulsada por el presidente Nayib Bukele, se concretó 30 días después de ser ratificada constitucionalmente por la Asamblea Legislativa.
Los delitos incluidos en estas reformas abarcan el homicidio simple y agravado, el feminicidio, la violación en sus distintas modalidades y la pertenencia a organizaciones criminales o terroristas, categoría esta última bajo la cual ahora se tipifica a las pandillas.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, aseguró este jueves que su Gobierno trabaja en una transformación del sistema penitenciario para poner fin al “festín de la corrupción” dentro de las cárceles del país centroamericano.
Durante un acto oficial en el que Guatemala recibió 20 nuevas unidades para el traslado de privados de libertad, con apoyo de Estados Unidos y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el mandatario sostuvo que las prisiones no deben continuar siendo espacios dominados por estructuras criminales.
“Los centros de condena no deben ser lugares donde se perfeccione el crimen, sino donde la rehabilitación se haga posible”, afirmó Arévalo de León durante su discurso.
El gobernante explicó que la incorporación de los vehículos permitirá fortalecer el control y vigilancia dentro del sistema penitenciario, considerado uno de los más colapsados de la región por el severo hacinamiento que enfrenta desde hace varios años.
Actualmente, las cárceles guatemaltecas albergan a más de 25,000 reclusos en instalaciones diseñadas para aproximadamente 7,000 personas, lo que representa un hacinamiento superior al 300 %. Las autoridades reconocen que esta situación ha facilitado que pandillas y grupos criminales coordinen extorsiones, asesinatos y otros delitos desde el interior de los penales.
La crisis alcanzó uno de sus momentos más graves en enero pasado, cuando los intentos del Gobierno por retomar el control de varios centros penitenciarios provocaron motines en tres cárceles del país. Posteriormente, la pandilla Barrio 18 lanzó ataques armados en las calles que dejaron 11 agentes de la Policía Nacional Civil fallecidos.
Arévalo señaló que durante años existieron “calabozos al servicio de las mafias” y aseguró que su administración busca modernizar el sistema con nuevas medidas de seguridad y la construcción de dos cárceles de máxima seguridad.
Una de las nuevas prisiones será edificada en el centro conocido como “El Infiernito”, ubicado en el departamento de Escuintla, al sur del país, donde permanecen recluidos líderes de pandillas y estructuras del crimen organizado.
Por su parte, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, afirmó que el sistema penitenciario permaneció abandonado durante décadas y sostuvo que la recuperación de las cárceles forma parte de una estrategia para fortalecer la seguridad pública.
“La seguridad democrática también se construye desde adentro de las cárceles”, expresó el funcionario, quien aseguró que el objetivo es devolver la tranquilidad a la población guatemalteca.
El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, informó este miércoles de la captura de cinco jóvenes quienes presuntamente son pertenecientes al Barrio 18, facción Sureños, en Soyapango.
Según Villatoro, que informó de la captura por medio de su cuenta de la red social X, estos sujetos fueron detenidos en flagrancia luego de una serie de fotografías que se viralizó en los últimos días donde aparecen dos jóvenes que, según denuncias de usuarios en las redes sociales, son pandilleros en la colonia Bosques del Río en Soyapango.
Los detenidos fueron identificados como: William Alonso Martínez Calderón, Josué Adán Parada Vásquez, Marelin Valeria Lobato Martínez, Mauricio Manuel González Pérez, alias “El Wicho” y Giovanni Alexander Parada Vásquez, alias “El Ratón”. Cabe mencionar que en la fotografía divulgada por Villatoro, se pueden ver a los cinco jóvenes detenidos.
Según el funcionario, los detenidos serán acusados por el delito de la reforma constitucional de pertenencia a organizaciones terroristas conocidas como “pandillas”, según el artículo 344-A del Código Penal, citó el ministro en la publicación.
Imágenes y drogas
Según informó Villatoro, uno de los jóvenes detenidos tenía imágenes en su celular que presuntamente lo vinculan con el Barrio 18 Sureños. Otro de los detenidos, se le encontró droga, sin embargo, no especificó qué tipo ni la cantidad.
El ministro también utilizó la publicación para arremeter contra los detenidos y afirmó que se les aplicará «todo el peso de la ley».
“Que les quede claro: cada denuncia ciudadana se investiga y se actúa. Aquí no hay espacio para criminales, el que insista en delinquir, terminará tras las rejas”, aseguró Villatoro en la publicación.
Hombre detenido con droga
Por otro lado, la Policía Nacional Civil (PNC) informó este martes por la noche de la captura de un hombre identificado como Cristóbal Humberto Medrano, de 45 años de edad, quien es acusado del delito de siembra y cultivo.
Este sujeto fue detenido en la comunidad Nueva Trinidad, de Ilopango, perteneciente al municipio de San Salvador Este, informó la PNC a través de una publicación en su cuenta de la red social X. La entidad policial, informó que le fueron incautados una porción grande de marihuana y tres plantas verdes de marihuana en macetas.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 39 años de cárcel a un pandillero del Barrio 18 identificado como Marco Antonio Pérez Hernández debido a que fue encontrado culpable del delito de homicidio agravado en grado de tentativa, en perjuicio de dos personas, informó Centros Judiciales de El Salvador.
Pérez Hernández también fue encontrado culpable del delito de agrupaciones ilícitas, indicó Juzgados por medio de una publicación en su cuenta de la red social X.
Según las investigaciones de las autoridades judiciales, el pandillero intentó asesinar a dos personas en el 2013 en Ayutuxtepeque, el 1 de junio de dicho año.
Este hecho ocurrió en la comunidad Cristo Redentor, donde Pérez Hernández abrió fuego contra dos víctimas y luego se dio a la fuga; sin embargo, ambas sobrevivieron al ataque, indicó Juzgados.
La entidad judicial aseguró que mediante técnicas especiales de investigación, Pérez Hernández fue identificado como el líder de la «cancha» Tainys Locos Revolucionarios de la pandilla 18, facción Revolucionarios. Se le atribuye tener a su cargo un grupo de entre 20 y 30 pandilleros, indicaron las investigaciones. Posteriormente, recibió su condena.
#JusticiaSV⚖| 39 años de prisión para líder pandillero que intentó asesinar a dos personas
—Los hechos ocurrieron en 2013, en la jurisdicción de Ayutuxtepeque.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez uno, condenó a 39 años de prisión a Marco… pic.twitter.com/74Phgcvofi
— Centros Judiciales El Salvador (@JuzgadosSV) April 13, 2026
Condena por robo
Por otro lado, la Fiscalía General de la República (FGR) informó de la condena que recibió este lunes una mujer identificada como Esmeralda Beatríz Mendoza Quezada quien obtuvo ocho años de cárcel por encontrársele culpable del delito de robo agravado.
La mujer ingresó armada a una oficina en Jiquilisco, Usulután, y obligó a las víctimas a tirarse al suelo. Mendoza tomó todas sus pertenencias, incluyendo dinero y teléfonos celulares. Además, la imputada agredió a algunas de las víctimas golpeándolas con el arma que portaba.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador inició este lunes una audiencia única por el delito de agrupaciones ilícitas para 17 presuntos pandilleros pertenecientes al Barrio 18 facción Revolucionarios de la tribu y cancha Amatepec, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
La representación fiscal presentó la prueba testimonial, pericial y documental con la cual se demostrará la pertenencia de los 17 imputados a la estructura pandilleril, recordó la FGR a través de un comunicado de prensa.
De acuerdo a las investigaciones, los imputados son homeboys (miembros) dentro del Barrio 18 y ya están recluidos en distintos centros penales del país, además mencionaron que tienen tatuajes alusivos a la estructura criminal.
“Se establece que estos sujetos tienen tatuajes que describen el simbolismo de estos tatuajes que tienen plasmados en su cuerpo”, indicó la fiscal del caso.
Los procesados fueron identificados como: Mauricio Ernesto Anaya Cárcamo, Marvin Antonio Merino, José Moisés Reyes Lovo, David Ricardo Mercado Romero, Rafael Arístides Marín Gómez, Manuel Antonio Barahona Aguilar y Boris Alexander Cárcamo.
Además de: José Edwin Campos Viscarra, Gustavo Suasso Ortiz, José Efraín Pacheco Sánchez, José Isaías Cruz y José Alexander Sánchez Cabrera, Saúl Antonio González Díaz, Raúl Ernesto Mendoza, Luis Javier Flores Espinosa, Roberto Chistopher Solano Mejía y Luis Maximiliano Romero.
La investigación de la Fiscalía señala que los actos delictivos cometidos por los sujetos se efectuaron en el distrito de Soyapango en el municipio de San Salvador Este, específicamente en la colonia Amatepec, la comunidad La Labor 1 y 2, y la comunidad Plan Piloto.
El Tribunal Primero contra el Crimen Organizado condenó este jueves a 30 años de prisión a siete miembros del Barrio 18, quienes tenían el rango de ‘homeboys’ dentro de la estructura criminal y operaban en el cantón El Matazano, en el departamento de Santa Ana.
Los imputados fueron encontrados culpables del delito de agrupaciones ilícitas, debido a su pertenencia activa a la pandilla y por mantener en zozobra a los habitantes de esa comunidad, aseguró la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la FGR, la investigación comenzó en agosto de 2023, luego de que un testigo brindara información sobre los sujetos que atemorizaban a los residentes del referido cantón.
Los condenados fueron identificados como: Luis Jiménez Ramos, Cristian Vladimir Sánchez Monzón, Bryan Alexander Miranda Castañeda, Walter Alexis Torres Servellón, José Miguel Bermúdez Hernández, Luis Alonso Portillo Blanco y Samuel Antonio Flores.
Las investigaciones fiscales determinaron que todos formaban parte activa del Barrio 18, “cancha El Matazano”. Tras su captura, la Fiscalía les atribuyó el delito de agrupaciones ilícitas, indicaron las autoridades..
Las autoridades detallaron que los siete pandilleros ya habían recibido condenas anteriores por el delito de extorsión, indicó la institución fiscal en el escrito.
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó al menos cuatro detenciones recientes: dos de ellos, supuestamente miembros de la pandilla Barrio 18, y otros dos sujetos señalados por el transporte de marihuana y cocaína.
Una de estas detenciones ocurrió durante la madrugada de este viernes; la PNC informó de la captura de Roberto Alexander Ruiz López, alias “El Pirri”, quien presuntamente es un pandillero del Barrio 18 facción revolucionarios.
El sujeto fue detenido por el delito de homicidio agravado, indicó la institución en X, que también detalló que la captura ocurrió en la 12 calle Poniente y avenida 29 de Agosto, en San Salvador.
Capturamos al pandillero de la 18R, Roberto Alexander Ruiz López, alias Pirri, quien cuenta con antecedentes delictivos por:
▫️Homicidio agravado
Fue intervenido mediante un patrullaje preventivo sobre la 12 Calle Poniente y avenida 29 de Agosto, en San Salvador.
Por otro lado, la corporación policial informó de la detención de Sandra Nohemi Cruz, alias “La Negra”, quien fue arrestada en el distrito de San Miguel y era la encargada de cobrar el dinero de las extorsiones del Barrio 18, facción Sureños.
Según informó la institución, Cruz intentó modificar los tatuajes de su cuerpo que la vinculan a la pandilla, sin embargo, fue detenida. La PNC informó que tanto Ruíz López como Cruz serán procesados ante las autoridades judiciales por el delito de agrupaciones ilícitas.
Capturas por drogas
Estas no fueron las únicas capturas reportadas por la PNC, ya que elementos de la División Antinarcóticos reportaron la detención de Luis Fernando Torrento Torrento, de 24 años de edad, y de Zulma Carolina Menjívar Miranda, de 36 años debido a que se les acusa de distribuir drogas en la urbanización Campos Verdes II, en Colón, La Libertad Oeste.
Mediante trabajo de nuestra División Antinarcóticos capturamos a dos distribuidores de droga en la urbanización Campos Verdes II, en Colón, La Libertad Oeste.
Se trata de:
▫️Luis Fernando Torrento Torrento, de 24 años de edad.
A los detenidos se les incautó porciones de cocaína y de marihuana, además se les decomisó dinero en efectivo, tres celulares y una báscula digital. La institución confirmó que ambos serán procesados por el delito de tráfico ilícito de drogas.
Anteriormente, la PNC reportó la captura de un joven identificado como Jonathan Arístides Rivas Menjívar, de 28 años, en San Salvador. La captura se produjo tras una serie de allanamientos y Rivas Menjívar es acusado del delito de tráfico ilícito de drogas, indicaron.
El ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, informó hace una semana sobre el decomiso de más de siete toneladas de droga en lo que va del año 2026. Esta cifra incluye la reciente incautación de 6.6 toneladas de presunta cocaína a mediados de febrero que dejó a 10 personas detenidas.
