Una mujer identificada como Elizabeth Campos Mejía enfrentará juicio y seguirá detenida provisionalmente debido a que es acusada del delito de extorsión agravada en perjuicio de su víctima de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR).
Esta resolución fue dictada por el Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador quien admitió la oferta probatoria presentada por la FGR, la cual, comunicó sobre el caso a través de un comunicado de prensa.
De acuerdo con las investigaciones, la víctima sufría de esta serie de extorsiones desde 2021 mediante cobros semanales en el sector de la exterminal de Oriente, ubicada cerca del mercado La Tiendona, el distrito de San Salvador, luego de ello, optó por interponer la denuncia correspondiente.
Posteriormente, en febrero de 2022, las autoridades desarrollaron un dispositivo policial en las cercanías del sector, ocasión en que la procesada, quien es una presunta pandillera del Barrio 18, cobró el dinero exigido y huyó de la zona.
Tras realizar el registro correspondiente, las autoridades le incautaron el dinero que acababa de recibir de parte de la víctima como pago de la extorsión, indicó la FGR en el comunicado.
En otras condenas a pandilleros del Barrio 18 por este tipo de delitos, un joven identificado como Maynor Steven Montes Hernández recibió 20 años de cárcel por que extorsionaba a un comerciante en el distrito de San Salvador, aseguró la FGR.
El informe indicó que el sujeto exigió cantidades de dinero a cambio de no afectar en contra de su vida o en contra de la vida de los empleados. También es procesado por otros delitos y aún están pendientes las resoluciones.
De igual manera, la semana pasada la FGR confirmó la condena de 20 años de cárcel por extorsión en contra de otro pandillero del Barrio 18 identificado como Carlos Fernando Henríquez Cruz por extorsionar a un comerciante en el distrito de Apopa, en San Salvador Oeste.
Quince países del continente, incluido El Salvador, anunciaron el martes su intención de aplicar sanciones contra 24 organizaciones señaladas como narcoterroristas, con medidas financieras, migratorias y penales que cada gobierno implementaría de acuerdo con sus obligaciones internacionales y legislación interna. El acuerdo constituye la primera acción conjunta anunciada bajo el Escudo de las Américas.
Entre las bandas a perseguir figuran la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18, que operan en El Salvador, Estados Unidos, México y otros países centroamericanos.
Una de las principales medidas consiste en el congelamiento de activos vinculados con las organizaciones incluidas en el listado. Su aplicación dependerá de las facultades legales y procedimientos existentes en cada uno de los países participantes.
El segundo componente de las sanciones se concentra en materia migratoria. Los gobiernos expresaron su intención de imponer restricciones migratorias y de visas a miembros, asociados y partidarios de los grupos señalados.
La tercera medida contempla responsabilidad penal para las personas que conscientemente proporcionen apoyo material a estas organizaciones, incluido apoyo logístico. El acuerdo deja abierta la posibilidad de adoptar otras medidas contra los grupos.
Las acciones se enfocarán inicialmente en 24 organizaciones: Además de la MS-13 y el Barrio 18, figuran las bandas venezolanas El Tren de Aragua y el Cartel de los Soles. Los grupos narcotraficantes mexicanos: Carteles Unidos, Cartel del Golfo, La Nueva Familia Michoacana, Cartel del Noreste, Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cartel de Sinaloa, Los Viagras y Cartel de Juárez (La Línea).
En el listado también figuran las bandas haitianas Gran Grif, Viv Ansanm y las brasileñas Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho. También aparecen las bandas colombianas Clan del Golfo, disidencias de las FARC y ELN, así como los grupos ecuatorianos Los Tiguerones, Los Lobos, Los Choneros, y Chone Killers. Completa la lista la banda peruana Sendero Luminoso.
El acuerdo fue respaldado por Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago. Además de las sanciones, estos gobiernos pretenden ampliar el intercambio de inteligencia, facilitar el acceso a tecnologías y capacidades de seguridad y fortalecer la capacitación de personal.
Los participantes también pretenden trasladar la iniciativa al ámbito de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Para ello, anunciaron que buscarán presentar una solicitud conjunta al presidente del Consejo Permanente para convocar una reunión de consulta bajo los artículos 6 y 13 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), con miras a analizar acciones colectivas contra estas organizaciones.
El anuncio, por tanto, establece el marco de las sanciones que los países pretenden impulsar, pero no significa que todas hayan entrado automáticamente en vigor en los 15 Estados. Su alcance, procedimientos y aplicación dependerán de las normas de cada país, mientras los participantes buscan coordinar posiciones y medidas contra las 24 organizaciones incluidas en la declaración.
El Salvador y otros 14 países del continente anunciaron este martes su intención de adoptar medidas conjuntas contra 24 organizaciones calificadas como narcoterroristas, entre ellas la Mara Salvatrucha (MS-13), Barrio 18, Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), como parte de la iniciativa Escudo de las Américas.
La declaración fue suscrita por los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago. Los participantes plantearon fortalecer la cooperación hemisférica mediante tres pilares: economía, seguridad y coordinación multilateral.
«Declaramos nuestra intención de imponer, según corresponda y de acuerdo con nuestras respectivas obligaciones legales internacionales y nacionales, congelaciones de activos; restricciones de inmigración y visado para miembros, asociados y partidarios de las organizaciones; y responsabilidad penal para las personas que proporcionan a sabiendas apoyo material, incluido el apoyo logístico, a las organizaciones, entre otras medidas», dice la llamada Declaración conjunta sobre la defensa de la soberanía hemisférica.
Esta primera acción conjunta se centrará en un listado de 24 organizaciones en las que destacan las pandillas MS-13 y Barrio 18 con presencia en El Salvador y países vecinos. Además el listado incluye al Tren de Aragua, Carteles Unidos, Cartel del Golfo, La Nueva Familia Michoacana, Cartel del Noreste, CJNG, Cartel de Sinaloa, Gran Grif, Viv Ansanm, Los Lobos, Los Choneros, Cartel de Los Soles, Clan del Golfo, Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho, Chone Killers, Los Viagras, Cartel de Juárez, disidencias de las FARC, ELN, Sendero Luminoso y Los Tiguerones.
Los países participantes también anunciaron que pretenden reforzar el intercambio de inteligencia, facilitar el acceso a tecnologías y capacidades de seguridad cuando sea pertinente, promover la capacitación de personal y ampliar el intercambio de buenas prácticas.
En el ámbito económico, acordaron profundizar la cooperación sobre inversiones y explorar mecanismos destinados a proteger cadenas de suministro de minerales críticos e infraestructura digital.
El comunicado establece además que los países buscarán coordinar posiciones ante organismos regionales y multilaterales. Como parte de ese objetivo, anunciaron su intención de presentar una solicitud conjunta ante el presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para convocar una reunión de consulta relacionada con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).
Los gobiernos pretenden que, una vez convocada esa instancia, los países participantes analicen a nivel ministerial una resolución destinada a promover y facilitar acciones colectivas contra las organizaciones calificadas como narcoterroristas.
La declaración también contempla fortalecer la cooperación económica y la defensa de la soberanía nacional, además de coordinar sanciones, designaciones y acciones financieras contra organizaciones criminales. Los 15 gobiernos presentaron el combate al narcoterrorismo como la primera acción conjunta bajo los tres pilares establecidos por el Escudo de las Américas.
Un total de 3,098 nuevos agentes se incorporó este miércoles a la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala con el objetivo de ampliar la cobertura policial, fortalecer las acciones de prevención y reforzar la presencia de las autoridades en zonas afectadas por la criminalidad.
Con las nuevas incorporaciones, Guatemala alcanza una cobertura aproximada de 254 policías por cada 100,000 habitantes, todavía por debajo del promedio de América Latina, estimado en más de 310 agentes por cada 100,000 personas.
Datos oficiales indican que el país registra en lo que va del año una tasa promedio de 16.5 homicidios por cada 100,000 habitantes. El presidente Bernardo Arévalo recordó durante el acto de incorporación que hace 17 años el indicador alcanzaba las 45 muertes violentas por cada 100,000 personas.
«Los nuevos agentes irán a servir a las comunidades del altiplano, oriente y fronteras (las áreas del país golpeadas por estructuras delictivas), donde la corrupción e impunidad abrieron puertas al crimen organizado», afirmó Arévalo durante el acto.
Guatemala enfrentó en enero de 2026 un repunte de la violencia vinculada a las pandillas después de motines registrados en tres cárceles. Presuntos integrantes del Barrio 18 ejecutaron ataques coordinados contra la Policía como represalia por la recuperación del control estatal de los centros penitenciarios, dejando 11 agentes muertos.
Ante la escalada de violencia, Arévalo decretó inicialmente un estado de sitio y posteriormente un estado de prevención para fortalecer los operativos de seguridad y recuperar el control frente a las pandillas. Las medidas extraordinarias se mantuvieron hasta mayo pasado.
Los 3,098 policías graduados este año se suman a los 2,431 incorporados durante 2024 y los 3,787 de 2025. De esta manera, la actual administración acumula 9,316 nuevos agentes, equivalente al 77.6 % de la meta gubernamental de incorporar 12,000 policías.
Las nuevas incorporaciones elevan la fuerza activa de la PNC a unos 46,500 elementos encargados de brindar seguridad a una población estimada en 18.3 millones de habitantes, mientras el Gobierno busca aumentar la presencia policial en diferentes zonas del territorio guatemalteco.
El Gobierno de Guatemala informó que 20 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) han sido asesinados en lo que va de 2026, una cifra que duplica los casos registrados durante todo el año pasado y que refleja el incremento de la violencia en el país.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, lamentó la muerte de los agentes y afirmó que el trabajo de las fuerzas de seguridad para combatir la criminalidad ha sido «pagada con sangre» mientras cumplían con sus funciones. De acuerdo con las autoridades, la mitad de los policías fallecidos fueron atacados por integrantes de pandillas.
El caso más reciente ocurrió la noche del domingo, cuando Byron Mejía Montenegro, un agente de 27 años, fue asesinado a balazos en una aldea del municipio de Amatitlán, ubicado a unos 20 kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala.
Según la Policía Nacional Civil, el agente acudió junto con otro compañero para atender un incidente reportado en la zona cuando fueron atacados con armas de fuego. El crimen elevó a 20 el número de policías asesinados durante este año.
Ante el incremento de la violencia, el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo anunció que revisará las estrategias de seguridad implementadas en el país. Solo el sábado anterior se registraron 24 homicidios, una cifra que encendió nuevamente las alertas de las autoridades.
Guatemala permaneció bajo estado de sitio entre enero y febrero de este año, luego de una serie de ataques atribuidos a presuntos integrantes de la pandilla Barrio 18 que dejaron 11 policías muertos. Las investigaciones oficiales señalan que esas acciones fueron una respuesta al control retomado por el Gobierno sobre tres centros penitenciarios donde se habían producido motines.
De acuerdo con el recuento de medios locales, los 20 policías asesinados en 2026 representan el doble de los 10 agentes fallecidos durante 2025. Especialistas en seguridad sostienen que la mayoría de los homicidios registrados en Guatemala están relacionados con las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, así como con las disputas entre estructuras dedicadas al narcotráfico.
Un pandillero del Barrio 18 identificado como Eduardo Antonio Contreras Roque recibió 20 años de cárcel debido a que cometió el delito de extorsión agravada, dictaminó el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, informó el lunes la Fiscalía General de la República (FGR).
Este hecho inició en el 2011, junto a otros siete sujetos pertenecientes a dicha pandilla ya que extorsionaron a un comerciante informal de la urbanización Cumbres de San Bartolo, en el distrito de Tonacatepeque, San Salvador Este, detalló la FGR a través de un comunicado de prensa.
Los delincuentes le impusieron a la víctima la obligación de realizar pagos quincenales por extorsión. Bajo amenazas de muerte dirigidas tanto hacia su persona como a su núcleo familiar, el comerciante fue presionado para cumplir con dichas exigencias económicas.
Tras haber iniciado con los pagos exigidos, la víctima se vio imposibilitada de seguir cumpliendo con las cuotas, lo que la motivó a interponer la denuncia ante la justicia. A raíz de esta acción, las autoridades implementaron un operativo de entregas vigiladas que permitió la individualización de los responsables, indicó la FGR.
Por ello también informó la FGR que además de la condena, se le sumará otro proceso por cometer el delito de agrupaciones ilícitas. Por su parte, los demás integrantes de la estructura criminal involucrados en este caso de extorsión ya recibieron sus respectivas sentencias condenatorias.
Estos no han sido los únicos procesos a pandilleros del Barrio 18 en los últimos días, ya que el lunes inició la audiencia única abierta en contra de 25 sujetos pertenecientes a esta estructura en la colonia Vista al Lago, ubicada en el distrito de Ilopango en San Salvador Este y en mercado municipal del distrito de Cojutepeque, Cuscatlán Sur.
Entre los procesados, detenidos bajo la vigencia del Régimen de Excepción, destaca José Reynaldo Morales, señalado como el cabecilla de la agrupación criminal.
De igual manera, la causa judicial se dirige contra otros 24 individuos pertenecientes a la misma red, entre los que se identifican 8 homeboys, 12 colaboradores y 4 civiles.
La Fiscalía General de la República presentó una acusación formal contra 563 cabecillas de la pandilla Barrio 18, a quienes atribuye un total de 14,488 delitos cometidos desde 2012, en uno de los procesos judiciales más amplios impulsados bajo el Régimen de Excepción.
El requerimiento fue presentado ante el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador y comprende a 275 integrantes de la facción Sureños y 288 de la facción Revolucionarios.
Entre los delitos imputados figuran rebelión, agrupaciones ilícitas, pertenencia a organizaciones terroristas, homicidios agravados, extorsiones y otros crímenes atribuidos a las estructuras criminales durante más de una década.
El fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, aseguró que las pandillas fortalecieron su capacidad operativa durante el período conocido como la tregua entre pandillas, ocurrido en los gobiernos de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén.
“Se fortalecieron por todas esas ventajas que les dio el gobierno en turno y que obviamente hicieron también crecer su organización”, afirmó Muñoz.
Uno de los principales procesados es Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificado por las autoridades como uno de los cabecillas históricos de la facción Sureños del Barrio 18 y señalado de ordenar extorsiones, homicidios y otras actividades criminales.
La acusación también incluye a Óscar René Moreira Palacios, alias “El Pollo”, considerado por las autoridades como el máximo cabecilla de la pandilla en el sector de La Campanera, en Soyapango, así como a César Daniel Renderos Díaz, alias “El Muerto”; Óscar Giovanni Alfaro Martínez, alias “El Güero”; Andrés Roberto Barillas, alias “Lágrimas”; y Víctor Antonio García, alias “Duke”.
Según la Fiscalía, César Daniel Renderos Díaz es señalado como responsable de la masacre ocurrida en Antiguo Cuscatlán en junio de 2006, donde murieron cinco personas, incluidos menores de edad. Además, enfrenta acusaciones por homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico de drogas y pertenencia a organizaciones terroristas.
En el caso de Óscar Giovanni Alfaro Martínez, alias “El Güero”, las investigaciones indican que dirigía una estructura de extorsión en el centro de San Salvador, donde presuntamente obligaba a menores de edad y vendedores ambulantes a movilizar los cobros ilícitos.
Entre los hechos incluidos en la acusación figura además la masacre registrada en marzo de 2016 en San Juan Opico, La Libertad Centro, donde fueron asesinados 14 trabajadores, uno de los casos más emblemáticos atribuidos a la pandilla Barrio 18.
Las autoridades sostienen que este proceso judicial busca llevar ante la justicia a quienes durante décadas dirigieron operaciones criminales que afectaron a miles de salvadoreños. Todos los imputados permanecen sometidos a procesos judiciales mientras avanzan las investigaciones y audiencias relacionadas con los delitos atribuidos por la Fiscalía.
El director de la Policía Nacional Civil de Guatemala, David Custodio Boteo, considera que las pandillas que operan en el país centroamericano están mutando de las extorsiones al narcotráfico, involucrándose cada vez más de lleno en la venta a gran escala de marihuana y cocaína.
Así lo aseguró Custodio Boteo en una entrevista con EFE, donde explicó de igual manera que las fuerzas de seguridad intentan ejecutar una estrategia multisectorial en contra de estas estructuras criminales para combatir sus movimientos.
«La dinamización que han tenido precisamente ambas pandillas, ‘Mara Salvatrucha’ y ‘Barrio 18’, es involucrarse directamente en el tema del narcomenudeo y podemos decir con total propiedad que en la actualidad ya las pandillas no se dedican únicamente al narcomenudeo, sino también al narcotráfico», afirmó Custodio Boteo.
El jefe policial detalló que ambas pandillas «están inclusive tumbando (robando) drogas, están adquiriendo bastante droga, cocaína, marihuana para poder vender en diferentes puntos» de los departamentos o provincias donde operan con más fuerza.
Para ilustrar el nivel organizativo y el control vertical que ejercen los liderazgos sobre estas redes en expansión, el funcionario advirtió sobre la dependencia operativa de los criminales que actúan en la calle respecto a los mandos.
«Hay que tomar en cuenta que nada sucede en la calle si no hay una orden directa de los jefes de pandilla o jefes de clica (unidad pandillera) en los diferentes territorios de Guatemala», aseveró Custodio Boteo.
Agentes de la PNC de Guatemala rodean a un sicario de la Mara Salvatrucha durante un operativo. Foto @PNCdeGuatemala
Más músculo financiero y logístico
Esta evolución ha dotado a los grupos delictivos de recursos económicos sustanciales, que ha transformado sus dinámicas de financiamiento y ha incrementado su capacidad logística en los lugares donde operan.
«Haber dinamizado el tema de la extorsión a narcomenudeo ha hecho que tengan mayores fondos para poder tener mayor cobertura y comprar equipamiento, motocicletas, armas de fuego, teléfonos celulares para poderle entregar a sus víctimas», precisó el jefe policial.
Las estructuras criminales incluso han llegado a implementar sistemas de videovigilancia en las calles del país centroamericano para poder observar a las fuerzas de seguridad, aunque la policía guatemalteca ya ha desmantelado varios de estos esquemas tecnológicos.
Custodio Boteo recalca también que para evitar el reclutamiento forzado de menores por parte de las pandillas, han implementado programas de apoyo como la iniciativa ‘Escuelas Seguras’, para infantes en sectores históricamente conflictivos, además de la revisión de mochilas en centros de estudio.
La intervención busca blindar las escuelas públicas de la injerencia de las clicas, los brazos operativos de las maras guatemaltecas.
Un agente de prevención del delito de la Policía Nacional Civil (PNC), borra mensajes de la pandilla Barrio 18 en muros y en cabinas de teléfonos públicos ubicados afuera de una escuela en la colonia Belén zona 7 de Mixco, en Ciudad de Guatemala. EFE
Cooperación militar y desafíos judiciales
La recuperación de espacios públicos ha requerido la declaración este año de estados de sitio y estados de prevención por parte del presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, en zonas rojas del territorio, recordó el director de la policía.
La medida especiales permite el despliegue combinado de agentes policíacos y del Ejército de Guatemala, un esfuerzo conjunto que elevó la capacidad operativa y facilitó el abordaje diario de unidades del transporte público para resguardar a la población.
La estrategia integral se apoya fuertemente en el aislamiento de los líderes de las pandillas mediante la planificación de una nueva cárcel de máxima seguridad, estrenada el año pasado para cortar los canales de comunicación telefónica desde donde se ordenaban los crímenes en las calles guatemaltecas, agregó el funcionario.
A nivel financiero, las autoridades centran los esfuerzos en ahogar la economía ilegal de los grupos armados mediante el decomiso de armamento, que se incrementó en más de un 32 % en lo que va del 2026 respecto al periodo previo, según Custodio Boteo.
El director de la Policía guatemalteca enfatizó la importancia de consolidar una buena coordinación con el Ministerio Público (Fiscalía), al señalar la frustración interna debido a que la debilidad de las leyes permite que delincuentes reincidentes gocen de medidas sustitutivas o aceptación de cargos a las 72 horas de su captura.
«Nuestros compañeros policías arriesgan la vida en la captura de delincuentes que van a ocasionarle daño a la población guatemalteca, pero es lamentable que a veces a las 72 horas este delincuente anda nuevamente libre por las calles», denunció Custodio Boteo sobre los desafíos del sistema de justicia.
El Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer de San Salvador condenó a 50 años de cárcel este jueves a cuatro pandilleros del Barrio 18 al ser hallados culpables del delito de feminicidio agravado, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Los pandilleros fueron identificados como: Ricardo Adalberto Cruz, alias “El Zurdo”; Marco Antonio Andrés Meléndez, alias “Spoky”; Cristian Xavier Calderón Belloso, alias “Cricri”, y Cristian Ángel Andrés, alias “Cusu”, este último fue condenado en calidad de rebelde, informó la FGR.
Los cuatro imputados, pertenecientes a la pandilla 18, facción Sureños, también enfrentan otros procesos judiciales por su presunta vinculación con agrupaciones ilícitas. Además, la FGR a través de un comunicado de prensa, confirmó que Cruz, Meléndez y Calderón Belloso se encuentran recluidos en centros penitenciarios.
El asesinato, según las investigaciones, tuvo lugar en el año 2022 en el distrito de Ilopango, del municipio de San Salvador Este. La víctima fue abordada por los cuatro sujetos mientras se encontraba dentro de su vivienda.
Las investigaciones arrojan que a la víctima la sacaron mediante engaños y la llevaron hasta la Carretera de Oro, donde le dispararon con un arma de fuego. A pesar de que los involucrados se fugaron tras el crimen, tres de ellos fueron capturados en flagrancia poco después.
Las reformas penales que permiten la cadena perpetua en El Salvador están vigentes desde el pasado domingo 26 de abril. Esta medida, impulsada por el presidente Nayib Bukele, se concretó 30 días después de ser ratificada constitucionalmente por la Asamblea Legislativa.
Los delitos incluidos en estas reformas abarcan el homicidio simple y agravado, el feminicidio, la violación en sus distintas modalidades y la pertenencia a organizaciones criminales o terroristas, categoría esta última bajo la cual ahora se tipifica a las pandillas.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, aseguró este jueves que su Gobierno trabaja en una transformación del sistema penitenciario para poner fin al “festín de la corrupción” dentro de las cárceles del país centroamericano.
Durante un acto oficial en el que Guatemala recibió 20 nuevas unidades para el traslado de privados de libertad, con apoyo de Estados Unidos y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el mandatario sostuvo que las prisiones no deben continuar siendo espacios dominados por estructuras criminales.
“Los centros de condena no deben ser lugares donde se perfeccione el crimen, sino donde la rehabilitación se haga posible”, afirmó Arévalo de León durante su discurso.
El gobernante explicó que la incorporación de los vehículos permitirá fortalecer el control y vigilancia dentro del sistema penitenciario, considerado uno de los más colapsados de la región por el severo hacinamiento que enfrenta desde hace varios años.
Actualmente, las cárceles guatemaltecas albergan a más de 25,000 reclusos en instalaciones diseñadas para aproximadamente 7,000 personas, lo que representa un hacinamiento superior al 300 %. Las autoridades reconocen que esta situación ha facilitado que pandillas y grupos criminales coordinen extorsiones, asesinatos y otros delitos desde el interior de los penales.
La crisis alcanzó uno de sus momentos más graves en enero pasado, cuando los intentos del Gobierno por retomar el control de varios centros penitenciarios provocaron motines en tres cárceles del país. Posteriormente, la pandilla Barrio 18 lanzó ataques armados en las calles que dejaron 11 agentes de la Policía Nacional Civil fallecidos.
Arévalo señaló que durante años existieron “calabozos al servicio de las mafias” y aseguró que su administración busca modernizar el sistema con nuevas medidas de seguridad y la construcción de dos cárceles de máxima seguridad.
Una de las nuevas prisiones será edificada en el centro conocido como “El Infiernito”, ubicado en el departamento de Escuintla, al sur del país, donde permanecen recluidos líderes de pandillas y estructuras del crimen organizado.
Por su parte, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, afirmó que el sistema penitenciario permaneció abandonado durante décadas y sostuvo que la recuperación de las cárceles forma parte de una estrategia para fortalecer la seguridad pública.
“La seguridad democrática también se construye desde adentro de las cárceles”, expresó el funcionario, quien aseguró que el objetivo es devolver la tranquilidad a la población guatemalteca.
