Un grupo de seis migrantes, integrado por un hondureño, cuatro cubanos y un ecuatoriano, denunció que fue deportado por el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) hacia la República Centroafricana sin haber recibido información previa sobre su destino, por lo que ahora solicita ayuda para regresar y sostiene que se violaron sus derechos.
El hondureño Brayan Sánchez relató a EFE, mediante una videollamada desde Bangui, capital de la República Centroafricana, que las autoridades migratorias estadounidenses lo trasladaron junto a los demás migrantes a ese país africano sin su consentimiento.
«ICE solamente me dijo: ya todo lo tuyo está cerrado, pero a la fuerza, no fue nada de voluntario. África nunca me lo mencionaron. Si a mí me lo hubieran mencionado, yo me voy para El Salvador, me voy a México al final, pero menos África. Nunca de voluntad mía. Nunca», aseguró Sánchez.
El migrante explicó que fue detenido el 13 de mayo en Florida y posteriormente trasladado a distintos centros de detención en Colorado, Arizona, California y Texas. Según su testimonio, el 30 de julio él y sus compañeros conocieron que serían enviados a África, después de que agentes de ICE les advirtieran que debían abordar el avión.
«Mañana ustedes van a salir en el vuelo y si ustedes no se suben al avión, les vamos a caer a golpes», recordó Sánchez que les dijeron los agentes. Agregó que el viaje duró aproximadamente 21 horas e incluyó escalas en Senegal y Nigeria antes de llegar a Bangui. «Violaron nuestros derechos», afirmó.
Desde el lugar donde permanecen, Sánchez indicó que las autoridades locales les comunicaron que podrán permanecer temporalmente con un visado, aunque aseguró que tienen restricciones para salir del hotel donde se encuentran alojados. Además, junto al ecuatoriano Mauricio Alvarado y cuatro ciudadanos cubanos, grabó un video para pedir apoyo de congresistas y organizaciones de derechos humanos.
El caso ocurre en medio del aumento de las deportaciones de migrantes hacia terceros países africanos impulsadas por la Administración del presidente Donald Trump, luego de que la Corte Suprema autorizara en junio de 2025 este tipo de expulsiones. Organizaciones como el Proyecto Internacional de Asistencia a los Refugiados (IRAP) han cuestionado estos procedimientos al considerar que se realizan con escaso tiempo de notificación y sin el debido proceso.
Sánchez, quien residía en Estados Unidos desde 2016, afirmó que contaba con una orden judicial que impedía su deportación y aseguró que no puede regresar a Honduras por amenazas contra su vida tras el asesinato de familiares. Mientras tanto, el Gobierno hondureño informó que da seguimiento al caso y que respaldaría un eventual retorno voluntario del migrante. Hasta el momento, ICE no ha respondido a las consultas de EFE sobre estas denuncias.