El presidente de Perú, José Jerí, aprobó este sábado un nuevo decreto supremo que refuerza el estado de emergencia vigente en Lima y Callao, ampliando las restricciones y aumentando la vigilancia para enfrentar el auge de la violencia criminal que afecta al país.
“¡Más control, más seguridad!”, anunció la Presidencia de Perú en su cuenta oficial de X, al confirmar la publicación del Decreto Supremo N.º 127-2025-PCM, que fortalece la estrategia nacional contra el crimen organizado y la delincuencia común.
El estado de emergencia, que rige desde el pasado 22 de octubre por un periodo de 30 días, ya limitaba derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y de movimiento. Ahora, con las nuevas disposiciones, el Gobierno pretende ejercer un control más férreo sobre la ciudadanía y los espacios públicos.
Entre las medidas complementarias figura la prohibición de transitar con acompañante en motocicleta, una táctica frecuente utilizada por sicarios en la comisión de delitos. Asimismo, se autoriza el uso de drones y cámaras con tecnología de reconocimiento facial, cuyos datos se cruzarán con bases de información de entidades del Estado y cuerpos policiales para identificar a posibles sospechosos.
Para coordinar estas acciones, el Ejecutivo creó el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), dirigido por la Policía Nacional e integrado por miembros del Ejército, la Fiscalía, la Dirección Nacional de Inteligencia y los alcaldes de Lima y Callao.
El Gobierno también ordenó endurecer las condiciones en los centros penitenciarios, con restricciones a las visitas, decomiso de teléfonos celulares, dispositivos no autorizados y el desmontaje de antenas de comunicación clandestinas, como parte de los esfuerzos para cortar los nexos de control criminal desde el interior de las cárceles.
Por otro lado, los elementos de las fuerzas de seguridad que destaquen en operativos recibirán incentivos y reconocimientos por su labor, en un intento por reforzar la moral y el compromiso institucional frente a la delincuencia.
José Jerí asumió la presidencia tras la destitución de Dina Boluarte, prometiendo una política de mano dura contra el crimen, en un contexto de creciente inseguridad que ha afectado la vida diaria de los peruanos y ha debilitado la confianza en las instituciones.
