Los principales partidos políticos de España comenzaron el jueves sus actos de campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, con propuestas centradas en vivienda, servicios públicos, inmigración y seguridad ciudadana, un día antes del inicio oficial de la campaña electoral.
Los comicios fueron adelantados por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, después de que el Parlamento rechazara dos decretos relacionados con medidas de vivienda, en medio de la conmoción provocada por el desahucio de Maricarmen, una anciana que murió días después de ser desalojada de su vivienda. El episodio desencadenó protestas y acampadas en distintas ciudades, que culminaron el miércoles 11 de noviembre con una huelga general, manifestaciones multitudinarias y fuertes intervenciones policiales.
Sánchez inició sus actividades electorales en Sevilla, ante unas 4,000 personas y acompañado por su esposa, Begoña Gómez, quien vestía una camiseta roja con el lema «la fuerza de las mujeres».
El mandatario aseguró que habrá una «participación histórica» y una «remontada épica» del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con la que espera mantenerse cuatro años más en el Gobierno. También afirmó que el Partido Popular (PP) y Vox «no son la alternativa» sino «la involución como Trump, Bolsonaro o Milei».
Los partidos de izquierda Frente Amplio y Podemos comenzaron sus campañas por separado en Madrid, con la vivienda como principal bandera electoral. La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, presentó su propuesta bajo el lema ‘Un voto como una casa’, mientras que Irene Montero, de Podemos, impulsó ‘Paz, casa y trabajo’. Colau expresó su intención de gobernar junto al PSOE, pero advirtió a Sánchez que no basta con «resistir» y que es necesario «cambiar las reglas de juego» para «acabar con la desigualdad».
Montero, por su parte, pidió el «voto útil» para impedir el avance de la extrema derecha y defendió propuestas como reducir los precios de los alquileres, prohibir la especulación inmobiliaria y establecer mecanismos para que los jueces declaren su patrimonio.
El PSOE también colocó la vivienda y la protección de los servicios públicos entre sus prioridades, con la intención de conseguir una mayor representación parlamentaria que facilite la aprobación de medidas progresistas. Sánchez prevé recorrer prácticamente todas las provincias españolas y sostuvo que el 29N la «España de progreso volverá a derrotar a la involución en las urnas».
En la derecha, el Partido Popular eligió Badalona, en Barcelona, para iniciar sus actividades electorales con su líder, Alberto Núñez Feijóo, quien centró su discurso en inmigración, seguridad ciudadana y vivienda.
El dirigente opositor prometió que «cuando llegue a la Moncloa» realizará «una auditoría del saqueo» para determinar el destino de los recursos públicos. «¿Dónde está el dinero de los españoles?», cuestionó durante su intervención, antes de asegurar que se conocerá «dónde ha ido cada euro y quién se lo ha llevado».
Por su parte, Vox presentó un programa electoral que contempla la deportación y repatriación de migrantes, la aplicación de la «prioridad nacional» en vivienda, educación y sanidad, así como la derogación de leyes de género.
Durante un acto en Huesca, su presidente, Santiago Abascal, defendió sus propuestas contra la inmigración irregular y afirmó que «no es odio al extranjero ni odio al de fuera ni rechazo de ningún tipo; es amor a los de dentro, es amor a la gente necesitada, es sentido común, es lo que hace cualquier familia».
El programa de Vox también incluye el desalojo en un plazo de 24 horas de quienes ocupen ilegalmente viviendas, la prohibición del niqab y el burka en espacios públicos y restricciones para alquilar inmuebles a migrantes en situación irregular.
Abascal también expresó su deseo de que los «héroes» de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pongan a Sánchez a disposición judicial. Con estas propuestas, los partidos españoles llegan a una campaña marcada por las protestas sociales y las diferencias sobre las políticas de vivienda, inmigración y servicios públicos.