La Comisión de Postulación de Guatemala aprobó el viernes una nueva nómina de seis candidatos para fiscal general, tras acatar una orden de la Corte de Constitucionalidad que obligó a repetir la evaluación del proceso.
El listado será enviado al presidente Bernardo Arévalo de León, quien deberá elegir al nuevo jefe del Ministerio Público para el periodo 2026-2030 antes del 16 de mayo.
La nueva selección presenta un cambio relevante con la exclusión de la abogada Zoila Morales Valdizón, considerada por analistas como una de las favoritas para el cargo.
En su lugar, fue incorporado Carlos Alberto García Alvarado, actual fiscal del Ministerio Público, quien logró ingresar a la nómina final tras la reevaluación.
La revisión de los 48 aspirantes se realizó luego de que el máximo tribunal determinara irregularidades en la forma en que se acreditó la experiencia profesional de algunos candidatos.
Los seis seleccionados son Julio César Rivera Clavería, Néctor Guilebaldo de León, Beyla Estrada Barrientos, Gabriel Estuardo García Luna, Carlos Alberto García Alvarado y César Augusto Ávila Aparicio.
Por segunda ocasión, la actual fiscal general, Consuelo Porras, quedó fuera de la lista al no alcanzar los votos necesarios dentro de la comisión.
Durante la sesión, los comisionados señalaron que el nuevo proceso responde al cumplimiento estricto de la resolución judicial, pese a cuestionamientos sobre el criterio aplicado.
La decisión de la Corte estableció que la experiencia como juez no puede ser considerada automáticamente como práctica profesional válida para optar al cargo.
El proceso ocurre en medio de tensiones entre el presidente Arévalo y Porras, en un contexto marcado por disputas políticas tras las elecciones de 2023.
Con esta nueva nómina, se abre la etapa final para la designación del próximo fiscal general, en medio de expectativas sobre posibles cambios en la conducción del Ministerio Público.
Guatemala entra en la recta final para elegir a un nuevo fiscal general entre seis candidatos, una decisión que corresponde al presidente Bernardo Arévalo de León, y que permanece bajo un fuerte escrutinio para no repetir la cuestionada etapa de Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción y por socavar la democracia en el país centroamericano.
Ayer miércoles se publicó de manera oficial en el Diario de Centro América la lista de los seis aspirantes: Beyla Estrada Barrientos, Julio Rivera Clavería, César Ávila Aparicio, Gabriel García Luna, Néctor de León Ramírez y Zoila Morales Validzón, lo que activa un plazo de 72 horas para presentar objeciones documentadas.
Transcurrido ese tiempo, el mandatario guatemalteco deberá elegir al nuevo jefe del ente investigador antes del 17 de mayo, en una decisión estratégica que definirá el rumbo de la justicia en un sistema altamente polarizado y bajo la vigilancia de la comunidad internacional.
Entre los especialistas consultados por EFE no hay unanimidad sobre alguno de los perfiles, aunque sí se destacan varios con supuestas acusaciones por corrupción, mientras que otros están, en un principio, libres de sospecha.
De acuerdo con diversas fuentes, incluidas organizaciones civiles, exfiscales y declaraciones judiciales, al menos tres de los seis candidatos cuentan con señalamientos en el pasado por diversas causas.
La sospecha de la corrupción
Según la organización Verdad y Justicia en Guatemala, Estrada Barrientos fue asistente del exfiscal general Carlos de León, capturado por lavado de dinero, y ha emitido dictámenes como jueza de apelaciones en favor de al menos una docena de acusados por corrupción.
Por su parte, sobre Rivera Clavería, «se le ha señalado por sus vínculos en casos de corrupción y crimen organizado, pero él se desliga», según un reportaje del medio Plaza Pública. Además, fue parte del Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), derrocado por corrupción.
También sobre Ávila Aparicio existen dudas sobre cómo obtuvo tres maestrías en solo seis meses, como han denunciado algunos medios locales.
«Va mucha gente (candidatos) antidemocrática, gente comprometida con la alianza multisectorial por el control de las instituciones y la impunidad, que comúnmente se conoce como ‘pacto de corruptos’», aseguró a EFE Carmen Aída Ibarra, analista del Movimiento Projusticia, que sigue de cerca el proceso.
La analista señaló que la lista incluye perfiles vinculados a sectores militares y grupos conservadores que podrían profundizar la criminalización en el país y advirtió que el proceso dejó fuera a candidatos que podrían haber contado con la confianza del Ejecutivo.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, en una fotografía de archivo. EFE
Según la experta, la configuración de la nómina refleja el control de fuerzas tradicionales en las comisiones de postulación, lo que limita el margen de maniobra de Arévalo de León para designar a un fiscal afín a su agenda de transparencia.
Ibarra subrayó además que el proceso de elección de candidatos a fiscal general se encuentra judicializado, con más de 20 acciones de amparo pendientes de resolución en juzgados civiles y la Corte de Constitucionalidad.
«Lo único que podría botar (dejar sin efecto) la nómina después de las impugnaciones ante la Comisión de Postulación es un amparo», explicó Ibarra, quien advirtió que estas medidas legales, sumadas a posibles acciones preventivas, buscan que el presidente reconsidere las anomalías denunciadas en la conformación de la lista de candidatos.
«Históricamente, las comisiones de postulación cumplen con esta fase de impugnaciones, pero no suelen dar la razón. Ya se les reconoció honorabilidad a los seis candidatos y ya se llenaron todos los requisitos, por lo que todo apunta a que la comisión buscará dejar la nómina en firme», explicó Ibarra.
Perfiles técnicos
Pese a los cuestionamientos sobre los candidatos, Manfredo Marroquín, director ejecutivo de la organización civil Acción Ciudadana, dijo a EFE que considera que el presidente aún dispone de perfiles con trayectoria técnica.
Marroquín destaca a Morales Valdizón, a quien describe como una profesional de «carrera fiscal sólida» y experiencia en la persecución del crimen organizado de alto nivel.
Asimismo, el analista apunta al juez Gabriel García Luna como otra opción viable, al contar con una trayectoria en el Organismo Judicial que genera valoraciones positivas.
Para el director de Acción Ciudadana, el mandatario tiene ahora el desafío de realizar un «trabajo serio» para seleccionar a quien demuestre mayor profesionalismo de entre los aspirantes disponibles, y advirtió que el mayor riesgo para el país sería retrasar el proceso.
En su opinión, repetir la elección con los mismos comisionados no garantizaría un resultado distinto y solo prolongaría la incertidumbre institucional.
A seis meses de las elecciones en Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta como principal contendiente a Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, en un escenario marcado por la polarización.
El senador de 44 años se perfila como el principal rival del actual mandatario, en medio de la ausencia política de su padre, quien cumple arresto domiciliario tras ser condenado por intentar un golpe de Estado.
Según tres encuestas recientes, Lula y Bolsonaro registran entre el 35 % y 40 % de intención de voto, lo que refleja un empate técnico tanto en primera como en una eventual segunda vuelta.
El panorama político repite la confrontación entre el progresismo liderado por Lula y la ultraderecha representada por el bolsonarismo, como ocurrió en las elecciones de 2018 y 2022.
Mientras Lula busca consolidar su gestión destacando los logros de su gobierno, su administración enfrenta un desgaste reflejado en un 40 % de valoración negativa.
A esto se suma un contexto económico con señales de desaceleración y un desempleo que alcanza el 5.8 %, factores que inciden en el ánimo del electorado.
Por su parte, Flávio Bolsonaro intenta proyectar una imagen más moderada que la de su padre, buscando atraer votantes de centro sin abandonar su discurso de mano dura contra la delincuencia.
El candidato también plantea reducir el gasto público y los impuestos como parte de su propuesta económica de cara a los comicios.
Analistas advierten que el bolsonarismo sigue siendo una fuerza relevante en Brasil, con una base social consolidada que mantiene su influencia pese a la situación judicial de su líder.
Las candidaturas se oficializarán entre julio y agosto, mientras que las elecciones están previstas para el 4 de octubre, cuando también se renovarán cargos legislativos y regionales.
La candidata presidencial Keiko Fujimori lidera un simulacro de votación de cara a las elecciones generales en Perú con un 18.5 % de votos válidos, según un estudio de la empresa Datum.
En segundo lugar se ubica el postulante Rafael López Aliaga, con un 13.3 %, mientras que Carlos Álvarez alcanza el tercer puesto con un 8.9 % de los votos válidos.
El cuarto lugar corresponde al candidato izquierdista Roberto Sánchez, quien obtiene un 7.4 %, seguido por Jorge Nieto con un 6.8 % y Alfonso López Chau con un 5.9 %.
El simulacro también refleja un alto nivel de voto blanco y viciado, que alcanza el 28.9 %, lo que evidencia una importante proporción de electores que aún no optan por una candidatura.
Los resultados coinciden en gran medida con la encuesta de intención de voto de la misma firma, aunque con ligeras variaciones en el orden de algunos candidatos.
En esa medición, Fujimori obtiene un 13 % de preferencia, con mayor respaldo en Lima, el norte y el oriente del país, consolidando su posición como favorita en la contienda.
Por su parte, López Aliaga registra un 11.7 %, con mayor apoyo en Lima y el sur, mientras que otros candidatos muestran avances más moderados en distintos sectores del electorado.
El sondeo también revela que un 23.9 % de los votantes permanece indeciso, mientras que un 12.3 % se inclina por otros candidatos entre los 35 aspirantes presidenciales.
Además, el 54 % de los encuestados aseguró haber decidido su voto, el 13 % aún evalúa opciones, el 30 % no ha considerado su elección y un 3 % no sabe por quién votar.
El estudio se realizó entre el 25 y el 27 de marzo con una muestra de 2,000 personas a nivel nacional, con un nivel de confianza del 95 % y un margen de error de 2.2 %.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha reducido la distancia frente al vicepresidente JD Vance en las encuestas como posible candidato presidencial republicano para 2028.
El ascenso de Rubio se ha consolidado en los últimos meses, impulsado por su protagonismo en la política exterior y su cercanía con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Incluso, durante una reunión con donantes en Florida, el mandatario consultó sobre una eventual candidatura entre Rubio y Vance, obteniendo respaldo mayoritario para el actual jefe de la diplomacia.
El crecimiento político de Rubio contrasta con su pasado como rival de Trump en las primarias republicanas de hace una década, cuando representaba al ala tradicional del partido.
Tras aquella derrota, el político logró alinearse con el movimiento trumpista, lo que le permitió escalar posiciones hasta convertirse en el primer hispano en dirigir la Secretaría de Estado.
Con el tiempo, Trump ha incrementado su confianza en Rubio, asignándole responsabilidades clave como la asesoría en seguridad nacional, un rol que no se concentraba en una sola figura desde la década de 1970.
Además, ha liderado operaciones relevantes en política exterior, como la captura del líder venezolano Nicolás Maduro, lo que fortaleció su imagen dentro del partido.
Según encuestas recientes, Rubio cuenta con un 64 % de aprobación entre votantes republicanos, acercándose al 75 % que registra Vance.
El principal desafío para las aspiraciones presidenciales de Marco Rubio es la guerra en Irán.
No obstante, el principal desafío para sus aspiraciones presidenciales es la guerra en Irán, iniciada tras una ofensiva conjunta con Israel.
El conflicto ha generado rechazo entre la población estadounidense, con un 60 % en contra, además de provocar bajas militares y un aumento en los precios de la gasolina.
“El principal obstáculo para la candidatura de Rubio es su vínculo con la guerra. No puede desvincularse completamente de ella, y Trump podría terminar culpándolo”, advierte el politólogo Seth Masket.
Dentro del propio movimiento republicano, algunos sectores consideran que la guerra contradice la política de “Estados Unidos primero”, que buscaba evitar conflictos prolongados en el exterior.
En contraste, el vicepresidente JD Vance ha mantenido un perfil más discreto frente al conflicto, lo que podría favorecer su posicionamiento entre las bases del partido.
“Las bases MAGA de Trump hacen lo que él quiere”, explica el analista Larry Sabato. “Todavía es muy temprano y hemos visto que Trump puede cambiar de opinión rápidamente”.
El futuro político de Rubio dependerá en gran medida del desarrollo del conflicto en Irán y del respaldo que continúe recibiendo del mandatario estadounidense.
