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Sin previo aviso, el Gobierno de Ecuador trasladó el lunes a los primeros reclusos a la nueva cárcel de máxima seguridad en Santa Elena. Esta prisión es el emblema del plan de seguridad del presidente Daniel Noboa y se inspira en el modelo impulsado por Nayib Bukele en El Salvador. La medida coincide con una semana decisiva para Noboa, quien busca consolidar su proyecto político mediante un referéndum que podría convocar una Asamblea Constituyente.

La nueva cárcel es la primera de dos prometidas por Noboa al asumir el poder en 2023, como parte de su estrategia contra el crimen organizado. Aunque su homóloga en la provincia amazónica de Napo fue cancelada por la oposición de comunidades locales, la de Santa Elena fue construida a contrarreloj y con fuerte resguardo gubernamental.

Ubicada en un área boscosa e inhóspita, la instalación se extiende sobre 16,2 hectáreas, a una hora por carretera desde Guayaquil. Está rodeada por un perímetro de altos muros y equipada con inhibidores de señal para evitar el uso de drones y dispositivos electrónicos. La comunidad más cercana, Bajada de Chanduy, ha denunciado que la obra se levantó en terrenos de su propiedad y planea acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Con una capacidad máxima de 736 presos, la cárcel consta de tres módulos: alta seguridad, máxima seguridad y super máxima seguridad. El primero cuenta con 160 celdas para cuatro internos cada una; el segundo, con 32 celdas para dos personas; y el tercero, con 32 celdas individuales. En total, seis pabellones hexagonales conforman el complejo carcelario.

El crimen quiso desafiar al Ecuador y empezar su campaña. Hoy, el Ecuador le respondió con hechos.

Los primeros 300 PPL más peligrosos ya fueron trasladados a la Cárcel del Encuentro. pic.twitter.com/fu3OJQ7fhC

— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) November 10, 2025

El costo de la obra asciende a 52 millones de dólares y fue ejecutada por la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras, subsidiaria del Grupo Puentes español, que comparte vínculos con la compañía estatal china China Road and Bridge Corporation. Aunque las obras aún no han finalizado por completo, el Gobierno optó por iniciar operaciones esta semana, en medio de una coyuntura política clave.

Los primeros reclusos llegaron rapados y vestidos con uniformes naranjas, similares a los del modelo carcelario salvadoreño. Estas medidas buscan facilitar su identificación y mantener el control visual en caso de motines o fugas.

La imagen de los presos alineados recuerda escenas del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), que ha sido ampliamente publicitado por el Gobierno de El Salvador.

El presidente Noboa ha defendido este enfoque como necesario para enfrentar la crisis carcelaria y el auge del crimen organizado en el país, mientras sus detractores cuestionan el modelo por violaciones a derechos humanos y falta de garantías jurídicas. La prisión se convierte así en un símbolo de su lucha por el orden, en vísperas del referéndum que podría redefinir la Constitución vigente desde la era de Rafael Correa.

Exvicepresidente entre los reclusos

El exvicepresidente correísta Jorge Glas figura entre los primeros 300 presos trasladados a la cárcel de máxima seguridad denominada Cárcel del Encuentro. Noboa divulgó una foto del exfuncionario con la vestimenta naranja que el Gobierno impone a los presos de sus cárceles.

Glas, que se encontraba recluido en La Roca, la cárcel hasta el momento de mayor seguridad del país, fue trasladado pese a las últimas medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que requirió al Estado ecuatoriano que garantice su salud física y mental, con el fin de «asegurar sus derechos a la salud, integridad personal y vida».

El exvicepresidente, sobre el que pesan tres condenas por delitos de corrupción, fue recapturado el año pasado en el asalto ordenado por Noboa a la Embajada de México en Quito después de que el Gobierno mexicano lo considerara un perseguido político ante los procesos judiciales que acumula en la Justicia ecuatoriana.

Antes de su detención dentro de la embajada mexicana, el que fuera una figura clave en el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) tenía pendiente de terminar de cumplir una una pena de ocho años por dos condenas de corrupción. El pasado mes de junio, Glas fue nuevamente condenado a 13 años de prisión por un delito de peculado (malversación de fondos públicos) durante el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016.