Etiqueta: cárceles

  • El crimen organizado tiene nombre en Brasil: PCC y Comando Vermelho

    El crimen organizado tiene nombre en Brasil: PCC y Comando Vermelho

    El crimen organizado se ha expandido con fuerza en Brasil durante los últimos años, con la aparición de decenas de agrupaciones delictivas. Sin embargo, el control del narcotráfico y el tráfico de armas lo ejercen principalmente dos estructuras: el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV).

    Una masacre ocurrida recientemente en un complejo de favelas de Río de Janeiro, donde murieron entre 121 y 132 presuntos miembros de bandas, volvió a poner en evidencia el control territorial de estos grupos y la incapacidad del Estado para desmantelarlos completamente.

    Según el Ministerio de Justicia, actualmente hay identificadas 88 organizaciones criminales en todo Brasil.

    “El crimen organizado se ha desarrollado mucho y es el principal desafío de seguridad en Brasil. PCC y CV están presentes en casi todo el país”, advirtió David Marques, coordinador de proyectos del Fórum Brasileño de Seguridad Pública.

    El PCC fue fundado en 1993 dentro de una cárcel en São Paulo como una especie de sindicato para proteger a sus miembros ante las condiciones precarias del sistema penitenciario. Su estructura jerárquica, estatuto interno y red de mando lo han convertido en una de las bandas criminales más poderosas de Suramérica, con presencia activa en Bolivia y Paraguay.

    El máximo líder del PCC es Marcos Willians Herbas Camacho, alias Marcola, actualmente recluido en una prisión de máxima seguridad. Las autoridades brasileñas estiman que esta organización cuenta con entre 30,000 y 40,000 miembros solo en Brasil. El consejo que toma las decisiones más relevantes se denomina “Sintonía Final”.

    Comando Vermelho: expansión en la Amazonía

    El CV también nació en el sistema penitenciario, pero su origen se remonta a los años 70, durante la dictadura militar. Surgió en Río de Janeiro a partir de la “Falange Vermelha”, un grupo que en sus inicios luchaba contra los abusos carcelarios.

    Hoy, esta facción controla vastos sectores de Río y ha extendido su influencia a regiones como el noreste y la Amazonía, las más pobres del país. A diferencia del PCC, el Comando Vermelho funciona de forma descentralizada, como una franquicia criminal, con cabecillas regionales y alianzas locales.

    En Belém, ciudad sede de la próxima Cumbre Climática de la ONU (COP30), es común ver postes con las siglas “CV” pintadas en rojo y murales con normas como “Prohibido robar en la comunidad”, de acuerdo con constataciones de la agencia EFE.

    Cárceles y pobreza, semilleros del crimen

    Brasil registra una población penitenciaria de 705,872 personas, aunque su sistema solo tiene capacidad para unos 500,000 reclusos. En ese entorno, la necesidad de protección y supervivencia hace que muchos se integren a estas bandas dentro de los centros penales.

    Incluso, numerosos líderes del PCC y CV continúan operando desde prisión mediante familiares, abogados o intermediarios. Las cárceles del país tienen pabellones segregados por facciones, lo que consolida aún más su poder.

    «Multinacionales» del crimen organizado

    El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha calificado al PCC y al CV como “multinacionales del crimen”, debido al nivel de diversificación y alcance que han logrado.

    “El crimen organizado de Brasil no aspira a tomar el poder, ni tiene un proyecto político. Quieren lucro, trabajan corrompiendo al Estado”, afirmó el sociólogo Ignacio Cano, de la Universidad Estadual de Río de Janeiro.

    Las investigaciones más recientes revelan que el PCC ha infiltrado empresas de transporte público, moteles, gasolineras, el sector inmobiliario y hasta firmas tecnológicas. Hace solo unos días, las autoridades desarticularon una red de lavado de dinero operada desde tiendas de peluches.

    En tanto, el Comando Vermelho se enfoca en ejercer dominio territorial, explotando zonas mediante extorsión a comerciantes y el control de servicios básicos como gas, televisión, internet y transporte.

  • Diputados aprueban $10 millones para alimentación en Centros Penales por el "incremento de la población reclusa"

    Diputados aprueban $10 millones para alimentación en Centros Penales por el «incremento de la población reclusa»

    Los diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobaron este martes un dictamen favorable para incorporar $10 millones adicionales al presupuesto del ramo de Seguridad Pública y Justicia, con el objetivo de fortalecer el servicio de alimentación en centros penitenciarios del país.

    La solicitud fue presentada por el Ministerio de Hacienda, que explicó que el incremento de privados de libertad en el sistema penitenciario ha generado nuevas demandas presupuestarias que requieren atención inmediata.

    “El Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, a través de la Dirección de Centros Penales, ha transformado el sistema penitenciario, convirtiendo los reclusorios en espacios de reinserción social y productiva… No obstante, el incremento de la población reclusa ha generado necesidades adicionales de recursos para cubrir el servicio de alimentación”, explicó Laura Arce, subdirectora general de Presupuesto.

    El gobierno salvadoreño solicitó modificar la Ley del Presupuesto 2025 para realizar la incorporación de fondos.

    La iniciativa detalla que los recursos se destinarán a “financiar obligaciones ineludibles e impostergables del servicio de alimentación de privados de libertad”, dentro del sistema carcelario nacional.

    El refuerzo financiero será cubierto con recursos disponibles del presupuesto vigente del ramo de Hacienda, con cargo al Fondo General de la Nación.

    La propuesta fue respaldada sin objeciones por los legisladores de la comisión, quienes votaron por unanimidad a favor del dictamen. Se espera que el documento sea ratificado durante la sesión plenaria ordinaria de este miércoles 17 de septiembre.

  • EE.UU. denuncia torturas a estadounidenses liberados en canje con Venezuela

    EE.UU. denuncia torturas a estadounidenses liberados en canje con Venezuela

    El Gobierno de Estados Unidos denunció este miércoles que varios de los ciudadanos estadounidenses liberados en el reciente intercambio con Venezuela fueron víctimas de tortura y condiciones extremas durante su encarcelamiento, según confirmó un portavoz del Departamento de Estado.

    El canje tuvo lugar el pasado 18 de julio, cuando el régimen de Nicolás Maduro liberó a diez ciudadanos estadounidenses y a un grupo de presos políticos, en un acuerdo en el que también recibió a 252 venezolanos que se encontraban detenidos desde marzo en El Salvador.

    “Estados Unidos tuvo la oportunidad de lograr la liberación de todos los estadounidenses detenidos en Venezuela, muchos de los cuales denunciaron haber sido sometidos a tortura y otras duras condiciones”, expresó el portavoz en una declaración oficial.

    El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aseguró que el acuerdo fue posible “gracias al liderazgo” del presidente Donald Trump.

    Además, Washington agradeció al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, por su intervención en la negociación que permitió liberar a los estadounidenses y a opositores venezolanos encarcelados.

    Entre los liberados se encuentra Dahud Hanid Ortiz, un exmarine estadounidense condenado en Venezuela a 30 años de prisión por el asesinato de tres personas en Madrid, España, en 2016. Según la ONG Foro Penal, que vela por los derechos de presos políticos, Hanid Ortiz no figura como preso político.

    El exmilitar viajó desde Alemania a España con la intención de asesinar a un abogado que, según creía, tenía una relación con su esposa. Al no encontrarlo en su despacho, mató a dos empleadas cubanas y a un cliente ecuatoriano. Fue arrestado en Venezuela en 2018 y condenado en 2024.

    El Departamento de Estado no proporcionó detalles adicionales sobre los casos individuales, alegando razones de privacidad: “No entraré en detalles de ningún caso específico”, concluyó el vocero.