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  • Keiko Fujimori advierte que criminales intentarán asustar, pero su gobierno responderá firme

    Keiko Fujimori advierte que criminales intentarán asustar, pero su gobierno responderá firme

    La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, advirtió este viernes que su gobierno no se dejará intimidar por las organizaciones criminales y aseguró que mantendrá las acciones para recuperar la seguridad en el país, durante una visita al penal El Milagro, ubicado en la ciudad de Trujillo, al norte del territorio peruano.

    La mandataria se trasladó a esa ciudad, situada a más de 500 kilómetros de Lima, para supervisar las condiciones de seguridad del establecimiento penitenciario, donde permanecen recluidos cabecillas de organizaciones criminales vinculadas con la violencia en el norte del país. La inspección ocurrió después de que el gobierno declarara en emergencia cinco cárceles peruanas.
    Fujimori informó que hace dos semanas fueron instalados nuevos equipos de seguridad para controlar el ingreso de visitantes y trabajadores al centro penitenciario, debido a que los dispositivos anteriores permanecieron fuera de funcionamiento durante tres años.

    «Hoy tenemos máquinas funcionando, por donde pasan visitas de internos y todo el personal que ingresa. Yo misma he pasado por esos controles para que no quede duda de que todos cumplimos la ley», manifestó la mandataria.

    La presidenta explicó que, después de implementar los controles, las visitas a los reclusos disminuyeron un 50 %, situación que atribuyó al endurecimiento de las revisiones para impedir el ingreso de objetos prohibidos. Según Fujimori, los visitantes redujeron su asistencia «porque saben que van a ser controlados, (pues) ya no podrán ingresar con nada ilegal».

    Durante el recorrido, la gobernante también señaló los problemas de hacinamiento que enfrenta el penal El Milagro y planteó la necesidad de construir rápidamente entre tres y cuatro pabellones adicionales. Además, reveló que dentro del establecimiento permanecen recluidos «más de 300 internos con tuberculosis (TBC)», una enfermedad pulmonar altamente contagiosa que representa un problema sanitario para la población penitenciaria.

    Fujimori sostuvo que las medidas forman parte de «el inicio de la recuperación de todos los penales a nivel nacional» y lanzó una advertencia a las estructuras criminales que operan en Perú. «Seguramente, las lacras delincuenciales intentarán asustarnos, pero se equivocan, con este gobierno no, estamos firmes, unidos, no vamos a parar hasta recuperar la paz y el orden en nuestro país», manifestó.

    La mandataria también confirmó el despliegue de «fuerzas de élite» en las zonas consideradas más peligrosas del país para combatir la inseguridad. Asimismo, reconoció el trabajo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y pidió el respaldo de las autoridades judiciales. «Mi reconocimiento al ministro del Interior, César Astudillo; al director de la Policía Nacional, general Freddy López, hoy vemos un cambio, vamos a ir a capturarlos, pero acá también invoco al sistema de justicia para que el esfuerzo de nuestros hombres tenga resultados», añadió la gobernante.

    Como parte de su visita, Fujimori verificó el funcionamiento del Centro de Control del penal El Milagro y recibió los resultados de una requisa efectuada durante la madrugada. La agenda presidencial también contempla su participación en la presentación de las operaciones y resultados del Comando Unificado en Trujillo, una iniciativa que coordina las intervenciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para enfrentar al crimen organizado en el norte de Perú.

  • El ejército peruano asumirá control perimétrico de las cárceles

    El ejército peruano asumirá control perimétrico de las cárceles

    Las Fuerzas Armadas de Perú asumirán el control perimétrico de los centros penitenciarios y reforzarán la vigilancia de las fronteras como parte de las medidas del Gobierno contra la inseguridad ciudadana, anunció el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa.

    El funcionario explicó que los militares tendrán funciones concretas en las prisiones y dispondrán de sistemas de vigilancia, drones y equipos tecnológicos para controlar los accesos.

    «Las Fuerzas Armadas no van a tener un rol, digamos, decorativo, o estar acompañando a la Policía sin poder hacer nada. Entonces, hay cosas concretas que vamos a hacer, vamos a tomar control perimétrico de los penales, ahí vamos a tener un contingente para controlar el ingreso de todo, incluso el personal del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE)», declaró.

    Belaúnde Llosa detalló que los controles alcanzarán a todas las personas que ingresen a las instalaciones penitenciarias, incluido el personal del INPE, con el objetivo de reforzar las medidas de seguridad y evitar el ingreso de artículos prohibidos.

    «Todo va a pasar por ese control, vamos a tener equipos de escaneo, equipos de detección de metales, vamos a tener nuestros propios sistemas para bloquear señales de celular», apuntó el ministro en declaraciones recogidas por la emisora RPP.

    El Gobierno peruano también pretende modificar la legislación para facilitar la captura y expulsión de ciudadanos extranjeros indocumentados relacionados con actividades ilícitas. Según Belaúnde Llosa, las normas actuales dificultan la aplicación de este tipo de medidas.

    El ministro indicó que la administración de la presidenta Keiko Fujimori incluirá estas reformas dentro de una solicitud de facultades legislativas, con la intención de agilizar los procedimientos de expulsión y revisar la forma en que la legislación peruana clasifica a determinados grupos criminales.

    «Nosotros vamos a pedir varias modificaciones, cómo se catalogan a los grupos hostiles. ¿Qué es un grupo hostil? Si uno va a la frontera con el Ecuador, ¿no? ‘Los Choneros’ es esta organización criminal, en el Ecuador son un grupo hostil; en el lado peruano, son organización criminal. Hoy el marco legal es casi prohibitivo para capturarlos y expulsarlos del Perú», alertó.

    Las medidas anunciadas contemplan así una mayor participación de las Fuerzas Armadas tanto en la seguridad exterior de las cárceles como en las fronteras, mientras el Ejecutivo busca cambios legales para fortalecer su estrategia frente a organizaciones criminales y ciudadanos extranjeros relacionados con actividades ilícitas.