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  • Repunte del 26 % en el presupuesto de cárceles tras leve reducción un año atrás

    Repunte del 26 % en el presupuesto de cárceles tras leve reducción un año atrás

    El presupuesto para la administración de centros penales aumenta en 26 % en el año 2026 después del refuerzo de $30 millones recibido en septiembre pasado, alcanzando los $154.4 millones, luego de cerrar en $128.6 millones en agosto el presupuesto programado para ese rubro. Para 2027, se han programado $128 millones.

    El aumento ocurre después de la leve reducción interanual reportada al cierre de 2025 de un 26 % hacia $121.8 millones.

    El gasto carcelario, sin embargo, aún no logra estabilizarse, ya que el monto previsto para el presente año triplica el presupuesto carcelario devengado de 2018 y aproximadamente duplica los presupuestos devengados entre los años 2019 y 2022.

    En los primeros ocho meses del año, que cubren un 66 % del año, Centros Penales ha ejecutado 88 % de su presupuesto.

    Hasta agosto, la unidad presupuestaria 07 Administración del Sistema Penitenciario 2026, tenía programado un presupuesto de $128,628,160, de los cuales ha devengado $110,262,844.86.

    En esos primeros ocho meses, sin contar el refuerzo de $30 millones, el presupuesto programado sufrió una reducción de $4,202,856.89 para terminar con un presupuesto programado modificado de $124,425,303.11, de los cuales se han comprometido ya $112,125,958.49.

    En los primeros ocho meses, la ejecución del gasto en el rubro penitenciario ha llegado a un 88.6 % del presupuesto disponible este año, un 22 % arriba de un cálculo proporcional a los ocho meses.

    De acuerdo con el informe del Ministerio de Hacienda “Aspectos principales de la ejecución presupuestaria de gastos 2026”, se han devengado $111.7 millones para la administración del sistema penitenciario “a efecto de apoyar la reintegración de la población privada de libertad”.

    En septiembre de 2025, el área penitenciaria fue reforzada con $10 millones para alimentación de privados de libertad.

    Este año 2026, también en septiembre, el refuerzo fue de $30 millones para “garantizar una gestión eficiente en el proceso de rehabilitación de los privados de libertad, dándole cumplimiento a las condiciones mínimas de detenciones”. Los fondos provinieron de un saldo de títulos valores aprobados en 2025 y colocados por hasta $344 millones.

    El aumento mayor ocurrió en 2024, cuando el presupuesto carcelario llegó a los $165.5 millones, su punto más alto, luego de triplicarse respecto al gasto penitenciario de 2018.

    Presupuestos programados y modificados del sistema penitenciario salvadoreño

    • Año 2018: de $44.6 millones a $53.6 millones.
    • Año 2019: de $48.3 millones a $63.3 millones, aumento de 18 %.
    • Año 2020: de $68.7 millones a $84.8 millones, aumento de 34 %.
    • Año 2021: de $70 millones a $85.1 millones, aumento de 0.4 %.
    • Año 2022: de $53.8 millones a $71.5 millones, disminución del 16 %.
    • Año 2023: de $57.6 millones a $138.5 millones, aumento del 93.7 %.
    • Año 2024: de $71.2 millones a $165.5 millones, aumento del 19.5 %.
    • Año 2025: de $72.4 millones a $121.8 millones, disminución del 26.4 %.
    • Año 2026: de $128.6 millones a $124.4 millones hasta agosto. Se aprobó el 9 de septiembre un refuerzo de $30 millones en septiembre por lo que el presupuesto aumentaría a $154.4 millones según el decreto 652. Aumento del 26.8 %.
    • Año 2027: de $128.6 millones (proyecto de presupuesto 2027). Disminución prevista de 16.7 % si el presupuesto no es reformado posteriormente.

    Los cálculos no toman en cuenta los fondos asignados a la unidad presupuestaria “08 Administración del sistema penal juvenil”, cuyo presupuesto programado ascendió a $3 millones y al cual se le ha recortado $36,980, para dejarlo en $2.97 millones. Se devengaron $1.3 millones en ocho meses.

    Para el año 2027, se prevé un presupuesto de $128,628,160 para la unidad presupuestaria 07 Administración del Sistema Penitenciario y $3,012,490 para la unidad presupuestaria 08 Administración del Sistema Penal Juvenil. Además, se incluyen $1,500,000 en 14 Desarrollo de la Inversión para la Reinserción y Rehabilitación.

    En El Salvador la administración carcelaria está estrechamente vinculada con el régimen de excepción aplicado a partir del 27 de marzo de 2022. Un 80 % de las personas en las cárceles son personas procesadas o condenadas por vínculos a pandillas, y un 20 % por delitos comunes según cifras oficiales divulgadas por la Presidencia de la República.

    En total son 120,956 presos, 96,457 vinculados a pandillas y 24,499 reos comunes.

    De los 96,457 detenidos vinculados a pandillas hay 42,125 «homeboys» o miembros de pandillas; 25,910 chequeos, postes, gatilleros y otros miembros «no brincados»; 17,793 «paros» o colaboradores habituales o permanentes de pandillas; y 10,629 colaboradores no habituales de pandillas.

    Entre los reos comunes, 3,902 están procesados o condenados por homicidio, 3,571 por violación y 17,026 por otros delitos.

    El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y su ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, han dicho que los pandilleros nunca volverán a salir de las prisiones aunque un informe oficial de la Fiscalía reveló que el 79 % de los pandilleros que han sido condenados recibieron penas menores a los 45 años de prisión y que 13 de ellos recibieron cadena perpetua. Han sido condenados, según cifras fiscales, 10,561 pandilleros durante el régimen de excepción. Bukele, por su parte, ha dicho que no todos los delitos en el país van a tener una condena infinita.

    Desde abril de 2026, El Salvador tiene vigente la cadena perpetua para el delito de pertenencia de pandillas, homicidios y violaciones, aunque puede bajar hasta 10 años de prisión con autorización fiscal.

  • El ministro de Justicia de Perú aboga por la construcción de cárceles siguiendo el modelo salvadoreño

    El ministro de Justicia de Perú aboga por la construcción de cárceles siguiendo el modelo salvadoreño

    El ministro de Justicia de Perú, Ernesto Álvarez, planteó este martes la construcción de nuevas cárceles inspiradas en el modelo implementado en El Salvador, como parte de las medidas que analiza el Gobierno de Keiko Fujimori para enfrentar la sobrepoblación penitenciaria y los problemas de seguridad.

    Álvarez explicó en una entrevista con la agencia Andina que propone construir cárceles «tipo hangar, siguiendo el modelo de El Salvador», aunque precisó que estos establecimientos estarían destinados a personas privadas de libertad que no representen un elevado peligro para la sociedad.

    «Esas personas deben ir a un penal de mínima seguridad para poder trabajar durante el día (…) para reducir mediante beneficios penitenciarios su propia pena y tener una salida laboral para después. Los grandes penales, los que ya han sido construidos para tener seguridad de alto nivel, esos sí deben albergar a aquellos delincuentes que cometieron delitos de sangre», sostuvo.

    Para los internos considerados de alta peligrosidad, el funcionario propone condiciones diferentes. Álvarez sostuvo que «no deben tener ningún tipo de beneficio penitenciario» y deberían permanecer bajo «regímenes sumamente estrictos», incluyendo fuertes restricciones a las visitas.

    «Aquellas personas que han demostrado que no merecen seguir viviendo en comunidad, en la sociedad peruana, deben tener severas restricciones para separar, efectivamente, los no violentos de los violentos, cosa que no ocurre en las cárceles actualmente», dijo durante la entrevista.

    El ministro indicó que algunos gobernadores regionales ofrecieron terrenos para levantar nuevos centros penitenciarios alejados de las ciudades. A su juicio, el incremento de la criminalidad obliga al Estado peruano a disponer de más instalaciones tanto para personas que ingresan por primera vez al sistema penitenciario como para delincuentes considerados peligrosos.

    Álvarez señaló que el Gobierno dispone de un terreno para un segundo penal en Ica y analiza ampliar establecimientos de alta seguridad. También defendió mantener en funcionamiento el penal de máxima seguridad de Challapalca, ubicado en el departamento de Tacna, mientras se estudia la construcción de otros centros con tecnología y cooperación extranjera.

    El funcionario agregó que las reformas no se limitarían a la infraestructura penitenciaria, sino que incluirían modificaciones al Código Procesal Penal y al Instituto Nacional Penitenciario (INPE). El Ejecutivo pretende impulsar estos cambios mediante decretos legislativos para modificar el funcionamiento actual del sistema carcelario peruano.

     

  • Flávio Bolsonaro promete 500,000 cupos carcelarios en Brasil tras reunión con Villatoro

    Flávio Bolsonaro promete 500,000 cupos carcelarios en Brasil tras reunión con Villatoro

    El senador Flávio Bolsonaro, principal candidato de la oposición para las elecciones presidenciales de octubre en Brasil, anunció que su programa de Gobierno contempla crear 500,000 nuevos cupos en las cárceles, entre otras medidas inspiradas en la política de seguridad implementada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

    «Tenemos que abrir presidios. Hay pocos presos en Brasil. Tenemos que encarcelar a más, pero no lo conseguimos porque la legislación es frágil», afirmó Bolsonaro después de reunirse en São Paulo con el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro.

    El hijo del expresidente Jair Bolsonaro explicó que su propuesta contempla construir nuevos centros penitenciarios y ampliar los existentes hasta alcanzar al menos medio millón de espacios adicionales. El senador considera necesario incrementar la capacidad debido a que propone endurecer las penas, incluso para delitos como el robo de teléfonos celulares, cuyos responsables plantea que reciban condenas mínimas de ocho años.

    Su programa también busca restringir beneficios que permitan a los reclusos obtener la libertad condicional y establecer condiciones para mantener incomunicados a determinados presos. Bolsonaro señaló que buscará conseguir una mayoría en el Congreso para aprobar modificaciones legales dirigidas a limitar las salidas de las cárceles y evitar que los centros penitenciarios se conviertan en «escuelas del crimen».

    «De esa forma el preso sabrá que tendrá que permanecer preso, que tendrá que pagar por los crímenes que cometió, y eso, sin duda, desincentivará a mucha gente a continuar practicando crímenes», dijo el aspirante presidencial al explicar los objetivos de su propuesta.

    Brasil cuenta actualmente con cerca de 965,000 reclusos, la tercera mayor población penitenciaria del mundo después de Estados Unidos y China, según los datos citados. La cantidad de privados de libertad crece a un ritmo anual de 3.3 % y supera en 28 % la capacidad disponible en las cárceles brasileñas, que enfrentan problemas de hacinamiento.

    Entre las principales propuestas de Bolsonaro figura la construcción de al menos cinco grandes cárceles federales de máxima seguridad inspiradas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), construido durante el Gobierno de Bukele para recluir a personas detenidas en el marco de su política contra las pandillas.

    Bolsonaro calificó como provechosa su conversación con Villatoro y lo señaló como uno de los responsables de implementar «una de las mayores y más eficaces operaciones de rescate de la soberanía al devolver seguridad pública para la población salvadoreña».

    El senador afirmó que la experiencia de El Salvador constituye una referencia para su propuesta de seguridad en Brasil y destacó como objetivo garantizar a los ciudadanos el derecho de movilizarse con seguridad.

     

  • Flávio Bolsonaro propone cárceles inspiradas en El Salvador y acercamiento a EEUU

    Flávio Bolsonaro propone cárceles inspiradas en El Salvador y acercamiento a EEUU

    El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro presentó el jueves su programa de gobierno, que propone construir cinco cárceles federales de máxima seguridad bajo el modelo aplicado en El Salvador, además de endurecer las medidas contra el crimen organizado, reformar el Poder Judicial y recomponer las relaciones con Estados Unidos.

    El documento, de 76 páginas y titulado “Para que Brasil venza el atraso”, agrupa sus propuestas en nueve grandes directrices. El hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro plantea reestructurar los servicios públicos, ajustar el gasto gubernamental y endurecer el Código Penal como parte de su estrategia para “rescatar el país”.

    En seguridad, una de las principales apuestas de su candidatura, Bolsonaro propone catalogar como “organizaciones narcoterroristas” a grupos criminales como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho. Su programa también contempla reducir de 18 a 16 años la mayoría de edad penal y aplicar sanciones desde los 14 años para delitos graves.

    El plan incluye además implementar la castración química para violadores de menores y levantar cinco centros penitenciarios federales de máxima seguridad siguiendo el modelo aplicado en El Salvador. La propuesta incorpora así la experiencia salvadoreña dentro de las medidas con las que Bolsonaro pretende reforzar el combate contra las organizaciones criminales en Brasil.

    En política exterior, el candidato propone recomponer las relaciones de Brasil con socios considerados estratégicos e históricos, entre ellos Estados Unidos, Israel y Argentina. Al mismo tiempo, plantea mantener relaciones comerciales con China y la Unión Europea independientemente de los gobiernos de esos países, bajo una estrategia de “soberanía con profesionalismo, no con ideología”.

    La reforma del Poder Judicial constituye otro de los ejes del programa. Bolsonaro considera que el Tribunal Supremo brasileño acumuló demasiadas funciones y propone eliminar sus competencias penales originarias para juzgar a parlamentarios, quienes pasarían a instancias inferiores. También plantea establecer una cuarentena de un año antes de que ministros del Gobierno puedan ser postulados al alto tribunal.

    En economía, el candidato promete recortar el gasto público, reducir impuestos, impulsar la apertura comercial y retomar “con criterio” el Programa Nacional de Privatizaciones. Su propuesta contempla evaluar individualmente empresas estatales para determinar en cuáles la presencia gubernamental “ha dejado de tener sentido”, además de reactivar inmediatamente el proceso para incorporar a Brasil a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

    Bolsonaro también promete acabar con la deforestación ilegal en 2029, un año antes de la meta establecida por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva para la Amazonía. Sin embargo, plantea permitir a los pueblos indígenas explotar económicamente sus tierras y acelerar las licencias ambientales para proyectos de infraestructura.

    Las últimas encuestas citadas sitúan a Bolsonaro cinco puntos por debajo de Lula, quien alcanza un 44 % de intención de voto ante una eventual segunda vuelta electoral.

     

  • Panamá admite que el crimen organizado controla las cárceles

    Panamá admite que el crimen organizado controla las cárceles

    Las autoridades de Panamá reconocieron el lunes la creciente influencia del crimen organizado dentro de las cárceles, tras un tiroteo entre pandillas que dejó un recluso muerto en el principal complejo penitenciario del país.

    El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, admitió que las estructuras criminales mantienen operaciones tanto fuera como dentro de los centros penales.

    “Por supuesto tiene que ver, sí, las pandillas también están en las cárceles. El crimen organizado y las estructuras criminales no solamente están fuera, están dentro”, afirmó.

    Fernández señaló que existen cabecillas encarcelados que continúan dirigiendo actividades delictivas, incluyendo asesinatos y robos de droga entre organizaciones rivales.

    El incidente más reciente ocurrió en el Centro Penitenciario La Joya, el complejo carcelario más grande del país, donde un interno vinculado a un cartel internacional murió durante un enfrentamiento armado.

    Por su parte, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, advirtió que el crimen organizado ha evolucionado y se ha fortalecido en los últimos años.

    “Lamentablemente, el crimen organizado ha escalado, se ha perfeccionado”, expresó, al tiempo que señaló limitaciones institucionales para enfrentar estas estructuras.

    La violencia en las cárceles ocurre en paralelo a disputas territoriales entre pandillas en zonas como San Miguelito y la provincia de Colón.

    Este lunes, en Colón, se registró un doble homicidio relacionado con estas pugnas, en un contexto donde operan al menos 13 pandillas enfrentadas.

    Según datos oficiales, Panamá contabilizó 130 homicidios en el primer trimestre del año, una reducción del 9 % respecto al mismo periodo de 2025.

    Sin embargo, Colón sigue siendo una de las regiones más violentas, junto con la provincia de Panamá y el distrito de San Miguelito.

    Las autoridades estiman que existen más de 180 pandillas vinculadas al narcotráfico, encargadas de movilizar droga hacia Estados Unidos y Europa.

    El reconocimiento oficial evidencia los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario panameño frente al control del crimen organizado.

     

  • Cristosal denuncia abusos bajo régimen de excepción ante comisión del Congreso EEUU

    Cristosal denuncia abusos bajo régimen de excepción ante comisión del Congreso EEUU

    El director de Cristosal, Noah Bullock, denunció este jueves ante la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos un deterioro en la situación de derechos humanos en El Salvador tras cuatro años de régimen de excepción.

    “La violencia criminal de las pandillas ha sido reemplazada por la corrupción y la violencia de un régimen autocrático”, expuso Bullock durante la audiencia titulada “El estado de excepción en El Salvador: quinto año”.

    El representante de la organización afirmó que continúan registrándose abusos en centros penales, incluyendo nuevos casos de tortura y muertes bajo custodia estatal. Según sus datos, desde enero se han documentado 93 fallecimientos adicionales, elevando el total a 513 casos.

    Bullock explicó que 420 de estas muertes han sido plenamente investigadas mediante registros médicos, informes forenses, testimonios y evidencia fotográfica, lo que ha permitido identificar patrones de abuso físico, negligencia médica y condiciones inhumanas.

    Entre los hallazgos, señaló que 181 muertes presentan signos de violencia física, mientras que otras están relacionadas con enfermedades no tratadas, infecciones, desnutrición y falta de atención médica adecuada dentro del sistema penitenciario.

    Las condiciones carcelarias también reflejan graves carencias, con 36 muertes por desnutrición severa y siete por deshidratación, lo que evidencia, según la organización, privaciones básicas hacia los reclusos.

    El informe presentado por Cristosal también documenta 245 casos de persecución contra opositores, líderes comunitarios, periodistas y defensores de derechos humanos, incluyendo el caso del exasesor presidencial Alejandro Muyshondt.

    Bullock denunció además la detención de la abogada de Cristosal, Ruth López, quien, según indicó, permanece encarcelada sin juicio y en condiciones de incomunicación. “Solicito a los honorables miembros de esta Comisión que se unan a la familia de Ruth en exigir que se respeten sus derechos a un juicio justo, expedito y público”.

    El director de Cristosal advirtió que el uso prolongado del régimen de excepción ha permitido detenciones masivas y debilitado las garantías judiciales, generando temor entre actores de la sociedad civil y provocando el exilio de defensores de derechos humanos.

    La Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos es un comité bipartidista. Lo encabezan los congresistas James P. McGovern (demócrata) y Chris Smith (republicano). En la audiencia de este jueves estuvieron además los congresistas demócratas Ilhan Omar y Juan Vargas.

    En la audiencia participaron además Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch,  Sergio Arauz, presidente de la Asociación de periodistas de El Salvador y periodista de El Faro e Isabel Carlota Roby, abogada principal para América Latina del Centro de Derechos Humanos Robert & Ethel Kennedy.

    Además, Susana SáCouto, Directora de la Oficina de Investigación sobre Crímenes de Guerra, de la Facultad de Derecho de Washington, Universidad Americana y Andrés Martínez-Fernández, analista sénior de políticas para América Latina de la Heritage Foundation.

     

     

  • Keiko Fujimori propone que militares peruanos tomen control de cárceles

    Keiko Fujimori propone que militares peruanos tomen control de cárceles

    La candidata presidencial Keiko Fujimori propuso el lunes que las Fuerzas Armadas asuman temporalmente el control de las cárceles en Perú como parte de una reestructuración completa del sistema penitenciario. La dirigente del partido Fuerza Popular participó en un acto electoral en el que presentó al equipo que lideraría su estrategia de seguridad en un eventual gobierno.

    Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), afirmó que “las Fuerzas Armadas deben tomar el control de las cárceles de manera temporal para una reorganización total”, en medio de la creciente preocupación ciudadana por la inseguridad vinculada al crimen organizado.

    La propuesta se da en un contexto de auge de la violencia en el país suramericano, donde las extorsiones y homicidios atribuidos a bandas criminales se han convertido en el principal temor de la población, de cara a las elecciones generales previstas para el segundo trimestre de 2026.

    Fujimori, conocida por su enfoque de “mano dura”, también sostuvo que los reos “deben trabajar para conseguir su comida dentro de las prisiones”, reforzando así su línea discursiva sobre orden y disciplina.

    La aspirante presidencial criticó, sin embargo, la reciente difusión de imágenes de una requisa en la cárcel de Barbadillo —conocida como “la prisión de los expresidentes”—, donde actualmente están recluidos Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Martín Vizcarra y Pedro Castillo. Su padre, Alberto Fujimori, también estuvo encarcelado allí hasta su fallecimiento.

    Aunque dijo estar a favor de los operativos de control penitenciario, calificó de “inaceptable” que se haya vulnerado la privacidad de los expresidentes. “Lo que no es aceptable es la difusión de estas imágenes, la vulneración de su privacidad, y no podemos aceptar que se veje a estas personas y se vulnere esta dignidad, por más diferencias que tengamos con ellos”, expresó.

    Fujimori recordó que durante el año y medio que pasó en prisión preventiva, acusada por presunto lavado de dinero en sus campañas electorales, enfrentó cinco requisas. El caso fue posteriormente archivado por falta de sustento legal.

    “Hoy mi padre ya no está con vida, pero creo que tenemos que tratar las cosas en su justa dimensión. Tenemos que ser respetuosos en todo sentido”, añadió la candidata.

    Los comicios en Perú definirán a las nuevas autoridades para el período 2026-2031, incluyendo la Presidencia, dos vicepresidencias, el Congreso con 130 diputados, el Senado con 60 miembros y cinco representantes para el Parlamento Andino.

     

  • Presidente electo de Chile destaca modelo carcelario de El Salvador como referencia para reformas penitenciarias

    Presidente electo de Chile destaca modelo carcelario de El Salvador como referencia para reformas penitenciarias

    El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, afirmó este jueves que su futuro gobierno prepara reformas a la legislación penitenciaria con el objetivo de “recuperar el control en las cárceles”, y puso como uno de sus referentes el modelo impulsado en El Salvador, país que visitó recientemente.

    Tras reunirse en Roma con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, Kast explicó que ha conocido diversas estrategias penitenciarias en sus viajes a El Salvador, Hungría e Italia, enfocadas en el combate al crimen organizado desde el sistema carcelario.

    «Una condición que es distinta a la que pudimos apreciar en El Salvador pero que apunta en el mismo sentido, que es aislar a los líderes de las organizaciones criminales que no puedan tener ningún contacto tanto con sus organizaciones como con sus familias», declaró Kast, al referirse también al régimen italiano del 41 Bis, que impone aislamiento total a líderes mafiosos.

    El presidente electo, quien asumirá el cargo el 11 de marzo, valoró el enfoque implementado por el gobierno salvadoreño para restringir la comunicación de líderes criminales detenidos, una de las principales características del Régimen de Excepción que ha sido clave en la política de seguridad pública en El Salvador.

    Aunque evitó comprometerse con una aplicación exacta del modelo salvadoreño, Kast afirmó que su equipo analiza cambios a los decretos penitenciarios chilenos para mejorar la seguridad interna en los centros penales.

    “Necesitamos recuperar el control de las cárceles, evitar las amenazas de las mafias y del crimen organizado a nuestros gendarmes, y también ir cortando y vigilando las rutas del dinero”, dijo el líder chileno, quien representa a la derecha política y ha promovido una política de seguridad más estricta.

    Cooperación internacional contra el crimen

    Kast hizo un llamado a la cooperación regional e internacional para enfrentar al crimen organizado de manera coordinada, advirtiendo que si no existe una estrategia compartida, las organizaciones criminales simplemente se desplazan entre países.

    «Si se combate en Chile es preciso que los otros países, tanto de nuestro continente como de otros, avancen en la misma línea», dijo. «Porque si no, el crimen organizado se retira de un país, se fortalece en otro y cuando ve la oportunidad vuelve con más fuerza. Ellos no respetan fronteras, ni leyes ni banderas», subrayó.

    En cuanto a la inmigración, otro de los ejes de su campaña electoral, Kast adelantó que en su gobierno entrar al país de forma irregular dejará de ser una falta administrativa y pasará a ser un delito penal, reforzando así su postura de línea dura en materia migratoria.

     

  • Guatemala advierte que sus cárceles son una «bomba de tiempo» por hacinamiento

    Guatemala advierte que sus cárceles son una «bomba de tiempo» por hacinamiento

    El ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda, advirtió este miércoles que el sistema penitenciario del país, con un hacinamiento del 340 %, representa una «bomba de tiempo permanente», tras los ataques coordinados por pandillas que dejaron a diez policías muertos el pasado domingo.

    Durante esa jornada, pandilleros protagonizaron motines simultáneos en tres centros penales y tomaron como rehenes a varios custodios, mientras otros grupos armados perpetraban ataques en distintas zonas del país. La crisis obligó al gobierno a decretar un estado de sitio por 30 días, que fue anunciado el mismo domingo por el presidente Bernardo Arévalo de León.

    “El Gobierno está haciendo su trabajo, ahora es necesario que el sistema de justicia responda y dé resultados”, afirmó Arévalo este miércoles en conferencia de prensa. Agregó que las acciones violentas fueron un intento fallido de infundir terror, pero aseguró que “las pandillas fracasaron”.

    El mandatario subrayó que las autoridades retomaron el control de los penales en menos de 24 horas, sin ceder a ninguna de las demandas de los reos. “Tienen a un presidente y a un equipo dispuestos a tomar las decisiones que gobiernos anteriores no quisieron tomar”, enfatizó.

    Por su parte, el ministro Villeda reiteró la precariedad del sistema penitenciario, que actualmente alberga a 23,000 reos en instalaciones diseñadas solo para 6,000 personas. “Tenemos cárceles que no cumplen los estándares internacionales de seguridad y rehabilitación”, sostuvo.

    El funcionario calificó al sistema penitenciario como “la cenicienta del Estado” por la histórica escasez de recursos, y anunció la construcción de dos nuevos centros penales como parte de las medidas para aliviar la sobrepoblación carcelaria y fortalecer la seguridad ciudadana.

    Villeda responsabilizó directamente a la pandilla Barrio 18 por los ataques contra los policías y afirmó que el Ejecutivo no tiene “absolutamente nada que negociar con grupos criminales”.

     

  • Guatemala descarta negociar con pandilleros tras motines en cárceles

    Guatemala descarta negociar con pandilleros tras motines en cárceles

    El Gobierno de Guatemala aseguró este sábado que no negociará con los líderes de la pandilla Barrio 18, responsables de motines simultáneos en tres centros penitenciarios del país, donde mantienen retenidos a 46 empleados del Sistema Penitenciario como medida de presión para recuperar privilegios perdidos.

    Los disturbios se registran en la cárcel de máxima seguridad Renovación I, ubicada en el departamento de Escuintla, así como en Fraijanes II y en el Sector 11 del Centro Preventivo de la zona 18, en la periferia de la capital guatemalteca.

    Durante una conferencia de prensa, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, atribuyó los motines a una reacción directa del crimen organizado ante las recientes requisas realizadas por las autoridades para retomar el control estatal, desarticular “call centers” utilizados para extorsiones y frenar el ingreso de objetos ilícitos a las prisiones.

    “Este gobierno no va a pactar con ningún grupo terrorista. No voy a ceder a esos chantajes y no voy a regresar privilegios con el objeto de que depongan sus acciones”, declaró Villeda, al descartar cualquier tipo de diálogo condicionado.

    Según información oficial, las exigencias habrían sido formuladas por Aldo López Ochoa, alias “Lodo”, identificado como líder del Barrio 18, quien demandaba su traslado a otro penal y comodidades como aire acondicionado, ingreso de alimentos de restaurantes y una cama tipo King Size en su celda.

    Las autoridades confirmaron que actualmente los reclusos mantienen como rehenes a nueve guardias en Renovación I, otros nueve en el Centro Preventivo de la zona 18 y 28 agentes penitenciarios en Fraijanes II. Además, se reportaron acciones externas para generar caos, entre ellas la quema de un vehículo en la ruta al Pacífico.

    El ministro responsabilizó directamente a los reclusos por la integridad física de los empleados retenidos y advirtió que el Estado está dispuesto a usar la fuerza pública para restablecer el orden. “Los terroristas no tienen por qué dirigir la agenda del Estado (…) Si es necesario utilizar la fuerza del Estado para retomar el control de estos centros y dar cumplimiento a esta orden, lo vamos a hacer”, sentenció.

    La Policía Nacional Civil y el Ejército mantienen desplegados anillos de seguridad alrededor de los centros penitenciarios afectados para evitar fugas, proteger a la población civil y evaluar una eventual incursión táctica que permita liberar al personal retenido.