La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó una prohibición temporal de vuelos sobre el espacio aéreo de Ceiba, en el este de Puerto Rico, donde se encuentra una antigua base militar estadounidense. La medida estará vigente hasta el 31 de marzo de 2026 y responde a “razones especiales de seguridad”, según un aviso oficial.
La decisión coincide con un incremento en la actividad militar de Estados Unidos en el Caribe y con crecientes tensiones diplomáticas con Venezuela. Aunque se han elevado las alertas sobre un posible ataque militar, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este viernes haber tomado una decisión en ese sentido.
“El Gobierno de Estados Unidos podrá usar fuerza letal contra la aeronave en vuelo si determina que representa una amenaza inminente para la seguridad”, advierte la FAA en el comunicado publicado.
La restricción aplica al espacio aéreo entre los 2,500 y 5,000 pies (762 a 1,525 metros) sobre el nivel del mar. Solo se permiten operaciones de aeronaves militares del Departamento de Defensa autorizadas y bajo su dirección directa.
La zona afectada incluye la antigua base de Roosevelt Roads, ahora convertida en el aeropuerto regional José Aponte de la Torre, donde en las últimas semanas han aterrizado cazas F-35B y equipos militares estadounidenses.
En los últimos meses, Puerto Rico —Estado Libre Asociado a Estados Unidos— ha sido escenario de múltiples maniobras militares, lo que ha generado malestar en sectores de la población que denuncian una “remilitarización” de la isla.
Más de 700,000 niños, niñas y adolescentes han resultado afectados por las intensas lluvias e inundaciones provocadas por el huracán Melissa en el Caribe, y necesitan con urgencia alimentos, agua potable, servicios de salud y saneamiento, advirtió este jueves el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
El fenómeno natural, que ha causado más de 30 muertes hasta la fecha, golpeó con especial fuerza a Jamaica, donde tocó tierra como huracán categoría 5, y también provocó estragos en Cuba, Haití y República Dominicana. Las autoridades locales reportan comunidades enteras aisladas, daños severos a la infraestructura y pérdidas en cultivos, servicios de salud y educación.
“A raíz de las implacables inundaciones en todo el Caribe, cientos de miles de niños y niñas han visto sus vidas trastocadas de repente (…) necesitan urgentemente alimentos, agua potable y saneamiento, acceso a servicios de salud y nutrición y un camino de regreso a la educación”, alertó Roberto Benes, director regional de Unicef para América Latina y el Caribe.
La organización ya comenzó la distribución de ayuda humanitaria, aunque reconoció que las zonas más afectadas son de difícil acceso debido al colapso de carreteras y a las inundaciones aún activas. En Jamaica, Unicef ha destinado $1 millón para brindar asistencia inmediata a la población infantil y sus familias.
En Cuba, la ayuda incluye 1,300 kits de higiene, 213 kits de recreación, 80 paquetes escolares, 209 kits para la primera infancia, así como materiales para reconstrucción como láminas para techos, lonas impermeables y plantas portátiles de purificación de agua.
En Haití, donde se reportan al menos 20 muertos, entre ellos 10 menores, Unicef está desplegando 2,900 kits de higiene y equipos de salud de emergencia para atender a 20,000 personas, además de suministrar tratamiento para 400 casos de diarrea aguda. También entregó ayuda en efectivo a 7,500 hogares en riesgo en el sur del país.
Mientras tanto, en República Dominicana se están distribuyendo 750 kits de higiene y reforzando medidas de saneamiento para proteger a los niños y niñas en las comunidades más afectadas.
Para sostener la asistencia, Unicef solicitó $46.5 millones con el objetivo de financiar intervenciones urgentes que salven vidas y brinden protección a más de 380,000 menores y sus familias.
El huracán Melissa tocó este martes tierra en Jamaica con vientos máximos sostenidos cercanos a los 295 kilómetros por hora (183 millas), lluvias torrenciales y marejadas que amenazan con provocar inundaciones y daños catastróficos.
El ciclón, el de mayor intensidad esta temporada en el Atlántico, entró a Jamaica cerca de la localidad de Black River, en el suroeste de la isla, convertido en un huracán de categoría 5, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.
El organismo prevé que Melissa mantenga su intensidad extrema antes de cruzar el sureste de Cuba el miércoles y llegar a las Bahamas el jueves.
Se trata del primer huracán que toca tierra en el Atlántico como categoría 5 desde 2019, cuando Dorian golpeó en Bahamas.
El NHC, con sede en Miami, advirtió que el huracán viene acompañado de «vientos catastróficos» y solicitó a la población de Jamaica que busque refugio de manera inminente puesto que se trata de una situación «extremadamente peligrosa y que amenaza la vida».
El huracán se desplaza actualmente a unos 7 kilómetros por hora en dirección nornoreste, lo que podría empeorar la devastación que ocasione en tierra.
Según las previsiones del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), se espera que el huracán deje entre 38 y 76 centímetros de lluvia acumulada sobre la isla, con picos máximos de hasta 1 metro, lo que generará inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra a gran escala.
Desde que se originó el pasado martes, Melissa ha causado al menos nueve muertes: tres en Jamaica, tres en Haití, dos en Panamá y una en República Dominicana.
El huracán Grace, en 2021, fue el último ciclón en impactar directamente en territorio jamaicano.
Después de atravesar Jamaica, se pronostica que Melissa se desplace hacia el sureste de Cuba el miércoles y llegue a las Bahamas el jueves.
El Ejército de Estados Unidos asegura que ha hundido nueve embarcaciones y 37 vidas en aguas del Caribe y del Pacífico, en una nueva etapa de su guerra contra las drogas.
Bajo el argumento de combatir el narcotráfico, la Administración de Donald Trump escaló su ofensiva contra carteles latinoamericanos que considera terroristas y a quienes ha declarado un «conflicto armado directo» que justifica sus acciones militares en aguas internacionales.
El aumento de tensiones empezó en agosto con el despliegue de buques del Ejército estadounidense en el Caribe y con Venezuela en el punto de mira, pero ya se ha extendido a aguas del Pacífico involucrando a Colombia.
Tanto el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela como el de Gustavo Petro en Colombia, ambos acusados por Trump de narcotraficantes, han denunciado los ataques a las lanchas como asesinatos y ejecuciones extrajudiciales. Decenas de ONG, como Amnistía Internacional, también han cuestionado las acciones de Estados Unidos por infringir el derecho internacional.
Esta es una cronología de los ataques:
2 de septiembre: Estados Unidos anuncia el primer ataque contra una embarcación y asegura que iban a bordo once personas del Tren de Aragua que salieron de Venezuela para transportar drogas hacia Estados Unidos. La Administración Trump difundió el video del supuesto ataque, pero no aportó más pruebas del vínculo de la lancha con el narcotráfico.
15 de septiembre: un segundo ataque contra una embarcación mata a tres venezolanos, según Trump, que aseguró que también estaban transportando drogas.
19 de septiembre: Trump publica en redes información sobre un tercer ataque contra una lancha, esta vez sin precisar el origen de la travesía, aunque República Dominicana incautó parte de la droga que presuntamente transportaba.
3 de octubre: esta vez es Pete Hegseth, secretario del Departamento de Guerra, quien anuncia el cuarto ataque contra una embarcación también en aguas del Caribe y la muerte de sus cuatro tripulantes. Igual que ha hecho Trump hasta ahora, publica un video en el que se ve el momento de la explosión de la lancha.
14 de octubre: se produce, según Estados Unidos, el quinto ataque contra un bote cerca de las costas venezolanas, con un saldo de seis víctimas mortales.
16 de octubre: esta vez es un submarino el atacado por el Ejército estadounidense. De sus cuatro tripulantes, dos mueren y dos sobreviven la explosión, según informan primero medios de Estados Unidos y luego confirma Trump. Los dos supervivientes son trasladados a sus países de origen, Ecuador y Colombia, sin ningún proceso legal a pesar de que la Administración Trump los tacha de narcotraficantes.
17 de octubre: Estados Unidos anuncia el 19 de octubre que dos días antes ha hundido una séptima lancha y la vincula con la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN), una de las organizaciones designadas como terroristas por la Administración Trump. Mueren tres personas, según Washington.
21 de octubre: se trata del octavo ataque contra una lancha supuestamente vinculada al narcotráfico pero es el primero que sucede en aguas del Pacífico, cerca de las costas de Colombia, que mata a dos personas.
22 de octubre: Hegseth publica el noveno ataque contra una embarcación, otra vez en el Pacífico y cerca de aguas colombianas. El secretario de Guerra asegura que los ataques «continuarán, día tras día», reforzando la retórica de Trump, que ya ha insinuado la posibilidad de trasladar estos bombardeos a zonas terrestres, sin precisar dónde.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este viernes que la última embarcación atacada por su país en el Caribe era un submarino que, según el mandatario, transportaba grandes cantidades de droga.
«Atacamos un submarino, un submarino cargado de drogas, construido específicamente para transportar grandes cantidades de droga», dijo Trump al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca sobre la última operación del despliegue militar estadounidense en el Caribe.
«Para que entiendan, no se trataba de un grupo inocente. No conozco a mucha gente que tenga submarinos, y ese fue un ataque a un submarino cargado de droga», declaró.
Según la prensa local, Estados Unidos atacó el jueves por la noche una embarcación en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, pero la operación no fue anunciada por Trump en sus redes sociales como acostumbra.
En el ataque, realizado por el Comando Sur de Estados Unidos, habrían sobrevivido dos personas que se encontrarían bajo custodia estadounidense.
Trump anunció el miércoles que ha autorizado a la CIA realizar operativos encubiertos y dijo que analiza la posibilidad de realizar operaciones en tierra debido a que, a su criterio, han paralizado el tráfico de drogas marítimo.
Desde agosto, el Comando Sur del Ejército estadounidense desplegó buques y aviones bajo la justificación de combatir el narcotráfico cerca de las costas de Venezuela, causando una tensión creciente entre Washington y el Gobierno de Nicolás Maduro, que ve la operación como el preludio de un posible ataque contra el país
El Ejército estadounidense atacó este jueves otro barco en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, de acuerdo con funcionarios citados por medios estadounidenses.
La ofensiva a un sexto buque, adjudicado al narcotráfico por la Administración del presidente Donald Trump, fue realizada por miembros del Comando Sur en el Caribe, de acuerdo con funcionarios citados por la cadena CBS.
El ataque no fue anunciado por Trump en sus redes sociales como acostumbra, pero un grupo de funcionarios lo confirmó y aseguró que existen sobrevivientes, el primero donde se reportan ya que en los demás se han registrado 27 personas asesinadas.
Trump informó ayer que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) realizar operativos encubiertos y dijo que estaba analizando la posibilidad de realizar operaciones en tierra debido a que, a su criterio, han paralizado el tráfico de drogas marítimo.
Desde agosto, el Comando Sur del Ejército estadounidense desplegó buques y aviones bajo la justificación de combatir el narcotráfico cerca de las costas de Venezuela, causando una tensión creciente entre ambas naciones.
Venezuela activó este miércoles en los estados Carabobo y La Guaira, ubicados en el norte del país frente al mar Caribe, el «Plan Independencia 200», anunciado en septiembre pasado, en medio de la tensión entre Caracas y Washington por el despliegue naval estadounidense en aguas próximas a la nación suramericana.
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, encabezó un acto en La Guaira junto al gobernador de ese estado, José Alejandro Terán, el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) en esa región, el almirante Gregorio Briceño, y a un grupo de uniformados y milicianos, para dar comienzo al ejercicio de «despliegue» en esas regiones.
«Ahora con el asedio que el imperialismo norteamericano ha intentado contra nuestro país, Venezuela toda se moviliza, organizadamente (…) en unas acciones territoriales en los estados La Guaira y (…) Carabobo, en el marco de la operación ‘Independencia 200′», afirmó Cabello, en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
El titular de Interior detalló que tienen una lista de «chequeos», «de actividades» y abarcarán «objetivos muy claros» en instituciones, organismos y servicios públicos, entre los que mencionó infraestructuras como aeropuertos, puertos, entre otros.
En ese contexto, aseguró que el pueblo venezolano es «pacífico», pero advirtió que «se ha venido preparando a conciencia», «activamente» y «en todos los frentes para resistir, por el tiempo que sea necesario, los ataques que quieran hacerle» al país.
Por su parte, el dictador venezolano, Nicolás Maduro, destacó el comienzo del ejercicio, que, aseguró, incluirá «27 acciones territoriales».
«Desde las 12:00 de la noche, las 0:00 horas, arrancó el ejercicio ‘Independencia 200’ de activación integral de todos los planes de defensa, resistencia y ofensiva permanente en la Zona de Defensa Integral La Guaira y en la Zona de Defensa Integral Carabobo de manera simultánea», afirmó Maduro en un video difundido en su cuenta de Telegram
El gobernante indicó que se trata de una «nueva modalidad de activación» en las ZODI -como se denomina a esta especie de divisiones militares del territorio-, que se puso en marcha desde las 5:00 hora local, e incluyó a la Milicia Nacional Bolivariana «y todas las fuerzas sociales y populares».
«Son 27 tareas a cumplir para asegurar integralmente y proteger la Zona de Defensa Integral La Guaira y Carabobo», agregó el mandatario, quien indicó que de esta forma irán «afinando paso a paso la maquinaria militar, popular» del que calificó como «poderoso movimiento nacional por la defensa» de la paz, de la soberanía y el «derecho al futuro» de su país.
Esta acción se produce en medio del nuevo episodio de tensiones que viven desde agosto Caracas y Washington tras el despliegue militar estadounidense en aguas del mar Caribe cercanas a Venezuela, lo que el Gobierno republicano defiende como una operación contra el supuesto narcotráfico procedente de la nación suramericana, mientras que el Ejecutivo de Maduro insiste en que se trata de una «amenaza» para propiciar un «cambio de régimen».
Según informó este lunes The New York Times, el presidente estadounidense, Donald Trump, canceló los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo con Venezuela, instruyendo a su enviado especial, Richard Grenell, a detener todo acercamiento.
Este martes Maduro desestimó que su homólogo estadounidense haya ordenado cancelar los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo con el país suramericano.
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció este jueves el «acoso militar» por parte de «aviones de combate» de EE.UU. que, aseguró, volaron cerca de las costas venezolanas en el mar Caribe, donde el Gobierno de Donald Trump mantiene un despliegue naval bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas considera una «amenaza».
«Denuncio ante el mundo el acoso militar, la amenaza militar del Gobierno de los Estados Unidos sobre el pueblo de Venezuela (…); denuncio ante el mundo esta situación que, repito, no deja de ser una provocación, pero también una amenaza a nuestra seguridad nacional», manifestó Padrino López durante un balance de operaciones de la Fuerza Armada.
En una transmisión del canal estatal VTV, el ministro indicó que el sistema integrado aéreo de Venezuela ha detectado «aviones de combate» estadounidenses, algo que dijo «fue comprobado y verificado», incluso, por una aerolínea internacional que reportó la presencia de las aeronaves a la torre de control de Maiquetía, el aeropuerto que sirve a Caracas.
«Nunca habíamos visto este despliegue de aviones. Sabemos que están estacionados en Puerto Rico, de la clase F-35, pero atreverse a acercarse a territorio venezolano (…) Los estamos viendo, quiero que sepan. Y quiero que sepan que eso no nos intimida», expresó el jefe militar.
Según el titular de Defensa, se detectó la presencia de «más de cinco vectores» con «características de vuelo de 400 nudos y volando a una altura de 35,000 pies».
En septiembre pasado, Padrino López denunció que EE.UU. realiza vuelos de «inteligencia» contra el país suramericano, en un contexto en el que aseguró que Washington quiere justificar un «plan de amenaza militar y de intervención» para «desplazar al presidente Nicolás Maduro».
En este sentido, detalló entonces que «siempre se han dado operaciones de inteligencia en los aviones del Ejército de los Estados Unidos» en el Caribe, pero, añadió, ahora pasaron de un patrón diurno al nocturno y de madrugada, y a «triplicar, en agosto, las operaciones de inteligencia y de exploración contra Venezuela».
Estados Unidos ha desplegado al menos ocho buques de guerra en la región y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4,500 soldados, como parte de una operación en el mar Caribe. También ha enviado cazas de última generación F-35B a Puerto Rico.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió que su país está involucrado en un «conflicto armado» formal con los carteles de la droga y que los miembros de esos grupos son «combatientes ilegales», según un aviso confidencial que su Administración remitió esta semana al Congreso y que fue divulgado por medios locales.
El documento ofrece una justificación legal para considerar como acciones legítimas —y no como asesinatos— los tres ataques militares ordenados por Trump contra embarcaciones en el mar Caribe el mes pasado, operaciones que dejaron 17 muertos. Al menos dos de esas intervenciones se produjeron contra botes procedentes de Venezuela, añade la notificación.
Especialistas legales consultados por The New York Times afirman que la decisión de reconocer formalmente la campaña contra los carteles como un conflicto armado activo refuerza el uso por parte del Ejecutivo de poderes extraordinarios propios de tiempos de guerra y amplía la justificación para operaciones militares sin las mismas limitaciones del derecho penal ordinario.
La notificación al Congreso precisa que el presdiente «determinó» que los carteles implicados en el tráfico de drogas son «grupos armados no estatales» cuyas acciones «constituyen un ataque armado contra Estados Unidos».
Además, el texto señala: «Con base en los efectos acumulativos de estos actos hostiles contra los ciudadanos e intereses de Estados Unidos y naciones extranjeras amigas, el presidente determinó que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones terroristas designadas».
Como parte de la respuesta en la región, Washington desplegó al menos ocho buques de guerra, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear y más de 4,500 soldados, además del envío de cazas F‑35B a Puerto Rico.
El Gobierno estadounidense acusa al gobernante venezolano, Nicolás Maduro, de liderar el llamado Cartel de los Soles —una presunta organización vinculada al narcotráfico que EE. UU. ha señalado como terrorista—, acusación que Caracas rechaza; la medida abre un intenso debate legal y político sobre el alcance de la acción militar y el control del Congreso sobre estas operaciones.
La guerra contra las drogas se ha convertido en el último epicentro de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, que acusa al presidente del país caribeño, Nicolás Maduro, de albergar y liderar una «organización terrorista» vinculada al narcotráfico: el Cártel de los Soles.
La supuesta banda criminal, que el Departamento de Estado introdujo a finales de julio en su lista de sanciones, ha sido acusada de apoyar a otros grupos de este tipo, como Tren de Aragua y el mexicano Cártel de Sinaloa, y sirve ahora de pretexto a Washington para introducir restricciones y perpetrar ataques contra embarcaciones en el Caribe.
La Administración de Donald Trump acusa a esta red venezolana de «proporcionar apoyo a otras organizaciones terroristas extranjeras que amenazan «gravemente» la paz y la seguridad de Estados Unidos». Para el mandatario republicano, se trata de un «peligro» que está «corrompiendo las instituciones venezolanas».
Así, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, defiende su introducción en la lista de sanciones; considera que esta designación permite poner de manifiesto la «vinculación del cártel con el narcotráfico» y destaca que la medida responde a las «promesas de Trump» de dar prioridad a cuestiones de vital importancia para Estados Unidos.
El magnate neoyorquino, que afirma que son tres las «narcolanchas» destruidas en el mar Caribe por las fuerzas estadounidenses como parte de las operaciones puestas en marcha para frenar el flujo de drogas, insiste en que estos narcotraficantes «serán cazados» en su empeño por introducir estupefacientes en el país norteamericano.
Personas observan una valla con la imagen del gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, y del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, en Villa del Rosario, Colombia. EFE
Red de corrupción
A pesar de que algunos expertos defienden que se trata de una red de corrupción conformada por altos cargos de las Fuerzas Armadas y no una banda dedicada al tráfico de drogas, la Administración Trump ha impuesto una recompensa de 50 millones de dólares sobre Maduro, al que responsabiliza directamente de las acciones de este grupo y de fomentar la entrada de drogas en territorio estadounidense con el fin último de financiar su Gobierno.
El ‘think tank’ Insight Crime apunta precisamente a que esta organización, que carece a priori de organización jerárquica –como sí señala Estados Unidos–, se asemeja más a «una red de corrupción en la que altos cargos militares y políticos se benefician de los acuerdos establecidos con narcotraficantes».
«El paquete de sanciones de Estados Unidos refuerza una visión equivocada de esta red, (…) cuando en realidad se trata de un sistema de corrupción estatal», indica el grupo de expertos.
Es decir, estos funcionarios harían la «vista gorda» ante el tráfico de drogas por parte de terceros, en vez de formar parte o estar al frente de una organización criminal ilícita y mafiosa estructurada en torno a un líder.
Las sanciones impuestas por las autoridades estadounidenses recaen además sobre individuos que ya hacían frente en su mayoría a restricciones impuestas anteriormente.
Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia de Venezuela. / EFE
¿Pretexto estadounidense?
Sin embargo, esto ha permitido a la Administración Trump contar con una mayor aprobación a la hora de realizar operaciones en el Caribe, las cuales han sido duramente criticadas por organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, que advierten de un «precedente peligroso» en la zona.
Entre estas ONG se encuentra Amnistía Internacional, que ve una «dudosa legalidad» y se muestra «profundamente alarmada» por este suceso, en el que ve una «clara violación del derecho a la vida». «El uso de la fuerza letal en este contexto no tiene ninguna justificación», incide.
Estados Unidos derribó una primera lancha el pasado 2 de septiembre, cuando aseguró que el barco era utilizado para transportar drogas por parte del Tren de Aragua y a pesar de que previamente había llegado a un acuerdo con Caracas para el intercambio de cientos de presos y la reanudación de operaciones por parte de la petrolera estadounidense Chevron.
Aunque Trump sostiene que el propio Maduro lidera también algunas actividades de esta banda, la Inteligencia estadounidense no cuenta con pruebas al respecto y niega, a todas luces, esta supuesta vinculación.
Desde Insight Crime insisten en que la organización, cuyo nombre hace referencia a las insignias colocadas en los uniformes de los militares venezolanos, no cuenta con motivos ideológicos sino puramente económicos y no respalda realmente al Tren de Aragua, al que es vinculado de forma errónea.
La situación, que se ha repetido en otras dos ocasiones, ha llevado a diferentes países de la región, como Colombia, Paraguay, República Dominicana, Ecuador y Argentina, entre otros, a declarar al Cártel de los Soles como organización terrorista a pesar de que el Gobierno venezolano sostiene que se trata de un «invento».
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó recientemente que «cada vez que alguien molesta, es colocado como jefe del Cártel de los Soles», algo que algunos países, como Estados Unidos, «llevan años inventando».
Además, el Parlamento Europeo ha solicitado una resolución parecida por el conjunto del bloque comunitario contra la supuesta red criminal, a la que señalan por «dar cobertura a grupos armados», una iniciativa que ha sido puesta también sobre la mesa a nivel nacional a través de la Comisión Mixta para la Unión Europea, que aprobó el lunes una iniciativa impulsada con Vox y pactada con el PP para instar al Gobierno a promover la inclusión del supuesto cártel en la lista de organizaciones terroristas de la UE.
Desde Caracas siguen mostrándose cautelosos: esta semana, Maduro dijo ejercer el «legítimo derecho a la defensa» ante las «agresiones» de Estados Unidos y amenazó con la «lucha armada» si Venezuela es «agredida».
Todo apunta a que Estados Unidos, que no parece contar de momento con preceptos legales suficientes para perpetrar este tipo de ataques en el Caribe, busca poner a Caracas contra las cuerdas a medida que amplía su presencia militar en la región, tal y como aseguran los expertos.
