Un hombre identificado como Carlos Eduardo Romero, alias “El Naranjo”, fue condenado a 144 años de prisión por el segundo juez del Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador por planear y ejecutar varios asaltos a furgones sobre la carretera Panamericana y San Salvador durante el 2021, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
La pena impuesta se desglosa de la siguiente manera: 139 años de prisión por los delitos de robo agravado y robo agravado en grado de tentativa, sumando cinco años adicionales por el cargo de agrupaciones ilícitas.
Según las investigaciones de la FGR, el modus operandi del imputado y sus cómplices consistía en vigilar e interceptar a las víctimas en la carretera, cruzándoles un vehículo en el camino para obligar a los conductores a desviar su ruta bajo amenazas y apoderarse de la carga.
En otras ocasiones, recurrían al engaño asegurándoles a los choferes que los furgones tenían desperfectos mecánicos o que iban derramando aceite. Una vez lograban que detuvieran la marcha, consumaban el robo de la mercadería, la cual posteriormente era comercializada en distintos mercados del país, explicó la FGR el pasado viernes en un comunicado de prensa.
Durante el juicio, la representación fiscal presentó abundante prueba testimonial, documental y pericial con la que se demostró de forma contundente la implicación de Romero en nueve hechos delictivos cometidos en perjuicio de 20 víctimas.
Romero compareció de forma presencial en la vista pública. El procesado ya registraba una condena previa por hechos de la misma naturaleza.
El imputado formaba parte de una red criminal dedicada al asalto de mercancías en furgones, una estructura que ya fue desarticulada y cuyos miembros han sido sentenciados por la justicia, aseguró la entidad fiscal.
En otras condenas divulgadas por la FGR en las últimas horas, un hombre identificado como Carlos Antonio Mendoza Lima fue condenado a 20 años de prisión por el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de Santa Ana, tras comprobarse su culpabilidad en la extorsión continuada en perjuicio de un comerciante de la localidad.
De acuerdo con las investigaciones presentadas por la FGR, el procesado estaba vinculado a pandillas y comenzó a exigirle diferentes sumas de dinero a la víctima desde principios de 2012.