El salvadoreño Carlos Iván Mendoza Hernández, de 36 años, continuará bajo custodia federal en Estados Unidos pese a que una jueza autorizó su libertad condicional mediante una fianza de $50,000, la cual aún está en revisión judicial.
El caso se remonta al pasado 7 de abril, cuando Mendoza Hernández resultó herido de bala tras una intervención de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante una parada de tráfico en Patterson, California, ubicada a unos 144 kilómetros al sur de Sacramento.
Las autoridades acusan al migrante de intentar atropellar a los agentes con su vehículo mientras trataba de escapar del lugar, lo que derivó en el uso de fuerza por parte de los oficiales.
El director interino del ICE, Todd Lyons, sostuvo que los agentes actuaron en defensa propia. Según su versión, los disparos ocurrieron después de que Mendoza Hernández moviera el vehículo para huir.
No obstante, testigos del hecho y el propio imputado contradicen ese relato y aseguran que los agentes abrieron fuego antes de que el automóvil se moviera, lo que habría provocado una reacción de supervivencia.
La jueza federal Allison Claire concluyó que no existen pruebas suficientes para establecer que el salvadoreño represente un peligro, y consideró que su intento de huida pudo haber sido una respuesta ante el riesgo percibido.
A pesar de esa valoración, la magistrada aceptó la solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos para que otro juez revise la decisión de otorgar la fianza, lo que mantiene detenido al acusado.
Mendoza Hernández ha sido sometido a cuatro cirugías tras el incidente y compareció ante el tribunal en silla de ruedas. Su defensa, encabezada por el abogado Patrick Kolasinski, denunció además la presencia de presuntos agentes migratorios en la sala, quienes podrían intentar detenerlo en caso de ser liberado.
El caso también ha generado controversia por versiones contrapuestas sobre su situación legal. Mientras ICE sostiene que era buscado en El Salvador por una supuesta acusación de asesinato y vínculos con pandillas, tanto el imputado como su abogado niegan esas acusaciones. El Departamento de Justicia, por su parte, no incluyó esos señalamientos en su comunicado oficial.
De ser declarado culpable por agresión contra agentes federales, Mendoza Hernández podría enfrentar hasta 20 años de prisión y una multa de $250,000. Incluso si obtiene la libertad bajo fianza, existe la posibilidad de que sea retenido por autoridades migratorias para iniciar un proceso de deportación.