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  • Corte estadounidense condena a cadena perpetua al narcotraficante mexicano «El Mayo» Zambada  

    Corte estadounidense condena a cadena perpetua al narcotraficante mexicano «El Mayo» Zambada  

    Ismael «El Mayo» Zambada, uno de los fundadores y principales líderes del Cártel de Sinaloa, fue condenado este lunes a cadena perpetua por una corte federal de Estados Unidos tras ser declarado culpable de tráfico de cocaína y fentanilo.

    La sentencia fue dictada por el juez Brian Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, varios meses después de que el narcotraficante mexicano, de 76 años, aceptara su responsabilidad por los delitos que le imputaba la Fiscalía estadounidense.

    Antes de escuchar el fallo, Zambada leyó una carta en español en la que pidió perdón a las víctimas de sus acciones, llamó a poner fin a la violencia en México y exhortó a los jóvenes a no seguir el camino del crimen organizado.

    «Nadie gana en este tipo de guerra», afirmó durante la audiencia. También expresó: «No puedo cambiar lo que hice, pero sí asumir responsabilidad».

    Además de la cadena perpetua, el juez ordenó el decomiso de $15,000 millones, tal como lo había solicitado la Fiscalía. No obstante, la resolución no contempla la imposición de una multa adicional contra el histórico líder del narcotráfico.

     

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    Semanas antes de la audiencia, la defensa de Zambada envió una carta al tribunal en la que aceptó que el acusado pasaría el resto de su vida en prisión, independientemente de que se le impusiera formalmente una condena de cadena perpetua. Asimismo, solicitó que fuera trasladado a una prisión con atención médica especializada debido a su deteriorado estado de salud.

    Aunque el juez Brian Cogan decidió no recomendar un centro penitenciario específico, pidió que las autoridades tomaran en consideración la condición física del condenado al momento de asignarle el lugar donde cumplirá la sentencia. La decisión final corresponde al Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos.

    Durante la audiencia, la Fiscalía expresó reservas sobre la petición de la defensa al señalar que Zambada aún mantiene contactos e influencia dentro de organizaciones criminales. Los abogados del narcotraficante buscan evitar que sea enviado al penal de máxima seguridad de Colorado, donde permanece recluido Joaquín «El Chapo» Guzmán.

    Según los reportes de la audiencia, «El Mayo» ingresó a la sala con visibles dificultades para caminar y mostró molestias físicas al tomar asiento. Vestido con un uniforme color caqui y una camiseta naranja, también evidenció problemas para comprender algunos momentos del proceso, pese a contar con traducción simultánea durante la lectura de la sentencia.

     

  • Fiscalía de Estados Unidos solicita decomisar $15,000 millones a El Mayo Zambada 

    Fiscalía de Estados Unidos solicita decomisar $15,000 millones a El Mayo Zambada 

    La Fiscalía federal de Estados Unidos solicitó este lunes a un juez de Nueva York ordenar el decomiso de $15,000 millones al narcotraficante mexicano Ismael “El Mayo” Zambada, además de imponerle una condena de cadena perpetua, tras su declaración de culpabilidad por múltiples delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado.

    La petición fue presentada ante el juez Brian M. Cogan, quien tiene a cargo el caso. Según la moción, la confiscación millonaria forma parte del acuerdo alcanzado cuando Zambada, de 76 años, aceptó su responsabilidad penal en agosto de 2025. La sentencia será dictada el próximo 20 de julio.

    En el documento, la Fiscalía sostiene que la magnitud de los delitos cometidos por el histórico líder del Cártel de Sinaloa es difícil de dimensionar. “Sería difícil exagerar la magnitud de los crímenes del acusado y la escala de la corrupción, violencia y otros males que propagó por México, Estados Unidos y el mundo”, señala el escrito judicial.

    Los fiscales también rechazaron una solicitud presentada por la defensa para evitar que Zambada sea enviado a una prisión de máxima seguridad y para que se priorice su estado de salud durante el cumplimiento de la condena.

    Aunque las autoridades indicaron que no se oponen a que el juez considere las condiciones médicas del acusado al emitir una recomendación, insistieron en que el narcotraficante representa un alto riesgo para la seguridad y advirtieron que las cárceles propuestas por la defensa no serían adecuadas para mantenerlo bajo custodia.

    La Fiscalía argumentó que “El Mayo” aún conserva una amplia red de colaboradores leales, entre ellos uno de sus hijos, quien actualmente lidera una facción del Cártel de Sinaloa. Por ello, advirtió sobre el riesgo de que continúe dirigiendo operaciones criminales desde prisión si no permanece bajo estrictas medidas de seguridad.

    Asimismo, recordó que la decisión final sobre el centro penitenciario donde cumplirá la condena corresponde al Buró Federal de Prisiones, institución que evaluará tanto el perfil criminal del acusado como sus condiciones de salud antes de determinar su destino.

    La solicitud de decomiso supera la orden emitida contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, cofundador del Cártel de Sinaloa, a quien se le confiscaron $12,600 millones. Según la Fiscalía, la diferencia corresponde a las ganancias ilícitas acumuladas por Zambada durante los años en que continuó al frente de la organización criminal tras la captura de su antiguo socio.

     

  • México insiste en esclarecer posible violación a soberanía en detención de «El Mayo» Zambada

    México insiste en esclarecer posible violación a soberanía en detención de «El Mayo» Zambada

    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insistió este miércoles en que aún existen contradicciones sobre la captura del narcotraficante Ismael «El Mayo» Zambada, ocurrida en julio de 2024, y reiteró que la principal preocupación de su Gobierno es determinar si durante el operativo hubo una violación a la soberanía mexicana.

    Las declaraciones de la mandataria surgieron luego de que el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reiterara que la detención del fundador del Cartel de Sinaloa no fue una operación del Gobierno estadounidense y que ni la aeronave ni el piloto utilizados pertenecían a las autoridades de ese país.

    Sheinbaum cuestionó esa versión al señalar que existe una contradicción con información conocida recientemente. “Lo que no explica es cómo es que el propio FBI presenta el avión en una feria como si hubiera sido un operativo del FBI. Esa es la contradicción”, afirmó.

    La mandataria sostuvo que Salazar mantiene la misma explicación que ofreció tras la captura del capo, pero aseguró que los nuevos elementos obligan a esclarecer lo ocurrido. “El exembajador dice lo mismo que dijo hace dos años. El problema es que recientemente se presenta el avión como un operativo del FBI en una feria”, expresó.

    Sheinbaum subrayó que el debate no gira en torno a la captura del líder criminal, sino al respeto de la soberanía nacional. “Pero el asunto aquí es si hubo una violación a la soberanía. Porque repito, el fin no justifica los medios. Por supuesto que este capo de la droga, este líder del Cartel de Sinaloa, pues qué bueno que está detenido. Aquí tenía orden de aprehensión. Pero el asunto es si hubo una violación a la soberanía en esa detención”, sostuvo.

    La presidenta agregó que su administración considera que existió “omisión, mentira por parte del exembajador” y explicó que solicitó a la Fiscalía General de la República incorporar esos elementos a la investigación que permanece abierta sobre el caso. También señaló que la captura provocó un conflicto interno entre grupos criminales en Sinaloa. “Porque no solamente es la violación a la soberanía, sino lo que ocurrió posteriormente en Sinaloa al provocar un conflicto interno en un grupo delictivo por ellos”, indicó.

    Por su parte, el canciller Roberto Velasco comparó el caso con el del médico mexicano Humberto Álvarez Machaín, trasladado a Estados Unidos tras ser secuestrado en México en la década de 1990. “Porque de por medio estaba la soberanía de México, independientemente de los delitos de los que se acusaba al doctor Álvarez Machaín”, afirmó, al defender que el combate al crimen organizado debe diferenciarse de la defensa de la soberanía nacional.

    La controversia resurgió esta semana después de que se conociera que el FBI donó a un museo estadounidense la avioneta en la que Zambada aterrizó en Estados Unidos. Mientras Ken Salazar sostiene que Washington no participó en la operación, la Fiscalía mexicana mantiene abierta la investigación y acusa al exdiplomático de haber faltado a la verdad al negar una posible participación de autoridades estadounidenses.

  • El exsecretario de Seguridad de Sinaloa comparecerá 1 de junio ante tribunal de Nueva York

    El exsecretario de Seguridad de Sinaloa comparecerá 1 de junio ante tribunal de Nueva York

    El exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, comparecerá el próximo 1 de junio ante una corte federal de Nueva York luego de ser detenido en Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico y conspiración relacionada con armamento.

    La Corte del Distrito Sur de Nueva York fijó este lunes una nueva audiencia para el exfuncionario mexicano, quien fue arrestado el pasado 11 de mayo en Arizona y trasladado posteriormente a territorio neoyorquino para enfrentar el proceso judicial.

    Mérida compareció por primera vez ante el tribunal el 15 de mayo, donde se declaró no culpable de los cargos presentados por la Fiscalía estadounidense, entre ellos conspiración para importar narcóticos, posesión de armas y conspiración para poseer armamento.

    Las autoridades estadounidenses sostienen que el exsecretario de Seguridad habría tenido participación en una estructura que brindaba protección al Cartel de Sinaloa a cambio de supuestos beneficios económicos y respaldo político.

    De acuerdo con documentos judiciales, los delitos imputados podrían derivar en una condena de cadena perpetua en caso de ser hallado culpable por la justicia federal estadounidense.

    El expediente también revela que el tribunal asignó una defensora pública a Mérida después de que el exfuncionario presentara una declaración jurada en la que afirmó no contar con recursos económicos suficientes para contratar abogados privados.

    La defensa estará a cargo de Sarah Krissoff, reconocida litigante en Nueva York y exfiscal federal en la misma corte donde actualmente se desarrolla el proceso judicial contra el exjefe policial mexicano.

    Las investigaciones estadounidenses vinculan a Mérida con la denominada “trama Rocha Moya”, una causa abierta por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York relacionada con supuestos nexos entre funcionarios públicos y el Cartel de Sinaloa.

    Según la acusación, políticos y mandos de seguridad cercanos al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, habrían recibido sobornos millonarios y apoyo electoral a cambio de facilitar operaciones del cartel y permitirles actuar con impunidad.

    Rocha Moya, señalado indirectamente dentro de la investigación, se apartó temporalmente de sus funciones mientras continúan las pesquisas en Estados Unidos.

  • ‘El Chapo’ Guzmán pide ser devuelto a México y denuncia violación de sus derechos en EEUU

    ‘El Chapo’ Guzmán pide ser devuelto a México y denuncia violación de sus derechos en EEUU

    El narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán solicitó su extradición a México mediante una carta enviada a un juez del Distrito Este de Nueva York, en la que denuncia supuestas violaciones a sus derechos procesales en Estados Unidos.

    El documento, fechado el 23 de abril y recibido por el tribunal el 1 de mayo, fue escrito a mano desde la prisión federal ADX Florence, en Colorado, donde cumple su condena.

    En la misiva, Guzmán expone que busca regresar a su país y plantea que su caso debería revisarse nuevamente, argumentando inconsistencias en el proceso judicial que derivó en su condena.

    “Mi nombre es Joaquín Guzmán y estoy luchando por una liberación por extradición de regreso a México”, escribió el exlíder del Cártel de Sinaloa en la carta enviada a la corte estadounidense.

    El capo también cuestiona la validez de las pruebas utilizadas en su contra, al señalar que, según su versión, no fueron debidamente comprobadas durante el juicio federal.

    Además, solicitó un nuevo juicio y propuso que ambos países establezcan un acuerdo diplomático que facilite su traslado. “Las partes de ambos países pueden acordar juntas la política para regresarme a mi país”, plantea en el documento.

    Guzmán fue condenado en julio de 2019 por la justicia estadounidense tras ser hallado culpable de múltiples delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado.

    La sentencia incluyó cadena perpetua por ocho cargos, además de 30 años de prisión por uso de armas y otros 20 años adicionales por lavado de dinero.

     

  • La acusación al gobernador de Sinaloa lleva al límite la relación entre EE.UU. y México

    La acusación al gobernador de Sinaloa lleva al límite la relación entre EE.UU. y México

    La solicitud de Estados Unidos para extraditar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico, abrió un escenario inédito en la relación bilateral con México, al involucrar directamente a un funcionario activo del partido oficialista.

    El caso provocó una fuerte reacción política en México, donde el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta un momento crítico en su relación con Washington, según analistas en materia de seguridad.

    De acuerdo con el investigador Andrés Sumano, la petición de extradición representa un “golpe muy fuerte” para la administración mexicana, al impactar directamente la estrategia de cooperación con Estados Unidos, especialmente tras el regreso de Donald Trump a la presidencia.

    Para el especialista en seguridad, esta petición de extradición contra Rocha Moya, del mismo partido que Sheinbaum, genera a México «problemas en todos los sentidos» al ser un «golpe muy fuerte» para el Gobierno federal y su estrategia de cooperación con la Casa Blanca, sobre todo desde el regreso del presidente estadounidense, Donald Trump.

    Además, es todo un «reto» para la política de seguridad de México, que había tenido recientemente resultados «muy notables» como el abatimiento del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), El Mencho, y la detención la semana pasada de su supuesto sucesor, conocido como El Jardinero.

    Tras el impacto inicial, agregó, le toca tomar una decisión a Sheinbaum, quien para Sumano solo tiene tres escenarios posibles: «arropar y proteger» a ese grupo de políticos – que «es lo que parece que está haciendo», dijo-; entregarlos a Estados Unidos o iniciar un procedimiento contra ellos en México.

    «Esta última a mí me parece hasta ahora la mejor opción de todas las que tiene, pero va a implicar evidentemente rompimientos al interior de Morena (partido oficialista)», apuntó.

    Por ahora, ve que la presidenta ha optado por «ganar tiempo» al reiterar que se necesitan pruebas y remitirse a lo que decida el Ministerio Público, aunque llegará un momento en que se «vencerán los plazos», así como la «paciencia» de la Administración estadounidense.

    Mientras tanto, el Gobierno mexicano ha optado por una postura de cautela, al señalar que se requieren pruebas y dejar el proceso en manos del Ministerio Público, aunque expertos advierten que el tiempo podría jugar en contra ante la presión estadounidense.

    «Esto es un golpe muy fuerte porque ya no es un tema narrativo (…) Ya se armaron los expedientes, ya pasaron por un gran jurado, ya hay una acusación formal»

    El análisis también advierte que una negativa a la extradición podría derivar en represalias por parte de Estados Unidos, que irían desde presiones económicas hasta acciones más severas en el ámbito internacional.

    El caso se sustenta en una acusación formal presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios, señalados de colaborar con el Cartel de Sinaloa, específicamente con la facción de Los Chapitos, para el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

    Este proceso marca un punto de inflexión en la política de seguridad mexicana y podría redefinir la relación entre ambos países en medio de crecientes tensiones diplomáticas.

     

  • El embajador de EE.UU. en México, Ronald Johnson, confirma que Ryan Wedding se entregó voluntariamente

    El embajador de EE.UU. en México, Ronald Johnson, confirma que Ryan Wedding se entregó voluntariamente

    El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, confirmó este viernes que el narcotraficante y exatleta olímpico Ryan Wedding se entregó de manera voluntaria en territorio mexicano, como resultado de la coordinación entre autoridades de ambos países.

    «La entrega voluntaria de Ryan Wedding fue resultado directo de la presión ejercida por las autoridades de procuración de justicia de México y de los Estados Unidos, que trabajaron en estrecha coordinación y cooperación», expuso el embajador en un comunicado.

    Johnson destacó que el caso representa un avance «concreto contra las organizaciones criminales transnacionales, los carteles y los narcoterroristas», y subrayó el compromiso del presidente estadounidense Donald Trump de perseguir a quienes «envenenan» las comunidades «con drogas y las amenazan con violencia».

    El embajador añadió que la entrega de Wedding da cuenta de la colaboración entre el gobierno estadounidense y la administración de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum «para que los delincuentes rindan cuentas dondequiera que operen».

    Finalmente, Johnson reconoció el trabajo conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) de México, así como del Departamento de Justicia estadounidense y el FBI, al considerar el caso como un ejemplo de cooperación bilateral en materia de seguridad.

    «Esta detención es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando trabajamos juntos como socios soberanos», zanjó la nota.

    Previamente, el FBI informó que Wedding, uno de los narcotraficantes más buscados de Estados Unidos, que ha sido comparado con Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, fue capturado el jueves por la noche en México y será extraditado a Estados Unidos.

    Wedding estuvo escondido en México durante más de una década y desde 2024 afronta cargos de tráfico de cocaína y asesinato en Estados Unidos, donde era uno de los fugitivos más buscados por el FBI.

    En noviembre de 2025, las autoridades estadounidenses incrementaron de 10 a 15 millones de dólares la recompensa por información que facilitara la captura de Wedding, quien representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City (Utah, Estados Unidos) en la modalidad de ‘snowboard’.

    Según la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, Wedding es el líder de una organización criminal transnacional que trafica cada año decenas de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y Canadá, procedentes de Colombia y a través de México.

    Wedding pasó de ser un atleta olímpico en 2002 a ser arrestado y sentenciado en 2010 a 48 meses de prisión por intentar transportar a Canadá 24 kilos de cocaína desde San Diego (EE.UU.).

    Tras cumplir su condena, fue extraditado en 2011 a Canadá, desde dónde intentó organizar el transporte de toneladas de droga para el cartel de Sinaloa, la organización de ‘El Chapo’.

    Cuando estaba a punto de ser detenido por la Policía canadiense, Wedding huyó a México desde donde ordenó el asesinato de varias personas y dirigió su red de narcotráfico.

  • EEUU arresta a uno de los narcotraficantes más buscados: Un excampeón olímpico canadiense que fue comparado con El Chapo Guzmán

    EEUU arresta a uno de los narcotraficantes más buscados: Un excampeón olímpico canadiense que fue comparado con El Chapo Guzmán

    Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense y uno de los narcotraficantes más buscados por Estados Unidos, fue capturado en una operación no detallada por las autoridades, informó este viernes la cadena NBC News. Se le atribuía una estrecha colaboración con el Cártel de Sinaloa y estaba prófugo desde hace años.

    Aunque el informe no precisó el lugar exacto de su detención, las autoridades estadounidenses creían que Wedding se ocultaba en México bajo la protección de la organización criminal liderada anteriormente por Joaquín “El Chapo” Guzmán.

    En noviembre de 2025, Estados Unidos elevó a $15 millones la recompensa por información que permitiera localizarlo. Wedding representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, celebrados en Salt Lake City, en la disciplina de snowboard.

    “Que nadie se equivoque, Ryan Wedding es la versión moderna de Pablo Escobar. Es la versión moderna de ‘El Chapo’ Guzmán”, afirmó el director del FBI, Kash Patel, en una rueda de prensa ofrecida cuando se incrementó la recompensa.

    La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, también alertó sobre la peligrosidad del exdeportista.

    “Wedding es un exolímpico canadiense que ahora es el líder de una organización criminal transnacional”, dijo, y señaló que dicha estructura mueve cada año cerca de 60 toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense.

    Wedding fue arrestado por primera vez en 2010, cuando intentó trasladar 24 kilos de cocaína desde San Diego hacia Canadá. Recibió una condena de 48 meses de prisión y, al cumplirla, fue extraditado a su país de origen en 2011.

    Desde entonces, intentó coordinar envíos de grandes cantidades de droga para el Cártel de Sinaloa. Al conocer que la Policía canadiense se disponía a detenerlo nuevamente, huyó a México. Desde allí, según las investigaciones, ordenó asesinatos y siguió dirigiendo su red de narcotráfico a gran escala.

     

  • Aplazan sentencia del narcotraficante mexicano «El Mayo» Zambada hasta abril de 2026

    Aplazan sentencia del narcotraficante mexicano «El Mayo» Zambada hasta abril de 2026

    Un juez federal estadounidense aplazó este jueves la fecha de sentencia del narcotraficante mexicano Ismael ‘El Mayo’ Zambada tres meses, hasta el 13 de abril de 2026 a las 10:00 de la mañana, tras una petición de su defensa, según la plataforma judicial en línea.

    El abogado de Zambada, Frank Pérez, había solicitado más tiempo para preparar los documentos para la audiencia de sentencia, inicialmente programada el 13 de enero, por dificultades para recabar información que relacionó con la «violencia e inestabilidad» en México, indica una moción.

    El juez Brian Cogan dictó hoy que la defensa de Zambada, quien se declaró en agosto culpable de dos cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas, debe entregar esos documentos antes del 30 de marzo de 2026, y la Fiscalía tiene un plazo de réplica hasta el 6 de abril.

    La defensa indicó que tenía «dificultades logísticas para organizar conversaciones, obtener cartas y asegurar otra información de contexto esencial de testigos y familiares» de Zambada debido a «retrasos en viajes y comunicaciones» y confirmaciones de disponibilidad tardías.

    También, indicó que el fiscal adjunto asignado al caso, Francisco Navarro, no se había opuesto a su solicitud.

    Zambada, cofundador y líder histórico del Cartel de Sinaloa, y que inicialmente estaba acusado de 17 cargos, reconoció en su acuerdo de culpabilidad haber liderado una organización criminal desde 1989 hasta 2024 y participado en actividades delictivas vinculadas al narcotráfico.

    El que fuera mano derecha del narco Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, con más de medio siglo vinculado al narcotráfico, sumaba acusaciones en 16 tribunales federales de EE.UU. desde 2009, y los dos cargos por los que asumió responsabilidad acarrean pena de cadena perpetua.

    Zambada fue detenido en julio de 2024 tras aterrizar en el aeropuerto de Santa Teresa (Nuevo México, EE.UU.) en una avioneta junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo, quien, según El Mayo, le tendió una trampa para llevarlo a Estados Unidos y entregarlo a las autoridades.

  • Hernández, indultado por Trump, en paradero desconocido y con causas abiertas en Honduras

    Hernández, indultado por Trump, en paradero desconocido y con causas abiertas en Honduras

    El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), liberado este lunes en Estados Unidos gracias a un indulto de Donald Trump apenas un año después de ser condenado a más de cuatro décadas por narcotráfico, permanece en paradero desconocido y se desconoce si regresará a Honduras, donde aún enfrenta investigaciones y posibles procesos judiciales.

    Hernández, de 57 años, fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022, tras ser arrestado en febrero de ese mismo año en su residencia oficial de Tegucigalpa, poco después de finalizar su segundo mandato y entregar el poder a Xiomara Castro.

    En marzo de 2024, un jurado de la Corte federal del Distrito Sur de Nueva York (Manhattan) lo declaró culpable de tres cargos de narcotráfico y armas. Fue sentenciado a 45 años de prisión, cinco años de libertad vigilada y una multa de ocho millones de dólares.
    Hernández pidió a Trump ser indultado mediante una carta en la que lo elogiaba, recordándole la colaboración entre ambos países durante el primer mandato del republicano.

    El indulto, anunciado el pasado viernes, coincidió con el apoyo de Trump en las elecciones presidenciales hondureñas del domingo al candidato conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, quien mantiene una pugna en el recuento con el opositor Salvador Nasralla.

    Un juicio que comenzó en un tribunal de Nueva York

    Durante su juicio en Nueva York, se reveló que las más de 400 toneladas de cocaína implicadas en la condena podrían equivaler, según estimaciones de las autoridades estadounidenses, a miles de millones de dosis individuales.

    Además, durante el proceso, un testigo afirmó que Hernández habría comentado que planeaban “meter las drogas en las narices de los gringos», mientras que la Fiscalía lo acusó de utilizar su posición de poder para facilitar el tráfico de drogas, financiar campañas políticas con aportes de narcotraficantes -incluido el cartel de Sinaloa- y mantener estructuras estatales al servicio de estas redes, lo que describieron como un intento de convertir a Honduras en un “narcoestado”.

    Hernández, por su parte, se mantuvo firme en su inocencia durante todo el juicio, alegando que las acusaciones eran represalias de algunos testigos y que su actuación política -incluyendo la aprobación de la ley de extradicción con Estados Unidos y la gestión de 21 extradiciones durante su presidencia- formaba parte de su esfuerzo por combatir el narcotráfico en el país.

    El caso de Hernández se vinculó estrechamente con el de su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández, excongresista hondureño arrestado en 2018 en Miami y condenado en 2019 en Nueva York por narcotráfico.

    Durante el juicio de Tony, testigos señalaron a Juan Orlando como conspirador, aunque no fue acusado en ese momento. Sin embargo, sí se reveló que ambos habían recibido sobornos de organizaciones criminales como Los Cachiros, Valle Valle y el cartel de Sinaloa, para financiar campañas políticas y obtener protección.

    En paradero desconocido

    El indulto a Hernández sorprendió a muchos que se preguntan qué llevó a Trump a tomar esta decisión, particularmente en momentos en que ha intensificado su lucha contra el narcotráfico en la región del Caribe, con un costoso despliegue militar.

    Por su parte, y tras su liberación el 1 de diciembre de la prisión federal de alta seguridad de Hazelton, en Pensilvania, Hernández no ha dado señales sobre su paradero.

    Su liberación ocurre apenas un año después de su condena y tras un intento fallido de solicitar un nuevo juicio. Trump defendió la decisión del indulto, calificando el proceso en Nueva York como «injusto» y comparándolo con una «cacería de brujas».

    Mientras, el caso de Hernández ha generado un intenso debate en Honduras. Algunos sectores critican el indulto debido a su vinculación con el narcotráfico, mientras que otros destacan su papel en la cooperación con Estados Unidos y en la gestión de extradiciones de criminales durante su mandato.

    La polémica se agrava con la actual contienda electoral, donde la influencia de Trump y la permanencia de Hernández en paradero desconocido han generado una gran incertidumbre política.

    Con todo, el expresidente enfrenta todavía causas pendientes en Honduras; las investigaciones por corrupción, lavado de activos y otros posibles cargos continúan bajo la supervisión del Ministerio Público, que ha señalado que el perdón en EE. UU. no afecta a los procesos judiciales en el país.

    Así, si Hernández regresara a Honduras, podría enfrentar acciones judiciales adicionales, mientras que las medidas sobre sus bienes incautados y los expedientes en curso permanecen activas, dejando en suspenso su futuro político y judicial.