La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) anunció este miércoles el archivo del caso García Prieto y otro contra El Salvador, luego de verificar el cumplimiento de cuatro medidas de reparación ordenadas en una sentencia de 2007, aunque estableció que el Estado incumplió su obligación de concluir las investigaciones pendientes relacionadas con el asesinato de Ramón Mauricio García Prieto.
La decisión fue adoptada mediante una resolución del 27 de agosto de 2026, notificada este miércoles, con la cual el tribunal dio por concluida la supervisión del cumplimiento de la sentencia emitida el 20 de noviembre de 2007. El cierre del expediente se produjo pese a que la Corte determinó que las investigaciones sobre los posibles autores intelectuales del homicidio y las amenazas contra los padres de la víctima no fueron completadas.
El caso se originó por las deficiencias en las investigaciones del asesinato de Ramón Mauricio García Prieto y por la falta de esclarecimiento de las amenazas y hostigamientos sufridos por sus padres, José Mauricio García Prieto Hirlemann y Gloria Giralt de García Prieto. En su sentencia de 2007, la Corte IDH declaró la responsabilidad internacional de El Salvador por vulneraciones a los derechos a la integridad personal, las garantías judiciales y la protección judicial de ambos familiares.
El Salvador cumplió cuatro medidas de reparación
La sentencia estableció cinco obligaciones para el Estado salvadoreño, entre ellas concluir las investigaciones pendientes sobre el homicidio y las amenazas contra los padres de la víctima, publicar partes de la resolución judicial en el Diario Oficial y en un periódico de amplia circulación nacional, así como proporcionar asistencia médica, psiquiátrica o psicológica a los afectados.
El tribunal también ordenó el pago de indemnizaciones por daño inmaterial a José Mauricio García Prieto Hirlemann y Gloria Giralt de García Prieto, además del reintegro de las costas y gastos derivados del proceso. Durante la supervisión, la Corte emitió resoluciones el 3 de febrero y el 27 de agosto de 2010, así como el 27 de agosto de 2026, en las que constató el cumplimiento total de estas cuatro medidas.
Sin embargo, la obligación de concluir las investigaciones sobre los posibles autores intelectuales del asesinato y los actos de intimidación contra los padres permaneció sin cumplirse. En su última resolución, el tribunal determinó que El Salvador no actuó con la debida diligencia para corregir las deficiencias investigativas identificadas en la sentencia original.
Corte considera posible prescripción de investigaciones pendientes
La Corte IDH explicó que, debido al tiempo transcurrido desde los acontecimientos y a la inactividad estatal, era posible considerar que había operado la prescripción penal en las investigaciones pendientes. El tribunal señaló que este expediente no reunía las condiciones excepcionales establecidas en su jurisprudencia para impedir la aplicación de esa figura jurídica.
Ante esa situación, la Corte declaró incumplida la medida relacionada con las investigaciones, pero decidió finalizar su supervisión y archivar el expediente. La resolución no equivale, por tanto, a una declaración de cumplimiento total de las obligaciones impuestas a El Salvador.
El tribunal también recordó que el asesinato de Ramón Mauricio García Prieto no permaneció en completa impunidad, debido a que dos personas fueron condenadas como autores materiales del crimen. No obstante, la investigación de los posibles responsables intelectuales y de las amenazas contra los padres no alcanzó los resultados exigidos por la sentencia internacional.
La resolución fue adoptada por la Corte IDH bajo la presidencia del juez brasileño Rodrigo Mudrovitsch, con la participación de los magistrados Patricia Pérez Goldberg, Ricardo C. Pérez Manrique, Nancy Hernández López, Verónica Gómez, Alberto Borea Odría y Diego Moreno Rodríguez.
Con el archivo anunciado este 28 de octubre, la Corte Interamericana cerró la supervisión de un proceso que se mantuvo durante casi 19 años desde la sentencia contra El Salvador, dejando constancia tanto de las reparaciones cumplidas como de las investigaciones que el Estado no logró concluir.