Un juez federal de Estados Unidos ordenó este jueves a la administración del presidente Donald Trump facilitar el regreso de decenas de venezolanos que fueron deportados en marzo de 2025 a la prisión de máxima seguridad Cecot en El Salvador, permitiéndoles continuar sus procesos de inmigración si así lo desean.
El fallo del magistrado James Boasberg representa un revés significativo para la política de deportaciones masivas de la Administración y se aplica a un grupo de al menos 137 venezolanos que fueron enviados al Centro de Confinamiento para el Terrorismo (Cecot) bajo la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
Boasberg determinó que estas personas fueron privadas de su derecho al debido proceso al ser deportadas sin notificación ni oportunidad de impugnar esa decisión antes de ser sacadas de Estados Unidos, en clara violación de sus garantías constitucionales, y por ello el gobierno debe costear sus pasajes de regreso o aceptarlos en un puerto de entrada estadounidense.
La orden aclara que quienes regresen serán puestos bajo custodia al llegar a Estados Unidos para que sus casos migratorios, incluida la posibilidad de impugnar las acusaciones de pertenecer a la banda Tren de Aragua, puedan ser revisados ante los tribunales.
Boasberg ya había dictaminado en diciembre pasado que el Gobierno negó el debido proceso a este grupo de migrantes y debía ofrecerles una audiencia, y ahora amplió esa decisión al exigir que se les permita regresar para ejercer plenamente esos derechos.
El caso fue impulsado por organizaciones como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward, que argumentaron que la deportación fue ilegal y se ejecutó sin procedimientos judiciales adecuados. La sentencia también allana el camino para que los migrantes impugnen su designación como “enemigos extranjeros” bajo la ley invocada por Trump.
