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  • EEUU y El Salvador negocian términos de deportaciones de migrantes extranjeros

    EEUU y El Salvador negocian términos de deportaciones de migrantes extranjeros

    Los gobiernos de El Salvador han estado negociando los términos de las deportaciones de los migrantes extranjeros aseveró en su visita el senador republicano Ted Cruz, luego de que más de 250 migrantes venezolanos estuvieran recluidos en El Salvador durante cuatro meses. Todos fueron señalados de integrar la banda criminal «Tren de Aragua» por el gobierno de Estados Unidos y ahora están en Venezuela.

    “El presidente Trump y el presidente Bukele tienen una buena relación, y ellos han estado negociando los términos de las deportaciones de Estados Unidos a El Salvador”, fueron las palabras del senador republicano en El Salvador, a la pregunta de un periodista sobre si pediría al presidente Nayib Bukele que El Salvador acepte migrantes que están detenidos en Estados Unidos, de diferentes nacionalidades, tal como ya pasó con los venezolanos.

    En la misma conferencia, brindada el martes por la noche, el senador también respondió que Bukele ha sido un “socio importante” en la respuesta que ha dado el gobierno de Trump a la crisis “por los últimos cuatro años” del gobierno de Joe Biden, a quien señaló de mantener las fronteras “abiertas” por lo cual ingresaron “asesinos, violadores y miembros de pandillas” a Estados Unidos. El funcionario destacó la reducción de los cruces fronterizos ilegales desde la gestión Trump.

    El senador Ted Cruz en el Cecot, en El Salvador, el 26 de agosto. / Seguridad.

    “El presidente Bukele ha demostrado un liderazgo similar aquí en El Salvador, ustedes tienen un líder electo por la población que no se rendirá a los cárteles y los criminales, pero sí va a proteger a la población”, finalizó su respuesta sobre si pediría al presidente salvadoreño recibir más inmigrantes extranjeros expulsados por Estados Unidos.

    El senador Cruz visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) según las fotografías publicadas tanto por el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, y por el mismo senador.

    “Recorrimos el Centro de Confinamiento del Terrorismo Cecot, la cárcel de máxima seguridad más grande de América. Sin duda esta experiencia será clave para compartir los logros alcanzados en materia de seguridad y fortalecer nuestras estrategias contra el crimen organizado transnacional y el terrorismo”, indicó Villatoro, quien presentó a El Salvador como un “referente” en seguridad ante otras naciones.

    Ted Cruz elogió la estrategia de seguridad de El Salvador. / Ted Cruz.

    El CECOT fue el escenario principal del acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador para recluir a migrantes extranjeros expulsados por la administración Trump y señalados de ser criminales, aunque sin proceso judicial o condena. El gobierno de El Salvador también pidió a EEUU que le envíe a los “sicarios de la MS-13 que están en Estados Unidos”.

    El acuerdo se dio a cambio de $20,000 anuales por prisionero o $6 millones anuales e inició el 16 de marzo con la deportación de 238 venezolanos señalados de integrar la pandilla Tren de Aragua y 23 miembros de la MS-13. El 31 de marzo, EE.UU. deportó a otros 17 supuestos miembros del Tren de Aragua y de la MS-13.

    La mayoría de venezolanos se mantuvieron en el Cecot durante 125 días, del domingo 16 de marzo al viernes 18 de julio, día en el cual El Salvador devolvió a todos los venezolanos (252) en un acuerdo a cambio de la liberación de 10 estadounidenses y presos políticos venezolanos.

    Un mes después, el 18 de agosto, la BBC publicó un reportaje sobre el maltrato que denuncian ocho venezolanos mientras estuvieron recluidos en el Cecot, entre los cuales mencionan golpizas, tablazos, golpes en las costillas, encierro de 24 horas diarias, torturas en “La isla” o celda de aislamiento, y un caso de abuso sexual de cuatro guardias contra el maquillista Andry Hernández. Todos, según la BBC, estuvieron “incomunicados” con familiares y defensores. Dos de los ocho tenían órdenes de deportación.

    Estados Unidos ha expulsado a migrantes extranjeros a otros países como Ruanda, Uganda, Sudán del Sur, Costa Rica y México. Según la BBC y The Guardian, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) demandó al gobierno de Trump por la deportación de migrantes sin órdenes judiciales bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

    El senador republicano aseguró que Nayib Bukele no se rendirá a los cárteles y a los criminales. / Seguridad.
  • Senador Cruz sobre petición de El Salvador a EEUU de cabecillas de pandillas: “Tiene mucho sentido”

    Senador Cruz sobre petición de El Salvador a EEUU de cabecillas de pandillas: “Tiene mucho sentido”

    El senador republicano Ted Cruz, del estado de Texas, mostró su confianza en que les caerá “todo el peso de la ley” a los cabecillas de pandillas procesados por graves crímenes en Estados Unidos que sean retornados a El Salvador ante una petición del gobierno salvadoreño.

    “Es una propuesta que tiene mucho sentido, los Estados Unidos se enfocarán con toda la fuerza de la ley en detener a estas personas que justamente el presidente Trump ha nombrado como terroristas y sabemos que ellos han cometido una serie de crímenes horrendos como violaciones, trata de personas”, expresó Cruz, en una conferencia en la que anunció que El Salvador y Estados Unidos negocian los términos de las deportaciones de migrantes extranjeros, un acuerdo que inició con más de 250 venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

    “Sabemos que el presidente (Nayib) Bukele, que es un gran aliado, tampoco va a tolerar la violencia y, cuando vengan estas personas a enfrentar la justicia les caerá todo el peso de la ley”, respondió, ante la pregunta sobre si Estados Unidos confía en un aliado pese a señalamientos de un pacto con las pandillas y la liberación de un cabecilla que cumplía la condena.

    “El trabajo del presidente Bukele ha sido extraordinario, él está encarcelando a asesinos en serie”, insistió, ante una repregunta sobre el supuesto pacto con las pandillas durante la gestión de Bukele.

    El político estadounidense subrayó la disminución de la tasa de homicidios en El Salvador de 100 por cada 100,000 habitantes en 2015 a 1.9.

    “He platicado con personal de la Embajada, militares de Estados Unidos, los comentarios han sido unánimes y todos dicen que se sienten más seguros, que pueden caminar a casa sin temor a ser secuestrados y esa es la labor más importante”, reiteró.

    En abril pasado, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, reveló que una de las primeras peticiones del presidente Bukele al aceptar recibir a supuestos pandilleros del Tren de Aragua, fue que Estados Unidos enviara a los “sicarios de la MS-13”. “Y estuvo de acuerdo; dijo, miren, he construido estas cárceles y albergaré gente aquí. Primero, quiere a sus sicarios de la MS-13 que están en Estados Unidos, porque también son buscados por delitos en El Salvador”, expresó. También, la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, dijo el 4 de febrero que esta petición era un “tema de honor”.

    Un total de 27 cabecillas del “más alto rango de la MS-13” han sido imputados con cargos en el Distrito de Nueva York, Estados Unidos, acusados de asesinatos, atentados de asesinatos, agresiones, secuestros, narcotráfico, extorsión de personas y negocios, obstrucción de la justicia.

  • Costa Rica aprueba fondos iniciales para construir una cárcel tipo Cecot

    Costa Rica aprueba fondos iniciales para construir una cárcel tipo Cecot

    La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó este martes una primera partida de $15.5 millones para comenzar la construcción de una nueva cárcel inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador. El proyecto contempla espacio para 5,000 reos y una inversión total de $35 millones, de los cuales el resto será incluido en el presupuesto estatal de 2026.

    La iniciativa, respaldada por el presidente Rodrigo Chaves, surge como respuesta a la crisis de hacinamiento carcelarioy al incremento de la violencia vinculada al narcotráfico. Según el Ministerio de Justicia, el centro contará con 1,000 espacios de máxima seguridad, diseñados con apoyo técnico de El Salvador en planos y procesos constructivos.

    El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) advirtió a inicios de agosto sobre la “grave situación” del sistema penitenciario costarricense, que registra un hacinamiento del 29.5 %. En total, la capacidad real es de 13,666 plazas, pero actualmente hay 17,692 internos. La situación es más crítica en cárceles de hombres adultos, donde la sobrepoblación alcanza el 42.9 %, frente a un 6.6 % en centros para mujeres.

    El Gobierno costarricense justifica la necesidad de la cárcel al señalar que más del 70 % de los homicidios en el país están vinculados a disputas entre grupos de narcotráfico. En 2024, Costa Rica registró 880 asesinatos, la segunda cifra más alta de su historia, con una tasa de 16.6 por cada 100,000 habitantes. Un año antes, en 2023, el país alcanzó un récord de 905 homicidios, un aumento del 38 % respecto a 2022.

    La inseguridad ciudadana se ha convertido en el principal problema del país, según las encuestas, superando a la pobreza, el desempleo y el costo de la vida. El presidente Chaves ha responsabilizado al Poder Judicial, al que acusa de liberar a sicarios y narcotraficantes mediante medidas alternativas a la prisión, y al Poder Legislativo, por mantener leyes que califica de “garantistas” y “suaves”.

     

  • Congresistas y organizaciones tachan de "venganza" y "distracción" arresto de Abrego

    Congresistas y organizaciones tachan de «venganza» y «distracción» arresto de Abrego

    Congresistas y organizaciones civiles de Estados Unidos criticaron el arresto del migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), y pidieron para él acceso a un juicio justo, mientras lamentaron que su detención forme parte de una venganza del Gobierno estadounidense.

    «El Gobierno de (Donald) Trump lo ha dejado claro: están utilizando cruelmente a Kilmar Ábrego García como un peón y una distracción. Vivimos en un país de leyes, y por mucho que Trump lo odie, Kilmar Ábrego García tiene derecho al debido proceso», dijo en un comunicado la senadora demócrata por Maryland, Angela Alsobrooks.

    Ábrego García, quien fue deportado por error de la Administración y posteriormente traído de vuelta, fue arrestado esta mañana por agentes de Inmigración cuando acudía a una visita a los tribunales de inmigración de Baltimore (Maryland).

    El viernes fue liberado de una cárcel en Tennessee, a la espera de que se desarrolle un juicio de cargos federales por tráfico de personas y un proceso de deportación, por no suponer una amenaza para la comunidad o estar en riesgo de huir.

    El senador demócrata por Maryland, Chris Van Hollen, que viajó a El Salvador cuando el inmigrante fue deportado allí y trasladado a una cárcel, afirmó que el Gobierno debe permitir al salvadoreño la oportunidad de defenderse en los tribunales y dejar de «decir mentiras sobre su caso».

    Los abogados de Ábrego García indicaron el pasado sábado que el Gobierno estadounidense amenazándolo con su deportación a Uganda para conseguir un acuerdo de culpabilidad que le llevase a ser deportado a Costa Rica, un extremo que también fue ampliamente criticado por algunos congresistas.

    «Seamos claros: deportar a Kilmar Abrego García a Uganda no tiene sentido; no es su país de origen. Nada en este proceso ha sido justo. El ICE lo está atacando con crueldad. Esto es un arma del gobierno, no de la justicia», dijo la representante por Texas, Jasmine Crockett.

    Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) se sumaron a este llamado, e indicaron que la Administración de Trump está teniendo un «comportamiento vengativo» que alcanza al resto de migrantes que quiere expulsar del país.

    Por el momento, Trump se ha limitado a indicar que tienen la situación «bajo control» pese a que los abogados del migrante «están haciendo cosas a través de un sistema de tribunales liberales».

  • Costa Rica ofrece refugio a salvadoreño Kilmar Ábrego tras juicio en EE.UU.

    Costa Rica ofrece refugio a salvadoreño Kilmar Ábrego tras juicio en EE.UU.

    El Gobierno de Costa Rica manifestó su disposición de recibir al salvadoreño Kilmar Ábrego García, acusado en Estados Unidos por presunto tráfico de personas, una vez concluya cualquier condena penal en ese país, según informó la cadena ABC News este viernes.

    La decisión fue comunicada en una carta enviada por el ministro costarricense de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero, a la Embajada de Estados Unidos en San José. 

    En el documento, Costa Rica se compromete a otorgarle residencia o estatus de refugiado y a no trasladarlo a un tercer país, incluyendo El Salvador.

    “El Gobierno de Costa Rica (…) desea expresar su disposición a aceptar la transferencia desde Estados Unidos del señor Kilmar Armando Ábrego García al concluir cualquier condena penal que pueda cumplir”, indicó Zamora en la carta citada.

    El ministro también aseguró que, en línea con los convenios internacionales de protección de refugiados, Costa Rica no someterá a Ábrego a tortura ni persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social o por opinión política.

    La medida abre la puerta a que el salvadoreño, de 30 años, pueda permanecer en territorio costarricense bajo protección humanitaria al término de su proceso judicial en Estados Unidos.

    Juicio en EE.UU. y liberación en Tennessee

    Ábrego fue liberado el viernes de una cárcel en Tennessee y viajó a Maryland, donde reside su familia. Actualmente enfrenta un proceso en Estados Unidos por presunto tráfico de personas, cuyo juicio está programado para el 27 de enero de 2027.

    La libertad condicional de Ábrego García marca un nuevo capítulo en la saga que comenzó en marzo pasado cuando el Gobierno del presidente Donald Trump lo deportó a pesar de que un juez de inmigración le había permitido quedarse en el país, mientras revisaba su caso.

    El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) presentó cargos de tráfico humano contra Ábrego García, luego de que una orden judicial obligara a su regreso al país. Por su parte, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) había amenazado con detenerlo nuevamente para deportarlo si se le concedía la libertad condicional mientras enfrenta su proceso penal.

    En el caso penal por tráfico de indocumentados, los abogados de Ábrego García solicitaron a principios de esta semana a un tribunal de Tennessee que desestimara la acusación, alegando que su defendido está siendo objeto de persecución por parte del Departamento de Justicia.

    Los abogados han incorporado una denuncia presentada por el exfiscal del Departamento de Justicia, Erez Reuveni, quien afirma haber sido despedido tras negarse a presentar un escrito engañoso en el caso.

    “Este caso es el resultado del esfuerzo concertado del gobierno para castigarlo por tener la audacia de defenderse, en lugar de aceptar una brutal injusticia”, escribió su equipo en la moción citada por la televisora WUSA9.

    La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha dicho sobre el salvadoreño: “Tiene un historial de toda una vida de tráfico de personas y de aprovecharse de menores, solicitándoles pornografía, fotos de ellos desnudos, abusando de su esposa, abusando de otros inmigrantes ilegales, extranjeros que estaban en este país, mujeres que estaban bajo su cuidado mientras él las traficaba”. 

    «Es un ser humano horrible y un monstruo, y nunca debería ser liberado», añadió la secretaria.

    Otros funcionarios de la Administración también han tachado al inmigrante salvadoreño de “criminal peligroso”.
    Los abogados de Abrego García en el caso penal afirmaron que esos comentarios tenían el potencial de “manchar el jurado” y poner en peligro a Abrego García y a su familia.

     

  • Abogados de Kilmar Ábrego acusan a Trump de venganza política por deportación ilegal

    Abogados de Kilmar Ábrego acusan a Trump de venganza política por deportación ilegal

    La defensa de Kilmar Armando Ábrego García, inmigrante deportado de manera ilegal a El Salvador en marzo, acusó este martes al Departamento de Justicia de emprender una “persecución judicial por venganza”, luego de que el salvadoreño y sus abogados impugnaran su expulsión.

    La acusación fue presentada en un documento de 35 páginas ante la Corte Federal del Distrito de Nashville, en el que denuncian una supuesta campaña del gobierno para castigar a Ábrego García desde hace casi cinco meses.

    Los abogados recordaron que funcionarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deportaron a Ábrego violando una orden judicial, y en vez de enmendar el error y regresarlo, “la Casa Blanca inició una campaña pública para castigar al señor Ábrego por atreverse a defenderse, que culminó en una investigación criminal”.

    “Kilmar Ábrego García ha sido blanco del gobierno de Estados Unidos. No es por la gravedad de su conducta, ni porque represente una amenaza. Fue acusado por negarse a aceptar la violación de sus derechos constitucionales”, ”, escribieron los abogados..

    Segunda ofensiva legal contra la administración Trump

    Esta es la segunda vez que los abogados de Ábrego García señalan directamente al gobierno del presidente Trump por su manejo del caso. En junio, solicitaron a la jueza federal Paula Xinis, en Maryland, sancionar a la administración por desobedecer sus órdenes de forma “flagrante y sostenida”.

    Actualmente, el caso civil y penal del salvadoreño avanza hacia un punto clave: podría ser liberado el viernes, luego de que un juez federal suspendiera por un mes su liberación original. El gobierno deberá decidir si continúa el proceso penal o lo entrega nuevamente a autoridades migratorias para reintentar deportarlo.

    Ese mismo martes, la defensa pidió a la Corte en Tennessee que autorice su retorno a Maryland en libertad, bajo la protección de la orden de la jueza Xinis, quien prohibió su reexpulsión sin previo aviso de tres días hábiles.

    Los abogados aseguran que las acusaciones penales surgen como represalia por haber demandado su retorno desde El Salvador, tras su deportación errónea a una prisión con historial de terrorismo. Afirmaron que las autoridades “se aferraron rápidamente a afirmaciones infundadas” de que era miembro de la MS-13 para justificar su expulsión.

    Las declaraciones fueron replicadas públicamente por altos funcionarios, incluyendo al vicepresidente JD Vance, quien en abril lo calificó como “miembro convicto de la MS-13 sin derecho legal a estar en el país”.

    Según sus abogados, estas acusaciones formaban parte de una campaña para desacreditarlo, en la que fue tildado como “pandillero”, “depredador ilegal”, “traficante humano” y “terrorista”.

    En junio, fiscales federales en Tennessee reabrieron una investigación por un incidente ocurrido en 2022, cuando Ábrego fue detenido transportando a varios hombres hispanos, algunos en situación irregular. Aunque el FBI conocía el hecho, decidió no presentar cargos entonces.

    Los abogados argumentan que el gobierno reactivó el caso únicamente porque el inmigrante logró evidenciar su expulsión ilegal. “Los hechos no han cambiado desde hace tres años. Lo que cambió fue que el gobierno lo deportó ilegalmente y él decidió denunciarlo”, afirmaron.

    Trump celebró acusaciones como mensaje político

    Tras revelarse la acusación penal, el subfiscal general Todd Blanche reconoció públicamente que la investigación se activó después de que la jueza Xinis cuestionara la legalidad de la deportación. Poco después, el presidente Trump elogió la acusación y afirmó que era una forma de “mostrar cuán terrible es este sujeto”.

    “La ofensiva pública sin precedentes contra el señor Ábrego por ejercer sus derechos constitucionales, promovida por miembros del gabinete, líderes del Departamento de Justicia e incluso el presidente de Estados Unidos”, concluyó la defensa, “demuestra que esta es una rara ocasión donde la venganza gubernamental es evidente”.

  • Socorro Jurídico critica informe de EE.UU. sobre derechos humanos en El Salvador

    Socorro Jurídico critica informe de EE.UU. sobre derechos humanos en El Salvador

    La abogada Ingrid Escobar, directora de la ONG Socorro Jurídico Humanitario, cuestionó que el informe anual de derechos humanos del Departamento de Estado de EE.UU. correspondiente a 2024 “omite una enorme cantidad de denuncias” sobre abusos cometidos en El Salvador.

    El documento, publicado con varios meses de retraso por la Administración de Donald Trump, eliminó críticas dirigidas a El Salvador, Israel y Rusia, mientras aumentó los señalamientos contra Brasil y Sudáfrica.

    En el caso salvadoreño, el reporte sostiene que “no hubo informes creíbles de violaciones significativas de derechos humanos”, en contraste con el informe de 2023, que sí documentó casos de tortura y malas condiciones en las cárceles.

    Para Escobar, este cambio “matiza” la situación penitenciaria en el país y pasa por alto la existencia de más de 1.000 muertes en centros penales, de las cuales el SJH ha confirmado 433, muchas ocurridas antes de que los reclusos tuvieran derecho a una segunda audiencia. “No se le da la importancia debida a las muertes extrajudiciales en las cárceles”, advirtió.

    La directora del SJH también denunció que EE.UU. envió a más de 200 venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), acusados de integrar el Tren de Aragua, y señaló que este penal funciona “como un campo de concentración” donde se han documentado torturas y tratos crueles.

    Escobar sostuvo que Washington evita reflejar la magnitud de las violaciones de derechos humanos en El Salvador debido a su alianza coyuntural con el gobierno salvadoreño en materia de control migratorio. “Poner la verdad en el informe sería aceptar una culpa”, concluyó.

     

  • Venezuela dice que 20 migrantes retornados desde El Salvador eran requeridos por la justicia

    Venezuela dice que 20 migrantes retornados desde El Salvador eran requeridos por la justicia

    El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, confirmó que 20 de los 252 migrantes venezolanos repatriados desde El Salvador eran requeridos por la justicia del país, y de ellos, siete enfrentan cargos por delitos graves. Así lo informó el funcionario a través de su programa televisivo “Con el mazo dando”.

    “Ahí están a la orden de los tribunales, como corresponde; los demás están en su casa”, señaló Cabello en declaraciones citadas en el sitio web del programa.

    El ministro reiteró que ninguno de los migrantes retornados está vinculado con el grupo criminal Tren de Aragua, una organización nacida en cárceles venezolanas y clasificada como organización terrorista por Estados Unidos. Cabello sostuvo que esa estructura “ya fue desmantelada” por las autoridades de Caracas.

    La repatriación de los 252 migrantes desde el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel en El Salvador diseñada para albergar pandilleros, se produjo este mes como parte de un intercambio diplomático entre los gobiernos de Nicolás Maduro y Joe Biden. El acuerdo también incluyó la liberación de presos políticos venezolanos y diez ciudadanos estadounidenses, en un proceso mediado por el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.

    Los migrantes venezolanos habían sido trasladados a la prisión salvadoreña en marzo pasado como parte de las nuevas políticas migratorias de Washington, que incluyen la expulsión de extranjeros considerados sospechosos o indocumentados. La permanencia de este grupo en el penal de máxima seguridad generó críticas de organizaciones de derechos humanos por la falta de acceso a procesos judiciales y las condiciones de reclusión.

    El caso ha llamado la atención internacional por el uso del Cecot como destino de migrantes y por el complejo intercambio político que facilitó su regreso, a pesar de la ausencia de relaciones diplomáticas formales entre Caracas y Washington. La noticia también ha puesto de nuevo bajo la lupa la situación de los migrantes venezolanos detenidos en terceros países y la forma en que son procesados bajo acuerdos bilaterales.

  • Juez ordena al Gobierno de Trump moderar comentarios sobre Kilmar Ábrego para un juicio justo

    Juez ordena al Gobierno de Trump moderar comentarios sobre Kilmar Ábrego para un juicio justo

    Un juez federal en Estados Unidos ordenó este jueves al Gobierno del expresidente Donald Trump abstenerse de emitir declaraciones públicas que puedan afectar el juicio del migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García, acusado de transportar personas indocumentadas en territorio estadounidense.

    La medida, adoptada por el magistrado Waverly Crenshaw, busca preservar la imparcialidad del proceso judicial que enfrenta Abrego en Nashville, Tennessee, donde fue trasladado tras haber permanecido por error en una prisión de máxima seguridad en El Salvador durante casi tres meses.

    “Para garantizar un juicio justo, todas las partes y sus representantes están obligados a evitar declaraciones extrajudiciales que interfieran con el derecho constitucional del acusado”, señaló Crenshaw en su resolución.

    El juez recordó que Ábrego debe ser considerado inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable.

    La defensa legal del migrante salvadoreño denunció ante el tribunal las declaraciones de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien en una conferencia de prensa lo calificó de “monstruo” y “ser humano horrible”.

    Noem también lo acusó sin juicio previo de haber cometido delitos como tráfico de personas, violencia doméstica y abuso sexual, pese a que Ábrego no ha sido condenado por esos cargos. “Nunca debería ser liberado”, afirmó la funcionaria públicamente, generando preocupación en los abogados sobre una posible contaminación del jurado.

    Críticas por trato a migrantes

    El caso ha generado repercusión internacional, especialmente entre defensores de los derechos humanos y críticos de las políticas migratorias de la administración Trump. Ábrego fue uno de los más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, que fueron deportados sin juicio y enviados a la prisión de alta seguridad del CECOT en El Salvador, lo que organizaciones civiles han denunciado como una forma de “desaparición forzada”.

    Los abogados del migrante salvadoreño aseguraron que la campaña del Gobierno para vincularlo con la pandilla MS-13 carece de fundamento judicial y que ningún tribunal en EE.UU. lo ha acusado formalmente por esos delitos.

    “La intervención del Tribunal es necesaria para proteger el derecho del Sr. Ábrego a un juicio justo, su seguridad personal y la integridad de los procedimientos legales”, indicaron los abogados en un escrito dirigido al juez.

    Ábrego, quien lleva más de una década viviendo en Maryland junto a su familia, se ha convertido en símbolo de las críticas contra las deportaciones masivas y detenciones arbitrarias impulsadas por el Gobierno republicano.

     

  • Un migrante venezolano presenta un querella civil en EEUU por haberlo enviado al CECOT

    Un migrante venezolano presenta un querella civil en EEUU por haberlo enviado al CECOT

    Uno de los más de 250 migrantes venezolanos enviados por Estados Unidos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador presentó este jueves una demanda civil contra el Gobierno, alegando que fue detenido y expulsado sin el debido proceso legal.

    Neyiyerver Adrián León Rengel, quien fue liberado la semana pasada y llevado de vuelta a Venezuela tras pasar más de 4 meses detenido en el CECOT, denuncia haber sufrido abuso «físico, verbal y psicológico» y pide $1.3 millones en retribución por daños.

    La demanda, interpuesta con el respaldo de la organización Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), es la primera que presenta uno de los venezolanos que fueron expulsados a El Salvador.

    «Los funcionarios federales le mintieron a Rengel, diciéndole que sería enviado a su país de origen, Venezuela. Sin embargo, pasó más de cuatro meses en El Salvador –un país que no es su lugar de origen ni donde tiene vínculos personales–, donde sufrió abusos», lee el documento.

    El venezolano, de 27 años, trabaja como barbero en Irving, a las afueras de Dallas (Texas) y fue detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el parqueadero de su apartamento.

    Entró en EE.UU. a través de la aplicación CBP One, un programa impulsado por el Gobierno de Joe Biden (2017-2021) para que los migrantes pudieran presentarse en la frontera sur y había solicitado también un Estatus de Protección Temporal (TPS).

    Las autoridades, detalla el documento, lo identificaron «erróneamente» como miembro de la pandilla venezolana Tren de Aragua y lo enviaron a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, invocada por Trump para expulsar a los venezolanos acusados de formar parte de este grupo criminal.

    En el CECOT, Rengel soportó condiciones «inhumanas y deplorables», de acuerdo con la denuncia: «fue recluido junto a 18 o 19 detenidos venezolanos más en una celda de apenas tres por tres metros. La mayoría de los días permanecían allí las 24 horas, con pocas o ninguna oportunidad de salir».

    Los guardias de seguridad de la prisión le golpearon «en su pecho y su estómago» con puños y bastones y, en una ocasión, lo llevaron a una zona de prisión sin cámaras donde fue «brutalmente agredido», continúa la denuncia.

    Desde LULAC, el director ejecutivo Juan Proaño, asegura que la historia de Rengel es un «llamado de atención para todos los estadounidenses que creen en la promesa de la Constitución y el estado de derecho.

    «El caso del señor Rengel es una parodia de la justicia que merece la atención nacional”, indicó Proaño en un comunicado.

    Washington y Caracas anunciaron el viernes pasado un acuerdo para enviar a los más de 250 venezolanos de vuelta a su país, a cambio de la excarcelación de diez ciudadanos y residentes permanentes estadounidenses detenidos en Venezuela.

    Los migrantes, quienes en su mayoría no contaban con antecedentes penales, pasaron meses incomunicados, en lo que organizaciones defensoras de los derechos humanos calificaron como «desapariciones forzadas».

    El Gobierno de Donald Trump los acusó de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua y llegó a un acuerdo con El Salvador para pagar alrededor de seis millones de dólares al año por su detención.