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  • Fiscalía vincula a 485 cabecillas de la MS-13 con más de 130 crímenes en La Libertad

    Fiscalía vincula a 485 cabecillas de la MS-13 con más de 130 crímenes en La Libertad

    La Fiscalía General de la República (FGR) continuó el martes con los alegatos finales ante el Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado, en el proceso judicial que se sigue contra 485 cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13), acusados de múltiples homicidios y desapariciones en el departamento de La Libertad.

    Durante la jornada, los fiscales expusieron los asesinatos atribuidos a las clicas que operaban en la zona central del país, particularmente aquellas pertenecientes a los programas Libertad, Delicias y Porteños, estructuras que mantenían presencia en distintos municipios de La Libertad.

    Entre los casos abordados figura el asesinato de la futbolista Jimena Granados, uno de los crímenes que forma parte del amplio expediente presentado por el Ministerio Público contra los líderes de la organización criminal.

    Granados era una futbolista que había jugado en el Atlético Marte y en Alianza Women. Había desaparecido en octubre de 2021 y sus restos fueron descubiertos en una fosa clandestina en Nuevo Cuscatlán en noviembre del mismo año.

    Según la Fiscalía, la mayoría de las víctimas eran civiles ajenos a las actividades delictivas de la pandilla, incluyendo menores de edad y adultos mayores. Además, se indicó que muchas personas continúan desaparecidas debido a que los pandilleros incineraban los cuerpos y dispersaban los restos para dificultar las investigaciones.

    Los representantes fiscales también detallaron la forma en que estaba organizada la estructura criminal en la zona y los mecanismos utilizados para ejecutar las órdenes emitidas por los cabecillas de la pandilla.

    Al concluir la audiencia de este martes, la FGR sostuvo que presentó suficientes elementos probatorios para respaldar las acusaciones formuladas contra los 485 procesados, vinculándolos con más de 130 casos de homicidios y desapariciones registrados en La Libertad.

    Las investigaciones permitieron además ubicar varios cementerios clandestinos en distintos sectores del departamento, donde las autoridades recuperaron restos humanos que posteriormente fueron incorporados a las pesquisas criminales.

    De acuerdo con la Fiscalía, los pandilleros asesinaban a muchas de sus víctimas bajo la sospecha de que colaboraban con la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada o cualquier otra autoridad estatal.

    El juicio contra los cabecillas de la MS-13 es uno de los procesos más grandes impulsados por el Ministerio Público contra la estructura criminal y busca establecer la responsabilidad de sus principales líderes en una serie de crímenes cometidos durante años en el occidente y centro del país.

     

  • El crimen organizado controla barrios donde viven 28.5 millones de brasileños

    El crimen organizado controla barrios donde viven 28.5 millones de brasileños

    Al menos 28.5 millones de brasileños residen en barrios bajo el dominio del crimen organizado, lo que representa un 19 % de la población del país, reveló una encuesta de la firma Datafolha, encargada por el Foro Brasileño de Seguridad Pública.

    Los resultados muestran un incremento de cinco puntos porcentuales respecto a 2024, cuando solo el 14 % de los entrevistados admitía vivir en zonas bajo influencia de grupos criminales, lo que evidencia el avance territorial de estas organizaciones.

    “Los datos parecen estar revelando un fenómeno de crecimiento y ampliación del poder de captura de las facciones en relación al control de territorios y mercados”, señaló Renato Sérgio de Lima, director del Foro, en declaraciones al diario Folha de São Paulo.

    Dentro del grupo que aseguró vivir en zonas controladas por el crimen, el 27 % declaró conocer la existencia de “cementerios clandestinos”, sitios empleados por las organizaciones criminales para desaparecer a sus víctimas.

    La encuesta, realizada entre el 2 y el 6 de junio, se basó en entrevistas a 2,007 personas mayores de 16 años en 130 ciudades brasileñas, y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.

    Según las autoridades, las organizaciones criminales con mayor presencia en el país son el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV). Ambas operan principalmente en el tráfico de drogas y armas, aunque también han extendido sus actividades a sectores como moteles, gasolineras y empresas tecnofinancieras, utilizadas para lavar dinero.

    El PCC, nacido en cárceles de São Paulo en la década de 1990, mantiene redes criminales activas en países como Bolivia y Paraguay. Además, otras facciones locales operan bajo su influencia o mediante alianzas.

    Ante esta expansión, el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva presentó en abril un proyecto de reforma constitucional para fortalecer el combate al crimen organizado. La propuesta busca aumentar las competencias del Ejecutivo federal en materia de seguridad, ampliar la actuación de la Policía Federal en delitos medioambientales, crimen organizado y grupos paramilitares, y garantizar recursos para su implementación.

    El proyecto aún se encuentra en análisis dentro del Congreso brasileño.