Etiqueta: centros penales

  • Hacienda pide $1,518,671 para financiar cocinas en centros penales y brazaletes electrónicos de reos

    Hacienda pide $1,518,671 para financiar cocinas en centros penales y brazaletes electrónicos de reos

    El viceministro de Ingresos y encargado del Ministerio de Hacienda, Juan Neftalí Murillo Ruiz, presentó a la Asamblea Legislativa una iniciativa para reformar la Ley de Presupuesto 2026 e incorporar $1,518,671.87 provenientes de préstamos externos destinados al Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) para financiar tres proyectos vinculados al sistema penitenciario

    Entre las iniciativas destaca el proyecto 8447, que contempla la construcción y equipamiento de cocinas industriales en centros penales priorizados, con una asignación de $470,000.

    El segundo componente corresponde al proyecto 8860, que prevé el suministro e instalación de dispositivos electrónicos para privados de libertad, con una inversión de $970,671.87, destinados a la adquisición de 776 brazaletes de monitoreo.

    Asimismo, se incluye el proyecto 8475 de fortalecimiento institucional de la unidad ejecutora del MOPT vinculada al programa financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con un monto de $78,000.

    Los fondos provienen del préstamo 2102 suscrito con el BCIE por hasta $71,000,000, destinado al programa de fortalecimiento del sistema penitenciario, del cual quedó un saldo disponible tras la ejecución previa del Ministerio de Seguridad.

    Según Hacienda, estos recursos permitirán financiar ajustes contractuales, auditorías, consultorías y la continuidad operativa de la unidad ejecutora, además de reforzar los mecanismos de control penitenciario.

    La reforma presupuestaria también contempla incrementar las asignaciones en el rubro de inversiones en activos fijos dentro del MOPT, con el objetivo de garantizar la ejecución de estos proyectos durante el ejercicio fiscal 2026.

     

     

  • Diputado de Arena cuestiona falta de debate sobre cadena perpetua

    Diputado de Arena cuestiona falta de debate sobre cadena perpetua

    El diputado de Arena, Francisco Lira, cuestionó este día que la Comisión Política de la Asamblea Legislativa no convocara al director de Centros Penales para discutir las reformas constitucionales y penales relacionadas con la implementación de la cadena perpetua en El Salvador.

    El legislador señaló que, aunque se anunció la convocatoria de expertos para analizar las reformas, se ha omitido la participación de funcionarios clave que podrían aportar información relevante sobre el sistema penitenciario.

    “En la Comisión Política se recibieron reformas para adecuar leyes a la cadena perpetua y se convocará a expertos.
    Pero evitan convocar ha ciertos personajes ¿por qué no convocar al Director de Centros Penales para conocer la reincidencia real de quienes ya cumplieron condena?», cuestionó Lira en redes sociales

    El legislador opositor también se preguntó: «¿Y por qué hay personas con orden judicial de libertad que siguen detenidas? ¿Por qué no dan la cara y explican?»

    «La justicia no puede ser selectiva. Sin datos y sin respeto a la ley, no hay debate serio”, agregó Lira.

    La Comisión Política tiene previsto analizar este jueves la ratificación de la reforma constitucional al artículo 27, así como modificaciones al Código Penal, la Ley contra Actos de Terrorismo, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) y la Ley Penal Juvenil.

    Para el estudio de estas reformas, están convocados el gabinete de Seguridad, el fiscal general y representantes de la Corte Suprema de Justicia, quienes deberán comparecer ante la comisión legislativa.

    El pasado martes, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma al artículo 27 de la Constitución que elimina la prohibición de la cadena perpetua y permite su aplicación para delitos como homicidio, violación y terrorismo, aunque aún requiere ratificación.

    En paralelo, el Ministerio de Seguridad presentó propuestas de reforma a varias normativas para incorporar la pena perpetua en delitos como homicidio simple y agravado, feminicidio, violación y pertenencia a organizaciones terroristas.

    Las reformas también contemplan la aplicación de esta pena a menores de edad, con la posibilidad de que un juez otorgue “libertad controlada” tras el cumplimiento de más de 25 años de prisión en el caso de menores, o más de 30 años si se trata de adultos.

     

  • Hijo de Catalino Miranda enfrenta nuevo juicio por presunta estafa de más de un millón de dólares

    Hijo de Catalino Miranda enfrenta nuevo juicio por presunta estafa de más de un millón de dólares

    La Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles que Adalberto Antonio Miranda, hijo del exempresario de transporte público y fallecido en 2025, Catalino Miranda, es acusado del delito de estafa agravada en perjuicio de la víctima identificada como Marcos Martínez Martínez.

    La audiencia fue realizada en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, según informó la FGR por medio de un comunicado de prensa, donde también aseguraron que el hijo del exempresario, presuntamente realizó un préstamo por un monto de $1,800,000, el cual, dejó de pagar al falsificar la cancelación de la hipoteca de dos inmuebles.

    Las investigaciones arrojan que supuestamente, Miranda logró la liberación de los registros del Centro Nacional de Registros (CNR) y del Viceministerio de Transporte (VMT) de las 78 unidades de transporte que en su momento ofrecieron en calidad de garantía.

    Estas presuntas irregularidades se cometieron en el 2019, ilegalidades en su calidad de representante de la cooperativa de transporte público ACOSTES de El Salvador, S.A. de C.V. y de la Asociación Cooperativa de Transporte de R.L..

    Miranda (hijo) presuntamente estafó a la víctima por un total de $1,300,000 cantidad que correspondía al saldo de una deuda que fraudulentamente se había tramitado como cancelada, aseguró la FGR en el escrito. La FGR prevé que el Tribunal de el fallo el próximo viernes 27 de marzo.

    A finales del 2023, el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador dio tres años de cárcel a Adalberto Antonio Miranda por haber aumentado el pasaje en las rutas 42 y 152.

    Cinco testigos declararon en su momento que las rutas habían incrementado el costo del pasaje más allá de lo establecido por el VMT. Según sus declaraciones, cobraron hasta $0.35, siendo el precio autorizado de $0.25.

    Catalino Miranda (padre de Adalberto) fue condenado en mayo de 2023 a tres años de prisión sin posibilidad de sustitución de la pena, tras confesar que había autorizado los cobros excesivos de pasaje en las rutas 42 y 152.

    Sin embargo, Miranda (padre) falleció a en septiembre de 2025 debido a padecimientos crónicos que se agravaron mientras estaba en prisión.

    Recientemente, el periódico digital El Faro reveló que la familia de Catalino Miranda pagó $35,000 para salir e instalarse en el Hospital Bautista, antes de ser diagnosticado con cáncer. La investigación señala que los pagos se hicieron a un narcotraficante nicaragüense, con vinculación al director de Centros Penales, Osiris Luna, y su madre.

  • Matricula para estudiantes de escuelas públicas sigue abierta informa ministra Trigueros

    Matricula para estudiantes de escuelas públicas sigue abierta informa ministra Trigueros

    La matrícula para estudiantes de escuelas públicas sigue abierta en todo el país informó este jueves la titular del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt), Karla Trigueros. El inicio de clases para el sector público está previsto para el próximo lunes.

    La ministra Trigueros se digirió este jueves a los padres de familia para indicarles que aún pueden acercarse a los diferentes centros educativos públicos para inscribir y matricular a sus hijos. La funcionaria no detalló hasta cuándo cerraría la matricula.

    Asimismo, reiteró que el inicio de clases para el sector público está previsto para el próximo lunes 2 de febrero. «Estamos felices de poder recibirlos en instalaciones nuevas, renovadas y todo con lo que sus hijos necesitan para desarrollar sus actividades académicas», afirmó.

    «La matrícula continua abierta, si usted no ha matriculado a su hijo todavía tenemos la matrícula abierta, acérquese a la escuela, inscríbalo, matriculelo, y este 2 de febrero los esperamos en el inicio del año escolar». Karla Trigueros, ministra de Educación.

    Hasta mediados de enero, Educación estimaba que la matrícula para el año escolar 2026 era de 1.2 millones de menores a quienes se les entregarán paquetes escolares con papelería, tablets y laptops y, zapatos escolares.

    Trigueros dijo a periodistas que durante el gobierno del presidente Nayib Bukele se han invertido unos $508 millones para la renovación de infraestructura de escuelas públicas en todo el país. Asimismo, dijo que actualmente hay 506 escuelas que están siendo intervenidas.

    La intervención de las escuelas es realizada por la Dirección de Obras Municipales (DOM) y el mobiliario como sillas, mesas y pupitres son elaborados por los reos en fase de confianza del programa Cero Ocio de Centros Penales.

    Además, Educación ya habría iniciado la distribución de los paquetes escolares para ser entregados a tiempo a los estudiantes. Trigueros prometió que habilitarán puntos de cambio de uniformes o zapatos para los estudiantes que no les queden los implementos que les sean entregados.

  • Procuradora admite que «hay hacinamiento» en centros penitenciarios, pero asegura hay aseo

    Procuradora admite que «hay hacinamiento» en centros penitenciarios, pero asegura hay aseo

    La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Raquel de Guevara asegura que las situaciones sobre el aseo en bartolinas y centros penitenciarios actualmente no son las mismas que encontró cuando realizó su primer período (2016-2019), ya que no hay enfermedades de la piel en  privados de libertad».

    «En mi primer período, cuando uno iba a verificar en las bartolinas, el problema era que todos los privados de libertad, en bartolinas, tenían problemas de piel, psoriasis y un montón de cosas por el hacinamiento que había en las bartolinas. ¿Por qué ahora no encuentro eso en los penales, si supuestamente hay saturación? Ahora cuando uno habla con los médicos y se pide el perfil epidemiológico nos dice que afecciones de bronquios, catarro, aveces problemas de diarrea, nunca, nunca me han dicho del tema de la piel, cuando en bartolinas encontrábamos eso y ahora no lo encontramos», expuso la funcionaria en una entrevista para Romeo Lemus News.

    Sin embargo, de Guevara sí admite que aún existe hacinamiento en centros penitenciario, pero recalca que sí hay aseo, porque ella misma lo ha verificado, asegura.

    «En los centros penitenciarios que hay hacinamiento, porque sí hay hacinamiento, porque no voy a negar esa realidad, pero no hay ese problema, quiere decir, que ha habido control, hay aseo, es lo que yo he visto, hay aseo, lo que yo he constatado, hay aseo, he visto la ropa de ellos tendida y lavada. En los centros de máxima se las lavan, porque ellos no salen», aseguró.

    la funcionaria asegura que los cambios que hay en todo el sistema penitenciario «son innegables», ya que las condiciones y la dinámica son distintas.

    «Ahora los cambios en el sistema penitenciario son innegables, innegables y no solo es una cárcel, sino en todo el sistema penitenciario, incluso el de máxima seguridad, las condiciones son diferentes y la dinámica es diferente… entonces también es necesario tener la capacidad de reconocer cuando algo está bien y es lo que he hecho», comentó.

    La procuradora comentó a manera de contexto, sobre el “Informe sobre la situación de los Derechos Humanos de las Mujeres Privadas de Libertad y las niñas y los niños que viven con sus madres en los centros penales de El Salvador” que coordinó, cuando era Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer y la Familia, en mayo 2009 y el procurador era Oscar Luna y dijo que en ese entonces los centros penales estaba plagados de parásitos.

    «Quiero mencionar este informe que yo presenté sobre la situación de las mujeres privadas de libertad viviendo con sus niños y niñas en los centros penales. Esta es una prueba fidedigna. En los penales, los hoyitos que se hacen en las paredes, estaban con garrapatas, chinches y de todo y en el informe está registrado eso, las condiciones en las que vivían las mujeres con sus niños niñas. Las recomendaciones que dimos es lo que hoy es la granja en Izalco. Yo conozco el antes y el hoy del sistema penitenciario», aseguró la funcionaria.

    Sobre el tema del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) dijo que también ha ingresado y ha podido verificar las condiciones, «que sean mínimas, pero, el peso de la ley debe caer también».

    En octubre de 2023, un informe sobre el régimen de excepción de siete organizaciones no gubernamentales, sostenía que hasta septiembre de esse año, se calculó que el hacinamiento carcelario alcanzaba un 236.57 % en el país, a pesar de la construcción del CECOT en Tecoluca.

    Desde el 27 de marzo de 2022, el gobierno ha capturado 89,975 «terroristas», bajo el régimen de exepción.

  •  Socorro Jurídico registra 450 muertes en cárceles salvadoreñas bajo régimen de excepción

     Socorro Jurídico registra 450 muertes en cárceles salvadoreñas bajo régimen de excepción

    La organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH) informó que al menos 450 personas han fallecido bajo custodia del Estado en diferentes cárceles de El Salvador desde que inició el régimen de excepción en marzo de 2022.

    La directora de SJH, Ingrid Escobar, confirmó este lunes que la cifra corresponde a casos verificados hasta el 31 de octubre de 2025.

    “El último caso registrado por la organización se trata del joven Humberto Adonay Mónico, de 35 años, que murió en el centro penal La Esperanza y su cuerpo presentaba signos de violencia, un golpe a nivel de cráneo y otro en la costilla”, denunció Escobar en declaraciones compartidas a la agencia EFE.

    La ONG señaló que la mayoría de muertes ocurrieron en los centros penales de Izalco, Mariona (La Esperanza) y Apanteos, y que muchas de las víctimas carecían de antecedentes por vínculos con estructuras criminales.

    “Según nuestros registros, el 94 % de los fallecidos no tenían perfil de pandilleros”, aseguró la directora del SJH, quien también alertó que la cifra real de muertes bajo custodia podría superar los 1,000 casos, debido a una supuesta falta de transparencia en los procesos judiciales masivos.

    La organización acusó al sistema judicial de intentar ocultar parte de esta información en los denominados juicios colectivos, permitidos desde 2023 tras una reforma penal aprobada por la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo. Dicha reforma permite juzgar a grupos completos por vínculos con pandillas, eliminando los procesos individuales.

    El régimen de excepción fue aprobado en marzo de 2022, tras un repunte de violencia que dejó más de 80 asesinatos en un fin de semana. Desde entonces, el Gobierno ha capturado a más de 89,900 personas, logrando una notable reducción en los índices de homicidios, según datos oficiales.

    No obstante, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias, torturas, y fallecimientos dentro del sistema penitenciario salvadoreño bajo este régimen.

    A pesar de las denuncias, el Gobierno ha negado en múltiples ocasiones, incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la existencia de torturas o muertes en prisión, asegurando que las acciones forman parte de una política de “mano dura” contra las pandillas.

     

  • Diputados proponen sustituir penal de Ciudad Barrios por un instituto tecnológico

    Diputados proponen sustituir penal de Ciudad Barrios por un instituto tecnológico

    Convertir el Centro Penal de Ciudad Barrios en un instituto técnico o una extensión de la Universidad de El Salvador de San Miguel fue la propuesta que un diputado de Nuevas Ideas y el diputado del Partido Demócrata Cristiano hicieron al ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro.

    Los diputados aprovecharon que el ministro llegó a explicarles el proyecto del presupuesto 2026 que tiene asignado para el Ministerio para hacer la propuesta.

    El primero en hacer la propuesta fue el diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, quien dijo que lo ideal sería sustituir el penal que está en la entrada de Ciudad Barrios por un instituto técnico.

    «Ciudad Barrios, un lugar turístico, la cuna de Monseñor Romero, pero el centro penal está en la entrada de la ciudad, entiendo que han existido traslados y que es poco el personal que se ha tenido ahí, entonces, el plan que se ha tenido ahí, al ya no existir un centro penal, que se pueda utilizar como un instituto técnico, esas estructuras reformarlas y modificarlas, pues hay mucha gente de muy escasos recursos en San Antonio del Mosco, que en un momento fue el municipio en segundo lugar con más extrema pobreza, y bueno son jóvenes que para ellos ir hasta San Miguel a la Universidad de El Salvador, aunque la universidad es gratuita, les causa muchos costos que no los podrían asumir, peor, pagar una universidad privada», propuso Navarro.

    En ese sentido, dijo que hacer esa intervención daría oportunidad a los jóvenes de la zona norte para que «converjan en un instituto técnico o una extensión de la Universidad de El Salvador, se lo dejo ministro. También, en Comacarán, en la oficina policial solo tienen un vehículo, son cuestiones que nos han reportado», le dijo Navarro.

    Villatoro respondió que ya tiene conocimiento del tema del penal de Ciudad Barrios y que es parte del trabajo que se está haciendo.

    «Tomo nota del tema de Ciudad Barrios, no es primera vez que lo hablamos en esta comisión y es parte del trabajo que estamos haciendo, para ir liberando estos penales que están bastante alejados y ahora que ya comencemos con los juicios posguerra, contra todas estas organizaciones terroristas, iremos teniendo todo eso», aseguró.

    El diputado Reinaldo Carballo también intervino sobre el tema y dijo que muchos jóvenes de cantones, como San Antonio del Mosco, a quienes dijo él les ha conseguido becas, ahora «son ingenieros aeronáuticos, significa que hay talento en esos cantones».

    «Desde Arena y el FMLN, yo también hice esa iniciativa porque ese penal, que yo siempre he criticado, de por qué penales tienen que estar dentro de las ciudades», cuestionó el pedecista, quien señaló que hacer una ampliación de la Universidad de El Salvador en San Miguel, en Ciudad Barrios, «es clave» para los jóvenes que viven en Chapeltique, Sesori, San Gerardo, Carolina, San Antonio del Mosco.

    «En todos estos pueblos hay jóvenes que no pueden seguir estudiando por recursos económicos y todos esos talentos se pierden, así que, si se lograra convertir en un tecnológico esas instalaciones, sería un gran beneficio para todos esos pueblos, porque eso es lo que hace falta para ese país: tecnológicos bien especializados, en cualquier rama, en aeronáutica tenemos toda la capacidad para ensamblar aviones en este país», insistió Carballo.

    El diputado enfatizó en la pobreza que ha existido en la zona y mencionó que las mujeres ganaban $1 por un petate que se hacían al día.

    «Hace unos doce años, en San Antonio del Mosco, las mujeres hacían petates, se hacían un petate por día y le pagaban $1 por petate, para que pueda ver hasta dónde es la pobreza de estos pueblos y la única herramienta para sacar de la pobreza a un joven, a un pueblo y a un país es la educación y tenemos que apostarle y, si tenemos la oportunidad de reubicar este penal de Ciudad Barrios a todos los presos en otro lugar y convertirlo en un gran tecnológico, pues, sería una gran ganancia para el país, así que también de mi parte le dejo ese encargo», dijo Carballo.

    «Gracias diputado, tomo nota del tema de Ciudad Barrios», se limitó a decir el ministro.

  • Gobierno aumenta en $56 millones el presupuesto de Centros Penales en 2026

    Gobierno aumenta en $56 millones el presupuesto de Centros Penales en 2026

    La Dirección General de Centros Penales (DGCP) dispondrá de un presupuesto de $128.6 millones para 2026, según el proyecto del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, lo que representa un incremento de $56 millones respecto al monto aprobado para 2025.

    El desglose del presupuesto establece que $47.1 millones serán destinados a remuneraciones y $80.8 millones a la adquisición de bienes y servicios. Además, se asignó $1 millón para la construcción, reparación, remodelación y equipamiento de centros penitenciarios en el país.

    El documento oficial subraya que estos fondos buscan apoyar la reintegración social de personas privadas de libertad, prevenir la reincidencia delictiva y fomentar una reinserción exitosa, con la colaboración de distintas instituciones del Estado para promover alternativas al encarcelamiento.

    En cuanto al número de plazas dentro del sistema penitenciario, el proyecto reporta 142 cargos, lo que supone una reducción de 22 respecto al año anterior. No obstante, las remuneraciones aumentarán en $4.1 millones, impulsadas por ajustes salariales.

    Los salarios van desde $204 para médicos u odontólogos en jornada parcial, $408 para motoristas, hasta $3,384 mensuales para el director general de Centros Penales.

    Dentro del presupuesto de Seguridad Pública y Justicia hay una unida presupuestaria denominada “Programa especial de combate a terroristas”, el cual también presenta un incremento, ya que en 2025 se le asignaron $10 millones, y para 2026 tendrá $15 millones.

    Según el Ministerio, esta iniciativa busca fortalecer a la Policía Nacional Civil (PNC) y demás instituciones de seguridad con armamento, vehículos, uniformes y equipamiento especializado, con el objetivo de enfrentar grupos terroristas, restaurar el orden público y mantener el control territorial en todo el país.

     

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  • Diputados aprueban $10 millones para alimentación en Centros Penales por el «incremento de la población reclusa»

    Diputados aprueban $10 millones para alimentación en Centros Penales por el «incremento de la población reclusa»

    Los diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobaron este martes un dictamen favorable para incorporar $10 millones adicionales al presupuesto del ramo de Seguridad Pública y Justicia, con el objetivo de fortalecer el servicio de alimentación en centros penitenciarios del país.

    La solicitud fue presentada por el Ministerio de Hacienda, que explicó que el incremento de privados de libertad en el sistema penitenciario ha generado nuevas demandas presupuestarias que requieren atención inmediata.

    “El Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, a través de la Dirección de Centros Penales, ha transformado el sistema penitenciario, convirtiendo los reclusorios en espacios de reinserción social y productiva… No obstante, el incremento de la población reclusa ha generado necesidades adicionales de recursos para cubrir el servicio de alimentación”, explicó Laura Arce, subdirectora general de Presupuesto.

    El gobierno salvadoreño solicitó modificar la Ley del Presupuesto 2025 para realizar la incorporación de fondos.

    La iniciativa detalla que los recursos se destinarán a “financiar obligaciones ineludibles e impostergables del servicio de alimentación de privados de libertad”, dentro del sistema carcelario nacional.

    El refuerzo financiero será cubierto con recursos disponibles del presupuesto vigente del ramo de Hacienda, con cargo al Fondo General de la Nación.

    La propuesta fue respaldada sin objeciones por los legisladores de la comisión, quienes votaron por unanimidad a favor del dictamen. Se espera que el documento sea ratificado durante la sesión plenaria ordinaria de este miércoles 17 de septiembre.