La organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH) informó este lunes que al menos 554 personas han fallecido en centros penitenciarios de El Salvador tras ser capturadas durante la vigencia del régimen de excepción, implementado desde marzo de 2022 como parte de la estrategia del Gobierno contra las pandillas.
La ONG confirmó la actualización de sus registros y afirmó que se trata de «personas que fueron capturadas y las mataron o dejaron morir por negación del derecho a la salud».
Asimismo, Socorro Jurídico Humanitario reiteró que «el 94 % de estas personas no tenían perfil de pandilleros y murieron bajo la tutela del Estado y en total impunidad», «sin haber sido vencidas en juicio».
La organización, creada para brindar asistencia legal a familiares de personas detenidas durante el régimen de excepción, señaló además que el número de fallecidos podría ser superior al registrado hasta ahora. Según la ONG, existiría un esfuerzo sistemático por ocultar información relacionada con estos casos dentro de los procesos judiciales masivos.
Hasta el momento, el Gobierno del presidente Nayib Bukele no se ha pronunciado sobre las cifras presentadas por la organización ni ha emitido una reacción oficial respecto a los señalamientos.
El régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 y prorrogado en 53 ocasiones, suspende garantías constitucionales como el derecho a la defensa y la inviolabilidad de las comunicaciones. De acuerdo con datos oficiales, más de 92,480 personas han sido detenidas bajo esta medida, acusadas de pertenecer o colaborar con estructuras criminales.
Esta política de seguridad se ha convertido en la principal estrategia del Ejecutivo para combatir a las pandillas y también ha sido uno de los pilares del respaldo ciudadano al presidente Bukele, quien obtuvo la reelección para un segundo mandato, pese a los cuestionamientos sobre la prohibición constitucional vigente al momento de su candidatura.
Por su parte, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos mantienen críticas al régimen de excepción y aseguran haber recibido más de 6,400 denuncias por presuntas violaciones a derechos humanos, principalmente relacionadas con detenciones arbitrarias y casos de tortura.