Rixi Moncada, candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), podría convertirse en la segunda mujer presidenta de Honduras tras las elecciones del próximo 30 de noviembre, sucediendo a la actual mandataria Xiomara Castro, marcando así un hito de continuidad femenina en el poder.
Sin embargo, expertas consultadas por EFE dudan que la presencia de una mujer al frente del Ejecutivo haya supuesto grandes avances en igualdad de género o detenido la violencia machista en Honduras, un país caracterizado por una sociedad patriarcal.
Moncada es la única candidata mujer, frente a los conservadores Nasry Asfura del Partido Nacional y Salvador Nasralla del Partido Liberal, de la mano de un partido de izquierda y con la mayoría de las encuestas a su favor.
Feminicidios al alza
Pese al logro feminista que supone una mujer presidenta en un país con una fuerte cultura machista, los feminicidios no han cesado ni se registran grandes avances en los derechos de las mujeres hondureñas, que aún no pueden abortar bajo ninguna circunstancia ni están mayormente representadas en las instituciones públicas.
En concreto, Honduras registró la tasa más elevada de feminicidios en 2024 en América Latina y El Caribe con un 4.3, según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) dadas a conocer esta semana en la víspera del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer.
El país centroamericano registra 7,746 muertes violentas de mujeres desde 2005 hasta 2024, siendo el quinto país del mundo con la tasa de feminicidios más alta, en base a recientes datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah).
La activista feminista Jessica Sánchez dijo a EFE que durante esta campaña política de cara a los comicios «se ha dado poco énfasis al tema de la violencia contra las mujeres y los femicidios”, toda vez que criticó la ausencia de pronunciamientos de alto nivel contra estos crímenes.
La activista sostuvo que, pese a promesas iniciales, “hay una deuda pendiente” en salud sexual y reproductiva, en la aprobación de una ley integral contra la violencia y en el fortalecimiento de las políticas públicas de género.
Derechos siguen siendo «limitados»
Sánchez reconoció que, aunque la presencia de una mujer en la Presidencia y otra con opciones reales de ganar representa un avance simbólico para Honduras, los resultados concretos en materia de derechos de las mujeres siguen siendo «limitados y desiguales».
La activista destacó logros puntuales del gobierno de Xiomara Castro, entre ellos la aprobación de la Ley Casa Refugio -“impulsada mayoritariamente por diputadas”- y la creación de unidades de género en diversas instituciones estatales.
También señaló que la candidata presidencial de Libre, cuyo coordinador general es Manuel Zelaya, expresidente, esposo y principal asesor de Xiomara Castro, incorporó “cinco o seis ejes relacionados con las mujeres” en su plan de gobierno.
Además Sánchez cuestionó la articulación de la agenda de género, que a su juicio sigue supeditada a las decisiones partidarias: “Hay un gobierno bicéfalo. Por una parte gobernó Xiomara, pero detrás estaban familiares hombres con otra agenda política que no priorizaba los derechos de las mujeres”.
Unas instituciones “patriarcales y machistas”
La activista denunció la existencia de un Parlamento que, en su opinión, sigue siendo “patriarcal y machista” y que frena reformas clave.
Sobre si estos liderazgos femeninos han transformado las percepciones sociales, Sánchez indicó que los datos no acompañan esa idea y señaló que solo el 6 % de las alcaldías están en manos de mujeres y que la representación femenina en el Parlamento no supera el 27 %, lo que, dijo, demuestra que “no ha habido un cambio sustantivo”.
Entre los desafíos pendientes mencionó la urgencia de formación sobre violencia política de género, ante recientes ataques personales contra funcionarias y candidatas, y la resistencia a aprobar la ley contra la violencia política y el reglamento de la Ley Casa Refugio.
Reclamó también la aprobación de una ley de reparación para sobrevivientes de violencia extrema, y alertó sobre casos graves de mujeres que quedan mutiladas sin apoyo estatal.
“No se daña solo a la mujer, se daña a la familia entera. Esto debe ser tratado con seriedad”, concluyó Sánchez, quien pidió medidas concretas y voluntad política para convertir los avances simbólicos en cambios reales.
