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  • La dictadura de Nicaragua mantiene a 77 opositores como presos políticos, denuncia ONG

    La dictadura de Nicaragua mantiene a 77 opositores como presos políticos, denuncia ONG

    Al menos 77 personas consideradas opositoras o críticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo permanecen detenidas en Nicaragua, incluidas 22 personas adultas mayores, denunció el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en su informe más reciente.

    De acuerdo con el reporte, 36 de los 77 presos políticos están en condición de desaparición forzada, lo que implica que sus familiares desconocen su paradero o situación legal. Los datos son respaldados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

    “Las familias de las personas desaparecidas llevan meses e incluso años buscando a sus seres queridos, sin que las autoridades brinden información sobre su paradero o situación legal”, advirtió el Mecanismo.

    Entre los detenidos hay 12 mujeres y 65 hombres, incluidos 10 arrestados antes del estallido social de 2018, que marcó el inicio de la actual crisis política en Nicaragua.

    La lista incluye al excomandante de la revolución sandinista Henry Ruiz, de 81 años, quien permanece en arresto domiciliario desde el 8 de marzo, bajo custodia policial. También aparece el general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, exasesor de Ortega.

    Otros casos señalados son los de los líderes indígenas Brooklyn Rivera Bryan, Steadman Fagoth Müller y Nancy Elizabeth Henríquez, todos adultos mayores, así como militares en retiro como Carlos Brenes, Víctor Boitano, Aníbal Rivas Reed y Eddie Moisés González Valdivia, además de los periodistas Fabiola Tercero y Leo Cárcamo.

    El Mecanismo —conformado por organizaciones de derechos humanos, redes de activistas, familiares de presos y abogados— alertó que la cifra real podría ser mayor, debido a que muchas familias temen denunciar por represalias del régimen.

    Nicaragua vive una crisis política y social desde abril de 2018, agravada tras las elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, con los principales opositores encarcelados, posteriormente expulsados del país y despojados de su nacionalidad por cargos de “golpismo” y “traición a la patria”.

     

  • La CIDH revisará denuncia de ONG sobre traslado "arbitrario" de 76 jueces en El Salvador

    La CIDH revisará denuncia de ONG sobre traslado «arbitrario» de 76 jueces en El Salvador

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisará la denuncia de la organización humanitaria Cristosal sobre el traslado «arbitrario» de 76 jueces que fueron removidos de sus cargos en 2021, según informó este miércoles la ONG.

    Cristosal indicó en un comunicado que la CIDH «analizará» su denuncia sobre el «cese y traslado arbitrario» de los 76 jueces en el país que gobierna Nayib Bukele.

    Los jueces fueron removidos en septiembre de 2021 «mediante la reforma a la Ley de la Carrera Judicial» en una medida que «impuso jubilaciones forzosas y afectó la independencia judicial, incluso en procesos como el caso de la masacre de El Mozote y lugares aledaños», precisó la misma fuente.

    Desde la perspectiva de Cristosal, el traslado de los jueces «formó parte del desmantelamiento democrático en el país, que inició con la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional en mayo de 2021».

    La denuncia ante la CIDH fue presentada por la organización no gubernamental en septiembre de 2021 por «la falta de debido proceso, la violación al principio de legalidad, la restricción de sus derechos políticos, la ausencia de protección judicial efectiva y la afectación» al derecho al trabajo de los jueces.

    «Como se expone en la denuncia, estas medidas respondieron a un proceso de concentración de poder en el Órgano Ejecutivo y a la eliminación de controles institucionales independientes, lo que debilitó gravemente el Estado de Derecho en El Salvador», recalcó la nota de prensa.

    Cristosal añadió que espera que este proceso pueda «sentar un precedente significativo para impedir que prácticas autoritarias similares se reproduzcan en otros países».

    En julio pasado, Cristosal suspendió operaciones en El Salvador «ante la escalada de criminalización» en su contra, por lo que se trasladó a Guatemala y Honduras.

  • CIDH lleva ante Corte IDH caso de guatemaltecos detenidos en El Salvador

    CIDH lleva ante Corte IDH caso de guatemaltecos detenidos en El Salvador

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el pasado 14 de agosto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de tres ciudadanos guatemaltecos detenidos de forma «arbitraria» en El Salvador y luego trasladados a Estados Unidos sin seguir un procedimiento judicial legal.

    El caso, según el informe de la CIDH, afecta a Álvaro Agustín Mejía, Juan del Cid Morales y Erik Donaire Constanza Bran, quienes viajaron en septiembre de 2006 desde Guatemala hacia San Salvador para una reunión de negocios. Al llegar, fueron interceptados por unos 30 agentes de la Policía Nacional Civil, sin orden judicial y sin recibir explicación sobre su arresto.

    Según la Comisión, los agentes los llevaron a un estacionamiento donde un agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) daba instrucciones. Posteriormente, los trasladaron en vehículos sin distintivos hasta un aeropuerto con apariencia de base militar, donde fueron subidos a un avión de la DEA con destino a Fort Lauderdale, Florida.

    Durante el vuelo, las víctimas fueron objeto de amenazas y malos tratos, además de haberles negado contacto con sus familias o con la Embajada de Guatemala. La CIDH sostuvo que “la entrega a la DEA no fue parte de un proceso de extradición”, ya que no existió una orden judicial ni oportunidad de defensa.

    La operación fue confirmada por documentos judiciales del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, los cuales indican que fue coordinada entre la DEA y la Policía salvadoreña. Sin embargo, el Estado salvadoreño respondió que no tiene registros policiales o judiciales de la detención. Incluso, la denuncia presentada en septiembre de 2006 por Silvia Marina Juárez de Del Cid por privación de libertad nunca recibió respuesta.

    “La Comisión Interamericana concluyó que el Estado salvadoreño es responsable por la violación de los derechos a la libertad personal, garantías judiciales, libertad de circulación y residencia y protección judicial”, expone el comunicado del organismo.

    La CIDH solicitó a la Corte que se ordene al Estado salvadoreño una “reparación integral” a las víctimas, que incluya compensaciones económicas, medidas de satisfacción, y atención médica y psicológica para los afectados “de forma concertada y si así lo desean”.

  • Informe denuncia desapariciones forzadas sistemáticas en Nicaragua desde 2018

    Informe denuncia desapariciones forzadas sistemáticas en Nicaragua desde 2018

    El régimen de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, ejecuta una práctica sistemática de desapariciones forzadas desde abril de 2018, en el marco de la crisis política y social que atraviesa el país, denunció este viernes un informe de organizaciones defensoras de derechos humanos.

    El documento fue elaborado por la Unidad de Defensa Jurídica, Raza e Igualdad, el Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos y el Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más. Como ejemplo, citan la muerte del preso político Mauricio Alonso Petri, detenido el 17 de julio y cuyo cuerpo fue entregado a su familia 38 días después en el Instituto de Medicina Legal de Managua.

    La investigación, divulgada en vísperas del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, sostiene que este mecanismo de represión afecta no solo a las personas privadas de libertad, sino también a sus familias, que enfrentan hostigamiento, incertidumbre y silencio oficial.

    “Cada desaparición deja vidas suspendidas: las de quienes son borrados por el Estado y las de quienes, desde afuera, sostienen la vida, la memoria y la resistencia”, señala el informe.

    Según la CIDH, más de 2,000 detenciones políticas en los últimos siete años han estado vinculadas a desapariciones forzadas. Las víctimas son trasladadas a centros clandestinos, sometidas a torturas físicas y psicológicas y privadas de contacto con sus familiares y abogados. El estudio advierte que desde 2023 estos procesos han pasado de durar pocos días a convertirse en desapariciones prolongadas, amparadas en la opacidad del sistema judicial.

    El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU concluyó que estas prácticas responden a un “plan criminal” del régimen Ortega-Murillo para neutralizar la disidencia. Además, el informe alerta que afectan con mayor crudeza a mujeres, adolescentes, líderes indígenas, personas adultas mayores y ciudadanos con enfermedades crónicas.

    Las presas políticas han denunciado violencia sexual y torturas con componentes de violencia de género, mientras que adolescentes sometidos a aislamiento prolongado desarrollaron tendencias suicidas. El estudio también resalta el impacto en familiares buscadores —en su mayoría mujeres— que enfrentan hostigamiento, altos costos económicos y graves afectaciones emocionales.

    Las organizaciones exigieron al Estado nicaragüense poner fin a la política de desapariciones forzadas, liberar a los presos políticos y establecer mecanismos independientes de verdad y justicia. Asimismo, llamaron a la comunidad internacional a mantener la vigilancia, exigir responsabilidades y acompañar a las víctimas.

    Nicaragua vive una crisis política desde hace siete años, agravada tras las elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato con sus principales contendientes encarcelados, despojados de su nacionalidad y expulsados del país.

     

  • CIDH insta a reconsiderar reforma de reelección presidencial indefinida en El Salvador

    CIDH insta a reconsiderar reforma de reelección presidencial indefinida en El Salvador

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó el viernes a reconsiderar una reforma constitucional aprobada y ratificada la semana pasada que habilita la reelección presidencial indefinida en El Salvador.

    «La CIDH insta a reconsiderar la reforma que permite la reelección indefinida o la permanencia prolongada de la misma persona en el Poder Ejecutivo», indicó el organismo en un comunicado y recordó la obligación que tiene el Poder Judicial de «realizar el control de convencionalidad en el ámbito de sus competencias y asegurar el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado».

    La CIDH consideró que «la medida representa un serio retroceso para la democracia y el Estado de derecho en el país, no solo por el contenido de la reforma, sino por su adopción de manera acelerada, sin debate legislativo ni consulta pública».

    Manifestó «su preocupación por la reforma constitucional que altera la duración del mandato presidencial y habilita la reelección indefinida para el cargo, entre otros aspectos».

    La Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó y ratificó, en una sola jornada el pasado 31 de julio, sin un análisis anterior ni debate, la reforma a los artículos 75, 80, 152 y 154 de la Constitución, con la que el presidente Nayib Bukele tendría vía libre para optar por un tercer mandato consecutivo.

    Bukele defendió el domingo la enmienda, a pesar de que en enero de 2024 dijo que no estaba buscando la reelección indefinida y sostuvo que en el país no existía «la figura de un plebiscito o referéndum para poder modificar eso».

    «Preocupa a la Comisión la falta de participación ciudadana y la acelerada aprobación de reformas de tal envergadura, las cuales afectan normas de acceso y ejercicio del poder político, esenciales para la democracia y el Estado de derecho», subrayó la CIDH.

    Recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) «ha establecido que la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa» y es contraria a tratados internacionales.

    Lamentó que «esta reforma constitucional tiene lugar en un contexto de profunda debilidad de la independencia judicial en el país, a partir de la destitución expedita de personas magistradas de la Sala de lo Constitucional de la Suprema Corte de Justicia en 2021, sin observar el debido proceso y causas específicas, y el inmediato nombramiento de otra composición».

    Dichos magistrados, entre ellos exabogados de altos funcionarios y exasesores del Gobierno, cambiaron una interpretación de la Constitución para habilitar la reelección inmediata, por lo que Bukele pudo competir en 2024 y ganar su segundo mandato consecutivo, pese a la prohibición constitucional.

    Este viernes, la diputada del partido opositor VAMOS, Claudia Ortiz, presentó ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema una demanda de inconstitucionalidad contra esta reforma, que también elimina la segunda vuelta y extiende el periodo presidencial a 6 años.

  • Experto electoral Malcolm Cartagena abandona el país y denuncia persecución política

    Experto electoral Malcolm Cartagena abandona el país y denuncia persecución política

    El experto electoral Malcolm Cartagena, reconocido por su rol en el Centro de Monitoreo Político de Acción Ciudadana, anunció el viernes su salida forzada de El Salvador, debido a un deterioro de salud y una creciente persecución política.

    A través de una publicación en su cuenta de X (antes Twitter), Cartagena relató que su decisión fue motivada por el riesgo que implicaba permanecer en el país sin acceso adecuado a tratamiento médico.

    “Desde hace unos meses he vuelto a necesitar de una máquina para vivir, pero era eso, salir, o arriesgarme a vivir lo que han sufrido personas como Atilio (Montalvo)”, expresó.

    La organización Acción Ciudadana denunció el pasado 25 de junio una inusual actividad de la Policía Nacional Civil (PNC) en la residencia de Cartagena. Según el comunicado, los agentes realizaron interrogatorios a vecinos, pidieron información personal y preguntaron si el analista electoral tenía vehículo, un patrón similar al de capturas recientes de defensores de derechos humanos.

    “La salida no fue sencilla”, escribió Cartagena, quien aseguró haber sido hospitalizado por varios días tras llegar a su país de destino. No reveló su paradero por motivos de seguridad, pero afirmó que continuará su lucha por la democracia y los derechos políticos desde el exilio.

    “Desde este lugar seguiré aportando con mis conocimientos en materia electoral y derechos políticos a fin de que este país no regrese a un pasado sangriento… ni se condene a vivir en una dictadura”, expresó Cartagena.

    La salida de Malcolm Cartagena se suma a la de al menos 130 activistas de derechos humanos y periodistas, que según organizaciones humanitarias, han abandonado El Salvador en los últimos cinco años.

    En su mensaje, Cartagena expresó su apoyo a quienes aún luchan dentro del país: “A los que siguen allá en el terruño, dando la batalla contra la dictadura: no desfallezcan, esto un día se va a acabar”. También citó a la abogada Ruth López con el mensaje #TenganDecencia, dirigiéndose a quienes ejercen represión política.

     

  • Organizaciones alertan que 130 defensores y periodistas salieron de El Salvador por seguridad en últimos cinco años

    Organizaciones alertan que 130 defensores y periodistas salieron de El Salvador por seguridad en últimos cinco años

    Al menos 130 activistas de derechos humanos y periodistas han tenido que salir de El Salvador en los últimos cinco años por su seguridad y para «proteger su integridad», según revelaron organizaciones humanitarias este miércoles en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

    Ursula Indacochea, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, en inglés), dijo que «80 personas ha salido tan solo en los últimos tres meses: al menos 33 personas defensoras de derechos humanos y 47 periodistas, según datos de las organizaciones solicitantes y de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES)».

    «En la búsqueda de seguridad y condiciones que les permitan continuar su trabajo y proteger su integridad y la de sus familias, muchas personas defensoras se han visto forzados a huir de El Salvador. Cifras de la sociedad civil indican que al menos 130 personas han salido del país en los últimos 5 años».
    Ursula Indacochea, de la Fundación para el Debido Proceso.

    Apuntó que «el éxodo de personas salvadoreñas se ha incrementado significativamente en los últimos meses» tras la detención de al menos cuatro defensores de derechos humanos.

    Se trata del líder comunitario y pastor evangélico José Ángel Pérez, el abogado ambientalista Alejandro Henríquez, la abogada anticorrupción Ruth López, y el abogado constitucionalista y crítico del Gobierno de Nayib Bukele, Enrique Anaya.

    A estas detenciones, precisó Indacochea, se suma «la vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros, que graba con un impuesto del 30 % las donaciones internacionales y que eleva a un 50 % los impuestos a las organizaciones, además de ser calificada como «confiscatoria».

    Lamentó que «desde el año 2020 a la fecha, cuando toma fuerza una nueva forma de autoritarismo en el país, muchas personas han sido objeto de persecución como consecuencia directa de su labor de defensa de derechos humanos o periodística, particularmente al exponer abusos de poder, corrupción a gran escala, violaciones de derechos humanos y actividades de grupos criminales».

    «En ese escenario, los únicos caminos posibles para quienes son perseguidos parecen ser la autocensura, la cárcel o el exilio», alertó.

    En esta audiencia, en la que el Gobierno de Bukele se negó a participar por estar en desacuerdo con el título de la sesión, las organizaciones humanitarias pidieron a la CIDH «priorizar el trámite de medidas cautelares y peticiones individuales relacionadas».

    También llamaron a instar al Estado salvadoreño a derogar un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 «debido a que está siendo utilizado para criminalizar y perseguir personas defensoras de derechos humanos, ambientalistas, periodistas y voces críticas».

    Además pidieron exhortar al Estado salvadoreño a «garantizar el retorno seguro de quienes se han visto forzados al exilio por temor a la criminalización».

  • Gobierno salvadoreño se niega a participar en audiencia de CIDH sobre defensores de DDHH

    Gobierno salvadoreño se niega a participar en audiencia de CIDH sobre defensores de DDHH

    El Gobierno de El Salvador se negó a participar este miércoles en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por estar en desacuerdo con el título de la sesión pública, en la que organizaciones humanitarias denunciarían la detención, persecución y exilio de activistas.

    La comisionada Andrea Pochak señaló que el Gobierno de Nayib Bukele avisó su declinación momentos antes del inicio de la sesión mediante una carta.

    «(El Salvador) expresa su preocupación por el título de la audiencia, ya que considera que el mismo ya contiene un sesgo inherente, sugiriendo que la CIDH da por ciertos los señalamientos de la solicitud de los peticionarios», dijo El Salvador, según indicó Pochak.

    Agregó que El Salvador manifestó que esto «es incompatible con el principio de soberanía nacional, pues somete de manera anticipada al Estado frente a argumentos meramente especulativos y no comprobados».

    La referida audiencia pública se tituló ‘El Salvador: Consecuencias del cierre del espacio cívico para las personas defensoras de derechos humanos’.

    Esta no es la primera vez que el Gobierno salvadoreño se niega a participar en audiencias de la CIDH, según explicó Pochak, ya que declinó en al menos seis sesiones entre los años 2020, 2021, 2022 y 2023.

    Recientemente, la organización Cristosal anunció el cierre de sus operaciones en El Salvador a raíz de una «escalada represiva» contra activistas por el Ejecutivo de Nayib Bukele.

    En tanto, otras organizaciones han dejado de expresarse públicamente como medida de seguridad o han reducido sus acciones ante la aprobación de una Ley de Agentes Extranjeros y la reducción de la cooperación internacional.

    El Gobierno de Bukele ha recibido críticas en las últimas semanas por las detenciones de al menos cinco activistas y críticos de su Administración.

    Entre estos se encuentra la abogada anticorrupción Ruth López, reconocida en 2024 por la BBC como una de las mujeres más influyentes, el abogado constitucionalista Enrique Anaya, el abogado ambientalista Alejandro Enríquez, el pastor y líder comunitario José Ángel Pérez y el portavoz de una organización humanitaria Fidel Zavala.

    También se conoció la salida de la activista y directora del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar, tras conocer sobre una posible «detención arbitraria» en su contra.

  • CIDH, relatora de la ONU y Amnistía Internacional lamentan salida de Cristosal de El Salvador

    CIDH, relatora de la ONU y Amnistía Internacional lamentan salida de Cristosal de El Salvador

    Los relatores de libertad de asociación de las Naciones Unidas y de libertad de expresión la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como la CIDH y las organizaciones internacionales Amnistía Internacional, Human Right Watch y la Fundación Kennedy Human Rights mostraron preocupación por la salida de Cristosal de El Salvador.

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó este viernes que “las organizaciones defensoras de derechos humanos son un pilar de toda democracia y los Estados deben garantizar que realicen sus actividades sin temor ni represalias y libres de restricciones”. La CIDH advirtió en X que Cristosal argumentó la criminalización de personas defensoras y la imposición de la Ley de Agentes Extranjeros como obstáculos a su labor.

    También, la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la libertad de asociación y asamblea, Gina Romero, se solidarizó el jueves con Cristosal y consideró su salida de El Salvador de “inaceptable” como protección ante la “persecución sistemática”.

    “Es inaceptable que la estigmatización, criminalización y persecusión sistemática de organizaciones de la sociedad civil genere cierre de sus actividades como método de protección. Mi solidaridad con Cristosal”, indicó Romero.

    El relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, publicó el jueves en X su “preocupación” por la suspensión de operaciones de Cristosal y el exilio de su personal.

    “Cristosal es una voz trascendental para la defensa de los derechos humanos en el país. El Salvador debe tener más, y no menos, ojos y voces que registren lo que está pasando”, indicó.

    La organización Amnistía Internacional Américas también manifestó su solidaridad por el cierre de la sede de Cristosal en El Salvador y exhortó a “la comunidad internacional» a «hoy más que nunca respaldar las voces que no se callan, que mantienen viva la defensa de los derechos humanos y la rendición de cuentas”.

    También, las organizaciones Human Rights Watch (HRW), la fundación Robert F. Kennedy Human Rights lamentaron el jueves la salida de Cristosal de El Salvador.

    “Lo que está ocurriendo en El Salvador es devastador. Expreso toda mi solidaridad con Noah Bullock y el valiente equipo de Cristosal, forzados al exilio por defender los derechos humanos”. Kerry Kennedy, presidente de la Fundación Kennedy Human Rights.

    “El destacado grupo de derechos humanos Cristosal ha errado sus oficinas en El Salvador en medio de una intensificación de la represión contra la sociedad civil por parte del gobierno de Bukele. El costo: menos justicia para las víctimas, menos supervisión de los abusos y menos espacios para el disenso”. Juanita Gobertus, directora de la división de las Américas HRW.

    La organización Cristosal anunció el cierre de su oficina instalada en El Salvador ante una “situación insostenible de acoso estatal”, al señalar que han sido objeto de acoso legal, vigilancia, espionaje, difamación, amenazas directas contra su personal y la captura de una de sus integrantes, Ruth López. Mientras, el presidente salvadoreño Nayib Bukele