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  • Vicepresidente cuestiona a las ONG por no denunciar «genocidio» causado por pandillas

    Vicepresidente cuestiona a las ONG por no denunciar «genocidio» causado por pandillas

    El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, cuestionó este jueves a organizaciones no gubernamentales, juristas y expertos por no denunciar los asesinatos cometidos por pandillas entre 2000 y 2019, período en el que, según afirmó, murieron más de 41,000 salvadoreños.

    Los comentarios de Ulloa fueron difundidos en la red social X luego de que el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) entregara el martes un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El documento sostiene que existe “base razonable para creer” que en el país se han cometido crímenes de lesa humanidad durante el régimen de excepción vigente desde 2022.

    “Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. El genocidio se encuentra tipificado como uno de los crímenes más graves contra la humanidad. En El Salvador se cometió un genocidio entre 2009 y 2019, cuando fueron asesinados más de 41,000 salvadoreños. ¿Por qué los juristas y expertos no lo denuncian? ¿Seguirán ocultando y cohonestando las violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de esos años?”, cuestionó Ulloa sobre la ausencia de denuncias internacionales por los homicidios ocurridos durante años de violencia criminal en el país.

    El miércoles, el presidenteNayib Bukele, rechazó las acusaciones presentadas ante la CIDH y aseguró que algunas organizaciones defienden “únicamente” los derechos “de los criminales”.

    Durante la audiencia, organizaciones como Cristosal, Amnistía Internacional y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) denunciaron que el régimen de excepción ha generado persecución contra defensores de derechos humanos, mientras que la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, sostuvo que en el país “impera el principio de igualdad ante la ley» y que ser defensor de derechos humanos no exime a nadie de responder ante la justicia si comete delitos.

     

  • ONG presenta ante la CIDH informe sobre violencia sexual durante la guerra civil salvadoreña

    ONG presenta ante la CIDH informe sobre violencia sexual durante la guerra civil salvadoreña

    La organización Cristosal presentó el martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe sobre la violencia sexual y reproductiva ocurrida durante la guerra civil de El Salvador entre 1980 y 1992.

    La presentación del informe se realizó este martes durante una audiencia pública sobre la situación de los derechos humanos de víctimas de violencia sexual en el marco del 195 período de sesiones de la CIDH, que en esta ocasión se realizó en Guatemala.

    Morales, miembro de Cristosal, explicó a periodistas que el informe «refleja la dimensión y atrocidades que se cometieron contra mujeres y niñas, en su gran mayoría como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad bajo responsabilidad de Estado».

    Apuntó que también han «planteado, como el mismo informe refleja, la grave situación de impunidad que favorece a los responsables de estos crímenes».

    El abogado denunció que el Estado de El Salvador «es infuncional, que no ha generado programas de reparación a los que está obligado, que no ha cumplido obligaciones de sentencias internacionales o nacionales y que no ha facilitado la información de estos crímenes».

    «Acudimos a un organismo internacional a razón que en El Salvador el espacio cívico se ha cerrado, organizaciones de derechos humanos y las personas defensoras están siendo perseguidas, y las mujeres están siendo criminalizadas», dijo.

    Señaló la Fiscalía General «no aplica un enfoque de género, revictimiza a las mujeres sobrevivientes que han acudido buscando que los crímenes que sufrieron sean investigados» y que «ha quedado en evidencia un Estado que, en teoría reconoce los derechos de las mujeres, pero en la práctica no puede evidenciar que está cumpliendo sus obligaciones en materia de justicia ni de reparación».

    Expuso, por ejemplo, que un grupo de 10 mujeres presentaron ante la Fiscalía hace 9 años una denuncia «que ni siquiera ha sido investigada».

    «En el marco que no hay condiciones internas para promover que el Estado cumpla sus obligaciones debemos acudir a los sistemas internacionales y colocamos el tema en el sistema interamericano para que sea objeto de seguimiento y pueda ser incluido en su informe anual (el de la CIDH) y en otros tipos de mecanismos», agregó.

    La guerra civil salvadoreña, que enfrentó al Ejército con la guerrilla del FMLN, se saldó con unos 75,000 muertos, entre 8,000 y 10,000 desaparecidos y cientos de masacres de civiles -la mayoría mujeres, niños y ancianos- atribuidas a los militares.

  • Vicepresidente Ulloa defiende régimen de excepción en Madrid por tener respaldo popular

    Vicepresidente Ulloa defiende régimen de excepción en Madrid por tener respaldo popular

    El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, defendió el martes en Madrid la continuidad del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, al asegurar que el “96 % del pueblo salvadoreño pide que continúe”.

    Durante una conferencia organizada por la World Law Foundation, sostuvo que la medida responde al clamor ciudadano y negó afectaciones a libertades públicas.

    Ulloa aseguró que bajo el régimen “no hay ninguna libertad pública que se haya afectado” y reiteró que, aunque las medidas excepcionales no deben ser permanentes, su mantenimiento responde a la necesidad de consolidar la seguridad.

    La normativa fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022, a solicitud del presidente Nayib Bukele, inicialmente por 30 días, pero ha sido prorrogada de forma mensual. Según cifras citadas por el funcionario, 91,000 personas han sido enviadas a prisión bajo esta disposición.

    En su intervención, el vicepresidente cuestionó los llamados de organismos internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para levantar la medida. “¿Cuándo vamos a quitarlo? ¿Cuando lo pida la ONU, Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales o cuando lo pida el pueblo salvadoreño?”, expresó, al referirse a una encuesta que respalda su continuidad con un 96 %.

    Ulloa defendió lo que calificó como “el milagro de la seguridad” alcanzado por el gobierno salvadoreño, aunque admitió fallos en la aplicación del régimen.

    “No hay una obra humana que sea perfecta, se han cometido errores, se han capturado inocentes, pero cuando se han capturado inocentes han sido liberados”, afirmó, destacando que 8,000 personas ya recuperaron su libertad.

    Además, justificó que “absolutamente todas las acciones, decisiones, medidas” implementadas “en esta guerra han tenido como base la ley, la norma y la disposición legal”: “No estamos haciendo nada que no tenga un respaldo legal”.

    Por su parte, la CIDH ha documentado 7,000 denuncias de supuestas violaciones de derechos humanos, entre ellas detenciones arbitrarias, torturas, la muerte de más de 400 personas bajo custodia estatal y limitaciones en el acceso a la justicia. Ulloa desestimó estos señalamientos, aseguró que los informes no son verificados en el terreno y afirmó que algunas denuncias buscan “recibir fondos”.

    Asimismo, respaldó las políticas migratorias de Estados Unidos y negó reportes de torturas o malos tratos a migrantes deportados hacia El Salvador.

     

  • Presentan ante Corte IDH caso de ejecuciones extrajudiciales durante la guerra salvadoreña

    Presentan ante Corte IDH caso de ejecuciones extrajudiciales durante la guerra salvadoreña

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) un caso de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de varios integrantes de una misma familia en 1982, en el contexto de la guerra civil de El Salvador (1980-1992), informó este jueves la CIDH.

    De acuerdo con un comunicado del organismo con sede en Washington, publicado en X, se trata del caso Natividad de Jesús Ramírez y familia por «las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de varios integrantes de la familia Ramírez cometidas por agentes estatales en 1982, así como por la situación de impunidad de los hechos».

    Describió que «durante el conflicto armado interno, la familia Ramírez, activa en la Iglesia católica y catalogada por el Estado como opositora política, fue víctima de allanamientos, amenazas, detenciones y agresiones por parte de agentes estatales».

    Señaló que la petición, recibida por la CIDH en 2004, «trata sobre la ejecución de Rufino y Teresa Ramírez y la desaparición de Natividad de Jesús Ramírez, Guadalupe Robles, José Elías Ramírez Cuchilla, Jorge Ramírez Cuchilla y Salvador Ramírez, cuyos paraderos siguen desconocidos».

    En un informe, la CIDH, determinó que «el uso de la fuerza letal por parte de agentes estatales contra Rufino y Teresa de Jesús Ramírez fue injustificado, desproporcional y carente de fin legítimo», apuntó.

    La CIDH consideró probada la desaparición forzada de Natividad de Jesús, Salvador, José Elías, Jorge Alberto y Guadalupe Robles Ramírez, «al acreditarse que agentes públicos irrumpieron en sus domicilios, los detuvieron y se negaron a revelar su paradero», indicó.

    Detalló que la Comisión identificó «omisiones graves, tales como la falta de preservación de la escena del crimen, la ausencia de autopsias, la inexistencia de medidas de búsqueda efectivas y la apertura tardía de investigaciones, hasta 20 años después, sin resultados verificables».

    El Estado, concluyó, «tampoco aportó información sobre diligencias realizadas, razones para el archivo, ni evidencia de un análisis con perspectiva de género, respecto a la ejecución de Teresa de Jesús Ramírez.

    En conclusión, añadió, la Comisión estableció que «el Estado de El Salvador es responsable por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, protección de la familia, derecho de niñez y protección judicial, establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos».

    La CIDH solicita a la CorteIDH que, entre otras medidas, «ordene al Estado reparar integralmente las violaciones, incluyendo compensación y medidas de satisfacción».

    Además, «investigar y localizar a las personas desaparecidas, identificar y entregar sus restos, y acordar un plan de búsqueda y «garantizar atención en salud física y mental para los familiares, con enfoque diferencial» y «adoptar medidas de no repetición, como políticas de reparación integral».

  • Relatora de la ONU critica extensión del proceso penal contra la abogada Ruth López

    Relatora de la ONU critica extensión del proceso penal contra la abogada Ruth López

    La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, expresó este martes su preocupación por la extensión de seis meses adicionales en la etapa de instrucción judicial contra la abogada salvadoreña Ruth López, quien se encuentra en prisión preventiva desde mayo pasado.

    “Recibo noticias muy preocupantes sobre la ampliación de 6 meses de la detención preventiva de la defensora de derechos humanos Ruth López en El Salvador”, publicó Lawlor en su cuenta oficial de X (antes Twitter), donde también recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la abogada en septiembre. “Debe ser liberada”, subrayó la relatora.

    López, crítica del gobierno del presidente Nayib Bukele, está encarcelada desde el 18 de mayo. Según su familia y organizaciones no gubernamentales, ha cumplido 200 días en total incomunicación. Inicialmente fue detenida por el cargo de peculado, vinculado a su labor como asesora del Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante el gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén. Sin embargo, al momento de presentar la acusación formal, la Fiscalía General de la República modificó el cargo a enriquecimiento ilícito.

    El proceso judicial fue declarado en reserva total, por lo que no se conocen detalles adicionales sobre la investigación en su contra.

    La organización humanitaria Cristosal, para la que laboraba la abogada, denunció que el Estado salvadoreño no ha cumplido la resolución de la CIDH que exige proteger la integridad de López. Además, cuestionó la decisión judicial de extender el plazo de la etapa de investigación, cuyo vencimiento original era el pasado 4 de diciembre.

     

     

  • EE.UU. exige a Nicaragua la liberación inmediata de «todos los presos políticos»

    EE.UU. exige a Nicaragua la liberación inmediata de «todos los presos políticos»

    Estados Unidos exigió este viernes al Gobierno de Nicaragua que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, al que tildó de «dictadura», la liberación inmediata de «todos los presos políticos», que, según organismos, son al menos 62, y advirtió que los «están vigilando».

    «En estas fiestas, demasiados nicaragüenses verán en sus mesas asientos vacíos donde deberían estar sus seres queridos, mujeres y hombres detenidos injustamente o desaparecidos arbitrariamente por la dictadura Murillo-Ortega», criticó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos a través de su cuenta en X.

    «Su dolor e incertidumbre son un recordatorio diario de la inhumanidad del régimen. Liberen ya a todos los presos políticos nicaragüenses. Los Estados Unidos están vigilando», demandó esa oficina adscrita al Departamento de Estado.

    Al menos 62 opositores y críticos con el Gobierno de Nicaragua siguen en las cárceles de ese país, incluidos 18 adultos mayores y 28 en condición de «desaparición forzada», denunció en la víspera el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

    Entre los privados de libertad se encuentran el excomandante de la revolución sandinista Henry Ruiz, confinado en su casa por la Policía de Nicaragua desde el 8 de marzo pasado, así como el antiguo asesor de Ortega y general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero.

    También los dirigentes indígenas Brooklyn Rivera Bryan, Steadman Fagoth Müller y Nancy Elizabeth Henríquez, que forman parte de los 18 adultos mayores, y los militares en retiro Carlos Brenes, Víctor Boitano, Aníbal Rivas Reed y Eddie Moisés González Valdivia, entre otros.

    El mensaje de la oficina adscrita al Departamento de Estado, que en el pasado ha condenado el encarcelamiento de disidentes y guardabosques comunitarios en Nicaragua, ocurre una semana después de que el presidente Donald Trump asegurara que el país centroamericano, al igual que Cuba y Venezuela, ha sido tomada por «narcoterroristas».

    Trump hizo esa afirmación el viernes pasado en su red social Truth Social en donde anunció que indultaría al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado en 2024 en Estados Unidos por tres cargos de narcotráfico y armas, incluyendo haber recibido dinero del capo mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

    Actualmente el Gobierno de EE.UU. evalúa imponer una subida del 100 % de aranceles a Nicaragua y su posible expulsión del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta, en inglés), tras determinar que el país centroamericano mantiene políticas «irrazonables» de derechos humanos y laborales que obstaculizan el comercio estadounidense.

    En febrero pasado, el secretario de Estado Marco Rubio tildó a Nicaragua, junto a Cuba y Venezuela, de «enemigos de la humanidad», y que el Gobierno sandinista «se ha convertido en una dinastía de familia con una copresidencia (Rosario Murillo, la esposa de Ortega) donde básicamente han tratado de eliminar la iglesia Católica, todo lo religioso y todo lo que pueda amenazar el poder a ese régimen».

  • EEUU ataca nueva lancha en el Pacífico en pleno debate por la legalidad de las operaciones

    EEUU ataca nueva lancha en el Pacífico en pleno debate por la legalidad de las operaciones

    Las fuerzas armadas de Estados Unidos publicaron este jueves un vídeo de un nuevo ataque contra una lancha supuestamente ligada al narcotráfico en el Pacífico Oriental, en medio de la controversia en el Senado por legalidad de estas operaciones militares de la Administración Trump contra buques de este tipo y sus tripulantes.

    El ataque, que habría sucedido hoy mismo, fue anunciado por el Comando Sur en su cuenta oficial de X y presentado como parte de las operaciones de la ofensiva ‘Lanza del Sur’ y provocó la muerte de cuatro tripulantes, descritos como «narcoterroristas» por el Ejército.

    La publicación afirma que la orden del ataque fue dada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien se encuentra en el ojo del huracán mediático luego de que el Washington Post revelara que en septiembre las fuerzas estadounidenses ordenaron un segundo ataque contra una embarcación en el Caribe para eliminar a dos sobrevivientes de un prime disparo.

    Las fuerzas armadas no han dado detalles de la organización criminal que supuestamente operaba el bote en esta ocasión.

    Este mismo jueves, el almirante Frank Bradley compareció en una reunión a puerta cerrada con el comité de fuerzas armadas del Senado que investigan la legalidad de las acciones militares de la campaña antinarcóticos del presidente, Donald Trump.

    Trump aseguró esta semana que se preparan para iniciar operaciones en territorio venezolano para eliminar objetivos ligados al narcotráfico.

    La campaña de Trump cerca de Venezuela y Colombia ha dejado al menos 80 muertos y levantado acciones legales por posibles violaciones a derechos humanos, como la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el abogado del presidente colombiano, Gustavo Petro, presentó por la posible ejecución extrajudicial de un pescador en el Pacífico durante una de las operaciones estadounidenses.

  • En Nicaragua aún quedan 62 presos políticos, dice organismo avalado por la CIDH

    En Nicaragua aún quedan 62 presos políticos, dice organismo avalado por la CIDH

    Al menos 62 opositores y críticos con el Gobierno de Nicaragua, que dirigen los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, siguen en las cárceles de ese país, incluidos 18 adultos mayores, denunció este jueves el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.

    En Nicaragua hay actualmente 62 personas detenidas por motivaciones políticas, de las cuales 28 permanecen en condición de desaparición forzada, indicó en un informe ese mecanismo, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

    «La desaparición forzada sigue siendo una de las violaciones más graves: 28 personas continúan sin ubicación y sus familias enfrentan silencio, miedo y hostigamiento», advirtió esa ONG.

    De esas 62 personas privadas de libertad por razones políticas, 6 son mujeres y 56 hombres (incluyendo 10 detenidos antes de la crisis de 2018), anotó ese organismo.

    Esa cifra (62) representa una disminución respecto al reporte anterior, que contabilizaba 77 detenidos, debido a la excarcelación de al menos 18 personas y la incorporación de tres nuevos casos, explicó.

    La lista actualizada mantiene al excomandante de la revolución sandinista Henry Ruiz, confinado en su casa por la Policía de Nicaragua desde el 8 de marzo pasado, así como el antiguo asesor de Ortega y general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero.

    Ruiz, uno de los nueve comandantes sandinistas de la Dirección Nacional que ejercieron el poder durante la primera etapa del Gobierno sandinista (1979-1990), es además la persona privada de libertad con mayor edad: 81 años.

    Otros que aparecen en la lista son los dirigentes indígenas Brooklyn Rivera Bryan, Steadman Fagoth Müller y Nancy Elizabeth Henríquez, que forman parte de los 18 adultos mayores.

    También los militares en retiro Carlos Brenes, Víctor Boitano, Aníbal Rivas Reed y Eddie Moisés González Valdivia, entre otros.

    El Mecanismo, que está conformado por organizaciones de derechos humanos, de familiares de personas presas y excarceladas políticas, abogados, así como también de espacios de documentación y redes de activistas territoriales y digitales, ha advertido de que el número real de detenidos puede ser mayor debido a que hay familiares que no denuncian los casos por temor.

    Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

    Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de «golpistas» y «traición a la patria».

  • La CIDH alerta del «grave debilitamiento» de la democracia y la justicia en Guatemala

    La CIDH alerta del «grave debilitamiento» de la democracia y la justicia en Guatemala

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó este lunes, durante la presentación de su informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala, sobre un grave deterioro institucional en el país, señalando la cooptación del sistema de justicia y la generalización de la criminalización contra voces disidentes.

    La comisionada Andrea Pochak, relatora de la CIDH para Guatemala, detalló que el informe prioriza el «debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial» como eje central, concluyendo que Guatemala enfrenta «serias amenazas a la gobernabilidad y al Estado democrático de derecho».

    Pochak atribuyó estas amenazas al «control de determinadas instituciones estatales por parte de redes de poder político y económico articuladas para preservar intereses privados y asegurar condiciones de impunidad».

    La Comisión constató el «grave deterioro del sistema de justicia», que no solo «no cumple con su rol de tutela judicial efectiva», sino porque se usa para criminalizar a quienes exigen acceso a derechos o rendición de cuentas, y simultáneamente para «resguardar intereses privados y asegurar condiciones de impunidad», explicó la relatora.

    El informe concluye que la criminalización se consolidó como una «práctica generalizada».

    Inicialmente esta criminalización estuvo dirigida a operadores de justicia y exfuncionarios de la ya extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pero se ha extendido a un amplio espectro de la sociedad civil, alcanzando a comunidades indígenas, campesinos, periodistas, defensores de derechos humanos, e incluso a autoridades estatales, de acuerdo con el ente hemisférico.

    La comisionada Pochak destacó que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Guatemala ha sido «cooptado y desmantelado para operar como un instrumento de persecución selectiva», como lo refleja el uso de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) «para blindar el ‘statu quo’ y perseguir a quienes lo cuestionan».

    El documento también da cuenta de desafíos persistentes para combatir la pobreza y la desigualdad, con un particular señalamiento a las condiciones desfavorables que enfrentan los pueblos indígenas en el ejercicio de sus derechos sobre la tierra, lo que resulta en desalojos forzosos y criminalización.

    En ese sentido, la CIDH presentó al Estado de Guatemala 43 recomendaciones, destacando la urgencia de reformas estructurales para garantizar la independencia judicial, cesar el uso indebido del sistema penal y revisar el funcionamiento del Ministerio Público.

    «Para la Comisión Interamericana es urgente restablecer la institucionalidad derivada de los acuerdos de paz», concluyó Pochak.

    El informe fue elaborado con una «metodología muy estricta» que incluyó una visita in loco, el análisis de audiencias públicas y más de 48 encuentros con representantes de los tres poderes del Estado y la sociedad civil.

  •  Socorro Jurídico registra 450 muertes en cárceles salvadoreñas bajo régimen de excepción

     Socorro Jurídico registra 450 muertes en cárceles salvadoreñas bajo régimen de excepción

    La organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH) informó que al menos 450 personas han fallecido bajo custodia del Estado en diferentes cárceles de El Salvador desde que inició el régimen de excepción en marzo de 2022.

    La directora de SJH, Ingrid Escobar, confirmó este lunes que la cifra corresponde a casos verificados hasta el 31 de octubre de 2025.

    “El último caso registrado por la organización se trata del joven Humberto Adonay Mónico, de 35 años, que murió en el centro penal La Esperanza y su cuerpo presentaba signos de violencia, un golpe a nivel de cráneo y otro en la costilla”, denunció Escobar en declaraciones compartidas a la agencia EFE.

    La ONG señaló que la mayoría de muertes ocurrieron en los centros penales de Izalco, Mariona (La Esperanza) y Apanteos, y que muchas de las víctimas carecían de antecedentes por vínculos con estructuras criminales.

    “Según nuestros registros, el 94 % de los fallecidos no tenían perfil de pandilleros”, aseguró la directora del SJH, quien también alertó que la cifra real de muertes bajo custodia podría superar los 1,000 casos, debido a una supuesta falta de transparencia en los procesos judiciales masivos.

    La organización acusó al sistema judicial de intentar ocultar parte de esta información en los denominados juicios colectivos, permitidos desde 2023 tras una reforma penal aprobada por la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo. Dicha reforma permite juzgar a grupos completos por vínculos con pandillas, eliminando los procesos individuales.

    El régimen de excepción fue aprobado en marzo de 2022, tras un repunte de violencia que dejó más de 80 asesinatos en un fin de semana. Desde entonces, el Gobierno ha capturado a más de 89,900 personas, logrando una notable reducción en los índices de homicidios, según datos oficiales.

    No obstante, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias, torturas, y fallecimientos dentro del sistema penitenciario salvadoreño bajo este régimen.

    A pesar de las denuncias, el Gobierno ha negado en múltiples ocasiones, incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la existencia de torturas o muertes en prisión, asegurando que las acciones forman parte de una política de “mano dura” contra las pandillas.