La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de cinco opositores nicaragüenses detenidos desde julio pasado, al considerar que enfrentan un grave riesgo para sus vidas, integridad física y salud, informó este sábado la Gran Confederación Opositora Nicaragüense, una plataforma opositora que opera desde el exilio.
Entre los beneficiarios de las medidas se encuentran Óscar Enrique Pérez Miranda, Aurora Marina Chavarría Cordero y Francisco Javier Sevilla Carcache, además de otras dos personas cuyas identidades no fueron reveladas. Los cinco permanecen privados de libertad en Nicaragua, sin que sus familiares hayan recibido información oficial sobre sus condiciones de detención.
La CIDH advirtió en su resolución que los opositores se encuentran «en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable en Nicaragua». El organismo consideró necesario intervenir ante la falta de información sobre el paradero y las condiciones en que permanecen recluidos.
Según la organización que solicitó las medidas de protección, los cinco nicaragüenses fueron capturados por agentes estatales entre el 4 y el 14 de julio y desde entonces permanecen completamente incomunicados. Sus familiares realizaron gestiones para conocer dónde están detenidos y verificar su estado de salud, pero no obtuvieron respuestas oficiales.
La Comisión también señaló que el Estado de Nicaragua no respondió a la solicitud de información presentada durante el procedimiento de evaluación de las medidas cautelares. Tras examinar los argumentos y la documentación disponible, el organismo concluyó que los detenidos enfrentan una situación de riesgo que podría provocar nuevas vulneraciones a sus derechos fundamentales.
Ante estas circunstancias, la CIDH solicitó al Gobierno nicaragüense adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida, la integridad personal y la salud de los cinco opositores. También exigió aclarar las circunstancias de sus detenciones, revelar los lugares donde permanecen recluidos y garantizar que puedan recibir visitas y mantener comunicación regular con sus familiares y abogados de confianza.
La situación ocurre en medio de la crisis política y social que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018, la cual se agravó después de las cuestionadas elecciones presidenciales de noviembre de 2021. En esos comicios, Daniel Ortega, de 81 años y en el poder desde 2007, consiguió su quinto mandato presidencial, el cuarto de manera consecutiva.
Las elecciones de 2021 se celebraron con los principales adversarios políticos de Ortega encarcelados. Posteriormente, varios de ellos fueron expulsados del país y despojados de su nacionalidad y derechos políticos, después de que el Gobierno los acusara de «golpistas» y de «traición a la patria». Las nuevas medidas de la CIDH se producen en un contexto de persistentes denuncias sobre la situación de los opositores detenidos en Nicaragua.
