El Gobierno de El Salvador se negó a participar este miércoles en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por estar en desacuerdo con el título de la sesión pública, en la que organizaciones humanitarias denunciarían la detención, persecución y exilio de activistas.
La comisionada Andrea Pochak señaló que el Gobierno de Nayib Bukele avisó su declinación momentos antes del inicio de la sesión mediante una carta.
«(El Salvador) expresa su preocupación por el título de la audiencia, ya que considera que el mismo ya contiene un sesgo inherente, sugiriendo que la CIDH da por ciertos los señalamientos de la solicitud de los peticionarios», dijo El Salvador, según indicó Pochak.
Agregó que El Salvador manifestó que esto «es incompatible con el principio de soberanía nacional, pues somete de manera anticipada al Estado frente a argumentos meramente especulativos y no comprobados».
La referida audiencia pública se tituló ‘El Salvador: Consecuencias del cierre del espacio cívico para las personas defensoras de derechos humanos’.
Esta no es la primera vez que el Gobierno salvadoreño se niega a participar en audiencias de la CIDH, según explicó Pochak, ya que declinó en al menos seis sesiones entre los años 2020, 2021, 2022 y 2023.
Recientemente, la organización Cristosal anunció el cierre de sus operaciones en El Salvador a raíz de una «escalada represiva» contra activistas por el Ejecutivo de Nayib Bukele.
En tanto, otras organizaciones han dejado de expresarse públicamente como medida de seguridad o han reducido sus acciones ante la aprobación de una Ley de Agentes Extranjeros y la reducción de la cooperación internacional.
El Gobierno de Bukele ha recibido críticas en las últimas semanas por las detenciones de al menos cinco activistas y críticos de su Administración.
Entre estos se encuentra la abogada anticorrupción Ruth López, reconocida en 2024 por la BBC como una de las mujeres más influyentes, el abogado constitucionalista Enrique Anaya, el abogado ambientalista Alejandro Enríquez, el pastor y líder comunitario José Ángel Pérez y el portavoz de una organización humanitaria Fidel Zavala.
También se conoció la salida de la activista y directora del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar, tras conocer sobre una posible «detención arbitraria» en su contra.
