La Cámara de Diputados de México aprobó este martes una reforma a la Ley General de Salud que prohíbe completamente el uso, venta y promoción de vapeadores y cigarrillos electrónicos, con penas que van desde un año hasta ocho años de prisión para quienes comercialicen estos dispositivos.
Con 324 votos a favor y 129 en contra, los legisladores —de mayoría oficialista— respaldaron el dictamen impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual también impone multas económicas que van desde $621 hasta $12,430por la venta de estos productos.
El decreto prohíbe “en todo el territorio nacional” la adquisición, producción, fabricación, transporte, almacenamiento, importación, exportación, distribución, venta, suministro y publicidad de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos similares. La normativa incluye todo aparato que utilice tecnología para calentar, vaporizar o atomizar sustancias inhalables, con o sin nicotina, distintas al tabaco.
En el documento se reconoce al vapeo como una amenaza a la salud pública, lo que permitirá al Estado implementar políticas para reducir su uso, proteger a los grupos más vulnerables y aplicar el principio de precaución sanitaria.
Críticas desde la oposición
Durante la sesión, diputados de la oposición criticaron la medida, al considerar que abriría las puertas al crimen organizado y al mercado negro. La diputada Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano, advirtió que “no regular un producto que la gente ya consume es igual a más mercado negro y más dinero para los narcos, que ahora este diciembre gracias a Morena van a recibir su aguinaldo”.
Reyes también cuestionó la incongruencia de algunos legisladores oficialistas: “Ustedes vapean, los hemos visto. No sé con qué cara vienen a poner una prohibición cuando son consumidores de vapeadores”, afirmó.
Además de la prohibición, la reforma amplía las facultades de la Secretaría de Salud, lo que permitirá mejorar la planificación de infraestructura, asegurar el abastecimiento de medicamentos y fortalecer la coordinación del Sistema Nacional de Salud, según expuso el Legislativo en un comunicado.
En junio pasado, organizaciones y expertos advirtieron sobre el crecimiento del mercado negro de vapeadores en México como consecuencia de políticas restrictivas y la falta de regulación efectiva.