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La solicitud de Estados Unidos para extraditar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico, abrió un escenario inédito en la relación bilateral con México, al involucrar directamente a un funcionario activo del partido oficialista.

El caso provocó una fuerte reacción política en México, donde el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta un momento crítico en su relación con Washington, según analistas en materia de seguridad.

De acuerdo con el investigador Andrés Sumano, la petición de extradición representa un “golpe muy fuerte” para la administración mexicana, al impactar directamente la estrategia de cooperación con Estados Unidos, especialmente tras el regreso de Donald Trump a la presidencia.

Para el especialista en seguridad, esta petición de extradición contra Rocha Moya, del mismo partido que Sheinbaum, genera a México «problemas en todos los sentidos» al ser un «golpe muy fuerte» para el Gobierno federal y su estrategia de cooperación con la Casa Blanca, sobre todo desde el regreso del presidente estadounidense, Donald Trump.

Además, es todo un «reto» para la política de seguridad de México, que había tenido recientemente resultados «muy notables» como el abatimiento del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), El Mencho, y la detención la semana pasada de su supuesto sucesor, conocido como El Jardinero.

Tras el impacto inicial, agregó, le toca tomar una decisión a Sheinbaum, quien para Sumano solo tiene tres escenarios posibles: «arropar y proteger» a ese grupo de políticos – que «es lo que parece que está haciendo», dijo-; entregarlos a Estados Unidos o iniciar un procedimiento contra ellos en México.

«Esta última a mí me parece hasta ahora la mejor opción de todas las que tiene, pero va a implicar evidentemente rompimientos al interior de Morena (partido oficialista)», apuntó.

Por ahora, ve que la presidenta ha optado por «ganar tiempo» al reiterar que se necesitan pruebas y remitirse a lo que decida el Ministerio Público, aunque llegará un momento en que se «vencerán los plazos», así como la «paciencia» de la Administración estadounidense.

Mientras tanto, el Gobierno mexicano ha optado por una postura de cautela, al señalar que se requieren pruebas y dejar el proceso en manos del Ministerio Público, aunque expertos advierten que el tiempo podría jugar en contra ante la presión estadounidense.

«Esto es un golpe muy fuerte porque ya no es un tema narrativo (…) Ya se armaron los expedientes, ya pasaron por un gran jurado, ya hay una acusación formal»

El análisis también advierte que una negativa a la extradición podría derivar en represalias por parte de Estados Unidos, que irían desde presiones económicas hasta acciones más severas en el ámbito internacional.

El caso se sustenta en una acusación formal presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios, señalados de colaborar con el Cartel de Sinaloa, específicamente con la facción de Los Chapitos, para el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

Este proceso marca un punto de inflexión en la política de seguridad mexicana y podría redefinir la relación entre ambos países en medio de crecientes tensiones diplomáticas.