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  • Nicaragua ocupa el penúltimo lugar entre los países con libertad de prensa, según la SIP

    Nicaragua ocupa el penúltimo lugar entre los países con libertad de prensa, según la SIP

    Nicaragua ocupa el penúltimo lugar entre 23 países evaluados en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025, según el informe difundido este martes por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que analiza las condiciones para el ejercicio del periodismo en las Américas.

    Nicaragua es, junto a Venezuela, uno de los países considerados «sin libertad de expresión», según el informe, que lo ubica en el lugar 22 de 23 países evaluados en América y el Caribe.

    Nicaragua subió 11,71 puntos y se mantuvo igual en el puesto 22 en relación al 2024, es decir que se mantiene un entorno del Estado con más influencia en situaciones desfavorables a la libertad de expresión y de prensa, principalmente por parte del Ejecutivo que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo.

    El reporte señala que en la dimensión ciudadanía informada y libre de expresarse obtuvo 2.33 / 30, siendo esa la dimensión con menor puntaje. En actuación del Estado contra la violencia e impunidad contra periodistas y medios, alcanzó 9.22 / 40; y en la dimensión control de medios y periodismo tuvo 6.67 / 30.

    «Estas dos últimas dimensiones ubicadas en la franja de Alta Restricción», indica el informe.

    Con relación al impacto de los entornos sobre las situaciones desfavorables a la libertad de expresión, la mayor influencia es ejercida por el Ejecutivo, seguido del Judicial (influencia muy fuerte en ambos casos).

    El informe alerta que entre 2024 y 2025, Nicaragua ha transitado hacia un «modelo totalitario bajo el régimen de Ortega y Murillo, que ha eliminado sistemáticamente el periodismo independiente y las garantías democráticas».

    «A través de una reforma constitucional radical, se ha institucionalizado la censura y se ha intensificado la persecución de críticos, incluyendo la privación de nacionalidad», advierte la SIP.

    Esas enmiendas constitucionales, en vigor desde febrero de 2025, «marcó el fin de la era republicana, consolidando un poder absoluto con facultades ilimitadas sobre la vida de los nicaragüenses», agrega.

    Además, según el informe, el entorno digital ha sido objeto de severas restricciones y bloqueos, mientras que la violencia contra periodistas ha evolucionado hacia una «represión psicológica».

    «Muchos comunicadores viven bajo vigilancia extrema, y aquellos que aún operan en el país lo hacen desde la clandestinidad, utilizando herramientas digitales para mantenerse a flote», afirma la SIP.

    En resumen, según el informe, «la libertad de expresión en Nicaragua ha alcanzado su nivel más crítico desde 1979», cuando fue derrocada la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, «resultado de una combinación de terrorismo de Estado y un marco legal opresor».

  • ONG denuncia que la dictadura de Nicaragua ha desterrado a 261 religiosos por persecución

    ONG denuncia que la dictadura de Nicaragua ha desterrado a 261 religiosos por persecución

    Al menos 261 religiosos, incluido el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Enrique Herrera, han sido desterrados en medio de la persecución de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la Iglesia Católica, denunció este domingo la ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más en su informe “Fe bajo fuego”.

    Según el reporte, entre los expulsados figuran los obispos Silvio Báez, Rolando Álvarez, Isidoro Mora, así como el nuncio apostólico en Managua, Waldemar Stanislaw Sommertag, además de cerca de 140 sacerdotes, más de 90 religiosas, una decena de seminaristas y tres diáconos de diferentes diócesis del país.

    “Desde la expulsión del nuncio Sommertag en marzo de 2022, las relaciones entre Nicaragua y el Vaticano se han deteriorado significativamente”, apuntó la ONG.

    El documento también registra el cierre de 5,609 asociaciones sin fines de lucro, de las cuales 1,294 eran religiosas, entre iglesias, universidades, colegios, clínicas y organizaciones humanitarias.

    A la mayoría, el Gobierno sandinista les confiscó sus bienes. Asimismo, el ente regulador TELCOR clausuró 54 medios de comunicación, incluidos 22 de carácter religioso, entre radios y canales de televisión.

    La represión, agrega el informe, se ha extendido a otras denominaciones religiosas con la desaparición forzada y criminalización de pastores evangélicos, control de templos, censura de medios, presión fiscal, confiscación de propiedades y la cancelación de la personería jurídica de la Iglesia Morava. El pastor Rudy Palacios permanece detenido como parte de este patrón de persecución.

    El Colectivo subraya que las iglesias, especialmente la católica, desempeñaron un rol clave en el diálogo nacional de 2018 al denunciar abusos y ofrecer refugio a manifestantes heridos, lo que generó la animadversión del Gobierno.

    En 2023, el papa Francisco calificó al régimen de Ortega como una “dictadura grosera”, mientras que el mandatario nicaragüense respondió disolviendo a la Compañía de Jesús y tildando a la Iglesia de “mafia” y “antidemocrática”.