Al menos 28.5 millones de brasileños residen en barrios bajo el dominio del crimen organizado, lo que representa un 19 % de la población del país, reveló una encuesta de la firma Datafolha, encargada por el Foro Brasileño de Seguridad Pública.
Los resultados muestran un incremento de cinco puntos porcentuales respecto a 2024, cuando solo el 14 % de los entrevistados admitía vivir en zonas bajo influencia de grupos criminales, lo que evidencia el avance territorial de estas organizaciones.
“Los datos parecen estar revelando un fenómeno de crecimiento y ampliación del poder de captura de las facciones en relación al control de territorios y mercados”, señaló Renato Sérgio de Lima, director del Foro, en declaraciones al diario Folha de São Paulo.
Dentro del grupo que aseguró vivir en zonas controladas por el crimen, el 27 % declaró conocer la existencia de “cementerios clandestinos”, sitios empleados por las organizaciones criminales para desaparecer a sus víctimas.
La encuesta, realizada entre el 2 y el 6 de junio, se basó en entrevistas a 2,007 personas mayores de 16 años en 130 ciudades brasileñas, y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.
Según las autoridades, las organizaciones criminales con mayor presencia en el país son el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV). Ambas operan principalmente en el tráfico de drogas y armas, aunque también han extendido sus actividades a sectores como moteles, gasolineras y empresas tecnofinancieras, utilizadas para lavar dinero.
El PCC, nacido en cárceles de São Paulo en la década de 1990, mantiene redes criminales activas en países como Bolivia y Paraguay. Además, otras facciones locales operan bajo su influencia o mediante alianzas.
Ante esta expansión, el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva presentó en abril un proyecto de reforma constitucional para fortalecer el combate al crimen organizado. La propuesta busca aumentar las competencias del Ejecutivo federal en materia de seguridad, ampliar la actuación de la Policía Federal en delitos medioambientales, crimen organizado y grupos paramilitares, y garantizar recursos para su implementación.
El proyecto aún se encuentra en análisis dentro del Congreso brasileño.