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Etiqueta: Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

  • Relatoría de la CIDH preocupada por anuncio de la APES sobre renuncia a proyectos por Ley de Agentes Extranjeros

    Relatoría de la CIDH preocupada por anuncio de la APES sobre renuncia a proyectos por Ley de Agentes Extranjeros

    La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este jueves su preocupación por el anuncio de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) sobre su renuncia para ejecutar proyectos por Ley de Agentes Extranjeros.

    El organismo internacional escribió en sus redes sociales que se encuentra preocupado por la decisión de la APES para dejar de realizar proyectos con fondos de cooperación, así como cerrar sus oficinas por las restricciones que impone la nueva normativa que regular los fondos provenientes del extranjero y les impone un impuesto del 30 %.

    La decisión de la APES fue informada el martes a través de un comunicado de prensa en el que aseguraba que decidieron suspender, liquidar y cerrar los proyectos financiados con fondos extranjeros por «las asfixiantes, arbitrarias e ilegales condiciones que impone la ley.

    Asimismo, indicó que pese a estar solicitando las credenciales de su junta directiva durante el último año, el Ministerio de Gobernación no se las ha entregado. «Seguiremos insistiendo, apegados a nuestro derecho de organización y asociación» afirmó la asociación.

    Pese al cierre hasta nuevo aviso de sus oficinas ubicadas en Santa Elena, la APES aseveró que seguirán prestando los servicios de registro y denuncia de agresiones y vulneraciones contra la prensa salvadoreña.

    La ley de agentes extranjeros fue aprobada por la Asamblea Legislativa y entró en vigencia el 7 de junio. La normativa permitió durante 90 días que toda persona u organización con fondos extranjeros se inscribiera al registro que los obliga a entregar información de sus actividades y fondos y, a pagar un impuesto del 30 %.

    Organizaciones como Acción Ciudadana han informado que están inscritos al registro, pero otras como la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Cristosal y la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (Fudecso) han cesado operaciones en El Salvador por la misma normativa.

  • Suben a 73 los disidentes presos en Nicaragua, incluidos 22 adultos mayores

    Suben a 73 los disidentes presos en Nicaragua, incluidos 22 adultos mayores

    Al menos 73 opositores y críticos con el Gobierno de Nicaragua, que dirige la pareja dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, siguen en las cárceles de ese país, incluidos 22 adultos mayores, denunció este lunes el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.

    En Nicaragua hay actualmente 73 personas detenidas por motivaciones políticas, de las cuales 33 permanecen en condición de desaparición forzada, indicó en un informe ese mecanismo, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

    «La desaparición forzada se ha consolidado como una práctica sistemática del régimen Ortega-Murillo, utilizada como estrategia de control social y de represión política», advirtió.

    De esas 73 personas privadas de libertad por razones políticas, 14 son mujeres y 59 hombres (incluyendo 10 detenidos antes de la crisis de 2018), anotó ese organismo.

    Asimismo, ese mecanismo señaló que durante julio y agosto Nicaragua vivió una escalada represiva que combinó redadas masivas, hostigamiento policial, detenciones arbitrarias y confiscaciones de instituciones sociales y educativas.

    Detenciones subieron en julio y agosto

    Julio, mes en que el Gobierno celebra el aniversario de la revolución sandinista, estuvo acompañado de mayor vigilancia, hostigamiento y amenazas directas contra la ciudadanía, de acuerdo con el informe.

    En agosto, la represión se profundizó con redadas en diferentes departamentos (provincias), siendo Carazo (particularmente la ciudad de Jinotepe) el más afectado, apuntó ese organismo.

    «Allí se registraron al menos 30 detenciones arbitrarias, posteriores al anuncio de confiscación del Colegio San José, hecho que provocó conmoción en la comunidad», anotó.

    En total, entre julio y agosto se documentaron 52 detenciones arbitrarias, de las cuales 11 personas fueron liberadas y 19 se integraron a la lista oficial de presas políticas, elevando el número total a 73 personas reconocidas por el Mecanismo.

    El perfil de la mayoría corresponde a liderazgos comunitarios y personas con alta estima social en sus barrios, lo que refuerza la estrategia del régimen de desarticular la organización social y quebrar los lazos de confianza comunitaria, de acuerdo con el informe.

    Exsandinistas, militares en retiro, indígenas y periodistas

    La lista actualizada incluye al excomandante de la revolución sandinista Henry Ruiz, confinado en su casa por la Policía de Nicaragua desde el 8 de marzo pasado, así como el antiguo asesor de Ortega y general en retiro, Álvaro Baltodano.

    Ruiz, uno de los nueve comandantes sandinistas de la Dirección Nacional que ejercieron el poder durante la primera etapa del Gobierno sandinista (1979-1990), es además la persona privada de libertad con mayor edad: 81 años.

    Otros que aparecen en la lista son los dirigentes indígenas Brooklyn Rivera Bryan, Steadman Fagoth Müller y Nancy Elizabeth Henríquez.

    También los militares en retiro Carlos Brenes, Victor Boitano, Aníbal Rivas Reed y Eddie Moisés González Valdivia, y los periodistas Fabiola Tercero y Leo Cárcamo, entre otros.

    El Mecanismo, que está conformado por organizaciones de derechos humanos, de familiares de personas presas y excarceladas políticas, abogados, así como también de espacios de documentación y redes de activistas territoriales y digitales, ha advertido de que el número real de detenidos puede ser mayor debido a que hay familiares que no denuncian los casos por temor.

    Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 79 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo. Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de «golpistas» y «traición a la patria».

  • CIDH, relatora de la ONU y Amnistía Internacional lamentan salida de Cristosal de El Salvador

    CIDH, relatora de la ONU y Amnistía Internacional lamentan salida de Cristosal de El Salvador

    Los relatores de libertad de asociación de las Naciones Unidas y de libertad de expresión la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como la CIDH y las organizaciones internacionales Amnistía Internacional, Human Right Watch y la Fundación Kennedy Human Rights mostraron preocupación por la salida de Cristosal de El Salvador.

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó este viernes que “las organizaciones defensoras de derechos humanos son un pilar de toda democracia y los Estados deben garantizar que realicen sus actividades sin temor ni represalias y libres de restricciones”. La CIDH advirtió en X que Cristosal argumentó la criminalización de personas defensoras y la imposición de la Ley de Agentes Extranjeros como obstáculos a su labor.

    También, la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la libertad de asociación y asamblea, Gina Romero, se solidarizó el jueves con Cristosal y consideró su salida de El Salvador de “inaceptable” como protección ante la “persecución sistemática”.

    “Es inaceptable que la estigmatización, criminalización y persecusión sistemática de organizaciones de la sociedad civil genere cierre de sus actividades como método de protección. Mi solidaridad con Cristosal”, indicó Romero.

    El relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, publicó el jueves en X su “preocupación” por la suspensión de operaciones de Cristosal y el exilio de su personal.

    “Cristosal es una voz trascendental para la defensa de los derechos humanos en el país. El Salvador debe tener más, y no menos, ojos y voces que registren lo que está pasando”, indicó.

    La organización Amnistía Internacional Américas también manifestó su solidaridad por el cierre de la sede de Cristosal en El Salvador y exhortó a “la comunidad internacional» a «hoy más que nunca respaldar las voces que no se callan, que mantienen viva la defensa de los derechos humanos y la rendición de cuentas”.

    También, las organizaciones Human Rights Watch (HRW), la fundación Robert F. Kennedy Human Rights lamentaron el jueves la salida de Cristosal de El Salvador.

    “Lo que está ocurriendo en El Salvador es devastador. Expreso toda mi solidaridad con Noah Bullock y el valiente equipo de Cristosal, forzados al exilio por defender los derechos humanos”. Kerry Kennedy, presidente de la Fundación Kennedy Human Rights.

    “El destacado grupo de derechos humanos Cristosal ha errado sus oficinas en El Salvador en medio de una intensificación de la represión contra la sociedad civil por parte del gobierno de Bukele. El costo: menos justicia para las víctimas, menos supervisión de los abusos y menos espacios para el disenso”. Juanita Gobertus, directora de la división de las Américas HRW.

    La organización Cristosal anunció el cierre de su oficina instalada en El Salvador ante una “situación insostenible de acoso estatal”, al señalar que han sido objeto de acoso legal, vigilancia, espionaje, difamación, amenazas directas contra su personal y la captura de una de sus integrantes, Ruth López. Mientras, el presidente salvadoreño Nayib Bukele