La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves en primera lectura una reforma a la ley que regula el funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como parte de los acuerdos alcanzados entre el Ejecutivo y un sector de la oposición para avanzar en la renovación del organismo.
La propuesta todavía deberá superar una segunda y tercera lectura y contempla elevar de 21 a 23 el número de integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales, encargado del proceso para nombrar a los nuevos magistrados del máximo tribunal venezolano.
La representación de la Asamblea Nacional dentro del comité se mantendría en once diputados, mientras la participación de representantes de la sociedad civil aumentaría de diez a doce integrantes.
«Es verdad que estos sectores de la oposición venezolana traían una propuesta en la que ya estábamos embarcados», expresó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien valoró que parte de la oposición planteara una reforma que, según sostuvo, ya había comenzado a impulsar el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
El presidente del Legislativo también aseguró que la mesa de diálogo fue «convocada solamente entre venezolanos», sin mediadores extranjeros. No obstante, destacó la facilitación impulsada por el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y cuestionó el papel desempeñado por Noruega como mediador.
Durante su intervención, Rodríguez también lanzó acusaciones contra organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, a las que señaló de cobrar a víctimas de persecución política para incluirlas en sus registros de presos políticos.
La reforma surge del acuerdo alcanzado a mediados de agosto entre la delegación del Ejecutivo encabezada por Rodríguez y representantes de la Asamblea Nacional de 2015, liderados por Dinorah Figuera, para modificar el proceso de selección de las autoridades judiciales.
Las partes acordaron «renovar y ampliar el comité de postulaciones judiciales», activar un «nuevo proceso de postulación» para renovar y designar a todos los magistrados y crear un consejo encargado de revisar las credenciales y requisitos de los candidatos al Tribunal Supremo de Justicia.