La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la pena máxima este jueves para dos pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) identificados como René Benedicto Portillo Guzmán y Juan José Castro, debido a que son acusados de cometer múltiples delitos en la comunidad Iberia del distrito de San Salvador.
La FGR indicó que las respectivas pruebas e investigaciones fueron presentadas ante el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador. Ambos sujetos son acusados de los delitos de agrupaciones ilícitas, posesión y tenencia con fines de tráfico, tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y contrabando.
La entidad fiscal informó que este fallo está previsto para el próximo miércoles 13 de mayo 2026. Asimismo, informaron que las autoridades policiales también reportaron que los sujetos tienen impregnados tatuajes y les descubrieron vestimentas alusivas a la pandilla.
Ambos sujetos fueron perfilados como miembros activos de la MS 13, del programa centro clica Iberia Locos Salvatruchos, y tenían el rango de gatilleros (sicarios), según informó la FGR a través de un comunicado de prensa.
En el marco del régimen de excepción, la captura de los imputados se efectuó el 25 de abril de 2022 en la Comunidad Iberia. Durante el proceso judicial se presentó una gran cantidad de evidencia en su contra. Al momento de la detención, a los implicados se les incautaron armas de fuego y material vegetal que, tras análisis, resultó ser marihuana, detalló la FGR.
En otros procesos realizados en los últimos días, la FGR divulgó en el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador audios en los que los jefes de la MS-13 daban indicaciones de cómo torturar y asesinar a las víctimas a otros pandilleros.
Diario El Mundo tuvo acceso a audios proporcionados por la Fiscalía General de la República. En estos, se revelan conversaciones entre pandilleros, incluida una en la que cuestionan a otro miembro de la pandilla que había quedado en libertad después de haber cumplido una condena de 38 años de cárcel.
Se les imputan a todos más de 47,000 delitos. Entre estos ilícitos se incluyen los homicidios perpetrados entre 2012 y 2022, destacando los 86 asesinatos que fueron el detonante para la implementación del régimen de excepción.