Los gobiernos de California y del condado de Los Ángeles han aprobado una serie de medidas legales para contrarrestar la campaña de deportaciones masivas impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Las disposiciones buscan crear un escudo institucional para resguardar a comunidades inmigrantes frente a las políticas migratorias federales.
La Junta de Supervisores del condado angelino declaró este martes una “emergencia” por las redadas migratorias a gran escala que, desde junio, han provocado temor generalizado, reduciendo la asistencia a centros educativos y trabajos, lo cual ha impactado la economía local. Esta declaración permite al gobierno movilizar recursos para asistir a las familias afectadas.
El gobernador de California, Gavin Newsom, también dio luz verde a una serie de leyes estatales que refuerzan los derechos de los inmigrantes. Entre ellas destaca la Ley del Plan de Preparación Familiar (AB 495), que permite a familiares asumir la tutela de menores si los padres son detenidos, y prohíbe a las guarderías solicitar datos sobre el estatus migratorio de los niños o sus padres.
“California reconoce nuestro valor económico además de nuestra dignidad como residentes que no deben ser criminalizados, perfilados racialmente o perseguidos solo por nuestro color de piel”, expresó Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla).
Otra normativa clave es la Ley de Protección de Negocios de Vendedores Ambulantes (SB 635), que impide a autoridades locales compartir con ICE la información obtenida durante la emisión de permisos para ventas callejeras. Esta ley prohíbe exigir datos migratorios o antecedentes mediante huellas dactilares.
Además, se sancionaron nuevas regulaciones que blindan espacios educativos y de salud. La AB 49 prohíbe el ingreso de agentes migratorios a escuelas sin una orden judicial, mientras que la SB 81 restringe el acceso del ICE a áreas no públicas de hospitales. También fue aprobada la SB 98, que obliga a notificar a padres y estudiantes cuando haya presencia del ICE cerca de centros escolares y universidades.
El activista Pablo Alvarado, portavoz de la Red Nacional de Jornaleros, consideró que aún hay margen de acción. “Hemos pedido a la Alcaldía de Los Ángeles una reunión con Home Depot para que entiendan cuánto estas redadas han afectado a sus propios clientes”, afirmó.
En esa misma línea, Newsom firmó la SB 627, que prohíbe el uso de pasamontañas por parte de agentes federales y locales —incluido ICE— durante sus operaciones, a partir del 1 de enero de 2026. Esta ley se suma a la SB 805, que exige a los agentes portar identificaciones visibles con su nombre o número de placa y la agencia a la que pertenecen.
La Casa Blanca ha rechazado estas últimas normativas, alegando que podrían poner en riesgo a sus fuerzas federales.
