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  • Gobierno pide reformar Ley especial de beneficios para veteranos militares y excombatientes del FMLN

    Gobierno pide reformar Ley especial de beneficios para veteranos militares y excombatientes del FMLN

    El Ejecutivo propuso a la Asamblea Legislativa una serie de reformas a la “Ley especial para regular los beneficios y prestaciones sociales de los veteranos militares de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN”, para convertir al Instituto Administrador de Beneficios de Veteranos y Excombatientes (INABVE) en el único ente rector encargado de administrar también los regímenes aplicables a personas adultas mayores y con discapacidad.

    La iniciativa se presentó en paralelo con la solicitud de disolver el Consejo Nacional de Inclusión de Personas con Discapacidad (Conaipd) y el Consejo Nacional Integral de la Persona Adulta Mayor (Conaipam), organismos que hasta ahora han sido responsables de velar por estos sectores vulnerables.

    Según el proyecto, el objetivo de la reforma es “optimizar la utilización de los recursos del Estado” y “aumentar la eficiencia técnica en la gestión pública”, concentrando la administración de todos estos regímenes en una sola institución.

    Entre los cambios más relevantes está la eliminación del término “preferencial” en la atención médica para personas con discapacidad y adultos mayores. Además, se aclara que la ejecución de programas de beneficios “queda supeditada a la capacidad financiera del Estado”, lo que implica que los apoyos dependerán de la disponibilidad de fondos públicos.

    Sobre las pensiones, se propone que aquellas autorizadas a cónyuges, convivientes, padres o madres sean vitalicias sin restricción de edad, mientras que las otorgadas a otros designados tendrán un límite de diez años desde su primer pago. Asimismo, se establece que la continuidad del beneficio estará condicionada a la comprobación periódica de sobrevivencia; de no cumplirse, el beneficiario será inhabilitado automáticamente hasta regularizar su situación.

    También se detalla que si un beneficiario realiza el trámite de sobrevivencia dentro del mismo ejercicio fiscal, podrá recuperar de forma retroactiva los pagos suspendidos. Pero si lo hace en un ejercicio fiscal posterior, solo se le reconocerán los beneficios desde el mes en que regularizó. El Instituto también tendrá facultades para recuperar pagos indebidos, según la normativa respectiva.

    En cuanto a los apoyos educativos, las reformas indican que quienes reciban becas o incentivos del INABVE para estudios superiores deberán mantener un Coeficiente de Unidades de Mérito (CUM) igual o superior a 7, asistir a reuniones convocadas y cumplir con las normativas establecidas por la institución.

    La propuesta será analizada en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, mientras que las solicitudes de disolución del Conaipd y el Conaipam serán discutidas por la Comisión de Niñez e Integración Social el próximo lunes 17.

  • Diputadas opositoras califican de "retroceso" pasar funciones del Conaipd y del Conaipam al INABVE

    Diputadas opositoras califican de «retroceso» pasar funciones del Conaipd y del Conaipam al INABVE

    Las diputadas opositoras Claudia Ortiz, del partido Vamos, y Marcela Villatoro, de Arena, cuestionaron este miércoles la decisión del Ejecutivo de disolver el Consejo Nacional de Inclusión para Personas con Discapacidad y el Consejo Nacional Integral de la Persona Adulta Mayor (Conaipam), y trasladar sus funciones al Instituto Administrador de los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos Militares de la Fuerza Armada y Excombatientes del FMLN (INABVE).

    Ortiz afirmó que esta medida representa un retroceso en materia de derechos humanos, al considerar que el INABVE no tiene la especialización adecuada para atender las necesidades de personas con discapacidad ni de adultos mayores.

    “Van a trasladar todas sus funciones, su patrimonio y todo lo que tenga que ver con su actuar al INABVE, que es el instituto nacional de los beneficios de los veteranos de guerra… y francamente, es un retroceso en los derechos”, afirmó la legisladora.

    La diputada agregó que es “preocupante” el retroceso que representa esta decisión, al señalar que “este gobierno no ha avanzado en nada en los derechos de personas con discapacidad, una amplia gama de población que sufre discriminación y que no ha tenido instituciones que defiendan sus derechos y los protejan”.

    Por su parte, Villatoro advirtió que la decisión vulnera los derechos fundamentales tanto de personas con discapacidad como de adultos mayores, y contraviene convenios internacionales ratificados por El Salvador, como la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

    “Con esto se vuelven inaplicables, pues los principales organismos que se encargan de velar por los derechos de ambos sectores van a desaparecer”, afirmó.

    La legisladora tricolor consideró que la medida responde a una intención del Ejecutivo de debilitar instituciones que garantizan derechos a sectores históricamente vulnerables.

    “Pasar todas las funciones al INABVE… es solo la muestra de la búsqueda continua de debilitar las verdaderas instituciones que velan por el respeto y los derechos de las personas con discapacidad y de las personas adultas mayores”, sostuvo.

    Ortiz también criticó el argumento oficial, que justifica la medida por razones de eficiencia y ahorro de recursos.

    “Ese es el gran argumento, y me parece inmoral e ilegal, porque violenta las obligaciones del Estado. Hago un llamado a las personas con discapacidad, a sus familias y amigos, a alzar la voz para que el gobierno no siga dando pasos hacia atrás”, dijo.

    El gobierno presentó las solicitudes de disolución de ambos consejos el pasado 11 de noviembre. La propuesta será discutida por la Comisión de Niñez e Integración Social el próximo lunes 17.