El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel decretó 20 años de prisión en contra de Franklin Alonso Portillo Hernández por los delitos de tráfico ilícito de drogas y tráfico ilícito de armas de fuego.
La Fiscalía General de la República (FGR) dijo que el hombre pertenece a la Mara Salvatrucha (MS-13) y que tiene se perfilado con rango de colaborador de la clica Hollywood, Los Ángeles y Hempstead.
Esta no es la primera condena que recibe, en diciembre de 2024 el hombre fue sentenciado a ocho años de prisión junto a otros sujetos por el delito de organizaciones terroristas.
El caso
Según la FGR, el hombre fue encontrado culpable de trasladar entre 15 a 60 libras de marihuana y armas de diferentes calibres desde Santa Ana al oriente del país, entre 2015 y 2020.
Las investigaciones fiscales apuntaron a que Portillo Hernández almacenaba la mercadería en una vivienda del distrito de El Tránsito, municipio de San Miguel Oeste, desde donde distribuía la droga y las armas.
La FGR dijo que en una ocasión, el hombre se movilizó hasta el cantón El Jobo, en la ciudad de Usulután, municipio de Usulután Este, para vender marihuana valorada en $1,000.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a un hombre identificado como Manuel Antonio Castro Puro a 16 años de cárcel por el delito de agresión sexual en menor o incapaz, en su modalidad de delito continuado.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Castro Puro es familiar de la víctima y la visitaba con regularidad y en esos momentos agredió sexualmente a la menor en reiteradas ocasiones y había sido amenazada para no contar nada de lo que estaba sucediendo.
«Fue hasta que otra familiar vio a Castro cuando abusaba de la víctima, y ella le contó todo a la madre y se interpone la denuncia», dijo la FGR.
Según la investigación, las agresiones ocurrieron entre los años 2023 y 2024, en una colonia del distrito de Santiago Texacuangos, municipio de San Salvador Sur, departamento de San Salvador.
De igual forma, el Tribunal de Sentencia impuso la pena de cárcel y además ordenó a pagar $1,000 dólares en concepto de responsabilidad civil.
Más condenas
Por otra parte, el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a 14 años de prisión a Salvador López Ayala por el delito de violación en contra de una niña de 11 años de edad en la jurisdicción de Jicalapa, La Libertad Costa, hecho que ocurrió en octubre del año 2021.
Según consta en las investigaciones de la FGR, López Ayala era la pareja sentimental de una familiar de la víctima y mientras la mujer salía de casa a trabajar, el procesado se quedaba a solas con la menor con la excusa de que la cuidaría. «El imputado aprovechó esa confianza para volar a la niña en reiteradas ocasiones».
La condena de cárcel fue impuesta tras valorar los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la representación fiscal durante el juicio.
A López Ayala se le impuso pena por el delito de violación en menor o incapaz, asimismo, se le ordenó pagar a la víctima la cantidad de $320.00 en concepto de responsabilidad civil.
La defensa del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció que apelará la condena de 27 años y tres meses de prisión dictada en su contra por su presunta implicación en el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, calificando la sentencia como “absurdamente excesiva y desproporcionada”.
En un comunicado, los abogados Celso Vilardi y Paulo Amador da Cunha Bueno aseguraron que recurrirán la decisión “incluyendo recursos internacionales”, y reiteraron que el exmandatario “no atentó contra el Estado Democrático ni participó en ningún plan”. Además, denunciaron la supuesta “falta de tiempo” para analizar las pruebas presentadas en el proceso.
La condena a Bolsonaro es la más alta entre los principales acusados del caso. La sentencia contempla 27 años y tres meses de reclusión en régimen inicial cerrado y 124 días de multa, equivalentes cada uno a dos salarios mínimos.
Condena conjunta de 157 años a Bolsonaro y aliados
Junto al expresidente, también fueron sentenciados seis de sus principales colaboradores: el exministro de Defensa Walter Braga Netto, el exministro de Justicia Anderson Torres, el excomandante de la Armada Almir Garnier, el exjefe de Seguridad Institucional Augusto Heleno, el exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira y el exdirector de Inteligencia Alexandre Ramagem.
Entre los siete acumulan un total de 157 años de prisión.
Por otro lado, el exayudante de Bolsonaro, Mauro Cid, convertido en testigo colaborador, recibió solo dos años de prisión en régimen abierto, además de la restitución de bienes y protección especial de la Policía Federal para él y su familia, gracias a un acuerdo de culpabilidad con la Justicia.
Los abogados del exministro Walter Braga Netto, quien recibió la segunda condena más severa, anunciaron que también apelarán en todas las instancias, denunciando la falta de tiempo para revisar el caso y acusando a Mauro Cid de mentir en sus declaraciones.
“Se analizarán todos los recursos pertinentes, incluidos los tribunales internacionales”, señalaron en su comunicado.
La sentencia contra Bolsonaro y sus antiguos aliados marca un capítulo histórico en la justicia brasileña, mientras las apelaciones prometen prolongar el proceso en instancias nacionales e internacionales.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a 32 años de prisión a Nelson Salmerón Rosales por el delito de agresión sexual en menor e incapaz agravada continuada y violación en menor o incapaz agravada.
La Fiscalía General de la República (FGR) dijo que el veredicto también incluyó a Jacqueline Felicita Navarro Cruz, pareja de Salmerón Rosales, quien fue sentenciada a 20 años de cárcel por el delito de comisión por omisión en el delito de violación en menor o incapaz agravada.
La pareja también será obligada a pagar $1,800 en concepto de responsabilidad civil en favor de la víctima.
La FGR dijo que los hechos ocurrieron hace cinco años, en el cantón Cangrejera, comunidad Tiguapa, en el municipio de La Libertad Costa.
La menor fue agredida sexualmente desde los seis años y los hechos se extendieron hasta cumplir 11 años.
Cercanía con la familia
En su comunicado, la Fiscalía señaló que la mayoría de las agresiones en contra de la joven ocurrieron cuando ella llegaba de visita a la casa de su madre.
Luego de abusarla, la amenazaba con asesinarla a ella o a la abuela de la víctima para que no revelara lo que estaba ocurriendo.
La niña decidió contarle a la madre lo sucedido, pero esta no le creyó y las agresiones continuaron.
Las investigaciones fiscales comprobaron que la menor también fue privada y llevada a un cañal en donde fue abusada, así como la complicidad de Navarro Cruz que, en una ocasión, colocó música en alto volumen para que sus otros hijos no escucharan la agresión.
El cambio de comportamiento de la menor de edad llamó la atención de los docentes en la institución en donde estudia quienes hablaron con ella. Debido a esta situación, la niña comentó a los profesores lo que había ocurrido y estos llamaron a la abuela materna.
La FGR dijo que la denuncia relacionada con el caso se interpuso en 2024.
La Fiscalía no deja claro en su comunicado si Navarro Cruz era la madre de la menor.
Agresión a comerciante
En las últimas horas, la FGR también notificó sobre la condena de 12 años de cárcel que el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador interpuso en contra de José Efraín Villalobos, por el delito de violación agravada.
En su portal, las autoridades fiscales señalaron que la violación ocurrió en diciembre de 2023, en la colonia Santa Teresa, distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
La mujer era una comerciante de frutas y verduras que pasó por la vivienda de Villalobos y le ofreció sus productos, de forma consecuente, el hombre la introdujo a la vivienda y abusó sexualmente de ella.
La víctima interpuso la denuncia de inmediato y, según la FGR, recibió atención médica y psicológica.
José Efraín Villalobos fue condenado por el delito de violación agravada por abusar de uan comerciante de frutas y verduras en Apopa. /FGR
Dos hombres que agredieron sexualmente a una menor de edad en Aguilares, municipio de San Salvador Norte, fueron condenados hasta a 12 años de cárcel por el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
A través de una publicación, la Fiscalía indicó que Emilio Espinoza Gómez fue condenado a 12 años de cárcel por el delito de agresión sexual en menor o incapaz continuada.
Por su parte, Josué Humberto Gómez Espinoza recibió ocho años de cárcel por encontrársele culpable por el delito de agresión sexual en menor incapaz.
El Tribunal también obligó a los sujetos a pagar $600 en concepto de responsabilidad civil.
Los hechos
Las investigaciones fiscales revelaron que los abusos en contra de la víctima iniciaron en el 2020, en un cantón de dicha jurisdicción.
Espinoza fue el primero en agredir a la menor de edad. La FGR dijo que el hombre incurrió en el delito a partir de ese año, pues se aprovechó de tener cercanía con la familia de la joven para hacerlo de diferentes maneras y en varias ocasiones.
La Fiscalía dijo que Gómez se valió de que Espinoza ya abusaba de la menor para agredirla también, pero de diferente manera.
“El imputado le dio dinero a la víctima para que no dijera nada de lo que estaba sucediendo”, indicó la FGR en su comunicado.
Los hechos fueron descubiertos por la madre de la menor cerca de cinco años después, en febrero de 2025, cuando encontró un dinero que no pudo ser justificado por la víctima.
Finalmente, la menor de edad comentó a su madre lo que estaban haciendo ambos hombres.
Las autoridades no explicaron cuándo fue interpuesta la denuncia o si ambos hombres eran familiares.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, en La Libertad, condenó a 28 años de cárcel a William César Leiva Hernández, por los delitos de tráfico ilícito en modalidad de concurso real y casos especiales de lavado de dinero y activos.
La Fiscalía General de la República (FGR) dijo que el hombre fue capturado en octubre de 2023 con cocaína valorada en $25,426.99, cuando se movilizaba en su vehículo sobre el bulevar Orden de Malta, en el distrito de Antiguo Cuscaltán, municipio de La Libertad Este.
En ese momento, la FGR aseguró que se procedió al allanamiento de la vivienda de Leiva Hérnandez en la colonia Escalón en San Salvador.
El hombre fue enviado a juicio en agosto de 2024, tras acusarle de movilizar dos paquetes de droga equivalente a 900 gramos de cocaína.
En su momento, las autoridades fiscales indicaron que en la vivienda se encontraron 80 cajas Rivotril y 5.5 kilogramos de cocaína escondidos en una caja fuerte, así como $10,000.
Cierre del caso
Este martes, la FGR dijo que el total de cocaína decomisada en la vivienda del hombre rondó los $3751 gramos.
Según la FGR, el decomiso de droga resguardada por Leiva Hernández ascendió a $94,315.22.
A esto se suma que, durante el allanamiento, se encontraron $14,780 en efectivo, de los cuales no pudo justificar su procedencia legal.
Dos pandilleras de la MS-13 fueron condenadas a 30 años de prisión cada una por el delito de extorsión agravada en el distrito de San Pedro Masahuat, La Paz Oeste, informó la Fiscalía General de la República (FGR)..
Las condenadas fueron identificadas como Sharon Maderick Escobar Cerón y Laura Liseth Flores Hernández, ambas integrantes de la clica Miraflores Locos Salvatruchos. Además de esta sentencia, enfrentan otros procesos judiciales por delitos vinculados a estructuras criminales.
Según las investigaciones, las dos pandilleras interceptaron a su víctima y la obligaron a subir a un vehículo, donde la amenazaron de muerte si no pagaba la llamada “renta”. “Si no nos das el dinero, te vamos a quitar la vida”, fue el ultimátum que recibió la persona afectada, relató la Fiscalía.
Por temor, la víctima accedió a entregar cuotas de dinero durante varios meses hasta que las autoridades documentaron el caso y presentaron las pruebas que llevaron a la condena.
La FGR destacó que la sentencia representa un avance en la lucha contra las estructuras criminales que operan en La Paz y reiteró su compromiso de perseguir penalmente los delitos de extorsión y amenazas de muerte en todo el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a 20 años de cárcel a los guatemaltecos Nemesio Aguilar Jolón y Amílcar Carrera Cabnal, tras ser encontrados culpables del delito de tráfico ilícito de drogas.
Los acusados fueron detenidos en flagrancia el 17 de enero de 2025, durante un control vehicular instalado por la Policía Nacional Civil (PNC) en el cantón El Paraje Galán, cerca de la frontera San Cristóbal en Santa Ana.
Ambos viajaban en un furgón con placas guatemaltecas y, al abrir las puertas, los agentes detectaron un fuerte olor a marihuana. En el cabezal del vehículo fueron hallados cinco bultos grandes que contenían material vegetal.
Las investigaciones y pruebas de campo confirmaron que se trataba de 98,970 gramos de marihuana (aproximadamente 200 libras), con un valor estimado de $349,364.1 en el mercado ilegal.
El peritaje estableció que los detenidos habían salido desde Guatemala con rumbo a El Salvador, y que su destino final era Nicaragua, a través de la frontera El Amatillo.
Con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía y la PNC, el juez determinó la plena responsabilidad de los extranjeros en el delito de tráfico ilícito de drogas. Ambos fueron condenados a 20 años de prisión por transportar la marihuana de manera ilegal en territorio salvadoreño.
La Junta de Revisión de California negó el jueves la libertad condicional a Erik Menéndez, uno de los dos hermanos sentenciados a cadena perpetua por el asesinato a tiros de sus padres, Kitty y José Menéndez, ocurrido en agosto de 1989 en su residencia de Beverly Hills.
La audiencia, realizada de manera virtual y con una duración de 10 horas, incluyó los alegatos de la Oficina del Fiscal de Los Ángeles y los testimonios de familiares y allegados considerados víctimas del crimen, que cumplió 36 años el pasado 20 de agosto.
Con esta decisión, la única posibilidad que le queda a Erik es que el gobernador de California revoque el fallo y autorice eventualmente su salida de prisión.
Su hermano Lyle será evaluado este viernes en una audiencia independiente, aunque el revés judicial de Erik anticipa un panorama poco favorable para su caso.
En mayo pasado, la Justicia de Estados Unidos revisó la condena de ambos hermanos y la redujo a una pena de entre 50 años y cadena perpetua, lo que abrió la opción de solicitar audiencias de libertad condicional.
El crimen de los Menéndez sacudió a la sociedad estadounidense a finales de los años 80. Los hermanos inicialmente afirmaron haber encontrado los cuerpos de sus padres tras pasar la tarde fuera de casa, pero levantaron sospechas al iniciar una vida de lujos y excesos financiada con la fortuna familiar.
Durante el juicio, Erik y Lyle alegaron haber sido víctimas de abusos sexuales por parte de su padre, un argumento que dividió a la opinión pública y marcó uno de los procesos más mediáticos de la época.
El caso recuperó notoriedad en los últimos años con la serie de Netflix “Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez”, además de documentales que reavivaron el debate sobre si los hermanos fueron asesinos fríos o víctimas de un ambiente familiar marcado por el abuso.
La condena en primera instancia al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, remeció el escenario político colombiano justo en vísperas de un año electoral clave, en el que se renovará el Congreso y se elegirá al nuevo presidente del país.
La sentencia, leída por la jueza Sandra Heredia, convierte a Uribe en el primer expresidente colombiano condenado penalmente, y podría representar un golpe significativo para su partido, el Centro Democrático, aunque también podría reavivar su base de apoyo más fiel. Figuras como la senadora Paloma Valencia aseguraron que esta es “una batalla que ganaremos en 2026 con la ayuda de los colombianos y de Dios”.
Colombia celebrará elecciones legislativas el 8 de marzo de 2026 y las presidenciales el 31 de mayo. En caso de ser necesaria, la segunda vuelta se desarrollará el 21 de junio.
Según el analista político Yann Basset, el impacto electoral de la condena será limitado. A pesar de su relevancia histórica y simbólica, Uribe ya no ocupa el centro del debate público como lo hacía en décadas anteriores, y la derecha colombiana ha diversificado sus liderazgos más allá del Centro Democrático.
Uribe enfrenta una posible sentencia de entre cuatro y ocho años de prisión, probablemente en modalidad de detención domiciliaria, aunque la fiscal del caso, Marlenne Orjuela, ha solicitado que la pena sea mayor: nueve años. La defensa apelará el fallo el próximo 11 de agosto y el Tribunal Superior de Bogotá tiene hasta el 16 de octubre para pronunciarse en segunda instancia.
Por otro lado, la condena ha puesto en el foco al senador de izquierda Iván Cepeda, reconocido como víctima en el proceso y señalado como posible aspirante presidencial por sectores que celebran la decisión judicial. Cepeda, sin embargo, afirmó que una eventual candidatura suya sería independiente del fallo: “El juicio fue una decisión en derecho y debe analizarse como tal”, indicó en entrevista.
El proceso judicial contra Uribe se remonta a 2012, cuando él mismo denunció a Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Sin embargo, el caso se volvió en su contra, en un efecto búmeran que terminó por involucrarlo en delitos relacionados con el intento de manipulación de testigos y el uso indebido del sistema judicial.
