El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de Santa Ana declaró culpables el viernes a 32 personas por integrar una red dedicada al tráfico ilegal de personas y a las agrupaciones ilícitas, tras comprobarse que operaban en coordinación para trasladar migrantes de forma irregular hacia Estados Unidos.
Las estructuras criminales, compuestas por ocho células delictivas, fueron responsabilizadas de organizar y ejecutar el tráfico de al menos 152 personas —salvadoreñas y extranjeras— entre octubre de 2021 y abril de 2022. Fueron detenidos en junio de 2022.
La red utilizaba rutas terrestres que cruzaban Guatemala y México, evadiendo controles migratorios hasta llegar a la frontera estadounidense.
Por la gravedad de los delitos y el nivel de participación, el tribunal impuso penas ejemplares. Mario Ernesto Acosta Morán, identificado como uno de los principales cabecillas, fue condenado a 170 años de prisión, la pena más alta del fallo.
A José Elías Ortiz Hernández se le impusieron 52 años, mientras que Ana de la Cruz Flores Márquez y Pedro Arias Castillo fueron sentenciados a 38 años de cárcel cada uno.
Otros miembros de la estructura recibieron condenas significativas: Nelson Mauricio Fuentes Ayala, Hugo Fredys Amaya Arévalo y Maximiliano Rodríguez Lizano cumplirán 26 años de prisión, mientras que Franclin Omar Corrales Rivera fue condenado a 24 años.
Las penas para el resto de los implicados oscilan entre 19 y 77 años de cárcel, según el grado de responsabilidad en los delitos.
Las autoridades fiscales señalaron que esta red criminal lucraba con el tráfico de personas, utilizando medios de transporte terrestre, rutas clandestinas y enlaces en países vecinos, poniendo en riesgo la vida de las víctimas en cada etapa del trayecto.