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  • Martín Vizcarra se suma a la larga lista de expresidentes peruanos condenados por corrupción

    Martín Vizcarra se suma a la larga lista de expresidentes peruanos condenados por corrupción

    Un tribunal de Perú condenó el  miércoles al expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) a 14 años de prisión, tras declararlo culpable de cohecho pasivo propio en dos casos de corrupción ocurridos cuando era gobernador regional de Moquegua (2011-2014). La decisión judicial lo convierte en el cuarto exjefe de Estado peruano sentenciado por delitos de corrupción.

    Vizcarra fue hallado responsable de recibir sobornos en los proyectos de infraestructura ‘Lomas de Ilo’, por el cual recibió una condena de 6 años, y ‘Hospital de Moquegua’, que le valió 8 años adicionales. Además, el tribunal ordenó su inhabilitación por 9 años y el pago de una multa de 94,900 soles (alrededor de $25,800 tras conversión).

    Lo que hace singular el caso de Vizcarra es que llegó a la presidencia con un fuerte discurso anticorrupción, llegando incluso a disolver el Congreso en 2019 como parte de lo que llamó una «cruzada contra la corrupción». Sin embargo, terminó siendo destituido en 2020 por el mismo Congreso por presuntos actos irregulares cometidos durante su gestión regional, pese a que en su momento no se presentaron pruebas concluyentes.

    El expresidente peruano Alberto Fujimori. EFE

    Con Vizcarra, ya son seis los expresidentes peruanos que han enfrentado procesos judiciales, condenas o investigaciones por corrupción en las últimas décadas. Desde Alberto Fujimori hasta Dina Boluarte, Perú ha visto una sucesión de mandatarios involucrados en escándalos judiciales que reflejan una profunda crisis institucional.

    El expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, aunque fue liberado por un indulto humanitario en 2023. Alejandro Toledo (2001-2006) fue extraditado desde EE.UU. en 2023 y en octubre de 2024 fue condenado a 20 años y 6 meses de prisión por recibir millonarios sobornos de Odebrecht.

    El expresidente peruano Alan García. EFE

    Alan García (1985-1990 y 2006-2011), investigado por corrupción en contratos del Metro de Lima, se suicidó en 2019 cuando las autoridades iban a arrestarlo por el caso Odebrecht. Según la fiscalía, habría recibido $24 millones en sobornos durante su segundo mandato.

    El expresidente de Perú Ollanta Humala (2011 – 2016). EFE

    Ollanta Humala (2011-2016) fue condenado en abril de 2025 a 15 años de prisión por lavado de activos, luego de recibir financiamiento ilícito de Odebrecht y del gobierno venezolano. Mientras tanto, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) permanece en arresto domiciliario desde 2019, investigado por pagos de Odebrecht a su consultora.

    Alejandro Toledo, expresidente de Perú, condenado por corrupción. EFE

    Pedro Castillo (2021-2022), destituido tras intentar disolver el Congreso en 2022, enfrenta cargos por rebelión, abuso de autoridad y alteración del orden público. Está en prisión preventiva y la Fiscalía solicita 34 años de cárcel.

    Dina Boluarte (2022-2025), su sucesora, fue investigada por el caso Rolexgate y denunciada por las muertes en protestas, aunque hasta el momento no ha sido procesada formalmente.

    La destituida expresidenta de Perú, Dina Boluarte. / EFE

    En contraste, Valentín Paniagua (2000-2001) se mantiene como el único expresidente reciente sin señalamientos de corrupción. Fue el mandatario interino tras la renuncia de Fujimori y lideró un breve gobierno de transición con amplia aprobación social.

    Valentín Paniagua fue el único expresidente peruano en no ser procesado por corrupción en tres décadas.

    De cara a las elecciones presidenciales de abril de 2026, el panorama político peruano sigue fragmentado: hay 43 candidatos inscritos, muchos sin respaldo de partidos tradicionales. La sombra de la corrupción sigue presente y la ciudadanía enfrenta un nuevo ciclo electoral con una democracia debilitada.

     

  • Condenan a dos sujetos por abusos sexuales de menores 

    Condenan a dos sujetos por abusos sexuales de menores 

    Dos sujetos fueron condenados a penas de 24 y 20 años de cárcel por diferentes casos de abuso sexual ocurridos en Usulután y San Salvador Sur, informó la Fiscalía General de la República..

    En el primer caso, Brian Ramírez fue condenado a 24 años de cárcel por abusar sexualmente de un bebé de ocho meses. Según las investigaciones de la Fiscalía, el imputado aprovechó que la madre dormía para cometer el hecho. Durante la madrugada, ella se despertó por el llanto de su bebé y decidió buscar atención médica, en el Hospital San Pedro, Usulután.

    Al examinar al niño, el personal médico activó el protocolo por violación debido a las lesiones que presentaba en su cuerpo. El menor fue referido al Hospital Benjamín Bloom para poder ser tratado, sin embargo, murió horas después de su traslado.

    En el segundo juicio, el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a Alexis Hernández a 20 años de cárcel por abusar sexualmente de una menor de edad, en Santo Tomás, San Salvador Sur. 

    Este sujeto contactó a la víctima a través de redes sociales y consiguió engañarla para encontrarse con ella. Hernández la llevó a su casa, la retuvo y abusó de ella, durante dos días.

    Cuando la menor regresó a casa, le contó a su madre sobre los ataques del imputado.

     

     

  • Condenan hasta a 77 años de cárcel a traficantes de migrantes en El Salvador

    Condenan hasta a 77 años de cárcel a traficantes de migrantes en El Salvador

    La Justicia salvadoreña condenó a penas de 77 y 55 años de prisión a tres integrantes de una red dedicada al tráfico ilegal de personas hacia Estados Unidos, informó este lunes la Fiscalía General de la República (FGR).

    Los sentenciados fueron identificados como José Francisco Centeno, condenado a 77 años, y Julio César Gómez y José Balbino Baires, ambos con penas de 55 años de cárcel, por los delitos de tráfico ilegal de personas y agrupaciones ilícitas.

    Según la investigación fiscal, “los imputados llevaban a las víctimas hasta la zona del lago de Güija, en Santa Ana. Luego, las trasladaban a Guatemala, donde otros miembros de la estructura las retomaban y finalmente las llevaban a territorio estadounidense”.

    La FGR detalló que la red cobraba entre $3,500 y $12,000 por persona, y hasta ahora se han contabilizado 22 víctimas de distintas zonas del país trasladadas en diferentes medios de transporte. La estructura operaba en los departamentos de La Paz, San Salvador, La Libertad y Santa Ana.

    Fuentes consultadas explicaron que los llamados coyotes salvadoreños mantienen vínculos con traficantes de Honduras y Guatemala, dentro del denominado Triángulo Norte de Centroamérica, y actúan bajo la venia de carteles de droga en México.

    De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en 2024 fueron 14,195 los salvadoreños deportados desde Estados Unidos, frente a los 13,357 de 2023.

    Cada año, más de 500,000 personas de El Salvador, Guatemala y Honduras emprenden el viaje irregular hacia Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, pese a los riesgos de las rutas controladas por el crimen organizado.

     

  • Hombre que violó a niña de 10 años en Sonsonate fue condenado a 22 años de prisión

    Hombre que violó a niña de 10 años en Sonsonate fue condenado a 22 años de prisión

    El Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate condenó a 22 años de prisión a Saúl Ernesto Solórzano por violar a una niña de 10 años en Sonsonate.

    La Fiscalía General de la República (FGR) dijo que el hombre fue condenado por el delito de violación en menor e incapaz agravada en perjuicio de una menor de edad.

    Según la Fiscalía, la preadolescente fue abusada tres años por el hombre, desde los 10 hasta los 13 años.

    Las investigaciones fiscales revelaron además que el imputado tenía una pareja a la que ejercía violencia doméstica.

    Pero el 21 de mayo de 2023, Solórzano huyó de su hogar y se llevó consigo a la menor de edad. El hombre desapareció a la niña y amenazó a la madre de la víctima para que no la siguiera buscando.

    Tras la privación, Solórzano abusaba de la niña cuando regresaba de trabajar a su casa. La Fiscalía no reveló qué ocurrió con la menor.

    Pago a familiares

    Por su parte, Pedro Antonio Carranza Trejo fue condenado a 20 años de prisión por el delito de violación en menor e incapaz agravada en modalidad continuada en perjuicio de una preadolescente, por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.

    El delito se perpetró en el distrito de Santiago Texacuangos, municipio de San Salvador Sur, entre el 2021 y el 2023.

    La FGR dijo que Carranza Trejo frecuentaba a la menor porque era conocido de su familia.

    El hombre acordó darle dinero a los responsables de la niña para abusar sexualmente de ella.

    La menor fue violentada durante tres años y, tras las constantes agresiones, quedó embarazada. Según la FGR, la víctima no denunció porque Carranza Trejo la manipuló para no proceder.

    La Fiscalía dijo que la joven también padece un tipo de discapacidad mental, según reportes médicos, y que las violaciones hacia la víctima se confirmaron a través de investigaciones y exámenes.

    Carranza Trejo fue parte de los detenidos en la operación “Valquiria”, ejecutada por la Policía Nacional Civil (PNC) en julio de 2023, la cual estuvo dirigida en desarticular y arrestar agresores sexuales.

    Junto a este hombre otras 12 personas fueron detenidas en ese momento.

  • El 20 % de las audiencias terminaron en sentencia condenatoria entre 2024 y 2025

    El 20 % de las audiencias terminaron en sentencia condenatoria entre 2024 y 2025

    Más de 47,000 audiencias judiciales se realizaron a nivel nacional entre junio de 2024 y mayo de 2025, sin embargo, solo el 20 % concluyeron en una sentencia condenatoria, según el más reciente Informe de Labores publicado por la Fiscalía General de la República (FGR).

    El documento expone que en dicho periodo de tiempo la Fiscalía contabilizó un total de 47,861 audiencias realizadas, de las cuales solo 9,828 resultaron en condenas, que equivale al 20.5 %.

    En ese sentido, los datos arrojan que solo 2 de cada 10 audiencias culminan con una sentencia condenatoria.

    Por otra parte, la FGR indicó que entre junio de 2024 y mayo de 2025, se judicializaron 29,123 casos y 40,212 imputados y se atendió a 102,820 víctimas.

    De acuerdo con el Ministerio Público, las cifras reflejan tanto los casos nuevos que ingresaron a la etapa judicial como aquellos expedientes que ya estaban en proceso y tuvieron actividad dentro del año evaluado.

    Nuevos casos

    A lo largo del último año, la Fiscalía señala que se iniciaron 92,159 nuevos casos a nivel nacional, con un promedio mensual de 7,680 expedientes.

    Al desglosar los casos por mes, se expone que marzo de 2025 fue el mes con mayor número de nuevos expedientes, con un total de 8,950 casos, lo que equivale al 9.71 % del total registrado en el año, seguido de octubre de 2024 con 8,468 procesos.

    Mientras que el mes con menor número de casos iniciados fue junio de 2024, que registró 6,636 de los nuevos expedientes, que equivalen al 7.20 % del total. El resto de los meses se mantuvieron entre los 7,000 y 8,000 casos.

    En cuanto a la carga laboral del Ministerio Público, cada fiscal atendió en promedio 108 casos, con un promedio diario de 252 nuevos expedientes a nivel nacional, agrega el documento.

    Con respecto al estado actual de los expedientes iniciados, el informe señala que de 92,159 casos iniciados más de la mitad ya no siguen activos, debido a que 33,682 (36.5 %) fueron archivados de manera definitiva y 12,801 (13.8 %) de forma provisional y solo 45,676 casos continúan en trámite.

    Número de delitos

    El total de delitos registrados entre junio 2024 y mayo 2025 fue de 98,671, superando la cantidad de casos debido a que un mismo expediente puede incluir múltiples delitos, según explicó la FGR.

    Entre los delitos de mayor impacto figuran el hurto y robo con 6,758 actos delictivos, seguido de los delitos sexuales como violaciones con 2,739 casos, y los delitos relacionados con drogas con 1,565. Este último reporta un alza de 111 casos comparado con el ejercicio fiscal de junio 2023 a mayo 2024.

    Dentro del proceso de investigación que realiza la Fiscalía General de la República, las víctimas representan el 48.9%, mientras que los imputados el 51.1%. Tanto en víctimas como en imputados se incluyen personas mayores y menores de edad.