Dos hermanos identificados como Raúl Orantes Martínez y José Adonay Orantes Martínez recibieron de parte del Tribunal Segundo de San Miguel una condena a 20 años de cárcel debido a que fueron encontrados culpables del delito de homicidio agravado en perjuicio de un hombre.
De acuerdo con la información de la Fiscalía General de la República (FGR), que notificó de esta condena a través de un comunicado de prensa, los sujetos cometieron este hecho el 1 de noviembre del 2014 enfrente del San Antonio Las Iglesias, distrito de San Luis de La Reina, departamento de San Miguel.
Según las investigaciones de la entidad fiscal, los ahora condenados agredieron a la víctima con armas blancas tipo machete hasta ocasionarle la muerte debido a la gravedad de las lesiones tras el ataque.
Asimismo, la FGR enfatizó en el escrito que los involucrados no poseen nexos con grupos de pandillas y recibieron su sentencia bajo la condición de ausentes por dicho tribunal.
Anteriormente, Centros Judiciales de El Salvador informó sobre una condena a 20 años de prisión en contra de otros dos hombres identificados como Walter de Jesús Guillermo Cedillos, presente, y Wilber Alexander Iraheta Amaya, esto como parte de más sentencias en contra de personas que cometieron homicidio agravado.
De acuerdo con las investigaciones, la víctima participaba en una actividad realizada en el centro escolar del caserío Las Pampas, ubicado en el cantón Montecillo, momento en que los miembros de la pandilla Barrio 18 lo interceptaron con el fin de registrar su teléfono celular y comprobar si pertenecía a una estructura rival.
Tras la revisión, los sujetos lo movilizaron hacia una zona distinta donde le propinaron fuertes golpizas que lo dejaron inconsciente, para finalmente conducirlo hasta una poza donde murió a causa de ahogamiento.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez cuatro, condenó a 49 integrantes de la estructura Suchitotos Locos Salvatruchos por el delito de agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública, informó la instancia judicial.
Las condenas fueron establecidas conforme a las recientes reformas al Código Penal, que contemplan diferentes penas según el rango y la función desempeñada dentro de las estructuras. Los procesados recibieron sentencias que oscilan entre 20 y 60 años de prisión.
La mayor condena fue impuesta a Anderson de Jesús Castro Mejía, alias Travieso, identificado durante el proceso como corredor de la clica. Debido a la función de liderazgo que ejercía dentro de la estructura, el tribunal lo sentenció a 60 años de prisión.
Otros ocho imputados identificados con el rango de homeboy fueron condenados a 45 años de prisión cada uno. El juzgador tomó en consideración la posición que ocupaban dentro de la estructura para establecer las respectivas penas.
El tribunal también sentenció a siete integrantes a 30 años de cárcel. De este grupo, tres fueron identificados con el rango de chequeo y otros cuatro con el rango de observación, según la resolución judicial.
Asimismo, 32 paros activos recibieron penas de 25 años de prisión cada uno, mientras un colaborador de la estructura fue condenado a 20 años. Con estas sentencias se completan las condenas impuestas a los 49 procesados por agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la información judicial, los condenados pertenecían a los Suchitotos Locos Salvatruchos y operaban en el distrito de Suchitoto, municipio de Cuscatlán Norte, en el departamento de Cuscatlán.
Los integrantes de la estructura fueron capturados durante el régimen de excepción y posteriormente enfrentaron el proceso ante la jurisdicción contra el crimen organizado. El procedimiento concluyó con las penas diferenciadas según los rangos atribuidos a cada uno de los condenados.
Un tribunal salvadoreño condenó a 17 integrantes de una estructura dedicada al tráfico ilegal de personas que operaba en el occidente del país, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las investigaciones, la red criminal operaba principalmente desde el departamento de Ahuachapán y utilizaba puntos ciegos en la frontera de Las Chinamas y el Río Paz para evadir los controles migratorios.
Las autoridades determinaron que los implicados trasladaban ilegalmente a migrantes con destino a Estados Unidos, poniendo en riesgo la vida de adultos, niños y adolescentes que viajaban solos o acompañados, con el objetivo de obtener ganancias ilícitas.
Entre las condenas más altas impuestas por el tribunal destaca la de Celedonia Esmeralda Jerez, quien fue sentenciada a 178 años de prisión por su participación en la estructura criminal.
Asimismo, Andy Jefferson Morán Cortez recibió una pena de 142 años de cárcel, mientras que Salvador Armando Pérez fue condenado a 90 años de prisión por su implicación en las operaciones de tráfico de personas.
Según la Fiscalía, estas condenas forman parte de los esfuerzos de las autoridades para combatir las redes de tráfico de migrantes que operan en zonas fronterizas del país y que ponen en riesgo la seguridad y la vida de las personas que intentan migrar de forma irregular.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado C de San Miguel declaró culpables a 16 miembros de una estructura criminal dedicada a cometer homicidios entre 2018 y 2021 en los departamentos de San Miguel, Usulután y La Unión. La organización estaba conformada por exmilitares, expolicías y civiles que operaban en la zona oriental del país.
Según la resolución judicial, Alejandro Monterrosa, Juan Zapata Ramos y Salvador de Jesús Villalobos López recibieron condenas de 60 años de prisión por tres homicidios agravados. Asimismo, Andrés Alberto Murillo Roque, Agustín de Jesús Rivas López, Yobani Alexander Crespo Romero, Víctor Manuel Romero Herrera y Gerardo Polillo Rivera fueron sentenciados a 40 años de cárcel por dos homicidios agravados.
El resto de los implicados fue condenado a 20 años de prisión por su participación en los hechos. La investigación de la Fiscalía determinó que el grupo ejecutaba asesinatos de forma coordinada, aprovechando la experiencia de algunos de sus integrantes en cuerpos de seguridad pública.
El fallo representa un golpe a estructuras criminales que operaban en el oriente del país y reafirma la respuesta judicial frente a delitos graves como el homicidio agravado, en el marco del combate contra el crimen organizado.
El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de Santa Ana condenó a penas que van desde 12 hasta 30 años de prisión a varios integrantes de las clicas Victoria Locos Salvatruchos, Vatos Locos Salvatruchos y Hollywood Locos Salvatruchos, pertenecientes a la Mara Salvatrucha (MS-13), tras encontrarlos culpables de diversos delitos.
La condena más alta recayó sobre Jesús Esteban Funes Girón, alias Black Danger, quien recibió 30 años de cárcel, distribuidos en 15 años por el delito de organizaciones terroristas y 15 más por tráfico ilícito. Según la resolución judicial, el imputado tenía rango de homeboy dentro de la estructura criminal.
También fueron sentenciados a 15 años de prisión por organizaciones terroristas Erick Alexander Flores, alias Liro Crazy; Edgar Antonio de los Reyes, alias El Solitario; Víctor Rafael Ramos, alias Cholo; Kevin Eduardo Mancía, alias Dreamer; Rodrigo Antonio Martínez, alias Suri; Edwin Alexander Grijalva, alias Lito Bat; Roberto Enrique Mendoza, alias Lito Blacky; Darwin Fabricio Ascencio, alias El Gato; Saúl Alfredo García; Daniel Humberto Escobar, alias El Dani; y Kevin Eduardo Cabrera, este último declarado en rebeldía. Todos ostentaban el rango de homeboy dentro de las mencionadas clicas.
Asimismo, otros diez colaboradores de la misma estructura, entre ellos tres mujeres, fueron condenados a 12 años de prisión por el delito de organizaciones terroristas, tras comprobarse su participación en actividades vinculadas a la pandilla.
Los procesados fueron capturados el 26 de marzo de 2022 en una cancha de fútbol ubicada en la residencial Valladolid, en Ciudad Real, distrito de San Sebastián Salitrillo. Durante el procedimiento, a Jesús Esteban Funes Girón se le incautaron 24 porciones pequeñas de material vegetal que, tras la prueba de campo, dio positivo a marihuana.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a penas de hasta 124 años de prisión a varios pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13), responsables del asesinato de una mujer embarazada y de su bebé, además de otros delitos vinculados a la estructura criminal.
La pena más alta fue impuesta a Alexis Omar González Rodríguez, alias Little Trucha, sentenciado a 124 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, aborto sin consentimiento, privación de libertad, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
En el mismo proceso, Mauricio Antonio Moreno, alias Druppy, recibió una condena de 63 años de prisión por extorsión agravada, proposición y conspiración para cometer homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
Asimismo, Moris Omar Castellón Santamaría, alias Spanky, fue condenado a 34 años de cárcel por proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado y por agrupaciones ilícitas. Según la sentencia, Spanky ostentaba el rango de corredor de clica dentro de la estructura delincuencial.
El tribunal también impuso penas que oscilan entre 15 y 23 años de prisión a otros cinco pandilleros, todos identificados como miembros activos de la MS-13 y con base de operaciones en distintas zonas de San Salvador.
Entre los hechos probados se encuentra el homicidio agravado de una mujer en estado de gestación, así como la planificación para asesinar a un sacerdote, a quien los pandilleros consideraban que mantenía comunicación con una estructura rival.
El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de Santa Ana declaró culpables el viernes a 32 personas por integrar una red dedicada al tráfico ilegal de personas y a las agrupaciones ilícitas, tras comprobarse que operaban en coordinación para trasladar migrantes de forma irregular hacia Estados Unidos.
Las estructuras criminales, compuestas por ocho células delictivas, fueron responsabilizadas de organizar y ejecutar el tráfico de al menos 152 personas —salvadoreñas y extranjeras— entre octubre de 2021 y abril de 2022. Fueron detenidos en junio de 2022.
La red utilizaba rutas terrestres que cruzaban Guatemala y México, evadiendo controles migratorios hasta llegar a la frontera estadounidense.
Por la gravedad de los delitos y el nivel de participación, el tribunal impuso penas ejemplares. Mario Ernesto Acosta Morán, identificado como uno de los principales cabecillas, fue condenado a 170 años de prisión, la pena más alta del fallo.
A José Elías Ortiz Hernández se le impusieron 52 años, mientras que Ana de la Cruz Flores Márquez y Pedro Arias Castillo fueron sentenciados a 38 años de cárcel cada uno.
Otros miembros de la estructura recibieron condenas significativas: Nelson Mauricio Fuentes Ayala, Hugo Fredys Amaya Arévalo y Maximiliano Rodríguez Lizano cumplirán 26 años de prisión, mientras que Franclin Omar Corrales Rivera fue condenado a 24 años.
Las penas para el resto de los implicados oscilan entre 19 y 77 años de cárcel, según el grado de responsabilidad en los delitos.
Las autoridades fiscales señalaron que esta red criminal lucraba con el tráfico de personas, utilizando medios de transporte terrestre, rutas clandestinas y enlaces en países vecinos, poniendo en riesgo la vida de las víctimas en cada etapa del trayecto.
Un tribunal de Perú condenó el miércoles al expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) a 14 años de prisión, tras declararlo culpable de cohecho pasivo propio en dos casos de corrupción ocurridos cuando era gobernador regional de Moquegua (2011-2014). La decisión judicial lo convierte en el cuarto exjefe de Estado peruano sentenciado por delitos de corrupción.
Vizcarra fue hallado responsable de recibir sobornos en los proyectos de infraestructura ‘Lomas de Ilo’, por el cual recibió una condena de 6 años, y ‘Hospital de Moquegua’, que le valió 8 años adicionales. Además, el tribunal ordenó su inhabilitación por 9 años y el pago de una multa de 94,900 soles (alrededor de $25,800 tras conversión).
Lo que hace singular el caso de Vizcarra es que llegó a la presidencia con un fuerte discurso anticorrupción, llegando incluso a disolver el Congreso en 2019 como parte de lo que llamó una «cruzada contra la corrupción». Sin embargo, terminó siendo destituido en 2020 por el mismo Congreso por presuntos actos irregulares cometidos durante su gestión regional, pese a que en su momento no se presentaron pruebas concluyentes.
El expresidente peruano Alberto Fujimori. EFE
Con Vizcarra, ya son seis los expresidentes peruanos que han enfrentado procesos judiciales, condenas o investigaciones por corrupción en las últimas décadas. Desde Alberto Fujimori hasta Dina Boluarte, Perú ha visto una sucesión de mandatarios involucrados en escándalos judiciales que reflejan una profunda crisis institucional.
El expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, aunque fue liberado por un indulto humanitario en 2023. Alejandro Toledo (2001-2006) fue extraditado desde EE.UU. en 2023 y en octubre de 2024 fue condenado a 20 años y 6 meses de prisión por recibir millonarios sobornos de Odebrecht.
El expresidente peruano Alan García. EFE
Alan García (1985-1990 y 2006-2011), investigado por corrupción en contratos del Metro de Lima, se suicidó en 2019 cuando las autoridades iban a arrestarlo por el caso Odebrecht. Según la fiscalía, habría recibido $24 millones en sobornos durante su segundo mandato.
El expresidente de Perú Ollanta Humala (2011 – 2016). EFE
Ollanta Humala (2011-2016) fue condenado en abril de 2025 a 15 años de prisión por lavado de activos, luego de recibir financiamiento ilícito de Odebrecht y del gobierno venezolano. Mientras tanto, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) permanece en arresto domiciliario desde 2019, investigado por pagos de Odebrecht a su consultora.
Alejandro Toledo, expresidente de Perú, condenado por corrupción. EFE
Pedro Castillo (2021-2022), destituido tras intentar disolver el Congreso en 2022, enfrenta cargos por rebelión, abuso de autoridad y alteración del orden público. Está en prisión preventiva y la Fiscalía solicita 34 años de cárcel.
Dina Boluarte (2022-2025), su sucesora, fue investigada por el caso Rolexgate y denunciada por las muertes en protestas, aunque hasta el momento no ha sido procesada formalmente.
La destituida expresidenta de Perú, Dina Boluarte. / EFE
En contraste, Valentín Paniagua (2000-2001) se mantiene como el único expresidente reciente sin señalamientos de corrupción. Fue el mandatario interino tras la renuncia de Fujimori y lideró un breve gobierno de transición con amplia aprobación social.
Valentín Paniagua fue el único expresidente peruano en no ser procesado por corrupción en tres décadas.
De cara a las elecciones presidenciales de abril de 2026, el panorama político peruano sigue fragmentado: hay 43 candidatos inscritos, muchos sin respaldo de partidos tradicionales. La sombra de la corrupción sigue presente y la ciudadanía enfrenta un nuevo ciclo electoral con una democracia debilitada.
Dos sujetos fueron condenados a penas de 24 y 20 años de cárcel por diferentes casos de abuso sexual ocurridos en Usulután y San Salvador Sur, informó la Fiscalía General de la República..
En el primer caso, Brian Ramírez fue condenado a 24 años de cárcel por abusar sexualmente de un bebé de ocho meses. Según las investigaciones de la Fiscalía, el imputado aprovechó que la madre dormía para cometer el hecho. Durante la madrugada, ella se despertó por el llanto de su bebé y decidió buscar atención médica, en el Hospital San Pedro, Usulután.
Al examinar al niño, el personal médico activó el protocolo por violación debido a las lesiones que presentaba en su cuerpo. El menor fue referido al Hospital Benjamín Bloom para poder ser tratado, sin embargo, murió horas después de su traslado.
En el segundo juicio, el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a Alexis Hernández a 20 años de cárcel por abusar sexualmente de una menor de edad, en Santo Tomás, San Salvador Sur.
Este sujeto contactó a la víctima a través de redes sociales y consiguió engañarla para encontrarse con ella. Hernández la llevó a su casa, la retuvo y abusó de ella, durante dos días.
Cuando la menor regresó a casa, le contó a su madre sobre los ataques del imputado.
La Justicia salvadoreña condenó a penas de 77 y 55 años de prisión a tres integrantes de una red dedicada al tráfico ilegal de personas hacia Estados Unidos, informó este lunes la Fiscalía General de la República (FGR).
Los sentenciados fueron identificados como José Francisco Centeno, condenado a 77 años, y Julio César Gómez y José Balbino Baires, ambos con penas de 55 años de cárcel, por los delitos de tráfico ilegal de personas y agrupaciones ilícitas.
Según la investigación fiscal, “los imputados llevaban a las víctimas hasta la zona del lago de Güija, en Santa Ana. Luego, las trasladaban a Guatemala, donde otros miembros de la estructura las retomaban y finalmente las llevaban a territorio estadounidense”.
La FGR detalló que la red cobraba entre $3,500 y $12,000 por persona, y hasta ahora se han contabilizado 22 víctimas de distintas zonas del país trasladadas en diferentes medios de transporte. La estructura operaba en los departamentos de La Paz, San Salvador, La Libertad y Santa Ana.
Fuentes consultadas explicaron que los llamados coyotes salvadoreños mantienen vínculos con traficantes de Honduras y Guatemala, dentro del denominado Triángulo Norte de Centroamérica, y actúan bajo la venia de carteles de droga en México.
De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en 2024 fueron 14,195 los salvadoreños deportados desde Estados Unidos, frente a los 13,357 de 2023.
Cada año, más de 500,000 personas de El Salvador, Guatemala y Honduras emprenden el viaje irregular hacia Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, pese a los riesgos de las rutas controladas por el crimen organizado.
