Los diputados de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Marcela Villatoro y Francisco Lira, expresaron su respaldo a las reformas que buscan endurecer las penas contra los conductores peligrosos en El Salvador. Sin embargo, Lira también pidió al Gobierno asumir su responsabilidad en la capacitación de motoristas y la regulación del transporte ilegal.
Villatoro confirmó que el grupo parlamentario de Arena apoyará las modificaciones a las leyes de tránsito, al considerar que las sanciones actuales no han logrado frenar las conductas irresponsables de quienes manejan bajo los efectos del alcohol o las drogas.
«Creo que tenemos que endurecer un poco más las penas, lastimosamente no sólo las penas, si no todo», expresó la legisladora, quien recordó que hace dos años se aprobó legislación para sancionar estas conductas, pero los accidentes continúan ocurriendo.
La diputada también cuestionó que algunos motoristas del transporte de carga conduzcan sin licencia o sin la documentación necesaria para desempeñar su trabajo, lo que, según señaló, ha ocasionado accidentes y muertes.
«Entonces creo que en ese sentido sí es importante hacer la ley un poco más fuerte. Tal vez así entienden y dejan de causar tanto accidente y daño a las familias salvadoreñas, así que en ese sentido como grupo parlamentario, si apoyamos», manifestó Villatoro.
Por su parte, Francisco Lira coincidió en que las leyes de tránsito deben ser más estrictas para prevenir muertes y lesiones en las carreteras, pero señaló que el Gobierno también tiene obligaciones pendientes con el sector transporte.
«Tenemos claridad que las leyes de tránsito deben de normarse, ser más estrictas, también hay responsabilidades que el Gobierno de El Salvador tiene que tener con este sector», afirmó el diputado, quien cuestionó la ausencia de una escuela pública de manejo para conductores de autobuses y microbuses.
Lira también reclamó al Viceministerio de Transporte (VMT) por la circulación de más de 45,000 unidades de transporte ilegal, que, según sus declaraciones, cobran tarifas entre un 40 % y un 100 % superiores a las autorizadas. Agregó que el Estado debe garantizar mejores condiciones de capacitación y funcionamiento para elevar la calidad del servicio de transporte colectivo.
Las declaraciones de los diputados se producen después de que la Comisión de Seguridad Nacional de la Asamblea Legislativa aprobara el martes dictámenes favorables para reformar la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el Código Penal y el Código Procesal Penal.
Las propuestas buscan aumentar las penas de prisión por conducción peligrosa, crear un nuevo delito para sancionar a quienes faciliten vehículos a conductores sin licencia y restringir los mecanismos de conciliación en determinados delitos de tránsito.
La reforma al artículo 147-E del Código Penal establece penas de dos a cinco años de prisión para quienes conduzcan vehículos de transporte público de pasajeros o de carga sin autorización o licencia. Si la conducción peligrosa provoca homicidios o lesiones, las sanciones podrán alcanzar los 10 años de prisión para conductores de vehículos automotores y hasta 15 años para quienes manejen unidades de transporte público o de carga. Además, las modificaciones prohíben que la conciliación, mediación o reparación integral del daño extingan la acción penal por lesiones u homicidios culposos derivados de la conducción peligrosa.
Los dictámenes también incorporan el delito de facilitación de vehículo de motor destinado al transporte público colectivo de pasajeros o de transporte de carga a conductor no habilitado. Esta disposición contempla penas de cinco a 10 años de prisión para propietarios, poseedores o encargados de unidades de transporte colectivo o vehículos de carga de ocho toneladas o más que permitan conducir a personas sin la licencia correspondiente.
La propuesta establece que tampoco procederá la conciliación en este delito, como parte de las medidas para fortalecer la seguridad vial y prevenir accidentes de tránsito en El Salvador.
