Un total de 2,102 conductores peligrosos han sido detenidos en todo el país desde la entrada en vigencia -hace exactamente un año- de la reforma a la Ley de Tránsito Terrestre que prohíbe la conducción bajo algún nivel de alcohol, según cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi)
La reforma a la Ley de Tránsito Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que fue aprobada por la Asamblea Legislativa y entró en vigencia el 20 de diciembre de 2022, prohíbe de forma absoluta la conducción bajo efectos del alcohol o estupefacientes, y establece que los infractores enfrenten un proceso penal. Antes de la modificación legal, se permitía manejar con hasta 99 grados de alcohol en sangre sin enfrentar cargos criminales.
El año anterior a esta misma fecha, el Observatorio contabilizaba 2,224 detenidos, una reducción del 5 % en comparación a los datos actuales. En cuanto a esa reducción, las autoridades dicen que han sido 122 personas peligrosas menos capturadas, un promedio de seis diario, igual que el año anterior.
El observatorio no detalla cuántos de esos conductores peligrosos fueron encontrados en estado de ebriedad.
Esta semana, el abogado Elmer Gustavo Huezo explicó a Diario El Mundo, que la prohibición de conducir bajo algún nivel de alcohol derivó en un «endurecimiento» del Código Penal, al tipificar como delito de conducción peligrosa, a toda persona que haya ingerido bebidas alcohólicas y que sea sorprendido manejando.
De acuerdo con el jurista, una de las principales consecuencias de la reforma es que, en la mayoría de los casos, a las personas detenidas se les aplica el término del régimen de excepción para ponerlas a disposición judicial, lo que implica detenciones de hasta 15 días.
A su criterio, esta medida resulta desproporcionada, ya que este tipo de conductas es equiparado con delitos de mayor gravedad, como los relacionados con pandillas, situación que no debería ser aceptado en la aplicación de la ley.
En su momento, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la reforma con la intención de disminuir grandemente las detenciones de ebrios al volante.
Previamente, la legislación salvadoreña permitía conducir con hasta 99 grados de alcohol en sangre, al pasarse de ello recibía una multa y se le decomisaba el vehículo, pero no enfrentaba un proceso penal. Ahora, la reforma obliga a procesar al conductor penalmente.