A tan solo semanas de los comicios generales en Honduras, el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) advierte sobre graves amenazas a la transparencia electoral, incluyendo la falta de conectividad en centros de votación, problemas en la transmisión de resultados, aumento de la violencia política y el incumplimiento presupuestario de órganos clave como el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y la Unidad de Política Limpia.
Durante la presentación de su tercer informe de monitoreo electoral, el director del Cespad, Gustavo Irías, destacó algunos avances técnicos en el proceso, pero advirtió que persisten obstáculos técnicos, políticos y de seguridad que podrían derivar en una nueva crisis poselectoral.
Uno de los riesgos más preocupantes, según el informe, es la brecha de conectividad digital y eléctrica en centros de votación. El 30 % de los más de 5.000 centros no cuenta con conexión a internet, y más de 600 carecen de suministro eléctrico, lo cual podría comprometer el funcionamiento del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
“Esto refleja la profunda desigualdad entre zonas urbanas y rurales”, subrayó Irías, quien alertó que el proceso para contratar servicios satelitales fracasó y ahora se realiza con “tiempos muy ajustados”.
Riesgo de crisis postelectoral por fallas en la transmisión de resultados
El Cespad señaló como “tema sensible” la falta de planificación técnica en la transmisión y auditoría de resultados. Aunque se anunció que el 100 % de las actas será auditado, esta medida requiere una logística rigurosa.
“Una auditoría mal ejecutada podría retrasar la publicación oficial de resultados y desatar una crisis similar a la de las primarias de marzo”, advirtió Irías.
También se reportan presiones políticas, como las del partido Libre, que exige tener representantes dentro del centro de operaciones del sistema de transmisión.
El informe también critica el incumplimiento presupuestario hacia el TJE y la Unidad de Política Limpia, entidades clave para garantizar la supervisión del financiamiento electoral y la sanción de irregularidades.
“Esta omisión refleja la baja calidad de la democracia hondureña”, afirmó el director del Cespad, quien lamentó la limitada capacidad de estas instituciones debido a la “falta de voluntad política”.
Violencia política sigue siendo una amenaza a la democracia
La violencia política y electoral persiste como uno de los principales factores de distorsión democrática. El informe documenta asesinatos, amenazas y agresiones contra candidatos, periodistas y autoridades electorales.
Entre los casos destacados está el asesinato del aspirante a diputado Jorge Óscar Bustillo, amenazas a la presidenta del CNE Ana Paola Hall, y más de 50 denuncias de violencia política contra mujeres candidatas sin un marco jurídico que castigue a los agresores.
Finalmente, Cespad señaló la ausencia del Consejo Consultivo Electoral, instancia legal clave para canalizar denuncias, facilitar el diálogo multipartidario y verificar la actualización del censo electoral.
“El consejo debió estar conformado desde agosto. Su ausencia reduce los canales institucionales para formular recomendaciones técnicas y garantizar una elección creíble”, puntualizó Irías.
