El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de Santa Ana, por medio de la jueza dos, ordenó la apertura a juicio contra seis personas, entre ellas cuatro exempleados de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), acusadas de agrupaciones ilícitas y otros delitos.
Los procesados son José Elmer U. I., Marlon Ernesto G. M., Carlos José M. V., Eldin Joel P. A., Abel Ángel R. C. y Yanira Yaneth G. de R. Los primeros cuatro laboraron para ANDA, mientras que los últimos dos son un contratista particular y su esposa, según la información judicial.
Los seis imputados enfrentan acusaciones por los delitos de agrupaciones ilícitas, cohecho propio, cohecho activo y fraude de servicio de energía o fluidos, de acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía.
Según las investigaciones, los hechos ocurrieron entre 2024 y 2025 en diferentes distritos del departamento de Santa Ana, donde los acusados presuntamente coordinaban conexiones del servicio de agua, instalaciones de medidores y la legalización de conexiones antiguas sin cumplir los procedimientos establecidos.
La acusación fiscal señala que los imputados cobraban a algunos usuarios cantidades de hasta $2,000 por efectuar los trabajos. El dinero obtenido mediante estas operaciones presuntamente era distribuido entre los integrantes de la estructura.
Las investigaciones establecieron que los acusados identificaban a usuarios que llegaban a una agencia de ANDA en Santa Ana para solicitar la instalación del servicio de agua. Posteriormente, algunos de los procesados presuntamente obtenían la información proporcionada por estas personas.
Luego se dirigían hasta las viviendas de los usuarios para ofrecerles realizar de manera más rápida los trabajos que previamente habían solicitado ante ANDA. Una vez que los usuarios aceptaban el monto requerido, los acusados procedían con las instalaciones, según la investigación.
Las conexiones eran efectuadas presuntamente de una forma que dificultara su detección durante las inspecciones de los brigadistas encargados de supervisar los servicios. Tras concluir la etapa correspondiente del proceso, el Tribunal ordenó que los seis acusados enfrenten juicio por los delitos atribuidos.