Diferentes analistas difieren sobre los cambios que puedan haber en la política del Congreso y del gobierno de los Estados Unidos hacia El Salvador después de que las elecciones de medio término del 3 de noviembre de 2026 dejaran en manos demócratas la Cámara de Representantes y el Senado estadounidenses.
Por ahora, los demócratas tienen asegurados 253 escaños de los 435 de la Cámara de Representantes y 54 de los 100 que tiene el Senado.
Para el economista y expresidente del Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador, Carlos Acevedo, este balance legislativo estadounidense no cambiará mucho en la agenda que tiene Estados Unidos con El Salvador.
«No creo que cambie mucho. Recordemos que ya en el último año de (Joe) Biden, la relación de Estados Unidos con El Salvador se normalizó bastante», señala Acevedo, en relación al giro que adoptó el gobierno de Estados Unidos hacia El Salvador después del nombramiento del embajador William Duncan en enero de 2023, quien desde un inicio mantuvo una postura acrítica al gobierno aunque respetuoso de la libertad de prensa.
«Desde luego, habrá demócratas que quieran pedirle rendición de cuentas a la administración Bukele, pero no creo que prosperen». Carlos Acevedo , economista y expresidente del BCR.
Para el economista, Estados Unidos tiene problemas mucho más graves y urgentes que resolver y le conviene que la estrategia de seguridad en El Salvador funcione.
A Acevedo no le extrañaría que hubiese iniciativas de algunos demócratas para «amenazar con sanciones» a la administración de Nayib Bukele, pero no cree que estas prosperen.
El Salvador ha sido tema en algunas comisiones del Congreso de los Estados Unidos durante los últimos siete años.
La Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos, que no tiene capacidad para aprobar leyes y está vinculada a la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, ha celebrado audiencias, aunque no vinculantes, sobre derechos humanos y estado de excepción en 2019, 2022, 2024 y 2026.
En el Senado de Estados Unidos, en la entrevista a Frank Cartwright Weiland tras su nominación como director de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, el demócrata Chris Van Hollen hizo preguntas sobre las deportaciones al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
En contraste, el Ejecutivo ha mostrado un beneplácito con el gobierno de Nayib Bukele. El actual Departamento de Estado de Estados Unidos ha certificado, el 1 de julio de 2026, a El Salvador de cumplir con las condiciones de combate a la corrupción y al narcotráfico, a la defensa del Estado de derecho y la protección de derechos de defensores de derechos humanos.
Para la organización Acción Ciudadana, el Congreso de los Estados Unidos podría retomar esa postura crítica e «incluso adoptar sanciones contra el gobierno salvadoreño partiendo de que esa línea adoptó» con mayoría demócrata.
«Podríamos ver más cuestionamientos en las diferentes comisiones del Congreso, incluso retomar el tema de sanciones contra gobierno y funcionarios por violaciones a derechos humanos, temas de corrupción o faltas a la democracia». Acción Ciudadana.
También, en la relación con los poderes ejecutivos de Centroamérica, la AC cree que el Congreso de los EE.UU. generará «más contrapeso» y podría bloquear acciones que involucren a la región centroamericana o algún tipo de pacto o acuerdo que pueda tener un presidente centroamericano.
Michael Paarlberg, profesor asociado de Ciencias Políticas de la Virginia Commonwealth University y exasesor del congresista Bernie Sanders, coincide en que los demócratas convocarían audiencias incluso citando testigos, sin embargo, advierte que, pese a la mayoría demócrata, no tendrán votos suficientes para superar un veto presidencial sin algún apoyo republicano.
Sin embargo, contempla la posibilidad de que se realicen audiencias en los comités que supervisan la política exterior como el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes (HFAC) y el Comité de Relaciones Exteriores del Senado (SFRC) e incluso advierte que el Congreso «tiene la facultad de retirar la financiación a agencias y programas que no respalda, como aquellos relacionados con la inmigración o el Pentágono».
Paarlbarg menciona algunos temas de interés demócrata: supuestas ejecuciones extrajudiciales de personas en lanchas en el Caribe y el Pacífico, tratos de la administración Trump con el gobierno de Delcy Rodríguez y, en el caso de El Salvador, las deportaciones de venezolanos y salvadoreños encarcelados en el Centro del Confinamiento del Terrorismo (Cecot) como parte de un acuerdo para liberar a pandilleros de la MS-13.
Dos señales para darse cuenta de la profundidad de cambios en el país originados por la recomposición del Congreso, según la investigadora Celia Medrano, podrían mostrarse en las acciones migratorias y en la postura del embajador de los Estados Unidos en el Salvador.
Medrano sostuvo que la alternativa migratoria legislativa para los salvadoreños bajo el Estado de Protección Temporal (TPS) o que un embajador de los Estados Unidos en El Salvador asuma «posiciones inequívocas en favor de la institucionalidad democrática, el respeto a los derechos humanos y la intolerancia a la corrupción y la cooptación a de la criminalidad organizada de estructuras de poder estatal».
«Dos indicadores valiosos sería desde una decisión legislativa sacar a los salvadoreños bajo TPS del limbo legal en el que se encuentran… Otro indicador, desde el Congreso y el Senado, aunque en un primer momento es potestad del poder ejecutivo estadounidense, sería corregir el sinsabor dejado por los exembajadores. Se trataría de garantizar un titular con posiciones inequívocas en favor de la institucionalidad democrática… Celia Medrano, investigadora sobre temas migratorios.
Además del posible interés de fiscalizar la calidad democrática o la transparencia del gobierno de El Salvador a través de audiencias en el Congreso y la expectativa hacia una propuesta migratoria o sobre le Estado de Protección Temporal (TPS), el Congreso dominado por los demócratas se enfrenta a las demandas económicas de sus votantes.
Según la encuesta publicada por The New York Times la economía resultó prioridad para los votantes estadounidenses frente a una impopularidad de Trump y la migración disminuye como prioridad. Esta misma encuesta del Times/Siena publicada según una nota del 2 de noviembre 2026 muestra una aprobación del 35 % para Trump pero también una satisfacción limitada hacia los demócratas.