La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos aplaudió este miércoles las medidas tomadas por el Gobierno español para regularizar las personas migrantes y subrayó que ayudará a «reforzar la cohesión social».
«Acogemos favorablemente las medidas para regularizar la situación de las personas migrantes», señaló la oficina en su cuenta oficial de X, un día después de que se iniciaran en España los trámites legales para una regularización de la que se beneficiará alrededor de medio millón de extranjeros que ya se encuentran en el país.
La regularización de migrantes «ayuda a acceder a derechos y servicios esenciales, preserva la dignidad y refuerza la cohesión social, en beneficio tanto de los individuos como de las comunidades», agregó la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk.
La mayoría de los Gobiernos del continente han virado hacia enfoques cada vez más restrictivos y las leyes europeas recientes también han ido en la línea de complicar el acceso al derecho de asilo.
El contraste es aún más marcado con la controvertida política migratoria de la Administración de Donald Trump en Estados Unidos, muy criticada la semana pasada por Türk, quien pidió una investigación independiente ante el aumento de muertes de migrantes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El alto comisionado de derechos humanos también expresó su profunda preocupación por las «narrativas nocivas y deshumanizantes» utilizadas con frecuencia en Estados Unidos para describir a migrantes y refugiados.
El representante para América Central de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Andrés Sánchez Thorin, afirmó esta semana que en Nicaragua “se han eliminado” las garantías fundamentales de los derechos humanos mediante una serie de reformas legales, incluida una “profunda” modificación constitucional.
En una declaración enviada a EFE tras la presentación del informe de la ONU sobre Nicaragua en Ginebra, Sánchez Thorin alertó que el país ha vivido desde 2024 un proceso de transformación preocupante, en el que, “reforma tras reforma, incluyendo una reforma constitucional casi completa en 2025”, el poder se ha concentrado en el Ejecutivo dirigido por la pareja dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Por medio de estas reformas, hoy se facilita que cualquier persona vista como crítica al gobierno, incluso sus familiares, pueda ser blanco de represalias y ser detenida”, denunció el funcionario.
El informe, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, documenta entre junio de 2024 y junio de 2025 al menos 75 personas encarceladas por razones políticas, 16 casos de tortura —incluyendo violencia sexual— y 31 desapariciones forzadas. También se registraron 52 casos de denegación arbitraria de reingreso y 156 expulsiones sin acceso a recursos legales.
Andrés Sánchez Thorin, representante para América Central de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). EFE
El representante de OACNUDH subrayó que “cientos de nicaragüenses han sido expulsados, desnacionalizados o simplemente se les ha negado el reingreso a su propio país”, provocando exilio forzado, apatridia y separaciones familiares.
Además, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua denunció que la represión del régimen de Ortega y Murillo se extiende incluso a opositores en el exilio, e instaron a otros Estados a presentar demandas ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya.
Según los casos documentados, al menos 452 personas quedaron en condición de apatridia entre febrero de 2023 y septiembre de 2024. Los expertos señalaron que muchas de estas personas fueron despojadas de su nacionalidad sin proceso legal alguno.
Sánchez Thorin también advirtió sobre el debilitamiento sistemático de la sociedad civil. Desde 2018, “ocho de cada diez organizaciones han sido canceladas o forzadas a cerrar”, muchas de ellas de carácter religioso, y sus bienes han sido confiscados.
A esto se suma “una reforma del sistema electoral que pone en serio peligro el pluralismo político y, con ello, el derecho fundamental a participar en la vida democrática del país”.
El funcionario lamentó la decisión de Nicaragua de marginarse del Consejo de Derechos Humanos y de los mecanismos internacionales: “No es una señal positiva para la promoción y protección de los derechos humanos”.
Finalmente, exhortó al gobierno de Ortega a retomar la vía del diálogo.
“Es crucial que Nicaragua retome el diálogo y la cooperación, aprovechando el Examen Periódico Universal que está en curso. Desde nuestra Oficina, seguimos dispuestos a colaborar con Nicaragua y brindar apoyo técnico para contribuir al avance del país en derechos humanos”, concluyó Sánchez Thorin.
