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  • Al menos 31 extranjeros refugiados en El Salvador obtuvieron nacionalizaciones con apoyo institucional

    Al menos 31 extranjeros refugiados en El Salvador obtuvieron nacionalizaciones con apoyo institucional

    Al menos 31 extranjeros con estatus de refugiados en El Salvador obtuvieron su naturalización o nacionalización con apoyo de instituciones del Gobierno central y organismos internacionales según el reporte anual del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS).

    El documento indica que son 31 los refugiados que ya obtuvieron su nacionalización o naturalización con apoyo institucional desde 2023 hasta 2025, a ellos, se suman otros 11 refugiados que aún se mantienen en el proceso de legalización en El Salvador.

    Estos procesos de refugiados son orientados por la Comisión para la Determinación de la Condición de Personas Refugiadas (CODER), la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), la Procuraduría General de la República (PGR), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), el Consejo Noruego para los Refugiados y la Oficina de Acnur en El Salvador.

    El informe de país del MIRPS señala también que han apoyado a otros 25 refugiados en El Salvador para lograr cambios de categorías migratorias para convertirse en residentes definitivos durante los últimos dos años. En este trámite también apoyaron organizaciones sociedad civil y aportes económicos de Canadá y Estados Unidos.

    Formación de funcionarios sobre protección internacional

    El MIRPS también detalla que durante 2024 formaron a 276 funcionarios públicos y socios para fortalecer sus capacidades sobre protección internacional por medio del primer diplomado especializado sobre ese tema en el Instituto Diplomático «José Gustavo Guerrero».

    Por otro lado, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) reportó que ha brindado 5,958 atenciones durante 2025 en el Centro de Atención 126.

    El informe señala que el CODER ha iniciado con un diagnóstico para identificar «oportunidades» para el fortalecimiento del sistema de asilo para «garantizar procedimientos justos y eficientes».

  • La violencia provoca el 70 % del desplazamiento interno en Latinoamérica, revela informe

    La violencia provoca el 70 % del desplazamiento interno en Latinoamérica, revela informe

    La violencia y el accionar de grupos criminales son la causa principal del desplazamiento interno en América Latina, de acuerdo con la iniciativa ProLAC, liderada por el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) y el Consejo Danés para los Refugiados (DRC).

    Según su último informe, el 70 % de los desplazamientos en Ecuador, Guatemala, Honduras y México son consecuencia directa de la inseguridad generalizada.

    El estudio advierte que este fenómeno, impulsado por amenazas, extorsiones, reclutamiento forzado de menores y disputas territoriales, se ha convertido en una “consecuencia generalizada y sistémica” de la violencia.

    A pesar de su magnitud, el sistema jurídico de estos países carece de herramientas efectivas para proteger a las víctimas.

    “La situación se agrava aún más por la falta de reconocimiento legal de las personas desplazadas internamente en todos los países analizados”, advierte ProLAC. En ese sentido, destaca que un tercio de las personas encuestadas no denuncian por desconfianza hacia las autoridades.

    Stine Paus, directora regional del NRC para América Latina, advirtió que “las familias que huyen se vuelven cada vez más invisibles” y subrayó que “no se puede ignorar los peligros extremos a los que se enfrentan estas personas”.

    Ante ese panorama, ProLAC solicitó a los gobiernos reconocer esta crisis como una emergencia humanitaria y adoptar medidas para garantizar la protección, asistencia y derechos de quienes se ven forzados a abandonar sus hogares.

    Yann Cornic, director regional de operaciones del DRC, resaltó la gravedad del vacío legal: “Este vacío legal tiene consecuencias reales. Limita el acceso a la asistencia humanitaria, la justicia, las reparaciones y soluciones duraderas”.

    La situación varía según el país. En Honduras, aunque existe una ley desde 2022, apenas cuenta con regulación ni presupuesto. En México, solo algunos estados han avanzado en marcos legales; Guatemala aún no presenta avances significativos, y Ecuador carece completamente de legislación en la materia.

    Cornic llamó a los Estados a legislar con urgencia para brindar protección a los desplazados y advirtió que, aunque la sociedad civil realiza esfuerzos significativos, “sin voluntad política, serán insuficientes”.

    ProLAC, respaldada por la Unión Europea, insistió en que el reconocimiento legal del desplazamiento forzado es esencial para que estas personas accedan a derechos básicos y no queden en el abandono institucional.