La Fiscalía de Estados Unidos amplió este jueves las acusaciones contra el depuesto gobernante venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, al incorporar nuevos cargos por conspiración para cometer torturas y extender a Flores la imputación por narcoterrorismo, un delito que contempla penas de hasta cadena perpetua. Ambos permanecen detenidos en Nueva York desde enero pasado, cuando fueron capturados por fuerzas estadounidenses en Caracas.
La nueva acusación fue presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde Maduro y Flores ya enfrentaban cargos por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, además de posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos. La pareja fue detenida el 3 de enero durante una operación de fuerzas estadounidenses en la capital venezolana y posteriormente trasladada a Nueva York para enfrentar el proceso judicial.
La Fiscalía incorporó a Flores en la acusación de narcoterrorismo que anteriormente solo involucraba a Maduro.
Según el documento judicial, ambos participaron en una conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir «cinco kilogramos o más de mezclas y sustancias que contuvieran una cantidad detectable de cocaína», con el propósito de proporcionar «algo de valor económico» a personas y organizaciones vinculadas con «actividades terroristas».
Entre los grupos señalados figuran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), algunas de sus facciones, el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, organizaciones identificadas por Estados Unidos como terroristas extranjeras.
La legislación federal estadounidense establece una pena mínima de 20 años de prisión por narcoterrorismo, que puede alcanzar la cadena perpetua. A estas acusaciones se suma un nuevo cargo por conspiración para cometer torturas, sustentado en nueve casos de presuntas víctimas del Gobierno de Maduro.
Los fiscales sostienen que estas prácticas formaban parte de una estrategia de «represión y torturas» utilizada para mantener el control político y castigar a personas consideradas opositoras o desleales.
De acuerdo con la imputación, la presunta conspiración para cometer torturas comenzó en 2006, cuando integrantes del equipo de protección de Maduro habrían sido utilizados para intimidar y agredir a personas consideradas una amenaza. Entre las víctimas mencionadas aparecen opositores políticos, militares y otros detenidos, incluidos tres ciudadanos estadounidenses.
La Fiscalía describe prácticas como confinamiento en habitaciones frías con iluminación y música constantes, descargas eléctricas, asfixia, golpes y amenazas contra familiares de los afectados.
El expediente incluye el testimonio de un familiar de una jueza que habría recibido presiones para impedir candidaturas opositoras, así como el de una persona interrogada por sus vínculos con un funcionario contrario al Gobierno y el de un militar venezolano.
También recoge el caso de un estadounidense que presuntamente sufrió golpes, descargas eléctricas, asfixia y privación de alimentos y agua después de ser acusado de participar en una conspiración para asesinar a Maduro.
Otro ciudadano estadounidense, liberado el 15 de enero de 2026, habría recibido amenazas de funcionarios venezolanos para evitar que denunciara las torturas sufridas durante casi un año de detención.
El delito de conspiración para cometer torturas contempla una pena máxima de 20 años de prisión bajo la legislación federal estadounidense, aunque puede elevarse a cadena perpetua cuando las agresiones provocan la muerte de una víctima.
La nueva imputación amplía así los señalamientos contra Maduro y Flores, quienes hasta ahora enfrentaban principalmente acusaciones relacionadas con narcotráfico y armamento. Las denuncias de tortura forman parte de las nuevas pruebas y relatos incorporados por los fiscales al proceso.
La presentación de los nuevos cargos coincidió con una audiencia presidida por el juez federal Alvin Hellerstein, quien rechazó una solicitud de arresto domiciliario presentada por la defensa de Cilia Flores debido a problemas de salud.
El magistrado consideró que la acusada representa un «fuerte riesgo» de fuga y destacó la gravedad de los delitos investigados. Maduro y Flores permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, donde esperan el desarrollo del proceso judicial, después de declararse no culpables de las acusaciones que enfrentaban antes de esta nueva imputación.