El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, aseguró este martes que una sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) habilita la imposición de penas centenarias contra pandilleros, pese a que la Constitución prohíbe la cárcel perpetua.
“Muchos de los que están ahí (presos) no van a salir, y no van a salir porque el Gobierno no quiera, sino porque ha habido una resolución de la Corte Suprema de Justicia, que en el caso de los condenados por delitos de terrorismo vinculados a las estructuras criminales hay alguna acumulación de la pena”, indicó Ulloa durante un acto público en San Salvador.
El funcionario sostuvo que en el país “está prohibida por Constitución la prisión perpetua” y que “nadie puede pasar más de 30 años en prisión por los delitos que ha cometido”, pero afirmó que, tratándose de “estructuras criminales”, se aplica la “acumulación de la pena”, lo que deriva en condenas “para 300 años, para 400 años”.
“Esas personas no van a salir”, agregó, sin precisar a qué resoluciones o casos concretos se refería.
Pese a ese señalamiento de un límite de 30 años, el Código Penal contempla penas de hasta 60 años por homicidio agravado.
El Salvador permanece desde marzo de 2022 bajo un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales, aprobado por la Asamblea Legislativa a petición del presidente Nayib Bukele tras registrarse el asesinato de más de 80 personas en tres días, según el reporte oficial.
En ese contexto, el Órgano Legislativo aprobó reformas para incrementar penas y modificar el proceso penal contra supuestos líderes de pandillas y colaboradores, mientras tribunales han impuesto condenas de más de 1,000 años y otras de varios cientos.
La medida suma más de 91,300 detenciones, recibió apoyo de buena parte de la población y fue señalada por violaciones a derechos humanos: organizaciones humanitarias reportan más de 6,400 denuncias —principalmente por detenciones arbitrarias y torturas— y la muerte de 480 detenidos bajo custodia estatal.
