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Etiqueta: Consuelo Porras

  • La ONU advierte crisis profunda en el sistema judicial guatemalteco

    La ONU advierte crisis profunda en el sistema judicial guatemalteco

    La relatora especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, afirmó el lunes que el sistema judicial de Guatemala atraviesa una “crisis profunda”, tras evaluar la situación institucional del país.

    Durante una rueda de prensa en Ciudad de Guatemala, la funcionaria explicó que distintos factores han debilitado la independencia judicial y han colocado al sistema de justicia en una situación “crítica”.

    Entre los principales problemas identificados mencionó la “instrumentalización de la justicia”, la concentración de poder y la persecución contra operadores judiciales, elementos que, según indicó, afectan el funcionamiento del Estado de derecho en el país.

    Satterthwaite presentó estas conclusiones al divulgar su informe final sobre la visita que realizó en mayo de 2025 a Guatemala, donde permaneció 12 días para evaluar el funcionamiento del sistema judicial.

    Durante su estancia, sostuvo reuniones con jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, legisladores, organizaciones de la sociedad civil y representantes de pueblos indígenas, además de funcionarios de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo en Ciudad de Guatemala y en los departamentos de Quetzaltenango y Alta Verapaz.

    La relatora reiteró también su preocupación por el papel del Ministerio Público, al señalar que la información recopilada apunta a la existencia de una política de criminalización contra operadores de justicia.

    Pese a este panorama, Satterthwaite expresó confianza en que Guatemala pueda revertir la situación, al destacar que su Constitución ha demostrado en el pasado la posibilidad de garantizar el respeto a la ley.

    Además, subrayó que las designaciones previstas para los próximos meses serán determinantes para el futuro del sistema judicial, entre ellas la elección de una nueva Corte de Constitucionalidad, un nuevo Tribunal Supremo Electoral y un nuevo fiscal general que sustituya a la actual jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta.

    “Las designaciones previstas para 2026 a la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público serán decisivas para determinar si los actuales patrones de captura institucional e impunidad se consolidan o se revierten”, concluyó la relatora.

     

  • Bernardo Arévalo tacha de «burla» que cuestionada Fiscal General de Guatemala busque la reelección

    Bernardo Arévalo tacha de «burla» que cuestionada Fiscal General de Guatemala busque la reelección

    El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, calificó este miércoles como «una burla» que la fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), se haya postulado para un tercer mandato al frente del Ministerio Público (Fiscalía).

    «Es una burla al pueblo de Guatemala postularse por tercera vez», expresó en una rueda de prensa el mandatario, quien mantiene un duro enfrentamiento con Porras desde antes de asumir el poder en enero de 2024.

    La comisión de postulación a cargo del proceso, que dio luz verde el martes a la candidatura de Porras tras la primera ronda de depuración de aspirantes, deberá entregar en abril una nómina de seis candidatos al jefe de Estado, quien designará al fiscal general para el periodo 2026-2030.

    Aunque Porras avance en el proceso, Arévalo ha reiterado que la funcionaria será removida del cargo en mayo de este año.

    Intentan «desechar a personas honestas»

    Sobre la comisión postuladora, el gobernante guatemalteco manifestó que algunos de sus miembros «intentan con artimañas desechar los perfiles de personas honestas y comprometidas» con el país.

    «Lo que estamos viendo es un intento de manipular un mecanismo de calificación para hacerlo a la medida de los de siempre (…) un mecanismo en que los años pesan más que la integridad y que favorece a quienes por décadas se han convertido en un muro que protege a los corruptos», alertó Arévalo de León.

    El presidente subrayó que «los ojos del pueblo» están sobre la comisión de postulación y que su labor será fundamental para la «recuperación de la justicia» en la nación centroamericana.

    Porras, quien cumple su segundo periodo consecutivo al frente del Ministerio Público, ha sido sancionada internacionalmente por señalamientos de corrupción y por liderar intentos para revertir los resultados electorales que dieron la victoria a Arévalo en 2023.

    Las aspiraciones de la cuestionada fiscal

    Porras ya perdió el pasado 16 de febrero la elección para formar parte de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, para el período 2026-2030, aunque aún tiene oportunidad de acceder a ese cargo judicial, lo que le otorgaría un fuero frente a eventuales procesos en su contra.

    La cuestionada fiscal general no fue elegida por el consejo superior de la Universidad de San Carlos pero aún tiene opciones de llegar a ser parte de la Corte de Constitucionalidad si se postulara y fuera elegida como representante del Congreso o de la Corte Suprema de Justicia.

    Un grupo de expertos de la ONU que denuncia la supuesta implicación de Porras en el caso de las adopciones ilegales durante el conflicto armado interno (1960-1996) guatemalteco ha criticado que se permita a la fiscal aspirar a cargos en el sistema judicial.

    «Todas las personas contra las cuales existan alegaciones creíbles de conductas incompatibles con los estándares de derechos humanos, especialmente aquellas que han tenido autoridad para tomar decisiones relacionadas con la criminalización o violaciones de derechos humanos, no deben ser preseleccionadas ni nombradas hasta que se realice una investigación pronta, independiente y exhaustiva de esas alegaciones», afirmaron los expertos el pasado 16 de febrero.

  • El periodista José Rubén Zamora afirma que no se rendirá ante la persecución que sufre en Guatemala

    El periodista José Rubén Zamora afirma que no se rendirá ante la persecución que sufre en Guatemala

    El periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín afirmó que no se rendirá ante la persecución judicial que lo mantuvo en prisión desde julio de 2022 y que ahora lo mantiene bajo arresto domiciliario, tras recibir la medida sustitutiva el pasado 12 de febrero. En entrevista con EFE en su residencia, aseguró que la posibilidad de regresar a la cárcel sigue latente debido a las apelaciones del Ministerio Público.

    Zamora explicó que su prioridad es intentar anular la existencia de la Fundación Contra el Terrorismo, organización de extrema derecha que ha actuado como querellante en su contra y cuyos líderes están sancionados por Estados Unidos.

    Además, señaló que busca “abrir causas criminales contra la fiscal general (Consuelo Porras Argueta), contra (la fiscal) Cinthia Monterroso y contra el juez (Fredy) Orellana”, a quienes responsabiliza de su encarcelamiento por acusaciones de lavado de dinero y obstrucción de la justicia que, según afirma, no han sido probadas.

    El periodista relató que la fiscal general intentó “forzar” una relación amistosa con él en 2019 y años posteriores, invitándolo a reuniones en el Ministerio Público, hasta que en una ocasión le reclamó por sus publicaciones de manera airada. Zamora considera que esos episodios marcaron el inicio de la persecución judicial en su contra.

    A sus 67 años, se muestra agradecido por la solidaridad recibida durante su encarcelamiento.

    “Me siento muy conmovido y muy feliz”, expresó al recordar las visitas y donaciones de ciudadanos, incluso de escasos recursos. Contó que en una ocasión regresó al penal desde un hospital público con poco más de $200 donados por familiares de pacientes. “Donaciones de gente muy pobre (en el hospital), que me decía por ejemplo que su mamá sufrió un infarto y me preguntaban si me ofendería si me regalaban 200 pesos (quetzales, unos 25 dólares)”, relató.

    Durante su reclusión, Zamora vio desmoronarse su diario El Periódico, sus finanzas quedaron congeladas y su familia se fragmentó, pues su esposa y uno de sus hijos se exiliaron. Aunque admite que extraña el ejercicio del periodismo porque “es una pasión”, por ahora prioriza limpiar su nombre y recuperar su salud, debilitada tras años de encierro.

    Respecto al futuro político del país, el comunicador se mostró optimista, aunque calificó a Guatemala como “el laberinto perfecto, sin salida”. Considera que el presidente Bernardo Arévalo de León ha estado “muy asediado” y “estuvo muy cerca de recibir un golpe de Estado”, pero cree que con la salida de la fiscal general al finalizar su período en mayo, los sectores que denomina golpistas y corruptos “van a perder fuerza”.

     

  • La disputa por el control de la justicia marca un momento decisivo en Guatemala

    La disputa por el control de la justicia marca un momento decisivo en Guatemala

    Guatemala atraviesa una férrea pugna por el control del sistema judicial, en un proceso que incluye la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), la renovación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el relevo en la Fiscalía General, decisiones clave para el combate a la corrupción en el país centroamericano.

    Esta semana, la elección de un magistrado titular de la CC por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) se vio marcada por la intervención de última hora del Ministerio Público, lo que generó críticas locales e internacionales contra la institución dirigida por Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE).

    Pese a ello, la abogada Astrid Lemus fue electa para el período 2026-2031, decisión celebrada por Human Rights Watch (HRW), cuyo subdirector para las Américas, Juan Pappier, afirmó que las “trampas e intimidaciones” no lograron frustrar el proceso.

    En paralelo, el Congreso deberá elegir este semestre a cinco magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral para un período de seis años, a partir de una nómina propuesta por una Comisión de Postulación. Estos magistrados estarán a cargo de organizar las elecciones generales del próximo año, en un contexto donde la credibilidad del organismo ha sido cuestionada por presuntas irregularidades en comicios anteriores.

    La Corte de Constitucionalidad, integrada por cinco magistrados designados por distintos órganos del Estado, es considerada la elección más trascendental, ya que sus fallos pueden definir el rumbo político del país. Analistas señalan que asegurar al menos tres magistrados comprometidos con la lucha contra la impunidad será determinante para el futuro institucional de Guatemala.

    Además, en mayo se definirá el nuevo fiscal general que sustituirá a Consuelo Porras, cuyo mandato de ocho años ha estado marcado por señalamientos de socavar la democracia.

    El presidente Bernardo Arévalo de León elegirá al sucesor de una lista de seis candidatos propuestos por una Comisión de Postulación, una decisión que marcará la orientación de la política criminal del país. La disputa por estos cargos ha elevado la tensión política, especialmente tras el allanamiento a las elecciones del CANG, recordando episodios similares ocurridos en 2023.

     

  • Periodista José Rubén Zamora denuncia “laberinto judicial” en Guatemala tras más de 1,280 días preso

    Periodista José Rubén Zamora denuncia “laberinto judicial” en Guatemala tras más de 1,280 días preso

    El periodista José Rubén Zamora Marroquín, encarcelado desde julio de 2022, exigió su libertad durante una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, tras permanecer más de 1,280 días en prisión preventiva bajo lo que calificó como un proceso lleno de irregularidades.

    “Ya pagué mi pena. Soy inocente, pero ya cumplí la pena. La pena eran tres años y ya los pasé. Y sigo ahí”, expresó Zamora, al denunciar que ha sido víctima de un sistema que describió como un “laberinto perfecto” en el que la corrupción, la impunidad y el narcotráfico “son el sistema mismo”.

    Durante la diligencia, su defensa aseguró que se han vulnerado derechos constitucionales al revocarse medidas sustitutivas con base en “premisas falsas”, entre ellas la supuesta escucha de audios por parte del Ministerio Público en audiencias en las que nunca estuvo presente. Su abogado, Francisco Vivar, acusó a las autoridades de manipular el proceso para mantenerlo detenido.

    Zamora también denunció condiciones inhumanas en la base militar Mariscal Zavala, donde guarda prisión. Afirmó que se le restringen visitas familiares sin previo aviso, se bloquea el ingreso de medicamentos y se aplican tratos “sádicos” a los internos, bajo órdenes arbitrarias del comandante de la base.

    El fundador del desaparecido diario elPeriódico enfrenta nuevas acusaciones, como una denuncia por discriminación interpuesta por la fiscal general, Consuelo Porras. El periodista sostuvo que su derecho a criticar a los funcionarios debe prevalecer y calificó la actitud de la fiscal como “fascista”. “En democracia, ella está sujeta al escrutinio ciudadano”, subrayó.

    La detención de Zamora ha sido cuestionada por organizaciones nacionales e internacionales, que consideran los cargos en su contra —por supuesto lavado de dinero, obstrucción a la justicia y alteración de documentos— como “fabricados y espurios”. Su arresto ocurrió cinco días después de que su medio publicara señalamientos de corrupción contra el expresidente Alejandro Giammattei y su entorno cercano.

     

  • Justicia de Guatemala decidirá el futuro del periodista Rubén Zamora tras 1,280 días en prisión

    Justicia de Guatemala decidirá el futuro del periodista Rubén Zamora tras 1,280 días en prisión

    El Supremo de Justicia de Guatemala celebrará el próximo martes 3 de febrero una audiencia clave para resolver de manera definitiva un amparo que busca otorgar el arresto domiciliario al periodista José Rubén Zamora, procesado en un caso por el que suma ya 1.280 días en prisión preventiva.

    La Corte Suprema de Justicia (CSJ) deberá decidir si confirma el amparo definitivo, lo que permitiría al fundador del extinto diario elPeriódico enfrentar el segundo de los tres procesos judiciales que enfrenta, en libertad, tras una detención que su defensa y familia califican de arbitraria.

    El anuncio de la diligencia fue dado a conocer por su hijo, José Carlos Zamora, quien detalló que la vista pública busca garantizar el derecho a la presunción de inocencia de su padre. Este avance legal coincide con un respiro para la prensa independiente, luego que este viernes, el Supremo cerró en definitiva el caso contra varios periodistas y columnistas de elPeriódico.

    La CSJ negó un amparo al Ministerio Público (Fiscalía) y confirmó que las publicaciones de ocho comunicadores deben conocerse bajo la Ley de Emisión del Pensamiento y no por la vía penal. Según el colectivo No Nos Callarán, esta resolución frena el uso del derecho penal para perseguir publicaciones de interés público.

    No obstante, la presión judicial continúa. Su otro hijo, Ramón Zamora, informó que la fiscal general, Consuelo Porras, denunció al periodista por supuesta discriminación. Esta nueva acusación, tramitada por la Fiscalía de la Mujer, fijó la primera declaración del comunicador para el próximo 30 de abril.

    Zamora fue detenido el 29 de julio de 2022, cinco días después de publicar críticas por corrupción contra el entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024).

    El primer proceso inició por supuesto lavado de dinero de 300.000 quetzales. Pese a que el periodista acreditó que el origen era la venta de una obra de arte para pagar salarios, este caso fue el detonante de su captura.

    El segundo expediente, que aún lo mantiene bajo rejas, es por obstrucción a la justicia debido a una investigación de 2013, a la que se sumó una tercera imputación por presunta falsificación de firmas en documentos de viaje.

  • Guatemala bajo estado de sitio: Nueve policías asesinados reavivan pulso entre Arévalo y pandillas

    Guatemala bajo estado de sitio: Nueve policías asesinados reavivan pulso entre Arévalo y pandillas

    La masacre de nueve agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala el pasado domingo y la ola de motines simultáneos en tres cárceles han encendido una nueva escalada de tensión entre el gobierno de Bernardo Arévalo y las pandillas, particularmente la temida estructura criminal Barrio 18.

    En respuesta, el mandatario guatemalteco decretó estado de sitio la noche del mismo domingo, una medida que se prolongará durante 30 días y que permite a las fuerzas de seguridad detener a sospechosos sin necesidad de una orden judicial.

    La confrontación directa entre el Gobierno y las estructuras criminales se remonta a julio de 2023, tras una masacre en una funeraria de la capital donde sicarios de Barrio 18 asesinaron a siete personas que velaban a un supuesto pandillero rival de la Mara Salvatrucha. El ataque motivó al Ejecutivo a trasladar a cabecillas de ambas pandillas a una prisión de máxima seguridad conocida como “Renovación I”.

    Entre los reos trasladados figura Aldo Ochoa, alias «El Lobo», líder de Barrio 18 condenado a más de 80 años por asesinato. Según el Ministerio del Interior, Ochoa habría liderado uno de los motines del fin de semana como protesta por la eliminación de privilegios en prisión, como aire acondicionado, camas amplias y comida a domicilio.

    Expertos consideran que el repunte de violencia responde a intereses políticos en un año clave para la justicia guatemalteca, marcado por el relevo en mayo de la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea. Los amotinados habrían solicitado incluso una sublevación popular contra Arévalo, una postura respaldada por actores políticos también sancionados.

    “Sabemos quiénes están detrás: grupos que se benefician de la corrupción y que buscan infundir terror porque este año Guatemala recuperará su sistema de justicia”, advirtió el presidente, refiriéndose a los cambios previstos en la Fiscalía y la Corte de Constitucionalidad.

    El estado de sitio activado por el Ejecutivo es la antesala al estado de guerra, la medida más severa contemplada en la legislación guatemalteca. Durante su vigencia, el Gobierno puede realizar capturas inmediatas contra sospechosos de terrorismo o sedición, mientras se prepara una ofensiva más amplia para capturar a los responsables del crimen que ha conmocionado al país.

     

  • Guatemala elegirá en mayo a nuevo fiscal tras finalizar periodo de cuestionada jefa de Ministerio Público

    Guatemala elegirá en mayo a nuevo fiscal tras finalizar periodo de cuestionada jefa de Ministerio Público

    El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, designará en mayo al nuevo fiscal general del país, lo que marcará el final del mandato de Consuelo Porras, jefa del Ministerio Público desde 2018 y sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea.

    La salida de Porras, quien ha estado al frente del ente investigador por ocho años, pondrá fin a un período señalado por la comunidad internacional por graves retrocesos en materia de justicia, persecuciones a operadores judiciales, periodistas y defensores de derechos humanos, y por su intento de frenar la investidura del actual presidente guatemalteco.

    El nuevo fiscal general será elegido directamente por el presidente Arévalo a partir de una lista de seis candidatos que será conformada por una comisión de postulación. Este órgano estará compuesto por representantes del Organismo Judicial, del Colegio de Abogados y Notarios, y de las universidades del país con facultades de Derecho.

    Por ahora, aún no hay nombres visibles como aspirantes al cargo. Aunque el proceso arrancó oficialmente este lunes, los expertos advierten que Porras podría intentar influir en la selección de candidatos para incluir perfiles de su círculo cercano en la lista que será enviada al Ejecutivo.

    El nuevo titular del Ministerio Público asumirá funciones el próximo 17 de mayo y permanecerá en el cargo por cuatro años, hasta 2030. Se trata de un puesto clave y sin contrapesos legales, ya que la legislación guatemalteca solo permite su remoción en casos de delitos flagrantes, lo que explica la continuidad de Porras a pesar de las múltiples acusaciones en su contra.

    Durante su gestión, la fiscal general ha sido acusada de perseguir penalmente a fiscales independientes, magistrados, líderes indígenas, periodistas y opositores. Uno de los casos más emblemáticos es el del periodista José Rubén Zamora Marroquín, detenido desde 2022 bajo prisión preventiva sin pruebas concluyentes.

    Organizaciones nacionales e internacionales han denunciado que con Porras al frente del Ministerio Público se desmantelaron los avances logrados por sus antecesoras Thelma Aldana (2014-2018) y Claudia Paz y Paz (2010-2014), provocando un grave deterioro institucional y debilitamiento del Estado de derecho en Guatemala.

     

  • La quema del diablo en Guatemala mezcla tradición, sátira y crítica social

    La quema del diablo en Guatemala mezcla tradición, sátira y crítica social

    Cientos de familias guatemaltecas mantienen viva la tradición de la “quema del diablo”, una celebración que cada 7 de diciembre transforma figuras alegóricas en fuego purificador, pero que hoy también se ha convertido en una forma de crítica social y humor político.

    La festividad tiene raíces religiosas en el triunfo de la Virgen de Concepción sobre Satanás y se celebra a las 6:00 de la tarde en barrios y colonias de Ciudad de Guatemala. En los últimos años, sin embargo, el símbolo del demonio ha tomado nuevas formas, muchas de ellas satíricas, como parte del arte popular que representa figuras de poder o corrupción.

    “Es una piñata literal normal, pero sí con un diseño y un acabado de detallitos que la experiencia nos ha llevado a hacer”, explicó Marco Antonio González, artesano con más de 35 años en el oficio y líder del taller Piñatas Tom & Jerry. Su equipo comienza a trabajar desde abril en figuras de hasta 3.5 metros, que pueden tardar cuatro días en construirse. Los precios oscilan entre $2.61 y $392.10, según el tamaño y complejidad.

    Del fuego simbólico a la protesta política

    Durante décadas, la costumbre evolucionó hacia una práctica contaminante en la que se quemaban llantas, basura y desechos plásticos con el fin simbólico de “purificar” los hogares. Sin embargo, los riesgos ambientales y los incendios derivados obligaron a buscar alternativas. En la década de 1990, surgió el uso de piñatas de papel como una opción menos dañina.

    “El papel es mucho más volátil y tiene menos elementos tóxicos que los residuos quemados. Para el ambiente ha sido un poco menos dañino”, sostuvo González, quien defiende el uso de piñatas como una alternativa más responsable.

    Pero la fiesta ya no solo es religiosa o ambientalmente consciente. En los últimos años, las piñatas del diablo también se convirtieron en un vehículo de expresión política. Figuras como la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por supuesta corrupción, han sido representadas en caricaturas de papel que arden simbólicamente frente al público.

    “La piñata se convierte en una crítica ardiente a las formas nefastas de lo que ellos hacen en su política”, denunció el artesano, al referirse a líderes y funcionarios que ha recreado con fines satíricos.

    Este año, incluso ha creado una piñata del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vestido con el uniforme del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas), en alusión a su política migratoria. El gesto añade un matiz internacional a una tradición que, aunque centenaria, sigue adaptándose a los tiempos.

     

     

  • Arévalo insiste en denuncia de intento de golpe en Guatemala y recibe respaldo de la OEA

    Arévalo insiste en denuncia de intento de golpe en Guatemala y recibe respaldo de la OEA

    El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, advirtió este jueves sobre un nuevo intento de golpe de Estado, promovido por sectores judiciales que calificó como “corruptos” y liderados por la fiscal general María Consuelo Porras, quien enfrenta sanciones internacionales por presuntos actos de corrupción.

    Desde el Palacio Nacional de la Cultura, Arévalo aseguró que su Gobierno sigue enfrentando ataques sistemáticos para quebrar el orden constitucional.

    “Sabemos que los intentos de atentar contra la democracia son continuos. Están desesperados. El tiempo se les agota porque los corruptos van de salida”, declaró el mandatario guatemalteco.

    El mandatario celebró el fallo emitido esta semana por la Corte de Constitucionalidad, que dejó sin efecto una resolución del juez penal Fredy Orellana, la cual buscaba declarar vacante la presidencia de la República. El tribunal también advirtió al juez sobre posibles actos de prevaricato, respaldando así la legitimidad del Ejecutivo.

    Arévalo insistió en que los procesos legales en su contra son “espurios” y parte de una estrategia de desestabilización. “Hay una articulación de intereses oscuros que buscan entorpecer las acciones del Gobierno”, sostuvo.

    Además, confirmó que la Corte Suprema de Justicia ya tramita el proceso para evaluar la posible destitución del juez Orellana, petición que el mandatario considera procedente: “Las pruebas son claras”, afirmó.

    El canciller guatemalteco Carlos Ramiro Martínez participa en la sesión extraordinaria de la OEA donde expuso las graves amenazas que enfrenta el orden constitucional y democrático en Guatemala. Foto @MinexGt

    Sesión de emergencia en la OEA

    Paralelamente, en Washington, la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebró una sesión extraordinaria para analizar la situación política de Guatemala.

    Durante la reunión, el canciller guatemalteco Carlos Ramiro Martínez denunció un caso de ‘lawfare’, señalando acciones ilegítimas de operadores judiciales con el objetivo de distorsionar los resultados de las elecciones de 2023 y forzar la salida de autoridades electas.

    “Nos preocupa el peligro constante que plantean las acciones del Ministerio Público y de juzgados cooptados, orientadas a crear una crisis política”, dijo Martínez ante el Consejo Permanente de la OEA.

    El secretario general, Albert Ramdin, respaldó al Gobierno de Arévalo y reiteró que “la voluntad democrática del pueblo guatemalteco debe ser respetada por todos los actores”. Enfatizó que el reciente fallo de la Corte de Constitucionalidad reafirma sin ambigüedades la legitimidad del presidente en ejercicio.

    Misión internacional y próximos pasos

    Como parte del respaldo internacional, la OEA enviará una misión especial de expertos para dar seguimiento al proceso democrático guatemalteco. Esta iniciativa será financiada por observadores permanentes como España, Francia, Suecia, Suiza, Noruega, Italia y las Naciones Unidas.

    Además, el próximo 5 de noviembre, los Estados miembros de la OEA votarán una declaración formal para reafirmar su compromiso con la preservación del orden constitucional y democrático en Guatemala.

    “No vamos a permitir que los logros del pueblo sean traicionados por una banda de actores corruptos”, sentenció Arévalo.