La Comisión de Postulación de Guatemala aprobó el viernes una nueva nómina de seis candidatos para fiscal general, tras acatar una orden de la Corte de Constitucionalidad que obligó a repetir la evaluación del proceso.
El listado será enviado al presidente Bernardo Arévalo de León, quien deberá elegir al nuevo jefe del Ministerio Público para el periodo 2026-2030 antes del 16 de mayo.
La nueva selección presenta un cambio relevante con la exclusión de la abogada Zoila Morales Valdizón, considerada por analistas como una de las favoritas para el cargo.
En su lugar, fue incorporado Carlos Alberto García Alvarado, actual fiscal del Ministerio Público, quien logró ingresar a la nómina final tras la reevaluación.
La revisión de los 48 aspirantes se realizó luego de que el máximo tribunal determinara irregularidades en la forma en que se acreditó la experiencia profesional de algunos candidatos.
Los seis seleccionados son Julio César Rivera Clavería, Néctor Guilebaldo de León, Beyla Estrada Barrientos, Gabriel Estuardo García Luna, Carlos Alberto García Alvarado y César Augusto Ávila Aparicio.
Por segunda ocasión, la actual fiscal general, Consuelo Porras, quedó fuera de la lista al no alcanzar los votos necesarios dentro de la comisión.
Durante la sesión, los comisionados señalaron que el nuevo proceso responde al cumplimiento estricto de la resolución judicial, pese a cuestionamientos sobre el criterio aplicado.
La decisión de la Corte estableció que la experiencia como juez no puede ser considerada automáticamente como práctica profesional válida para optar al cargo.
El proceso ocurre en medio de tensiones entre el presidente Arévalo y Porras, en un contexto marcado por disputas políticas tras las elecciones de 2023.
Con esta nueva nómina, se abre la etapa final para la designación del próximo fiscal general, en medio de expectativas sobre posibles cambios en la conducción del Ministerio Público.
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala anuló este jueves la nómina de seis candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público, al ordenar repetir la fase de evaluación de los aspirantes.
La decisión responde a un amparo presentado por Raúl Amílcar Falla Ovalle, quien cuestionó la forma en que se acreditó la experiencia profesional de algunos postulantes, especialmente aquellos con trayectoria como jueces.
Con esta resolución, el proceso de selección queda suspendido y la Comisión de Postulación deberá retroceder hasta la etapa de calificación de los 48 aspirantes originales.
El fallo establece que la comisión deberá aplicar nuevamente la tabla de gradación, sin considerar automáticamente los años en la judicatura como equivalentes a la experiencia profesional requerida.
“Se ordena a la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público que proceda a calificar nuevamente a los aspirantes a dicho cargo, aplicando rigurosamente la tabla de gradación aprobada”, señala la resolución.
La Corte también enfatizó que el proceso debe garantizar criterios de mérito, capacidad e idoneidad, así como mayor transparencia en la asignación de puntajes.
“Este tribunal advierte la necesidad de que el proceso de postulación se ajuste a los principios de mérito, capacidad e idoneidad, debiendo la Comisión fundamentar la puntuación otorgada en cada uno de los rubros evaluados para garantizar la transparencia de la nómina”, agrega el fallo.
La medida obliga al presidente Bernardo Arévalo de León a devolver la nómina que había recibido el miércoles y retrasa la elección del nuevo fiscal general, prevista antes del 17 de mayo.
Analistas consideran que esta decisión podría modificar la correlación de fuerzas dentro de la comisión y abrir la posibilidad de cambios en la lista final de candidatos.
Entre los escenarios que surgen tras el fallo está la eventual inclusión de la actual fiscal general, Consuelo Porras, quien no obtuvo los votos necesarios en la nómina anterior pese a contar con la calificación más alta.
Guatemala entra en la recta final para elegir a un nuevo fiscal general entre seis candidatos, una decisión que corresponde al presidente Bernardo Arévalo de León, y que permanece bajo un fuerte escrutinio para no repetir la cuestionada etapa de Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción y por socavar la democracia en el país centroamericano.
Ayer miércoles se publicó de manera oficial en el Diario de Centro América la lista de los seis aspirantes: Beyla Estrada Barrientos, Julio Rivera Clavería, César Ávila Aparicio, Gabriel García Luna, Néctor de León Ramírez y Zoila Morales Validzón, lo que activa un plazo de 72 horas para presentar objeciones documentadas.
Transcurrido ese tiempo, el mandatario guatemalteco deberá elegir al nuevo jefe del ente investigador antes del 17 de mayo, en una decisión estratégica que definirá el rumbo de la justicia en un sistema altamente polarizado y bajo la vigilancia de la comunidad internacional.
Entre los especialistas consultados por EFE no hay unanimidad sobre alguno de los perfiles, aunque sí se destacan varios con supuestas acusaciones por corrupción, mientras que otros están, en un principio, libres de sospecha.
De acuerdo con diversas fuentes, incluidas organizaciones civiles, exfiscales y declaraciones judiciales, al menos tres de los seis candidatos cuentan con señalamientos en el pasado por diversas causas.
La sospecha de la corrupción
Según la organización Verdad y Justicia en Guatemala, Estrada Barrientos fue asistente del exfiscal general Carlos de León, capturado por lavado de dinero, y ha emitido dictámenes como jueza de apelaciones en favor de al menos una docena de acusados por corrupción.
Por su parte, sobre Rivera Clavería, «se le ha señalado por sus vínculos en casos de corrupción y crimen organizado, pero él se desliga», según un reportaje del medio Plaza Pública. Además, fue parte del Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), derrocado por corrupción.
También sobre Ávila Aparicio existen dudas sobre cómo obtuvo tres maestrías en solo seis meses, como han denunciado algunos medios locales.
«Va mucha gente (candidatos) antidemocrática, gente comprometida con la alianza multisectorial por el control de las instituciones y la impunidad, que comúnmente se conoce como ‘pacto de corruptos’», aseguró a EFE Carmen Aída Ibarra, analista del Movimiento Projusticia, que sigue de cerca el proceso.
La analista señaló que la lista incluye perfiles vinculados a sectores militares y grupos conservadores que podrían profundizar la criminalización en el país y advirtió que el proceso dejó fuera a candidatos que podrían haber contado con la confianza del Ejecutivo.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, en una fotografía de archivo. EFE
Según la experta, la configuración de la nómina refleja el control de fuerzas tradicionales en las comisiones de postulación, lo que limita el margen de maniobra de Arévalo de León para designar a un fiscal afín a su agenda de transparencia.
Ibarra subrayó además que el proceso de elección de candidatos a fiscal general se encuentra judicializado, con más de 20 acciones de amparo pendientes de resolución en juzgados civiles y la Corte de Constitucionalidad.
«Lo único que podría botar (dejar sin efecto) la nómina después de las impugnaciones ante la Comisión de Postulación es un amparo», explicó Ibarra, quien advirtió que estas medidas legales, sumadas a posibles acciones preventivas, buscan que el presidente reconsidere las anomalías denunciadas en la conformación de la lista de candidatos.
«Históricamente, las comisiones de postulación cumplen con esta fase de impugnaciones, pero no suelen dar la razón. Ya se les reconoció honorabilidad a los seis candidatos y ya se llenaron todos los requisitos, por lo que todo apunta a que la comisión buscará dejar la nómina en firme», explicó Ibarra.
Perfiles técnicos
Pese a los cuestionamientos sobre los candidatos, Manfredo Marroquín, director ejecutivo de la organización civil Acción Ciudadana, dijo a EFE que considera que el presidente aún dispone de perfiles con trayectoria técnica.
Marroquín destaca a Morales Valdizón, a quien describe como una profesional de «carrera fiscal sólida» y experiencia en la persecución del crimen organizado de alto nivel.
Asimismo, el analista apunta al juez Gabriel García Luna como otra opción viable, al contar con una trayectoria en el Organismo Judicial que genera valoraciones positivas.
Para el director de Acción Ciudadana, el mandatario tiene ahora el desafío de realizar un «trabajo serio» para seleccionar a quien demuestre mayor profesionalismo de entre los aspirantes disponibles, y advirtió que el mayor riesgo para el país sería retrasar el proceso.
En su opinión, repetir la elección con los mismos comisionados no garantizaría un resultado distinto y solo prolongaría la incertidumbre institucional.
Consuelo Porras Argueta, la fiscal general de Guatemala señalada de monopolizar la justicia durante ocho años al frente del Ministerio Público, dejará el cargo en medio de acusaciones de corrupción y constantes fricciones con el actual presidente del país, Bernardo Arévalo de León.
Porras, jurista de 72 años, saldrá del Ministerio Público (Fiscalía) el próximo 17 de mayo, cuando vence su período, después de que el lunes quedara fuera de un listado de seis candidatos finales para el cargo al que aspirada por tercera vez (2026-2030) pese a las múltiples críticas nacionales e internacionales en su contra.
«Difícilmente se va a encontrar un perfil menos idóneo que Consuelo Porras para el cargo», aseguró el presidente Arévalo el pasado 13 de abril.
Será Arévalo quien, por mandato de la ley, elija a quien suceda a Porras, su mayor enemiga política desde que ganó las elecciones en 2023, cuando la fiscal intentó anular su triunfo en las urnas por un supuesto fraude nunca comprobado.
Pese a que la salida de Porras de la Fiscalía está programada para el próximo 17 de mayo, los antecedentes señalan que es muy pronto para que sus opositores canten victoria: en 2022, todo apuntaba a que no sería reelecta, pero una orden del máximo tribunal del país obligó su ingreso al listado final de aspirantes.
Sancionada por múltiples países
Sobre Porras recaen serias acusaciones por corrupción así como de intentar socavar la democracia durante sus ocho años al frente del Ministerio Público.
Estados Unidos la sancionó en 2021, le retiró la visa e incluyó en la Lista Engel como “actora antidemocrática y corrupta”, señalándola de obstruir y debilitar investigaciones de alto nivel.
La Unión Europea también le impuso restricciones por intentar revertir los resultados electorales de 2023.
Diversas organizaciones, entre ellas Human Rights Watch, la han acusado de perseguir a figuras claves de la sociedad civil así como de socavar el Estado de derecho, acumulando más de 40 sanciones internacionales.
Y la opinión pública en Guatemala la ha señalado. Por ejemplo, el diario La Hora le ha recordado constantemente que lleva más de 800 días con una «protección oficiosa» al expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024), también sancionado por corrupción por EE.UU. y con docenas de casos documentados por los medios de corrupción durante su Gobierno.
Consuelo Porras, fiscal general de Guatemala desde 2018, sancionada por corrupción por EE.UU. y la Unión Europea.
Ocho años turbulentos
Porras asumió el puesto en mayo de 2018 y desde entonces se convirtió en la funcionaria con más poder dentro del país, inmune a cualquier fiscalización y con la capacidad de encarcelar a periodistas, fiscales y líderes indígenas con acusaciones que nunca se probaron en tribunales.
Fue elegida en 2018 para un primer mandato por el entonces presidente Jimmy Morales (2016-2020) y en 2022 para un segundo período por Giammattei, su supuesto protector. Justamente, muchos le critican mantener lejos de tribunales a ambos mandatarios.
A Porras se le atribuye la persecución judicial en contra de más de 50 periodistas, jueces, activistas y exfiscales que tuvieron que salir exiliados, así como el encarcelamiento de «presos políticos» en palabras de organizaciones sociales.
Resaltan los casos de José Rubén Zamora Marroquín (periodista), Eduardo Masaya (abogado), Virginia Laparra, Stuardo Campo (exfiscales anticorrupción), Héctor Chaclán y Luis Pacheco (líderes indígenas), además de otro amplio grupo de activistas y estudiantes universitarios.
En cada uno de esos casos, los procesos judiciales se derrumbaron sin pruebas de sustento. Pero Campo, Chaclán y Pacheco, viceministro de Energía y Minas del Gobierno de Arévalo de León, siguen en prisión preventiva, al igual que Zamora Marroquín quien cumple casa por cárcel.
Otra de las polémicas aristas del periodo de Porras ha sido las tensiones con Arévalo de León desde que llegó al Ejecutivo, pues la fiscal general encabezó una batería de acciones para intentar desbancar al presidente anulando los resultados electorales, lo que fue considerado como intentos de golpe de Estado.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, afirmó el lunes que espera designar a un fiscal general que no proteja a actores corruptos, luego que una comisión de postulación seleccionó a los seis candidatos finales para ocupar el cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030.
El mandatario subrayó la necesidad de contar con una institución sólida y comprometida con la justicia. “No apadrine a los corruptos”, enfatizó al referirse al perfil que debe tener el próximo titular del Ministerio Público.
Arévalo sostuvo que el país requiere una Fiscalía que “persiga a los delincuentes”, sea “una institución seria” y “defienda los intereses de Guatemala”.
El presidente deberá elegir al nuevo fiscal entre los seis aspirantes, quien asumirá el cargo por un periodo de cuatro años a partir del 16 de mayo.
La actual titular, Consuelo Porras Argueta, quedó fuera del listado definitivo al no obtener los votos necesarios, lo que impide su reelección para un tercer mandato al frente de la Fiscalía. Porras Argueta enfrenta sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea por señalamientos de corrupción, además de múltiples críticas por presuntamente socavar la democracia durante sus ocho años en el cargo.
El proceso de selección también ha sido cuestionado, especialmente por otorgarle el máximo puntaje a la actual fiscal, pese a los señalamientos en su contra tanto a nivel nacional como internacional.
Los aspirantes elegidos por la comisión son Beyla Estrada Barrientos, Julio Rivera Clavería, César Ávila Aparicio, Gabriel García Luna, Néctor de León Ramírez y Zoila Morales Validzón.
Sin embargo, al menos tres de los candidatos han sido señalados en el pasado por presuntos vínculos con corrupción o irregularidades, según organizaciones civiles y reportes de medios locales.
Entre ellos, Estrada Barrientos fue vinculada a decisiones judiciales favorables a acusados por corrupción, mientras que Rivera Clavería ha sido mencionado por supuestos nexos con estructuras ilícitas, y Ávila Aparicio enfrenta cuestionamientos sobre su formación académica.
La comisión de postulación estuvo integrada por decanos de facultades de Derecho, representantes del Colegio de Abogados, así como la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Claudia Paredes Castañeda.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, afirmó este lunes que el próximo fiscal general deberá tener como prioridad “rescatar” al Ministerio Público, en medio del proceso de relevo de la actual titular, Consuelo Porras Argueta.
Durante una conferencia de prensa, el mandatario señaló que el país necesita un liderazgo que recupere la institucionalidad del ente investigador tras años de cuestionamientos.
«Lo que el país necesita es una persona que rescate a la Fiscalía de los abusos a los que fue sujeta como parte de su cooptación por parte de las redes criminales, y que restablezca la capacidad de funcionar de una manera efectiva e independiente», expresó.
Las declaraciones se dan en el contexto del proceso de selección de seis candidatos al cargo de fiscal general, quienes serán elegidos esta semana por una comisión de postulación.
Posteriormente, Arévalo deberá escoger al nuevo titular del Ministerio Público para el período 2026-2030, en una decisión clave para el rumbo institucional del país.
La actual fiscal general, Porras Argueta, ocupa el cargo desde 2018 y ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción en diversos casos de alto perfil.
El mandatario fue enfático al descartar su continuidad en el cargo y calificó su gestión como perjudicial para el país.
«No hay ninguna posibilidad de ratificarla en el cargo. Ella no es idónea sino que es peligrosa para Guatemala», afirmó.
Arévalo también subrayó la importancia de que el proceso de selección garantice candidatos con ética y méritos suficientes para asumir el cargo.
«El país necesita a personas íntegras que estén al frente de las instituciones de justicia, que estén comprometidas con el combate a la corrupción, que defiendan a su democracia y que no le den la espalda a nuestro pueblo», concluyó.
La Corte Suprema de Justicia de Guatemala revocó tres fallos emitidos de forma irregular contra el periodista José Rubén Zamora Marroquín, quien permaneció más de tres años en prisión sin que se comprobaran las acusaciones en su contra.
La decisión se produjo tras un recurso presentado por la defensa del comunicador ante la Cámara de Amparos del máximo tribunal, según confirmaron este lunes fuentes judiciales.
El Supremo concluyó que las resoluciones dictadas en 2025 por la Sala Segunda Penal y la Sala Tercera de Apelaciones, que ordenaron su regreso a prisión preventiva, carecían de fundamento legal.
De acuerdo con la resolución, a Zamora Marroquín se le “vulneró el debido proceso” mediante decisiones calificadas como “ilegítimas” y “arbitrarias”.
El periodista recuperó su libertad el 12 de febrero pasado, luego de que un juez ordenara su excarcelación tras permanecer más de tres años en prisión preventiva.
Sin embargo, en un periodo anterior de 2025, ya había salido de prisión brevemente, antes de ser nuevamente detenido por las decisiones ahora anuladas por la Corte Suprema.
Zamora Marroquín, fundador del extinto medio elPeriódico, fue arrestado en 2022 acusado de supuesto lavado de dinero, en un proceso que diversos sectores han señalado como represalia por sus investigaciones periodísticas.
El caso ha estado bajo la responsabilidad del Ministerio Público, cuya cúpula, incluida la fiscal general Consuelo Porras, ha sido sancionada por Estados Unidos por presuntos actos de corrupción.
La relatora especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, afirmó el lunes que el sistema judicial de Guatemala atraviesa una “crisis profunda”, tras evaluar la situación institucional del país.
Durante una rueda de prensa en Ciudad de Guatemala, la funcionaria explicó que distintos factores han debilitado la independencia judicial y han colocado al sistema de justicia en una situación “crítica”.
Entre los principales problemas identificados mencionó la “instrumentalización de la justicia”, la concentración de poder y la persecución contra operadores judiciales, elementos que, según indicó, afectan el funcionamiento del Estado de derecho en el país.
Satterthwaite presentó estas conclusiones al divulgar su informe final sobre la visita que realizó en mayo de 2025 a Guatemala, donde permaneció 12 días para evaluar el funcionamiento del sistema judicial.
Durante su estancia, sostuvo reuniones con jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, legisladores, organizaciones de la sociedad civil y representantes de pueblos indígenas, además de funcionarios de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo en Ciudad de Guatemala y en los departamentos de Quetzaltenango y Alta Verapaz.
La relatora reiteró también su preocupación por el papel del Ministerio Público, al señalar que la información recopilada apunta a la existencia de una política de criminalización contra operadores de justicia.
Pese a este panorama, Satterthwaite expresó confianza en que Guatemala pueda revertir la situación, al destacar que su Constitución ha demostrado en el pasado la posibilidad de garantizar el respeto a la ley.
Además, subrayó que las designaciones previstas para los próximos meses serán determinantes para el futuro del sistema judicial, entre ellas la elección de una nueva Corte de Constitucionalidad, un nuevo Tribunal Supremo Electoral y un nuevo fiscal general que sustituya a la actual jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta.
“Las designaciones previstas para 2026 a la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público serán decisivas para determinar si los actuales patrones de captura institucional e impunidad se consolidan o se revierten”, concluyó la relatora.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, calificó este miércoles como «una burla» que la fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), se haya postulado para un tercer mandato al frente del Ministerio Público (Fiscalía).
«Es una burla al pueblo de Guatemala postularse por tercera vez», expresó en una rueda de prensa el mandatario, quien mantiene un duro enfrentamiento con Porras desde antes de asumir el poder en enero de 2024.
La comisión de postulación a cargo del proceso, que dio luz verde el martes a la candidatura de Porras tras la primera ronda de depuración de aspirantes, deberá entregar en abril una nómina de seis candidatos al jefe de Estado, quien designará al fiscal general para el periodo 2026-2030.
Aunque Porras avance en el proceso, Arévalo ha reiterado que la funcionaria será removida del cargo en mayo de este año.
Intentan «desechar a personas honestas»
Sobre la comisión postuladora, el gobernante guatemalteco manifestó que algunos de sus miembros «intentan con artimañas desechar los perfiles de personas honestas y comprometidas» con el país.
«Lo que estamos viendo es un intento de manipular un mecanismo de calificación para hacerlo a la medida de los de siempre (…) un mecanismo en que los años pesan más que la integridad y que favorece a quienes por décadas se han convertido en un muro que protege a los corruptos», alertó Arévalo de León.
El presidente subrayó que «los ojos del pueblo» están sobre la comisión de postulación y que su labor será fundamental para la «recuperación de la justicia» en la nación centroamericana.
Porras, quien cumple su segundo periodo consecutivo al frente del Ministerio Público, ha sido sancionada internacionalmente por señalamientos de corrupción y por liderar intentos para revertir los resultados electorales que dieron la victoria a Arévalo en 2023.
Las aspiraciones de la cuestionada fiscal
Porras ya perdió el pasado 16 de febrero la elección para formar parte de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, para el período 2026-2030, aunque aún tiene oportunidad de acceder a ese cargo judicial, lo que le otorgaría un fuero frente a eventuales procesos en su contra.
La cuestionada fiscal general no fue elegida por el consejo superior de la Universidad de San Carlos pero aún tiene opciones de llegar a ser parte de la Corte de Constitucionalidad si se postulara y fuera elegida como representante del Congreso o de la Corte Suprema de Justicia.
Un grupo de expertos de la ONU que denuncia la supuesta implicación de Porras en el caso de las adopciones ilegales durante el conflicto armado interno (1960-1996) guatemalteco ha criticado que se permita a la fiscal aspirar a cargos en el sistema judicial.
«Todas las personas contra las cuales existan alegaciones creíbles de conductas incompatibles con los estándares de derechos humanos, especialmente aquellas que han tenido autoridad para tomar decisiones relacionadas con la criminalización o violaciones de derechos humanos, no deben ser preseleccionadas ni nombradas hasta que se realice una investigación pronta, independiente y exhaustiva de esas alegaciones», afirmaron los expertos el pasado 16 de febrero.
El periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín afirmó que no se rendirá ante la persecución judicial que lo mantuvo en prisión desde julio de 2022 y que ahora lo mantiene bajo arresto domiciliario, tras recibir la medida sustitutiva el pasado 12 de febrero. En entrevista con EFE en su residencia, aseguró que la posibilidad de regresar a la cárcel sigue latente debido a las apelaciones del Ministerio Público.
Zamora explicó que su prioridad es intentar anular la existencia de la Fundación Contra el Terrorismo, organización de extrema derecha que ha actuado como querellante en su contra y cuyos líderes están sancionados por Estados Unidos.
Además, señaló que busca “abrir causas criminales contra la fiscal general (Consuelo Porras Argueta), contra (la fiscal) Cinthia Monterroso y contra el juez (Fredy) Orellana”, a quienes responsabiliza de su encarcelamiento por acusaciones de lavado de dinero y obstrucción de la justicia que, según afirma, no han sido probadas.
El periodista relató que la fiscal general intentó “forzar” una relación amistosa con él en 2019 y años posteriores, invitándolo a reuniones en el Ministerio Público, hasta que en una ocasión le reclamó por sus publicaciones de manera airada. Zamora considera que esos episodios marcaron el inicio de la persecución judicial en su contra.
A sus 67 años, se muestra agradecido por la solidaridad recibida durante su encarcelamiento.
“Me siento muy conmovido y muy feliz”, expresó al recordar las visitas y donaciones de ciudadanos, incluso de escasos recursos. Contó que en una ocasión regresó al penal desde un hospital público con poco más de $200 donados por familiares de pacientes. “Donaciones de gente muy pobre (en el hospital), que me decía por ejemplo que su mamá sufrió un infarto y me preguntaban si me ofendería si me regalaban 200 pesos (quetzales, unos 25 dólares)”, relató.
Durante su reclusión, Zamora vio desmoronarse su diario El Periódico, sus finanzas quedaron congeladas y su familia se fragmentó, pues su esposa y uno de sus hijos se exiliaron. Aunque admite que extraña el ejercicio del periodismo porque “es una pasión”, por ahora prioriza limpiar su nombre y recuperar su salud, debilitada tras años de encierro.
Respecto al futuro político del país, el comunicador se mostró optimista, aunque calificó a Guatemala como “el laberinto perfecto, sin salida”. Considera que el presidente Bernardo Arévalo de León ha estado “muy asediado” y “estuvo muy cerca de recibir un golpe de Estado”, pero cree que con la salida de la fiscal general al finalizar su período en mayo, los sectores que denomina golpistas y corruptos “van a perder fuerza”.
