La nueva Ley General de Telecomunicaciones Convergentes entró en vigencia el jueves en Nicaragua, estableciendo la entrega obligatoria de datos de usuarios por parte de compañías telefónicas al ente regulador del Estado.
La normativa, impulsada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo y publicada en el Diario Oficial La Gaceta, reemplaza la anterior ley de telecomunicaciones y correos postales, tras ser aprobada por unanimidad en un Parlamento controlado por el oficialismo.
El artículo 109 obliga a las operadoras y proveedores de servicios audiovisuales a entregar “toda la información que le sea requerida, incluyendo información estadística y georreferenciada” a Telcor, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos. La información debe ser “detallada, exacta, veraz, oportuna y comprobable”.
Telcor, dirigido por Nahima Janett Díaz Flores, hija del jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, y vinculada familiarmente al dictador Ortega, será el responsable de requerir y administrar los datos de los usuarios, según establece la ley.
Además, la legislación dispone que los creadores de contenido y canales que transmiten vía internet deberán solicitar una licencia para operar en el país, incluyendo plataformas digitales que ofrezcan programas o materiales audiovisuales.
El régimen de Ortega argumenta que la nueva ley pretende garantizar conectividad de alta velocidad, mejorar la calidad de los servicios y facilitar el acceso a internet para los nicaragüenses.
Sin embargo, la oposición y organizaciones como la Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) advierten que se trata de una estrategia de control social. Acusan al Gobierno de utilizar la normativa para espiar a la ciudadanía a través de sus teléfonos móviles.
El exdiputado Eliseo Núñez, miembro de la Concertación Democrática Nicaragüense, criticó la nueva disposición: “El artículo 109 de esa ley obliga a las telefónicas a darle información al ente regulador de lo que consumen los usuarios”.
Según Núñez, la dictadura nicaragüense busca “perfilar a las personas que sean de su interés”, incluyendo a miembros del Ejército, la Policía y empleados del Estado.