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  • Organizaciones dicen que prórroga de instrucción de caso Cooperativa El Bosque no cumple requisitos legales

    Organizaciones dicen que prórroga de instrucción de caso Cooperativa El Bosque no cumple requisitos legales

    Las organizaciones del Foro del Agua y Reverdes denunciaron, este jueves, que la prórroga de investigación en el caso de la Cooperativa El Bosque, donde se acusa al presidente de dicha comunidad, Ángel Pérez, y el abogado Alejandro Henríquez  no cumple con los requisitos legales establecidos en el Código Procesal Penal (CPP).

    Carlos Flores, del Foro del Agua señaló que el proceso penal que enfrentan Pérez y Henríquez no cumple con los criterios establecidos en el artículo 310 del CPP, el cual indica que la Fiscalía General de la República (FGR) puede solicitar una extensión del periodo de instrucción cuando sean investigaciones complejas, sean múltiples acusado o deban realizarse diligencias internacionales, situación que aseguró no aplica en dicho caso.

    «Ninguna de estas condiciones se ha cumplido por es un delito simple de los imputados, no se identifican a personas naturales como víctimas, entonces es un caso simple y observamos una negligencia voluntaria de la Fiscalía», afirmó Flores a través de un enlace virtual por la red social de Facebook.

    La organización informó esta semana que el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, en La Libertad extendió por tres meses más el periodo de instrucción en contra de Ángel Pérez y Alejandro Henríquez, quienes son procesados por los delitos de resistencia agresiva y desórdenes públicos en calidad de coautores en perjuicio de la paz pública.

    El pasado 30 de mayo, el Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla, ordenó que el caso pase a etapa de instrucción, luego que ambos imputados enfrentaron la audiencia inicial por los delitos que se les atribuyen.

    El representante del Foro del Agua sostuvo que desde que se decretó la detención provisional, la Fiscalía no ha realizado las diligencias pertinentes del caso, entre ellas la recolección de videos, audios, fotografías o testimonios que se serían de utilidad en las audiencias, «y a pesar de eso la Fiscalía lo ha solicitado y el juzgado ha otorgado tres meses adicionales para la investigación del caso», dijo.

    Por su parte, la abogada Dalia González, indicó que desde que inició el proceso en contra de Ángel Pérez y Alejandro Henríquez , los abogados de la defensa solicitaron a finales de mayo al Juzgado de Paz y en julio al Juzgado de Instrucción realizar diligencias de investigación.

    La abogada manifestó que el juzgado ordenó a la Fiscalía a hacer estas diligencias de investigación, que en este caso sería tomar la declaración de los testigos ofertados por la defensa, si como hacer una pericia del material ofrecido, sin embargo, dijo que a la fecha «no se ha hecho ninguna de las diligencias».

    «La defensa ofreció videos donde se comprueba que no hubo ningún desorden público y que nos da temor de que a la fecha no se han hecho diligencias para obtener estos videos y que en algún momento esos videos ya no se puedan introducir al proceso»,

    «Lo que marcamos es una actitud negligente de la Fiscalía de dejar que las pruebas de descargo a favor de la libertad de se pierda de manera de favorecer su caso y poder enviarlos a la cárcel por un delito que no han cometido», dijo González.

    En ese sentido, las organizaciones consideró que el Juzgado de Instrucción otorgue medidas sustitutivas a la detención mientras continúa el proceso en su contra. «Lo que estamos observando justamente es ese afán de mantener en prisión a Alejandro Henríquez y Ángel Pérez sin que haya una condena firme sin que se les compruebe su participación en los delitos que se les atribuye».

    Además, sostienen pruebas que determinen o vinculen a los acusados con los delitos de desórdenes públicos y resistencia agresiva, por lo que no debería continuar las acusaciones en su contra.

    Ángel Pérez y Alejandro Henríquez fueron capturados en mayo de 2025, luego que participarán en una concentración pacífica frente al centro comercial Las Piletas y de la Residencial Los Sueños, con el propósito de solicitar el apoyo del presidente Nayib Bukele para frenar una orden de desalojo judicial que afectaría a más de 300 familias de la Cooperativa El Bosque, en San Juan Opico, La Libertad.

  • Amplian tres meses el plazo de instrucción para acusados de caso Cooperativa El Bosque

    Amplian tres meses el plazo de instrucción para acusados de caso Cooperativa El Bosque

    El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, en La Libertad extendió por tres meses más el periodo de instrucción en contra del presidente de la cooperativa El Bosque, Ángel Pérez, y el abogado del Foro del Agua, Alejandro Henríquez, quienes son procesados por los delitos de resistencia agresiva y desórdenes públicos en calidad de coautores en perjuicio de la paz pública.

    En concreto, el Juzgado de Instrucción decidió ampliar la etapa de investigación que se otorga a la Fiscalía General de la República para indagar sobre los presuntos hechos por los que se les acusa a los imputados. En ese sentido, su detención provisional se extendería hasta el próximo mes de diciembre de 2025.

    «Alejandro y José Ángel seguirán tres meses más en prisión preventiva. El Juzgado de Instrucción de Santa Tecla extendió la fase de instrucción, prolongando así esta injusta y arbitraria detención», dijo el Foro del Agua en su cuenta de X tras conocer la prolongación de las investigaciones en contra de los acusados.

    Asimismo, la organización ecologista Reverdes denunciò la extensión del plazo y aseguró que «ambos defensores de derechos humanos permanecen encarcelados únicamente por defender la vida».

    Henríquez y Pérez enfrentaron el pasado 30 de mayo la audiencia inicial del proceso en su contra ante el Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla, donde se ordenó detención provisional y que el caso pasará a la fase de instrucción. Ambos guardan prisión en el centro penitenciario La Esperanza, conocido como «Mariona», donde deberán permanecer hasta que el caso pase a fase de instrucción.

    En junio de 2025, la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla, La Libertad, rechazó el recurso de apelación presentado por los abogados de la defensa.

    La Cámara argumentó que la etapa procesal de la audiencia inicial era en ese entonces temprana para hacer valer las solicitudes de diligencias de la defensa, y que para eso se tenía la etapa de instrucción.

    Los hechos

    La noche del 12 de mayo, los habitantes de la cooperativa El Bosque participaron en un plantón frente al centro comercial Las Piletas y de la Residencial Los Sueños, para pedir ayuda al presidente a cancelar una orden de desalojo dirigida para 300 habitantes de la comunidad.

    En dicha concentración fue detenido Ángel Pérez, en medio del forcejeo con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) y demás de los habitantes trataban de impedir la detención, según se observa en la transmisión realizada por Radio Bálsamo TV.

    Un día después, se reportó la captura del abogado Alejandro Henríquez en las afueras de las instalaciones de la organización para la que laboraba, en la colonia Miramonte de San Salvador, según informaron miembros de la misma organización.

  • Oenegés de El Salvador piden exención del impuesto a agentes extranjeros y esperan resolución del RAEX

    Oenegés de El Salvador piden exención del impuesto a agentes extranjeros y esperan resolución del RAEX

    Varias organizaciones no gubernamentales de El Salvador solicitaron al Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) la exención del impuesto del 30 % al financiamiento extranjero que reciben regulado en la nueva Ley de Agentes Extranjeros (LAEX) de El Salvador vigente desde junio. El plazo para que las oenegés solicitaran su inscripción finalizó ayer 4 de septiembre.

    Una representante de la “Colectiva Feminista” afirmó que tienen una calificación temporal de “sujeto excluido” por 20 días. “Le han dado calificación temporal excluida por 20 días sin explicación de qué actividades fundamentan la exclusión”, indicó una integrante de la organización.

    Otras han solicitado la calificación pero no han recibido respuesta sobre la exención y tampoco sobre la inscripción formal en el RAEX.

    La Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (Fudecen), una entidad que realiza investigaciones sobre desigualdades estructurales e integración en Centroamérica, solicitó la inscripción en el RAEX y la respectiva exclusión del pago de impuesto, informó un representante, pero no han recibido una respuesta.

    La fundación Transparencia, Contraloría y Datos Abiertos (Tracoda) también pidió la inscripción en el RAEX y la respectiva calificación como “sujeto excluido” pero no han sido notificados de manera directa de una calificación provisional o permanente. Tracoda, además de promover la transparencia, ha realizado festivales comunitarios para la cohesión social.

    Representantes de otras organizaciones como la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) y la Fundación Comunicándonos informaron que también solicitaron la exclusión en el pago de impuesto para agentes extranjeros pero no han recibido una notificación sobre la exención.

    Un representante de la Fundación Comunicándonos consideró que tienen derecho a la exclusión ya que es una entidad sin fines de lucro dedicada “a promover el uso estratégico de la comunicación social como herramienta para el desarrollo local, nacional e internacional” y buscan la “participación ciudadana, el acceso al conocimiento, el diálogo y la construcción de consensos”. “Nuestra solicitud se encuentra en trámites, dentro de los plazos que la misma ley estima. Estamos a la espera de la respuesta gubernamental”, indicó.

    La nueva LAEX, vigente desde el 7 de junio de 2025, obliga a todas las personas naturales y jurídicas que reciben fondos del extranjero registrarse en el RAEX, del Ministerio de Gobernación, a pagar un impuesto del 30 % por transferencias y a ser fiscalizados en sus actividades.

    Los sujetos obligados –personas naturales o jurídicas– pueden pedir al RAEX ser calificados como “sujetos excluidos” de dichas obligaciones tributarias dependiendo de la obra, bien o servicio que se ejecutará con los fondos. Esta calificación también podrá ser otorgada “de oficio” por el RAEX.

    Una representante de Ormusa consideró que el comunicado del RAEX publicado el 3 de septiembre por el Ministerio de Gobernación anuncia una exención provisional general, algo que no está claro para otras organizaciones.

    El miércoles, el RAEX informó que otorgó “Calificación Provisional de Sujeto Excluido a todos los Agentes Extranjeros que soliciten su trámite de exclusión hasta el 4 de septiembre” pero agregó: “Exceptuando a los sujetos obligados que les ha sido denegado el trámite de exclusión por este Registro”. En el comunicado informó que los sujetos obligados inscritos debían abrir cuentas bancarias especiales.

    Funde y Cristosal no solicitaron exención

    La Fundación para el Desarrollo Nacional (Funde), aunque sí solicitó su inscripción en el RAEX, no solicitó la exención general en el pago del impuesto.

    Tampoco pidió la exención Cristosal, una asociación que quiere mantener la personería jurídica en El Salvador pero que no proyecta realizar transferencias dentro del país ya que opera desde Guatemala.

    Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, explicó que decidieron suspender operaciones en El Salvador hace un mes pero presentaron su solicitud de inscripción en el RAEX porque creen que “la defensa de los derechos humanos es un derecho irrenunciable”, pero detalló que no pidieron la calificación de “sujeto excluido” porque ya pagan impuestos y no están operando en El Salvador.

    “Cristosal ya desde hace años paga impuestos; en un acto arbitrario del ministro de Hacienda nos quitaron la exención de impuestos como organización sin fines de lucro”, indicó.

    “Queremos mantener la personería jurídica para algún día, cuando exista un mínimo de seguridad jurídica, podemos regresar a trabajar”. Noah Bullock, director ejecutivo de la aasociación Cristosal.

    Ayer, la Fundación Salvadoreña para la Aplicación del Derecho (Fespad) anunció el cierre de sus operaciones en El Salvador por las condiciones que establece la Ley de Agentes Extranjeros.

    AC sin notificación de “sujeto excluido”

    La organización Acción Ciudadana (AC), hasta ahora dedicada a investigaciones sobre financiamiento público y privado de partidos políticos, acceso de información y declaraciones patrimoniales de funcionarios, recibió del RAEX una notificación de inscripción como agente extranjero pero no de la calificación de “sujeto excluido”.

    “En la notitificación solo se señala que estamos inscritos pero no se dice nada de la exención del impuesto, como sí lo han hecho por otras organizaciones que están exentas”, indicó el director ejecutivo de la AC, Eduardo Escobar.

    La AC publicó un comunicado en el cual se asevera que se les cobrará “el impuesto del 30 % a las donaciones del extranjero” que reciban. “Con la inscripción, de momento, seguiremos operando”, informó.

    La Ley de Agentes Extranjeros fue aprobada el 20 de mayo por la Asamblea Legislativa luego de que fuera anunciada el 13 de mayo por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, luego de una protesta que realizaron cerca de la vivienda del presidente habitantes de la cooperativa El Bosque, cuyo presidente está encarcelado. Bukele aseguró que con el nuevo impuesto del 30 % a las ONG resolvería «de una vez por todas» la situación de las 300 familias afectadas por la orden de desalojo contra la cual protestaban.