El Tribunal Supremo de España condenó este lunes al exministro de Transportes de Pedro Sánchez,José Luis Ábalos a 24 años de prisión por su participación en las irregularidades detectadas en la compra de mascarillas durante la pandemia de covid-19, uno de los casos de corrupción más relevantes surgidos tras la emergencia sanitaria.
La sentencia, adoptada por unanimidad por los magistrados de la Sala de lo Penal, también impuso una condena de 19 años de cárcel al exasesor ministerial Koldo García y de cuatro años y medio al empresario Víctor de Aldama, quien admitió parte de los hechos durante el proceso judicial.
El fallo fue emitido tras un juicio que se desarrolló entre abril y mayo y que se extendió durante 14 jornadas, en las cuales se analizaron las contrataciones realizadas para la adquisición de material sanitario en los momentos más críticos de la pandemia.
La Fiscalía Anticorrupción había solicitado una pena de 24 años de prisión para Ábalos y de 19 años y medio para Koldo García, mientras que para Aldama pidió siete años de cárcel. Por su parte, las acusaciones populares encabezadas por el Partido Popular reclamaban condenas de 30 años para Ábalos y García, así como cinco años para el empresario.
Durante el juicio, tanto el exministro como su antiguo asesor defendieron su inocencia y solicitaron su absolución. Ambos negaron haber cometido irregularidades en los contratos investigados y rechazaron las acusaciones formuladas por la Fiscalía.
En contraste, Víctor de Aldama reconoció haber participado en varios de los delitos investigados, entre ellos cohecho pasivo, organización criminal y aprovechamiento de información privilegiada, una circunstancia que fue tomada en consideración por el tribunal al momento de dictar sentencia.
El denominado “caso mascarillas” se convirtió en uno de los mayores escándalos políticos surgidos tras la pandemia, al poner bajo investigación la adjudicación de contratos públicos para la compra de material sanitario en medio de la emergencia provocada por el covid-19.
La resolución del Supremo supone un duro golpe para el exministro socialista y su entorno político, al tiempo que cierra una de las principales causas judiciales relacionadas con la gestión de recursos públicos durante la crisis sanitaria.